La sindicación de los funcionarios públicos, descartada por unanimidad  :   
 No obstante, una moción pide al Gobierno que se les reconozca, por ley especial, la asociación y medios de representación. La comisión de presupuestos acordó rechazar la devolución al Gobierno del proyecto de ley sobre la subvención al Bacalai nacional. 
 ABC.    13/11/1970.  Página: 45-46. Páginas: 2. Párrafos: 33. 

CORTES ESPAÑOLAS LA SINDICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, DESCARTADA POR UNANIMIDAD

No obstante, una moción pide al Gobierno que se les reconozca, por ley especial, la asociación y medios de representación

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS ACORDÓ RECHAZAR LA DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE SUBVENCIÓN AL BACALAO

NACIONAL

El tema de la sindicación de los funcionarios públicos se renovó ayer con verdadero apasionamiento político en los debates celebrados en la Comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia de las Cortes, al ser examinado el apartado 2 del artículo 7.° del proyecto de ley Sindical.

Apenas se reanudaron los trabajos legislativos—a las cinco y´ cuarto de la tarde—, don Fernando Suárez, por la Ponencia, formuló la declaración tesis de la Ponencia con respecto a este punto. "Es olaro—dijo—que hay un ambiente en la Comisión de reconocer a los funcionarios públicos el derecho a defenderse y a ser representados. No obstante, d problema radica en cómo buscar la solución conveniente.

FALTARÍA UNA ASOCIACIÓN PARALELA DE EMPRESARIOS

Siguiendo esta airgumen-taoión. el ponente se preguntó si son trabajadores los fun-cionarios públicos en sentido estricto. Son trabajadores, pues aportan un eficaz servicio, pero no son trabajadores en el sentido estricto sindical, por cuanto que su contrato de trabajo es de Derecho Administrativo y no de Derecho Laboral común. Sin embargo, hay personas que prestan servicio al Estado sin ser funcionarios públicos y no tienen las garantías de los funcionarios ni de los trabajadores por cuenta ajena. Argüyó, además, que la posible asociación sindical de funcionarios no tendría, como es de exigir, su asociación paralela de empresarios, porque para aquéllos el único empresario es el Estado. En materia de salarios, por ejemplo, con ocasión de celebrarse un convenio sindical, ¿quién puede determinar la subida de sueldos para los funcionarios? Sin duda alguna que el Poder legislativo, como es obvio, no admite negociación.

Tras descartar la sindicación de los funcionarios públicos, el señor Suárez propugnó como alternativa el que se concedan medios de representación a los funcionarios públicos a través de cauces genuinos, pero nunca de los establecidos en la Organización Sindical.

Se sumaron resueltamente a esta postura con la aportación de exhaustivos y rotundos argumentos los procuradores don Raimundo Fernández Cuesta, don Miguel Primo de Rivera, don Cruz Martínez Esteruelas y otros.

PROBLEMA EMINENTEMENTE POLÍTICO

Se recrudeció d debate al reiterar sus puntos de vista expuestos en la sesión anterior el consejero nacional don Antonio Pedrosa Latas, quien dijo que no se trata de un problema jurídico o técnico, sino de un problema eminentemente político, y sobre el que urge un pronunciamiento. Consecuente con su tesis, propuso una fórmula en la que se diga que, por ley, será reculada la sindicación de los funcionarios públicos a través de sus. entidades colegiales y asociativas, teniendo en cuenta sus peculiaridades específicas y las garantías de la función pública.

Tras estas intervenciones iniciales, un nutrido grupo de oradores se expresó, indistintamente, en apoyo a la Ponencia o al señor Pedrosa Latas, estos últimos en número menor.

Don Jesús Fueyo Alvarez, entre los que apoyaron la no sindicación de los funcionarios, declaró que un ingreso en masa de los funcionarios públicos en d sindicalismo sería perjudicial para ja Administración y para la misma Organización Sindical, que resultaría funcionariada, aparte de que con esta integración se vería deteriorado el equilibrio institucional de España. No obstante, defendió que el funcionario público tenga voz para la defensa de sus intereses.

EL PROBLEMA AFECTA A LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL PAÍS

Terció también en la discusión el consejero nacional don Juan Sánchez Cortés, quien, como sus predecesores en d uso de la palabra, entendió que el problema afecta « la estructura institucional dd país.

Por su parte, d presidente del Consejo Nacional de Empresarios, don Dionisio Martín SariZj gdmitió que la sindicación del funcíonariado sería introducir una quinta columna dd sindicalismo en la Administración.

Como resultado de este debate, los señores Martínez Esíeruelas y Fueyo, indistintamente, presentaron a la Mesa una moción en la tnie se pide al Gobierno que se reconozca, por ley especial, la asociación de los funcionarios públicos.

A petición de la Ponencia, el señor Pedrosa Latas declaró >¡ue no sometería a votación su enmienda, y también lo hizo el señor Rey Martín con otra suya, y el presidente sometió a votación el texto de la Ponencia, que fue aprobado por unanimidad.

El señor Bau Noya, asimismo, declaró que las mociones presentadas se someterían a aprobación al final del estudio de la ley.

EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR

Tras unos minutos de descanso, se reanudó la deliberación sotare el apartado tercero del artículo séptimo.

El señor Abad Martin se refirió a la situación laboral del personal civil que trabaja al servicio de la Administración militar. Solicitó la supresión del inciso final del párrafo en el que se determina la sujeción de estos trabajadores al régimen disciplinario, representativo y jurisdiccional fijado por razones de la defensa nacional. Reconoció también que la edad media de los trabajadores de algunas factorías militares era superior a los cincuenta años, y que una de las causas de esta situación podría ser el reglamento militar al que están sujetos.

Don Pedro Nieto Antúnez solicitó aue se aclarase la redacción del apartado, por cuanto existían centros enclavados en recintos militares para cuyo servicio se contaba con personaJ civil.

El señor Merino García recordó que el tema se debatió ya durante el Congreso Sindical de Tarragona. En ocasión de guerra o movilización—añadió—no sólo se suspendería la aplicación de derechos laborales del personal al servicio de la Administración militar, sino la de todos los tra-trajadores. Se adhirió, lo mismo que el señor Martínez Bsteiiagu, a la propuesta del señor Abad Martín.

Don José Solís Ruiz, tres citar los casos de Construcciones Militares y de la Empresa Nacional Santa Bárbara, en la que se reconoció a sus trabai adores eJ derecho de sindicación, se adhirió a la anterior propuesta. Aceptada también por la Ponencia que aprobada, por unanimidad, la enmienda del señor Abad Martín.

TEXTO DE LOS TRES APARTADOS INICIALES DEL ARTICULO SÉPTIMO

La redacción de los tres apartados iniciales del artículo séptimo, el primero de los cuales fue aprobado en la sesión precedente, es la que sigue:

"Artículo 7,"—1. En todas las empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto la realización de ana obra, explotación, industria, servicio, ne-jrocio o actividad se verificará la integración de los empresarios, técnicos y trabajado-res prevista en los dos artículos anteriores.

3. Las disposiciones de esta ley serán, asimismo, de aplicación al Estado, a las corporaciones locales, a las Empresas Nacionales, organismos autónomos a otros de análoga naturaleza en relación con e] personal a su servicio que no teñirá la condición de funcionario público.

3. Lo establecido en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio t!c las disposiciones especiales que rijan por razones de defensa nacional."

A las diez menos cuarto de la noche el esidente de la Comisión suspendió loa

trabajos, y anunció que se reanudarían hoy. a las cinco de la tarde.—Resumen de Cifra y Pyresa.

Comisión de Presupuestos

Después de cuatro horas de debates, la Comisión de Presupuestos de las Cortes acordó rechazar la devolución al Gobierno del proyecto de ley sobre crédito extraordinario al Ministerio de Comercio por importe de mil setecientos cincuenta millones de pesetas, con destino a subvencionar el bacalao nacional y determinados productos de Importación de primera necesidad. La devolución del proyecto al Gobierno había sido solicitada y defendida por quince enmendantes.

Las razones principales de los quince procuradores partidarios de la devolución del proyecto son las siguientes:

La estabilización del coste de la vida no debe conseguirse mediante la anulación de créditos necesarios para el desarrollo de la economía nacional. En el proyecto del Gobierno no se especifican, por otra parte, los productos de primera necesidad que habrán de ser subvencionados ademes del bacalao. La anulación de créditos, por otra parte—afirmaba otro enmendante—, podría tener repercusiones en el desarrollo y realización de programas aprobados en la ley del U Plan >Je Desarrollo.

En su respuesta, la Ponencia aclaraba >jus. según cálculos efectuados por el Ministerio de Comercio, el total del crédito por valor de mil setecientos cincuenta millones de pesetas se desglosaba del modo siguiente: Para subvención del bacalao nacional, setenta y cinco millones de pesetas: para la carne congelada de vacuno, doscientos setenta y cinco millones: para la harina de pescado, trescientos cuarenta y cinco millones: para la harina de soja, doscientos millones: para sebo, trescientos quince millones: para cacao, trescientos sesenta millones, asi como la subvención de otros productos de Importación en las provincias de Las Palmas, Tenerife, Sahara y en las plazas de Ceuta y Melilla.

Hoy se entrará en la discusión del articulado del proyecto.

PROYECTOS DE LEY APROBADOS

Con anterioridad, la Comisión, que preside don José García Hernández, aprobó los proyectos de ley de retribuciones del personal pertenecientes a las II y m Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Kjército y del de Auxiliares de Almacén de Artillería, suboficiales especialistas procedentes de aquéllos.

Posteriormente, 3a Comisión aprobó por aclamación la concesión de una pensión especial a favor de doña María Galilea Cabrerizo, viuda del capitán general don Agustín Muñoz Grandes, por importe de 135.000 pesetas anuales. La Comisión aprobó también por unanimidad la concesión de un crédito extraordinario de nueve millones de pesetas con destino a satisfacer el reembolso solicitado de las obligaciones-del Tesoro, al 3 por 100, de la emisión ds 15 de noviembre de 1954; dos créditos extraordinarios en cuantía superior a 2.000 millones de pesetas para los Ministerios de Industria y Comercio, con destino a subvencionar productos siderúrgicos, fosforita y otros de primera necesidad, con relación al periodo de tiempo comprendido entre el 29 de noviembre de 1968 y e] 31 de diciembre de 1969. Dio su conformidad, además, a dos suplementos de crédito en cuantía total de 190 millones de pesetas al Ministerio de la Gobernación, con destino a satisfacer servicios de transporte de correspondencia ordinaria.—Pyresa.

 

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