Elecciones: ni más ni menos     
 
 Ya.    21/06/1986.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

4 / Opinión EDITORIAL

Sábado 21 de junio de 1986

Elecciones: ni más ni menos

Alo largo de las pasadas semanas hemos procurado cumplir con la obligación de un periódico

independiente, que no está vinculado a ningún partido y por encima de todo se debe a sus lectores y a su

misión de informarles suficientemente. En nuestros editoriales se han comentado las distintas ofertas

electorales y hemos abierto nuestras páginas a los representantes de las mismas y a sus programas. Ahora,

ante la jornada electoral de mañana, es el momento de que recapitulemos, no para aconsejar ninguna

opción concreta, lo que estaría en contradicción con lo que hemos empezado diciendo, sino para exponer

a nuestros lectores cual es, a nuestro entender, el alcance de la consulta que se hace al pueblo español y la

responsabilidad que todos contraemos en ella.

Recordar la responsabilidad de los ciudadanos debe ser lo primero, saliendo al paso de dos tentaciones.

La primera es pensar que el voto no va a servir de nada; la segunda es fundamentar esa actitud en una

descalificación general de los candidatos. Descartamos los casos, desgraciadamente tan frecuentes, en que

el único motivo-auténtico de la abstención es la comodidad, aunque se enmascare con alguno de los dos

argumentos citados. Respecto a éstos diremos lo siguiente. En primer lugar, la característica de una

democracia (su grandeza y su servidumbre) es que depende de lo que los ciudadanos decidan, y ningún

acto tan decisivo como el voto que va a determinar quiénes representarán al pueblo y quiénes le

gobernarán durante el tiempo que separa elección de elección. Decir que esa decisión no tiene importan-

cia es negar la evidencia cuando de ella dependen no ya los grandes intereses nacionales, sino cuanto

forma la trama cotidiana de nuestro vivir. En segundo lugar, descalificar moralmente a todos los candi-

datos es tan frivolo como injusto. Lo que sí cabe, y es la esencia de la consulta electoral, es valorar las

ofertas políticas.

Pero dicho esto, la situación no es la de una competición en que todos los participantes están en la línea

de salida en igualdad de condiciones. Por el contrario, nos encontramos con que uno de ellos ha de-

sempeñado el gobierno de la nación durante cuatro años. Por esto cualquier examen de la situación ha de

iniciarse analizando los resultados de esa gestión para deducir si se justifica confirmar a quienes la

desempeñaron o es el momento de considerar otras alternativas.

Cuatro años de socialismo nuestra línea editorial no será ninguna sorpresa que empecemos manifestando

nuestro juicio crítico a la gestión socialista, considerada en su conjunto y sin negar los aciertos que ha

tenido, alguno tan importante como haber culminado la integración en la Comunidad Europea. Nos

adelantamos a decir que en esa apreciación no nos mueve ninguna motivación ideológica. No somos

socialistas, pero creemos que el socialismo es parte de las sociedades contemporáneas, que es natural que

gobierne cuando tiene la mayoría y, en nuestro caso, consideramos que el paso del socialismo por el

poder, sin que hayan tocado las instituciones fundamentales de la nación, ha sido positivo y la prueba más

segura de la consolidación de la democracia. Al decir eso no desconocemos el lastre que en la actuación

socialista han representado los prejuicios ideológicos que han revestido las características del llamado

«progresismo» cultural y de una «permisividad» menospreciadora de valores éticos muy respetables, lo

que por voces muy autorizadas se ha calificado instituciones como la familia y al valor supremo de la

vida; como descristianización, que ha herido sentimientos muy profundos de sectores importantes de la

sociedad y pero nosotros queremos limitarnos en este comentario a aquellos aspectos de la gestión

socialista que afectan a todos los españoles

de cualquier ideología. No debe extrañar que empecemos por el problema económico. Es evidente que el

PSOE (y esto es positivo) ha abandonado cualquier veleidad socializante. Los puntos de vista de aquella

naturaleza (nacionalización de la banca y de las empresas eléctricas, más intervención obrera en la gestión

de las empresas, mayor progresividad tributaria, reforma agraria, etc.) se han refugiado en el programa de

Izquierda Unida. Pero el caso es que tampoco el cambio de línea del PSOE le ha servido para encontrar el

modo de conseguir que sus nuevos cauces le hayan llevado a donde han conducido a otros países.

Por lo que sea (ya iremos a ello), el Gobierno no ha logrado despertar la confianza de esa iniciativa

privada que ha sido clave del renacer económico de otros países. Pues bien, ¿qué ofrece para salir de esa

situación el programa socialista? Para mantener cuando menos lo que podríamos calificar de mensaje

socialdemócrata, tendría que plantearse, junto al objetivo de progreso, otro objetivo de equidad, que no

existe en absoluto en la propuesta que se somete al electorado. Como ello podría resultar fuertemente

antipopular, se ha adobado la mencionada propuesta con toda suerte de adornos (desde la energía cólica

como remedio a los males de la patria hasta la tesis de que se ha dominado el déficit del sector público)

que componen un planteamiento que técnicamente no tenemos más remedio que calificar como

deleznable. Lo que se pretende en el fondo con proyecto tan desequilibrado, y en muchos sentidos tan in-

conexo, es simplemente un voto de confianza a lo que haga el Gobierno; pero la verdad es que poca

confianza puede inspirar un Gobierno que hasta ahora no ha sabido más que generar paro progresivo,

déficit creciente en el sector público, altos tipos de interés, que no acierta a resolver el problema de la

inflación y, como resumen, no consigue despegar como lo han hecho nuestros vecinos occidentales.

¿Tendremos necesidad de recordar lo que esa gestión económica ha producido y ha constituido la

decepción mayor de quienes votaron al socialismo porque prometía 800.000 puestos de trabajo y se

encuentran con que nuestra cifra de parados está en los tres millones, se han recortado las pensiones como

es notorio, se ha procedido a una auténtica expropiación sin indemnización de las previsiones que

millares de ciudadanos habían hecho, con sus desembolsos, para asegurar su futuro, y tampoco se ha

encontrado el medio de remediar la crisis profunda y creciente de la Seguridad Social? La consecuencia

es que los españoles se ven sometidos a un proceso de mayor imposición a cambio de recibir menos, en

retribuciones y en servicios. ¿Pero qué garantías ofrece el programa socialista de que pueda mejorar esa

situación? La consolidación de unas medidas contra el paro que han resultado notoriamente insuficientes,

las promesas de revalorizar todas las pensiones con mejor tratamiento para las más bajas, la ampliación de

las prestaciones sociales a grupos que actualmente están excluidos del sistema de la Seguridad Social y la

progresiva sustitución de cotizaciones por aportaciones del Estado no son en general medidas nuevas y

ninguna garantía se ofrece de que se puedan cubrirr en lo sucesivo los objetivos. Por no hablar de algo

que afecta tan inmediatamente a todos los ciudadanos como es la degradación manifiesta del orden

público, que hace que se sientan menos seguros que en muchos años. Los socialistas, por último,

apoyados en su clamoroso triunfo del 28 de octubre de 1982, que les daba la mayoría absoluta de las

Cámaras, pero que no les convertía en representantes exclusivos de la nación, han actuado como si lo

fueran, como si la democracia hubiese empezado ese día y ellos la debieran salvaguardar. Para ello, han

desalojado de sus puestos a los representantes de otras fuerzas políti-

cas, y también a simples profesionales para apoderarse de la Administración del Estado y desde ella

montar un sistemático ataque a la independencia de los demás poderes y a todo lo que dentro de la

sociedad represente instituciones libres, cuerpos intermedios, tejido social, en suma, y el socialismo

pretende descalificar con una sola palabra, «corporativismo», a la que carga de sentido peyorativo como

sinónimo de particularismos anacrónicos y privilegiados.

Naturalmente, cabe una interpretación ética o, mejor dicho, una condena ética de esa conducta, que es la

que se aprecia en sectores sociales cada vez más extensos, principalmente juveniles, y la que constituye

seguramente el fulminante de Izquierda Unida, recogiendo la bandera abandonada por el socialismo. Es la

actitud de tos que ven en ese comportamiento la antítesis de los «cien años de honradez» que el socialis-

mo tremoló en su anterior campaña electoral. Pero no tenemos necesidad ni intención de acompañar a los

que formulan esas condenaciones morales para deplorar la situación expuesta con un criterio

estrictamente político.

El llamado poder hegemónico socialista, así entendido y practicado, con el desprecio de todas las demás

opciones, que ha caracterizado a los cuatro años últimos la utilización sesgada de TV y la manifiesta

tendencia al monopolio educativo, con la consiguiente merma de libertades, han sido la negación del

pluralismo democrático, si no de manera formal, al menos en su espíritu. Esa actitud debería haber sido

vista con recelo (y seguramente, así ha sido vista muchas veces) incluso por los socialistas que

sinceramente deseen ver bien casados los dos conceptos de socialismo y democracia.

La alternativa al socialismo_________

No existe una sola alternativa al socialismo, sino la que por un lado representa a su izquierda la que

acabamos de mencionar (que tampoco es única) con una fuerte carga utópica, pero también con otra no

despreciable de exigencia de rendición de cuentas desde el punto de vista de una ética de la izquierda, y

por el otro lado, las tres candidaturas de Coalición Popular, Centro Democrático y Social y Partido Re-

formista Democrático, coaligado con el nacionalismo catalán de Convergencia i Unió y el de Coalición

Galega, mientras que independientemente se presentan los dos .partidos del nacionalismo vasco: el más

moderado Partido Nacionalista Vasco, que actualmente gobierna, y Herri Batasuna, cuyo previsible

crecimiento es uno de los datos más preocupantes de la situación, dada su notoria conexión con las

posiciones de violencia extrema.

Deteniéndonos en las tres grandes candidaturas de alcance nacional, es decir, CP, CDS y PRD, que

pretenden representar políticamente el espacio de la derecha constitucional y de ese centro que en parte

votó al socialismo en 1982, pero que parece dispuesto a rectificar su decisión de entonces, hay que

observar en los programas de las tres candidaturas una reserva análoga sobre los principios ideológicos a

que empezamos aludiendo en este comentario (salvo la promesa que hacen los líderes de CP de respeto a

la vida y de libertad de enseñanza que contienen los programas del CP y del PRD) y una insistencia

común en los problemas económicos y sociales con un planteamiento sustancialmente análogo, aunque

haya pequeñas variantes. En primer lugar, sobre un fundamento de mayor peso del mercado, dura lucha

contra el gasto público, un cierto alivio fiscal, mantenimiento de la protección social, pero sin meternos

en libros de caballerías, el PRD considera, quizá de acuerdo con sus orígenes, que el mensaje económico

liberal debe acentuarse lo más posible, aunque, por supuesto, sin llegar a extremos irracionales. Frente a

eso, el CDS mantiene lo que po-

dríamos llamar una actitud más populista. Es preciso —sostiene— un talante más expansivo en la

economía, con alivio en los tipos de interés, subida de la inversión pública y planificación económica,

manteniéndose también actitudes suavemente progresistas, aunque dentro del marco de sanidad

presupuestaria. Y Coalición Popular, por último, propugna una actitud casi equidistante entre esas dos

posiciones. Es evidente que el papel del Estado es mantenido por esta agrupación política, aunque amplíe

fuertemente el juego del mercado y trate de disminuir la presión fiscal, pero al mismo tiempo su lucha

contra el gasto público no se plantea dentro de marcos tan planificadores como los de CDS. De todas

maneras —insistimos—, las diferencias son nimias y las tres propuestas son aceptablemente coordinables

y, por supuesto, económicamente son propuestas serias.

Algo por el estilo se puede decir de los aspectos del empleo y de la Seguridad Social. La liberación del

mercado de trabajo, la aproximación de la legislación a los países de la Comunidad Económica Europea,

la generalización de la contratación temporal, el fraccionamiento del ordenamiento laboral en desarrollos

normativos específicos, la descentralización máxima de la con-certación social, son principios práctica-

mente comunes a los tres partidos. En lo relativo a la Seguridad Social, la salvaguardia de los derechos

adquiridos de los pensionistas y el mantenimiento de las prestaciones sociales están en el programa de

CP, y el establecimiento de dos niveles, uno público y obligatorio y otro libre y complementario, en el del

PRD, pero tampoco se puede pensar que aquello en que insiste un programa sea excluido ni «treno menos

por el otro. Son fórmulas no dispares, en las que sólo cabria diferenciar la mayor insistencia del CDS en

el aumento de las ayudas estatales, como hemos observado en el aspecto económico general, mientras que

el PRD se presenta más liberal y la posición de CP es equidistante. Podríamos hablar por eso de una

alternativa común de tipo humanístico, centrada en la confianza en la sociedad y en la libertad, frente al

estatismo característico del programa socialista, aunque aquella alternativa se diversifique luego en varías

candidaturas.

¿A quién votar?___________________

En esta coyuntura, es evidente que no serán tanto razones programáticas, sino de otra naturaleza, como la

confianza que inspiran los candidatos, su talante político y humano, su historia, las garantías que ellos y

sus equipos ofrezcan, las que decidirán el voto de los ciudadanos. También, por supuesto, la

consideración de la utilidad del voto, teniendo en cuenta la existencia de un sistema electoral que podrá

gustar o no gustar, ser o no preferible a otro de representación proporcional más pura, pero que de hecho

existe y, al primar a los grandes partidos, puede hacer que los votos concedidos a los menores se pierdan

al no alcanzar éstos representación parlamentaria. Pero frente a esta consideración está, y es legítima y

respetable, la de quienes ponen ante todo el principio de pluralismo y se niegan a supeditar sus

preferencias ideológicas y personales a consideraciones exclusivamente pragmáticas. Se trata de un

problema que cada cual debe resolver en conciencia.

Votar, pues, en primer lugar; votar sin descalificación previa de ningún partido, puesto que todos ellos

son opciones legítimas dentro de la Constitución; votar teniendo en cuenta que la democracia es

esencialmente pluralismo en libertad, y por último, votar a aquel que ofrezca mayores garantías de llevar

a la práctica las aspiraciones con las que el votante se identifique. No podemos llegar a más en nuestras

recomendaciones, pero nos atrevemos a decir que con nada menos que eso los españoles nos debemos

conformar.

 

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