Autor: Armero, José Mario. 
   La política exterior de las autonomías     
 
 Diario 16.    13/06/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

JOSÉ MARIO ARMERO

Abogado

La política exterior de las autonomías

El Estado de las autonomías tiene su flanco más pintoresco en las tentaciones de algunos partidos nacionalistas, hegemónicos en su comunidad, de hacer pinitos de política exterior autónoma. Aquí se plantea con rigor el límite lógico de esa proyección particular.

Desde el primer momento de la concepción de los entes autonómicos, uno, de los problemas más serios que se presentaron fue el de la tentación internacional de tas nacionalidades, correspondiendo con una debilidad que afecta a casi todos los políticos, convencidos de que su presencia en el extranjero deja deslumhrados a los españoles, cuando en la mayor parte de los casos creemos muy poco en !o que nuestros hombres públicos hacen por esos mundos.

Si bien la Constitución es rotunda en la unidad de España y sus representaciones en el exterior, siempre caben intentos interpretativos de menores rangos para adoptar alguna postura o conquistar alguna posición internacional. Al fin y al cabo posturas o posiciones que, más por la importancia que tienen en sí mismas, crean tensión e irritabilidad en una amplísima parte de la sociedad española. Pero sería demasiado fácil, y cómodo, limitarse a decir que el Estado se reserva en exclusiva las relaciones internacionales, según el precepto constitucional.

Turismo

Las comunidades autónomas, a través de sus Estatutos, pueden intervenir en algunos sectores relacionados con el ámbito internacional, como es el turismo, la ordenación del crédito, el medio ambiente, las exposiciones o ferias internacionales, puentes y aeropuertos, contaminación marina, propiedad intelectual e industrial, y en un corto etcétera. En algunos Estatutos, además, se contempla la posibilidad de que la comunidad autónoma reciba información sobre los tratados internacionales y que incluso pueda tomar algunas medidas para la ejecución de esos tratados.

También se reconoce en algunos casos el dirigirse al Gobierno de la nación para solicitar la suscripción de tratados con otros Estados con los cuales la entidad autonómica tiene intereses que defender sobre materias muy concretas como pueden ser la emigración o los vínculos culturales.

Estamos ante la existencia de unas competencias concurrentes entre el Gobierno de la nación y las entidades autónomas. Son posibilidades de actuación, en el exterior, que se desprenden de los distintos Estatutos, con mayores posibilidades en unos casos que otros, pero tratando siempre de hacer compatible la gestión de los intereses autonómicos con el criterio de unidad de competencias que tiene el Estado sobre las relaciones internacionales.

Desbarajuste

Cuando los españoles contemplamos con extrañeza, tal vez por falta de información adecuada, el proceso contradictorio que sigue- nuestra política exterior, pedimos una mayor participación del legislativo y también —es lo que yo hago en este articulo— la labor coordinadora y serena de los entes autonómicos en la configuración de nuestras relaciones exteriores dentro de los marcos definidos por la Constitución y por los distintos Estatutos. No se pretende, pues sería contrario a la construcción de un Estado moderno que ha de enfrentarse con una sociedad internacional muy compleja, perderse en una maraña de subestados que restarían poder y eficacia a sus acciones en materia de relaciones internacionales.

Los hombres de las autonomías están en su derecho, guardando las formas, en viajar al extranjero y tratar temas relacionados con su ente autonómico. Al hacerlo, defienden también los intereses de España. Las bases norteamericanas, Gibraltar, Francia, Andorra, ... presentan problemas que afectan a todos, pero muy especialmente a los habitantes de determinados entes autonómicos.

Los acuerdos con Estados Unidos afectan muy especialmente a Ceuta y Melilla y el Mercado Común y la OTAN afectan de manera muy particular a Canarias. Sería acertado contar con la colaboración activa de los dirigentes de las autonomías cuando se trata de temas que, al interés general español, unen planteamientos específicos y locales.

En cualquier caso, queda claro cuáles son las competencias del Estado, del Gobierno de la nación, y cuáles pueden considerarse como necesariamente coadyuvantes, o posibles, por parte de las comunidades autónomas. Y al decir coadyuvantes me refiero a todas aquellas, específicas, que defienden los intereses de España, sin caer en veleidades aldeanas que tanto pueden perjudicar a una comunidad ante el resto de la sociedad española.

Coordinación

Y dicho esto —una llamada a la prudencia en las actuaciones exteriores— interesa también llamar la atención sobre ciertos excesos en el recelo y en el dramatismo con que algunas veces se contemplan esas actuaciones que no van más allá de la buena voluntad y del estrechamiento de lazos humanos tan necesarios en la solidaridad internacional.

La colaboración de los entes autonómicos en la política exterior de España

debe de estar muy bien coordinada. Tanto en las iniciativas parciales como en las globales. La política exterior, hasta ahora, parece un coto cerrado del Ejecutivo y tiene que abrirse necesariamente al legislativo, donde la participación de los partidos nacionalistas, o regionalistas, en las Comisiones de Asuntos Exteriores del Congreso y del Senado, contribuiría de manera eficaz a una mayor cohesión en nuestro quehacer internacional y solicitar sin recelos la participación de los Gobiernos autónomos en la construcción de una política exterior en temas que más afectan a algunas regiones españolas.

No nos quejemos de espontáneas iniciativas, cuando falta coordinación en los órganos centrales. La política exterior es un asunto tan serio que es preciso compartir con las Cámaras y con las comunidades autónomas. De otro modo nos encontraremos con insólitos taifismos, con la aventura espontánea y, posiblemente, con el ridículo.

 

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