Autor: J. M. B.. 
   Sin derecho a la crítica, el funcionario es un ciudadano de segunda clase     
 
 Madrid.    10/12/1969.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

SIN DERECHO A LA CRITICA, EL FUNCIONARIO ES UN CIUDADANO DE SEGUNDA CLASE

"La historia del Derecho no es otra cosa que el largo canino recorrido por el hombre desde la Prehistoria hacia su libertad", dijo el abogado catalán don Miguel Casáls en el Círculo de Estudios Jurídicos, donde pronunció una conferencia sobre *L> situación del funcionario y el problema de su libertad".

Tras realizar algunas consideraciones en torno al concepto de Estado de Derecho—el Estado cuyas normas organizativas de la vida social consagran la protección de la libertad individual del hombre frente a la Ley, frente a las decisiones de la Administración y frente a la actuación de la Policía—, don Miguel Casals pasó a estudiar la relación funcionario-Administraeión y señaló cómo en nuestro país, de un tiempo a esta parte, se hablaba insistentemente de disciplina, con grave peligro para la libertad individual de los funcionarios. La disciplina, dijo, es la reacción instintiva del Estado moderno ante las complejas relaciones que determina la sociedad de masas; esa nueva sociedad que ahora nace y cuyas consecuencias para el Derecho son incalculables, pero que exige unas normas estructuradas sobre el concepto de responsabilidad.

Disciplina o responsabilidad. He aquí la disyuntiva en la situación del funcionario frente a la Administración. La idea de disciplina no puede sustituir el concepto de responsabilidad, porque supone ¿íia actitud de aceptación y de acatamiento previo e impide al funcionario el ejercicio del derecho a la crítica —derecho inherente a su libertad como persona—y le convierte en ciudadano de segunda clase.

Situación que tampoco puede justificarse por razones de seguridad colectiva ni de comodidad para la Administración.

El verdadero Estado de Derecho, por el contrario, estructura esa situación sobre el concepto de una responsabilidad amplia, extensiva a todos los actos que el funcionario haya realizado como tal y que no excluye unos deberes de obediencia, de diligencia y de secreto profesional en el ejercicio de sus funciones. Se trata, en definitiva, de una, responsabilidad profesional que presupone la consagración previa de la autonomía de la persona y salvaguarda la libertad individual y los derechos humanos frente a la idea de disciplina que parece prevalecer entre nosotros y que constituye una •vía tuitiva con, matices, penales y lesiva al derecho humano, a la propia opinión y al ejercicio de la crítica.

Finalmente, el señor Casals señaló la conveniencia de que la acción de responsabilidad contra los funcionarios se ejw-cite ante la jurisdicción ordinaria, como cauce procesal más adecuado y seguro, por apoyar siempre sus resoluciones en Derecho y por ofrecer mayores garantías que las instrucciones reservadas, los pliegos de cargos o los expedientes secretos.

Al final de la conferencia hubo un coloquio muy animado.

 

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