Autor: Ferrando, Juan. 
 La sucesión en la Jefatura del Estado. 
 ¿Quién puede ser el Rey?     
 
 Madrid.    01/03/1968.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 39. 

La sucesión en la Jefatura del Estado

¿QUIEN PUEDE SER EL REY?

Por Juan FERRANDO

Más que en otras esferas, en la vida política la opinión pública tiene horror al vatio. Por eso, cuando no hay noticias alguien las inventa para responder a las preguntas que están en la calle. Sobre todo cuando objetivamente conviene que pase algo, que se salga del inmovilísmo, de que el Poder marche hacia los objetivos que hay que alcanzar.

Para ofrecer unos criterios objetivos a la opinión pública, queremos abordar el tema de la sucesión a la actual Jefatura del Estado, que, como ya se publicó en el verano de 1966, e! tener que afrontarla "por inexorable ley de la vida... coloca al país en la tensión más decisiva y grave que ha experimentado desde el primero de abril de 1939". Lo que entonces se escribió respecto de la inutilidad de nombrar Regente, vale también al examinar la cuestión de quién puede ser el Rey. "Las crisis graves de un pueblo han de encontrar una fórmula de solución que, cuando menos "a priori", tenga posibilidades de superar los obstáculos que se le enfrentan. Escoger una fórmula que ya desde su arranque se presiente que no puede resolver nada, sería grave error histórico. Confiamos en que no se cometerá."

Las previsiones de la Ley de Sucesión no son obstáculos para hacer algunas consideraciones que puedan ser útiles para quienes —miembros del Gobierno y del Consejo del Reino—, llegado el gran momento, tendrán que tomar la última decisión: proponer a las Cortes la persona que se estime debe ser llamada a ser Rey o Regente. Tampoco es poca la responsabilidad de los procuradores al aceptar o rechazar la propuesta. Unos y otros tendrán la pesada carga de esa gran hora de la época contemporánea y de nuestro futuro político inmediato. Y de esté modo satisfacer la inquietud y la expectación general.

EL PRINCIPE JUAN CARLOS: ¿HEREDERO O SUCESOR?

Uno de los rumores, al que se solía prestar considerable atención, era el de que el Príncipe Juan Carlos, al haber cumplido el 5 de enero de 1968 la edad de treinta años—uno de los requisitos exigidos por la Ley de Sucesión para poder ser designado Rey—sería declarado, en cualquier momento, "sucesor" del actual Jefe del Estado o Príncipe "heredero de la Corona" de España. Esta segunda posibilidad carecía y carece de todo fundamento. Según la Ley de Sucesión, no puede ser declarado heredero porque la condición de "heredero de la Corona" exige la previa instauración de la Corona en la persona de un Rey. En cuanto a si e] Príncipe Juan Carlos puede ser declarado "sucesor", veamos lo que dice la citada Ley. El artículo 9, al referirse a que el sucesor deberá prestar juramento a las Leyes Fundamentales después de "haber cumplido la edad de treinta años", establece los requisitos "para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente". La declaración como sucesor exige, además de haber sido propuesto a las Cortes por el Jefe del Estado o por el Gobierno y el Consejo del Reino, tener la aceptación por las mismas. ¿Cómo puede hablarse de sucesor sin que previamente haya sido propuesto y aceptado por las Cortes? ¿Por qué tendría que prestar juramento don Juan Carlos a las Leyes Fundamentales si no ha sido antes declarado sucesor?

Evidentemente, cabe la posibilidad "formal" de que el Jefe d#l Estado pueda proponer a las Cortes a una persona de estirpe regia como sucesor suyo a título de Rey, y que esta designación recaiga er don Juan Carlos. Es decir, que éste ocuparía el Trono a la muerte de Franco o en vida, si se aplicara el artículo 14 de la Ley de Sucesión. Tal nombramiento por Franco de don Juan Carlos, sin reconocer los llamados "derechos dinásticos" del heredero del Rey Alfonso XIII, equivaldría al comienzo, por elección, de una nueva Monarquía hereditaria.

Examinemos detenidamente la hipótesis de que se designe como sucesor del actual Jefe del Estado al Principe Juan Carlos.

La Monarquía visigótica o electiva es una República coronada, al menos en sus orígenes. La instauración de una nueva Monarquía—no respetando su nota esencial, su carácter hereditario—no es aconsejable aquí en España, y menos aún pensando en el futuro político inmediato de nuestro país. Veamos por qué.

LEGITIMACIÓN PRAGMÁTICA DE LA MONARQUÍA

En un artículo publicado en MADRID, (22 x 67) titulado. La Monarquía, ¿vale todavía hoy?", quedó enfocado el problema de la implantación de la Monarquía en España desde un punto de vista pragmático. Se decía entonces que circunstancias de hecho y no principios axiomáticos llevaban a una conclusión favorable a la vista de los intereses del país.

La legitimación pragmática de la Monarquía—entiéndase de la Monarquía hereditaria—se basaba en estos motivos:

1. Para que la Monarquía sea solución tiene que servir de factor de integración de todos los españoles y para todos los españoles: lo cual puede hacer, porque no fue objeto de litigio durant" la guerra civil.

2. La Monarquía podría servir para dar proporción y serenidad frente a los naturales desbordamientos de un pueblo que comenzará a experimentar, plenamente, su libertad tras treinta años de sistema orgánico.

3. La inserción de España en la Europa de los Seis obligará a un mayor reconocimiento del pluralismo social y político existente. En España la disgregación a que puede conducir este pluralismo tiene que contrapesarse con el vínculo indisoluble del Monarca, como símbolo de la unidad representativa

del Estado. El Rey no está mezclado en la lucha cotidiana de las fuerzas políticas.

4. Las clases sociales, que constituyen la base del Régimen, ven en la Monarquía la mayor garantía de seguridad para sus intereses. No así en la República. Dada la estructura económica de España, con su acentuada diferenciación de clases y su posible radicalizaeién política, el Presidente de la República que daría adscrito a una de las fuerzas o sectores sociales en liza.

5. Ante la diversidad regional de España un Rey salva la unidad mejor que la República, como se

ye ahora en Bélgica, cuya integridad nacional está garantizada por la Monarquía hereditaria.

6. La Monarquía está vinculada a la concepción de «rden, que ofrece mejores garantías a las colaboraciones financieras del exterior, indispensables para el desarrollo económico del país.

Pues bien, el mismo pragmatismo, que hace ser republicano en Suiza, Francia, Italia..., y que contribuye a ser monárquico ahora en España, como diría Canalejas, caería en este caso por su base si a la Monarquía se la vaciase de su contenido diferencial, de su carácter hereditario. Ninguno de los seis motivos aducidos tendría consistencia si se instaurase un» nueva Monarquía. La consideración de los factores políticos y sociales de nuestro país aconsejan qus no se desvirtúe la Monarquía, que se respete su carácter hereditario.

EL PRINCIPIO HEREDITARIO, GARANTÍA DE INDEPENDENCIA

En el supuesto de que se declarase sucesor a don Juan Carlos o a cualquier otra persona de estirpe regia sin reconocer los llamados "derechos dinásticos" del heredero de Alfonso XIII, se atacaría a los fundamentos mismos de la Monarquía, su carácter hereditario, que le da la mayor nota positiva de diferenciación en relación con la República. En efecto, el principio hereditario es el que permitiría al Monarca una independencia respecto a los sectores políticos en que está dividido el país. Si se salta el principio dinástico, no sólo la Monarquía perdería la ventaja de su carácter hereditario, sino que, al elegirse cualquier otro candidato de estirpe regia, el designado cargaría con la hipoteca de haber sido traído sólo por un sector nacional por importante que fuese, con le que otros automáticamente no aceptarían la fórmula monárquica. Dejaría, por tanto, la Monarquía de ser funcional para España. No sería ya una institución de convivencia de todos los españoles.

Carente de la fuerza que da la independencia basada en el carácter hereditario y sin tener la autoridad de Franco, su legitimidad carismática o personal, el sucesor del "Caudillo de España y de. la Cruzada" (artículo 3 de la Ley de Sucesión) tendría tan sólo como apoyo suyo la legitimidad histérico-nacional, la creada por e¡ 18 de julio de 1936. Así, pues, las cosas, las razones que mueven a ciertos sectores de viejas y nuevas generaciones para aceptar la Monarquía dejarían de tener fundamento. La legitimidad pragmática o sociológica actual de la Monarquía quedaría sin sentido y viciada en el caso de que no se respetase el carácter dinástico y hereditario de la misma. No respondería a los mo.tivos por los que se induce a aceptar la Monarquía como solución natural del Régimen español. En un artículo de Modesto Espinar sobre "La base de sustentación de la Monarquía", se lee:

"El argumento principal de carácter pragmático a favor de la solución prevista en nuestro ordena miento constitucional —prescindiendo de digresiones teóricas—es la posibilidad inherente a la Monarquía de servir a la convivencia de todos los españoles."

LA LEY DE SUCESIÓN ANTE LA MONARQUÍA ELECTIVA

Analizado que la pérdida del carácter hereditario de la Monarquía — al instaurarse una nueva Monarquía—implicaría su disfuncionalidad para el futuro político de España por su carencia de legitimidad pragmática, veamos ahora cuál sea el espíritu de la Ley de Sucesión.

¿Se puede crear sin trabas una nueva Monarquía? Creemos que no, porque la Ley establece determinadas limitaciones:

1. Dice el artículo 1.°: "España... es un Estado... que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino."

2. La persona a suceder a título de Rey al actual Jefe de Estado tendrá que ser "de estirpe regia" (artículo 8.°).

Reflexionemos detenidamente sobre estos puntos, expresión de las limitaciones impuestas por la tradición y la estirpe:

1. Forma parte de la tradición de los diversos reinos españoles—al menos desde el siglo IX-X—la Monarquía hereditaria y no la visigótica o electiva. Por tanto, si la España actual está declarada en Reino, de acuerdo con su tradición, se entiende que se constituye como Monarquía hereditaria, salvo fuerza mayor (Vid. art. 13 de la Ley de Sucesión). Los propios teóricos del Derecho político españolas abundan en la misma opinión. Y así, Sánchez Agesta dice que "la Ley de Sucesión y la Ley de Principios del Movimiento afirman una legitimidad tradicional de la Monarquía". En el mismo sentido dice Fernández Miranda que "el Rey tiene que poseer una legitimidad que podríamos llamar histórico-dinástica. Tiene que ser de estirpe real. Pero, además, tiene que ser encarnación de la legitimidad histórico-nacio-nal...".

2. La posibilidad de crear una Monarquía- electiva queda limitada también al quedar reducido el número de candidatos susceptibles d« ser designados como sucesores del actual Jefe de Estado. Han de ser de estirpe regia. Este término tiene tin contenido más amplio que el de dinastía. Estirpe apunta a "raíz y tronco de un linaje", mientras que dinastía se refiere tan sólo a una "serie de Reyes o Príncipes soberanos en un determinado país, pertenecientes a una misma familia".

Si relacionamos el concepto de estirpe regia con lo indicado en el artículo 1.° de la Ley de Sucesión, que habla de tradición, tendremos que concluir que el requisito de estirpe regia exigido por la Ley se ha de concretar en este otro: estirpe regia española. Tan sólo los que pertenezcan a ella gozarán de un "jus ad officium" para ser designados como sucesores del actual Jefe de Estado a titulo de Rey. Pero hay algo más. Tan sólo si se hace coincidir el requisito de estirpe regia con el concepto de dinastía se respetará el carácter hereditario que la Monarquía tradicional encierra. Porque la Ley de Sucesión contempla el caso concreto de nuestro país, con su tradición. Es cierto que — según dice Fernández Miranda—"la instauración de la Monarquía no puede hacerse—teniendo en cuenta la Ley de Sucesión—desde un exclusivo derecho del Monarca por razones estrictamente dinásticas, que pretendan valer incluso contra la voluntad del pueblo español y la legitimidad histórica que el actual Estado encarna". Para que exista incompatibilidad entre ¡a legitimidad dinástica y la nacional —apuntadas por el citado profesor—habrá que demostrar que el titular de los llamados "derechos dinásticos" no posee "las condiciones exigidas" por la Ley de Sucesión o de que ha sido excluido de la sucesión por su incapacidad para el gobierno de España o por "su desvío notorio de los principios fundamentales del Estado" (art. 13),

EL PUEBLO ESPAÑOL TIENE LA ULTIMA PALABRA

La legitimidad tradicional o dinástica, ante el hecho de tener el Estado español el Referéndum entre sus Leyes fundamentales, podría encontrar, además, la legitimidad democrática, que es la dominante en el mundo actual. En la conciencia contemporánea tanto la legitimidad carismática o personal como la dinástica o tradicional quedan ahora subordinadas a la racional o democrática. Si se respeta la legitimidad dinástica, al hacerse coincidir el concepto de estirpe regia con el de dinastía, podría darse la posibilidad de que confluyeran en la misma persona las tres legitimidades: la tradicional, la histórico-nacional y la democrática o racional. De concurrir las tres tendríamos las más sólidas bases para atravesar las dificultades de la salida del Régimen y la consolidación de la Monarquía, y para que se fortalezca y continúe la legitimidad histórico-nacional del actual Estado español.

En conclusión, España necesita de una Monarquía o de una República, pero no de formas de gobierno híbridas. La Regencia vitalicia, de una parte, y la Monarquía electiva, por otra, reúnen. los inconvenientes de la República electiva y no tienen las ventajas de la Monarquía hereditaria.

La República, en la fase inmediata del período" posterior a Franco, por ser electiva—apar te de que por estar España declarada constitucionalmente en Reino no es viable—no parece tampoco aconsejable por los motivos anteriormente enunciados en favor de la Monarquía y que no reuniría la República.

Precisamente el carácter hereditario de la Monarquía es lo que favorece su implantación en España, inmediatamente después de la actual Jefatura del Estado: en ese momento la independencia, imparcialidad y su carácter impersonal la colocan por encima de toda clase de luchas y tensiones partidistas.

Transformar la Monarquía hereditaria en electiva sería quitarle ese carácter fundamental para ese momento tan trascendental en la Historia de España. Más aún, desde la misma perspectiva de los sectores republicanos parece conveniente la no instauración inmediata de la República, puesto que, por múltiples razones, algunas de ellas derivadas de las mismas condiciones de la República, podría convertirse en antesala de una crisis política nacional que quizá desembocase en un régimen autoritario o en una dictadura.

Si la Monarquía hereditaria, con sus programas y equipos de gobierno, acierta a resolver los problemas del país, no sólo habrá salvado el salto de la sucesión, sino que podrá poner a España al nivel de las Monarquías sociales y democráticas. Y si fracasa en este intento, su último servicio habrá sido el haber actuado de freno a la avalancha política, al revanchismo personal y a la presión de los problemas pendientes del país. De este modo la Monarquía habría tenido el honor de haber servido de puente a una República moderna.

 

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