No a la deflación política     
 
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No a la deflación política

LOS sondeos de opinión pública evidencian que la mayoría de los españoles ni siquiera conoce el nombre de algunos ministros del Gobierno. Probablemente aún menos conocerán el pensamiento de tales ministros o incluso la política toda del Gabinete. No cabe duda que el caso no es privativo de este país y que en otros el desinterés de los ciudadanos por la política es análogo al nuestro. Pero esa identidad ni puede darnos consuelo ni proporcionarnos justificación. La realidad es que la participación política del pueblo español es pequeña y que ello es preocupante.

¿Es la propia ordenación del Estado la que impide o frena esa participación? Indudablemente, no. Obviando una enumeración farragosa de citas constitucionales, podemos remitirnos a este respecto a párrafos del último mensaje del Jefe del Estado:

"Nuestro sistema constitucional ha probado una vez más su fecunda vitalidad (...) asegurando todas las libertades, y entre ellas la de poder ejercer una eficiente crítica de la acción política de cada día. La disparidad de juicios o de tendencias es no solamente legítima, sino necesaria..."

"El Movimiento Nacional (...) no se detiene mirando atrás, sino que encara decididamente el futuro y acentuará la participación de todos los españoles en las tareas políticas, abriendo cauces cada vez más anchos para la incorporación de cuantos sienten inquietudes por la cosa pública. Como dije en las Cortes, en el mundo actual la política no puede ser patrimonio de minorías´. Hoy todo hombre tiene conciencia de su fuerza y de su derecho a intervenir en las tareas públicas. Nuestro Movimiento está abierto a todos los españoles. Hemos de alejar cualquier criterio cerrado y excluyente..."

Sin entrar en exégesis de las palabras de Franco sí podemos asegurar que el Jefe del Estado ha querido incitar a la participación política de los españoles. Los mensajes de los Jefes de Estado a sus naciones no son "de circunstancias": se miden y sopesan cuidadosamente y se extienden especialmente eobre los problemas más acuciantes de un momento social. Y a este respecto, debiéramos recordar las últimas intervenciones públicas de Franco, en las que ha venido manteniendo idénticas llamadas a la integración del pueblo en las tareas políticas y a la vivificación de las instituciones. Por ejemplo, sus discursos ante el Consejo Nacional requiriendo decididamente a esta Cámara para «jue no dimitiera de su obligación constitucional de dar directrices políticas al Gobierno y enjuiciar constructivamente su gestión.

Ministros del Gobierno, de los que, por citar sólo aquellos que han tenido Intervenciones públicas recientes, mentaremos a los de Hacienda y Desarrollo, insisten a su vez en la necesidad de potenciar la participación ciudadana y la vigorización de las instituciones del Estado. Así, el señor Monreal Luque afirmó no hace mucho en el homenaje que le ofrecieron los procuradores en Cortes: "Entiendo que para ejercer con plenitud una auténtica función de Gobierno es necesario contar con los intereses y la opinión de los españoles en las Cortes representados. Asimismo es también menester que nuestras Cortes, que no ee rigen por un sistema de mayorías o minorías, sino por un criterio de orga-nicidad en la representación, autentifiquen ésta al máximo (...). El Estado español, las Cortes y el Gobierno deben identificar con hechos su altitud de planteamiento. Indeclinablemente. Sin vacilaciones. Nuestro sistema debe ocuparse en ser lo que parece. Y, citando a Píndaro, nuestro sistema debe ´llegar a ser k> que es´."

El señor López Rodó, por su parte, decía hace unos días ante las Cortes: "El desarrollo político está urgido, reclamado y facilitado por el desarrollo económico y social (...). Hemos de conseguir articular políticamente a todos los ciudadanos para que la representación y la participación de la sociedad en las tareas del Estado se extienda hasta sus últimos escalones."

De otra parte, consejeros nacionales, procuradores en Cortes, cargos intermedios de la Administración, en gran número, sostienen tesis idénticas, igual afán de responsabilizar al país con la´gestión de la cosa pública, como puede manifestarlo el documento "de los treinta y nueve" elevado al Jefe del Estado en agradecimiento y solidaridad con sus palabras de fin de año. Desde la "primavera política" acá existe un auténtico "clamor de participación", pero esa participación óptima no se consigue. Si se hubiera logrado —es obvio— carecerían de sentido las sugerencias de la propia clase política. Y no Bolo no se logra la correcta participación, sino que se advierte un grado de deflación política que tiende a enraizarse y extenderse.

Nos perdemos en polémicas y disquisiciones estériles. Unos quieren asociaciones y otros prefieren potenciar los Consejos Locales del Movimiento; unos piden la regulación de la huelga y otros la reforma de la empresa; unos tienen por necesario el aumento de la representatividad directa en Cortes y otros estiman conveniente "corporativizar" a los procuradores familiares; Consejo Nacional-Gobierno; Movimiento Organización-Movimiento Comunión; desarrollo político-desarróllo económico; autarquía económica-Mercado Común... Vivimos de binomios antitéticos que nos permiten discutir, pero que a lo que parece nos privan de tomar opciones. Y la ausencia de decisiones alimenta y "Justifica" la deflación política.

La deflación política puede ser aconsejable en casos excepcionales. Pero ahora las necesidades de España aconsejan claramente tolerar una cierta Inflación política sin la cual no hay desarrollo posible. El futuro de España ya no es carismático: es institucional. Se ha dicho, y con razón, que la personalidad histórica, irrepetible, del Jefe del Estado ha sido el hilo conductor de la vida política del país. Así fue, y el propio Franco, con la previsión de un estadista de fuste, procedió a la reconversión de la política carismática en la política institucional. En este sentido, dio pasos de la importancia de la promulgación de la Ley Orgánica, la designación de sucesor, la atribución de importantes responsabilidades como estadista al Príncipe o los decretos sobre coordinación entre altos órganos del Estado.

Gracias a esas medidas no es una política contingente, sujeta como todo lo humano a errores, la que garantiza el futuro del país, sino la figura del Príncipe, la Constitución que conforma la Monarquía y las instituciones. La masiva aceptación del Juego constitucional por el país y la adhesión fehaciente al Príncipe de España, precisamente, permiten y hasta obligan a un relanzamiento del papel de las instituciones; a que las Cortes, el Consejo, los cauces de participación que se arbitren o mejoren, tengan su inflación política y atraigan a los ciudadanos a una participación que no basta con proclamar, sino que es necesario fomentar y posibilitar.

 

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