Autor: Alavedra i Moner, Maciá. 
   Una política para modernizar el estado     
 
 El País.    16/06/1986.  Página: 20. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

20/ESPAÑA

LA CAMPAÑA ELECTORAL

POLÍTICA

EL PAÍS, lunes 16 de junio de 1986

No es verdad que el proceso autonómico esté terminado. El Estado de las autonomías no está consoli-

dado. Sigue sometido a demasiadas incertidumbres. Después de seis años de vigencia y aplicación del

Estatuto de Autonomía de Cataluña, tendríamos que tener, tal como indica el propio Estatuto, un sistema

de financiación estable que garantice la suficiencia de recursos, su actualización anual automática y la

autonomía en el gasto. Esto no se ha hecho a pesar, una vez más, de las promesas. Seguimos obligados a

negociar cada año con la Administración central las transferencias de los recursos partida por partida, y la

autonomía en el gasto afecta sólo a un 10% del presupuesto de la Generalitat aprobado por el Parlament

de Cataluña.

Aprobar un nuevo modelo estable de financiación de las comunidades autónomas que supere las

imperfecciones y los desajustes actuales y reconocidos por todas las fuerzas políticas es un objetivo im-

portante para consolidar el Estado de las autonomías.

Podríamos hablar de traspasos, de cómo se expresa la posición de las comunidades autónomas cerca de

las instituciones europeas en los temas que afecten a sus competencias, de recursos de inconstitu-

cionalidad que van en un sentido u otro para demostrar que el proceso autonómico, una de las innova-

ciones más interesantes y más positivas de nuestra Constitución, esté terminado.

Por eso, hay que poner un especial acento en priorizar la innovación y el desarrollo tecnológico. En

España se investiga poco. En los próximos cuatro años, los gas-

Una política para modernizar el Estado

MAGIA ALAVEDRA I MONER

Dar prioridad a la innovación y el desarrollo tecnológico, contener el gasto público y estabilizar el modelo

de financiación de las autonomías son algunos de los objetivos que el autor de este artículo

propone para la gobernación de España en los próximos cuatro años. Esta política, según su punto de

vista, es la alternativa a la desarrollada por el Gobierno socialista.

tos en investigación se han de doblar. A su vez, hay que incorporar las nuevas tecnologías a la actividad

económica. Esto requiere de políticas fiscales que favorezcan la inversión en estas áreas por un lado y,

por otro, la incentivación de la política de formación y reciclaje profesional desde las escuelas de

formación profesional hasta la Universidad, acercándolas a la actividad productiva.

El cuarto objetivo es el de sanear los desequilibrios básicos de la economía española. La inflación se ha

de reducir hasta los niveles medios de la comunidad. El déficit público ha de disminuir de año en año.

En consecuencia, se ha de adoptar una política de contención del gasto público basada en la austeridad.

Asimismo, se revisará la actuación de las empresas públicas, con el fin de reducir las pérdidas que tienen

y las subvenciones que reciben, contemplando la posibilidad de privatización en determinadas

circunstancias. Este proceso irá acompañado de la necesaria reforma de la Seguridad Social.

Sólo desde la óptica de pragmatismo y realismo que se desprende

de este programa podrá adecuarse la economía española al nuevo entorno internacional de la Comunidad

Económica Europea para poder competir directamente y sin trabas al mismo nivel que los demás

miembros.

Éstos son, principalmente, la disminución de los costos laborales no salariales, como la Seguridad Social,

y la flexibilización en la contratación, a fin de acercar la normativa laboral a las necesidades del mercado,

tal como ya rige en la Comunidad Europea. Esto tendría especial incidencia en la creación de puestos de

trabajo para los jóvenes, que hoy son los principales afectados por la falta de trabajo.

Con todo, para crear empleo es imprescindible que la inversión crezca, ya que hoy se encuentra en uno dé

los niveles más bajos de los últimos ocho años. Relanzar la inversión es el segundo objetivo básico que

afronta el programa. Hay que suprimir trabas e intervenciones que hoy la frenan. Esto comporta

liberalizar la economía y fomentar la acción empresarial, es decir, configurar un marco legal y

administrativo realmente ágil, eli-

minando burocracia y simplificando trámites, sea para abrir una empresa o para contratar a un nuevo

empleado.

La fiscalidad se ha de orientar hacia el aumento de la inversión y, por tanto, será preciso para el in-

cremento de la presión fiscal de los últimos años; la política crediticia y financiera también se ha de libe-

ralizar, favoreciendo unas mejores condiciones para la inversión productiva. Todo ello sin olvidar ac-

tuaciones específicas para fomentar la actividad y la inversión de las pequeñas y medianas empresas, las

cuales, por sus características, deben gozar de determinadas excepcionalidades en los ámbitos fiscal y de

la contratación laboral.

Programa económico

Un tercer objetivo —estrictamente relacionado con el relanzamiento de la inversión— es la moderni-

zación de los sectores económicos.

La política autonómica de ajuste que ha llevado a cabo el Gobierno socialista ha sido insuficiente en

algunos puntos, y negativa en

otros. Del análisis sobre la evolución de los diversos indicadores económicos entre 1982 y 1986 se

desprende que el paro ha crecido en 734.000 personas, que el déficit público ha aumentado en un billón

de pesetas, y el coste para financiarlo (intereses) se ha incrementado en 811.000 millones de pesetas.

Mientras desde el Gobierno se pedía austeridad a la economía, los gastos del Estado crecían a un ritmo

cuatro veces más rápido que el crecimiento del PIB.

En estos años, Europa ha obtenido otros resultados. Europa tiene la mitad de tasa de paro y de inflación

que la que tenemos en España. Por tanto, esto significa que existe una alternativa en política económica.

La importancia que otorgamos al programa económico se deriva del hecho de que los próximos cuatro

años constituirán un período clave para la superación de la crisis de la economía española y de sus

principales desequilibrios. Situarlos en niveles parecidos a los que hoy mantiene la CEE es, por tanto, el

objetivo que persiguen todas las actuaciones de política económica que proponemos.

Hay que reducir el paro. Hoy, el porcentaje de parados que hay en España dobla al que tienen como

promedio los otros miembros de la Comunidad Europea. Esto no puede ser así; la política contra el paro

no puede depender de los subsidios, sino que se ha de fundamentar en el estímulo para la creación de

puestos de trabajo.

Macia alavedra i moner es el número dos de la lista de Convergencia i Unió por Barcelona.

 

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