Autor: Peiró, Luis. 
 Marcos Vizcaya renuncia a la defensa de sus enmiendas. 
 UCD y PSOE siguen sin aceptar enmiendas a la LOAPA     
 
 ABC.    02/06/1982.  Página: 29. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

Marcos Vizcaya renuncia a la defensa de sus enmiendas

UCD y PSOE siguen sin aceptar enmiendas a la LOAPA

MADRID (Luis Peiro). La Comisión Constitucional ha iniciado una serie de sesiones maratonianas, trabajando mañana y tarde, con el fin de dejar dictaminado esta semana el proyecto de Ley Orgánica de Amortización del Proceso Autonómico —LOAPA—. La intención de los dos grupos mayoritarios es que el texto esté listo para su examen en el Pleno del Congreso del día 15, en su lucha contra el tiempo para que la publicación de la ley en el «BOE» se produzca al término de este periodo de sesiones. Un Pleno extraordinario en el mes de junio podría aprobar definitivamente esta polémica ley —una vez que regrese del Senado—, amén de los varios Estatutos de autonomía aún pendientes de discusión.

Las fuertes discrepancias que desde sesiones anteriores mantienen los dos grupos mayoritarios con las representaciones nacionalistas y el PCE llegaron ayer a un punto de mayor crispación. No a causa de la defensa de argumentos diversos, sino por razón de los criterbs impuestos por la Presidencia y la Mesa de la Comisión para agilizar el debate. Emilio Attard reunió a los portavoces antes de comenzar los debates de ayer y les dijo que utilizaría los métodos que le confiere el reglamento para impedir intervenciones largas. No llegó a tiempo de oír la advertencia el portavoz vasco, Marcos Vizcaya, quien se incorporó una vez comenzada la sesión.

En su primera intervención, mediada la defensa de su primera enmienda, recibió el aviso del presidente de que llevaba diez minutos hablando, tiempo máximo que concede el reglamento. Visiblemente enfadado, el portavoz vasco anunció que a partir de ese momento renunciaba a la defensa de sus enmiendas y se limitaría en adelante a ponerlas a votación. Casi las últimas palabras que se le escucharon en todo el día de ayer formulaban una advertencia: «Nada se alcanza haciendo callar las voces.» Las cosas se torcieron aún más cuando Oscar Alzaga, nada pródigo en intervenciones en este debate —siempre da a entender que se reserva para el Pleno— vino a decir, al oponerse a varías enmiendas, que era principal preocupación de su grupo terminar cuanto antes «este trámite parlamentario».

EL TRAMITE

Inmediatamente los portavoces nacionalistas y el comunista Solé Tura harían uso de los términos «trámite» y «guillotina» para exponer lo que consideraron una situación de práctica indefensión de sus tesis o de inutilidad de sus esfuerzos. «Si esto es un trámite y no sirve para nada, hace falta más moral que el Alcoyano para seguir defendiendo una tras otra enmiendas que para nada tenían eco en la sensibilidad de las mayorías», dijo Soló Tura. Emilio Attard dejó sentado que no guillotinaba el debate, pero que necesitaba para agilizarlo aplicar el reglamento. Alzaga y Múgica insistieron en que se estaban reproduciendo debates anteriores.

El socialista señaló que, a excepción de la Constitución, ésta es )a ley más debatida en ponencia que ha pasado por la Cámara. Aún más virulenta fue la discusión cuando Alzaga, queriendo hacer gala de su acreditada experiencia como letrada, sentenció que cuando no se tenían argumentos a esgrimir a favor se echaba mano de triquiñuelas tales como renunciar a la defensa, eso sí, en presencia de la Prensa. «¡Protesto, señor presidente!» terció inmediatamente Marcos Vizcaya. Casi a partir de este momento se impuso la agilidad en la Comisión.

Primero por el silencio reiterado de Marcos Vizcaya, después porque se entró en los títulos U, III y IV, en los que la Ponencia alcanzó notables enmiendas anteriormente planteadas... Las otras, las mantenidas, no lograron cambiar en ningún caso el texto defendido por UCD y PSOE.

FILOSOFÍA DE LA ARMONIZACIÓN

La filosofía que sobre la armonización impone el proyecto, fue el primer punto de discusión. Por el artículo 5 se establece que la armonización normativa por razones de interés general podrá hacerse antes o después de que las Comunidades Autónomas hayan dictado las correspondientes disposiciones a armonizar. Tal armonización requerirá normas posteriores de adaptación, aunque, hasta tanto se promulguen, la ley será ejecutiva a partir de la fecha en que entre en vigor.

Marcos Vizcaya, en sus únicos diez minutos de defensa, Trías de Bes y Jordi Solé manifestaron el criterio que la Constitución deduce es que la armonización debe ser posterior a las normas y que el criterio de hacer ejecutiva la Ley, antes de que se adapten las respectivas disposiciones, viene a suponer lisa y llanamente la derogación de hecho de la legislación de las comunidades autónomas. Alzaga fue el encargado de defender el proyecto. Para hacer inviable la armonización, nada tan fácil que imponer la necesidad de que todas las comunidades autónomas hubieran dictado previamente normas, lo que permitiría que la más contraria a la armonización no las dictara. Si se quiere

hacer fraude a la Ley, por la misma vía, se pueden demorar hasta el infinito las normas de desarrollo para que aquélla nunca se aplique.

COMUNIDADES Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

El artículo 131 de la Constitución atiende a la posibilidad de que el interés general aconseje que el Estado planifique la actividad económica para atender necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, etc. El Gobierno quedaría encargado de elaborar estos proyectos de acuerdo con las previsiones de las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de sindicatos, organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, el económico y social.

La traslación que los mentores de la LOAPA hacen a su articulado de este precepto constitucional supuso uno de los puntos de mayor fricción. UCD, PSOE, de un lado, y PNV, Convergencia y PCE de otro. En el texto se dice que, en atención a esos intereses generales, las competencias del Estado y las comunidades autónomas que afecten «a la utilización del territorio y al aprovechamiento de los recursos naturales que sean de interés general»,

se deberán ajustar a aquellos planes. La referencia al territorio y los recursos naturales no gusta a las minorías que lo consideran o muy imprecisa ó demasiado precisa; de ahí una enmienda del PNV apoyada por los demás que sustituye la anterior terminología por la simple y genérica —no más precisa, desde luego— «de la actividad económica general».

No fue aceptada.

Mayor problema tuvo el apartado siguiente que, al margen de la contemplado en el anterior, dispone que en caso de concurrencia simple de planes, programas o acuerdos del Estado y las comunidades —dictadas al amparo de las competencias de cada uno, pero afectando a la esfera de competencias de otra— se establecerán exclusivamente cuando exista acuerdo mutuo. De no existir tal acuerdo, las diferencias las deberá sustentar el mencionado Consejo económico y social.

Ya molestó a catalanes y vascos la referencia a un arbitro que no existe ni se sabe cómo estará compuesto. Pero el fondo de la oposición no viene a ser otro que la base de la discordia absoluta en este proyecto. Si en planes que no son de interés general, que surgen de competencias reconocidas 9 las comunidades, hay que llegar a un acuerdo o si no, no valen, ¿dónde quedan las competencias exclusivas reconocidas en los Estatutos a vascos y catalanes?, razonaron. La respuesta a tales alegaciones vendría levemente por la explicación de María izquierdo. El artículo impone, según su razonamiento, los límites a las competencias de uno y otro, que no son otros que el interés general, comentó.

El apartado dos, la necesidad de ajustarse a directrices generales en cuestiones de concurrencia, por ejemplo, en orden a derechos y deberes iguales para todos los ciudadanos en cualquier territorio, o libre circulación de personas y bienes por cualquier parte del territorio, explicó.

Pero la respuesta a los recelos de los nacionalistas, las garantías de no invasión de competencias vienen, posteriormente, en el artículo siguiente cuando taxativamente se dice que el Estado, en la atribución de las competencias que tiene en orden a los artículos anteriores, no podrá invadir competencias propias de las comunidades autónomas. «En ningún caso podrán ejercitarse dichas competencias de forma discriminatoria para cualquier comunidad», añade.

 

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