Los perfiles de la transición (V). 
 Gobernar con la opinión     
 
 ABC.    09/08/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

ABC. SÁBADO. 9 DE AGOSTO DE 1975. PAG. 3.

LOS PERFILES DE LA TRANSICIÓN (V)

GOBERNAR CON LA OPINIÓN

Una de las características principales de toda comunidad democrática es su acatamiento de la opinión pública, de suerte que los ciudadanos puedan contrastar criterios y agruparse según la identidad o analogía de los mismos. El Gobierno no puede perder de vista la opinión así formada, porque, de una parte, ella constituye el substrato último de su propia legitimidad, y, de otra, debe estar siempre dispuesto a ceder ante otro grupo de gobernantes que exprese la decisión mayoritaria de aquélla opinión. Los medios con que se articula este procedimiento de acceso al Gobierno —y de posterior término del mismo— pueden ser muy varios. Unos serán más conformes con la idiosincrasia de un pueblo, otros lo serán menos. Pero el principio permanece incólume: no hay, no puede haber, sistema democrático que, en último términp, no se apoye en el consenso mayoritario de la opinión pública.

Como quiera que la futura Monarquía española ha de responder a esos parámetros democráticos, importa mucho que ya desde ahora, precisamente en estos momentos de preparación de la transición, se aclaren al máximo las -ideas —y el lenguaje— sobre tan importante tema.

La formación de la. opinión pública, rectamente entendida, no es en las sociedades modernas un fenómeno espontáneo. La complejidad de esas mismas sociedades y de los problemas que le presenta el decurso de su desenvolvimiento exige un cuidadoso tratamiento. Por lo pronto, el Estado tiene que ser neutral y al tiempo beligerante. Ño hay contradicción en la afirmación precedente. Beligerante ha de serlo el Estado contra todo aquello ^ o aquellos que tiendan a su destrucción o a la quiebra de sus principios fundamentales. Neutral, a partir de ese mismo momento y para todo lo demás; esto es, respecto a cualesquiera opciones políticas que, respetuosas con la legalidad, puedan ofrecerse al cuerpo social. Que el Estado se incline por unas en detrimento de las otras equivale a sustituir la opinión pública por el criterio de conveniencia del equipo que ocupa el Poder. Ello, lejos de ser democrático, se aleja del modelo de las sociedades contemporáneas más evolucionadas, entre las .que debemos aspirar a ocupar la plaza que nos corresponde.

Lo dicho tiene especial importancia respecto de las asociaciones políticas, hoy en trance de constitución operativa. Aquí, el Estado —y el Gobierno— debe jugar a fondo la carta de la más estricta neutralidad de trato. Y no sólo con palabras, sino con hechos. Una de las faltas más graves de que adolece el Estatuto de Asociaciones es, a nuestro juicio, la inexistencia de unos criterios claros —y de sus correspondientes procedimientos de actuación— que garanticen aquella igualdad de trato. El que sea el Consejo Nacional —organismo eminentemente político donde los haya— el encargado de su cuidado; o el que sea un Ministerio determinado el llamado a dispensar esa proclama de igualdad, exige, cuando menos, un exquisito tacto en una y otra entidad. Porque, de lo contrario, el riesgo sería enorme: equivaldría a sustituir, desde el Poder, a la propia opinión pública. Hasta ahora sólo se han encontrado, en otros países, para solucionar este problema, fórmulas que parten del principio de desvinculación del ejecutivo de aquellos órganos encargados de fomentar, con la máxima neutralidad y el absoluto respeto a las normas constitucionales, la creación de Institutos —y no otra cosa son o deber ser las asociaciones políticas— de formación, desarrollo y presencia activa de la opinión pública. No es sólo tarea de hombres, sino de instituciones.

Pensemos, por un momento, en los medios que el Estado tiene en su mano —por ejemplo, televisión; por ejemplo, cadenas de periódicos— para conformar y aun prefigurar la opinión. ¿Se hará recto e igualitario uso de esos medios en relación con todas y cada una de las asociaciones? ¿No será demasiado fuerte y a la vez demasiado fácil la tentación contraria? Es de esperar —y de exigir— que antes de que comiencen los procesos electorales a la vista se dicten normas que acrediten y garanticen la actuación conforme a los principios expuestos.

 

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