Sobre el derecho de reunión     
 
 ABC.    07/05/1971.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

SOBRE EL DERECHO DE REUNIÓN

Hemos escrito, el pasado mes de febrero, al comentar la nueva iey Sindical, que muchas materias y problemas en vez de ser resueltos o regulados en el texto de la ley, quedaban remitidos a reglamentos posteriores, pero que no era lógico pensar que en estos reglamentos fuera a decidirse equivocadamente o contra la letra y el espíritu de la norma principal. Así, decíamos, «los Sindicatos podrán _de-mostrar algo tan importante, tan decisivo, como su propia capacidad de autogobierno».

Ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado—en la víspera del 1 de mayo—un decreto propuesto por el Ministerio de Relaciones Sindicales, en el cual se regula el ejercicio del derecho de reunión de los sindicados; derecho enumerado, pero no determinado en su práctica por la ley Sindical.

El texto de la ley Sindical, conforme con el artículo 16 del Fuero de los Españoles—«Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las Leyes»—recoge, en su artículo 8, entre los derechos de los sindicados, el de reunión «para tratar asuntos en que la entidad sindical a que pertenezcan tenga interés directo, en el adecuado local sindical o de la empresa y con sujeción a las normas reglamentarias que regulen el ejercicio de este derecho».

No se trata, por lo tanto, de una novedad legislativa, porque ya era un derecho proclamado; pero sí se trata, y como nota positiva lo señalamos, de una regulación, de un reglamento que no se ha demorado, que ha seguido al debido ritmo a la aprobación de la ley Sindical.

Entre sus aspectos u orientaciones generales más importantes, merecen destacarse: la afirmación de la autonomía sindical, el reconocimiento del derecho de reunión como inherente a la personalidad humana o cívica y la posibilidad de reunirse en la empresa.

La afirmación de autonomía queda perfilada en la misma medida en la cual las autorizaciones para las reuniones se tramitan en el seno sindical, y en cuanto a los directivos sindicales corresponden las funciones de vigilancia del cumplimiento de normas que, en otros ámbitos, corresponden a las autoridades gubernativas.

El reconocimiento del derecho de reunión como inherente a la persona humana, como derecho de los sindicados, se establece porque el órgano que curse la citación para la reunión, sólo tiene que notificarlo al delegado sindical, pero a éste no corresponde autorizarla—ya que el derecho de reunión pertenece al individuo sindicado—, sino conocería y asistir, por sí o representado, si lo juzga necesario.

La posibilidad de reunirse en la empresa—innovación, con precedentes en otros países, y con precedentes «extra-legales» en el nuestro—proporciona una base, que bien se podría llamar «espacial», más amplia para la efectividad y práctica del derecho de reunión. Ahora bien, con un prudente sistema de equilibrio o contrapeso de derechos: a la empresa corresponde, si lo estima procedente, oponerse a ser sede de la reunión; entonces dirimirá las diferencias un arbitraje del presidente de la entidad sindical de que se trate.

Aparte estas orientaciones o aspectos principales, contiene el decreto que regula el derecho de reunión disposiciones normales sobre los límites numéricos de las reuniones, a partir de la asistencia de más de veinte sindicados (límite de la ley de Reuniones de 1880, para considerar la reunión «pública») y disposiciones, comunes también, para que pueda ejercitarse, por vía sindical, !a facultad de suspensión o disolución de la reunión supuestos típicos: infracción de normas reglamentarias, actos contra el orden público, ofensas graves a la Presidencia, etc.

Razonablemente, se debe esperar que esta regulación del derecho de reunión sindical reciba una clara acogida favorable, aunque se produzcan críticas al mismo. Críticas inevitables, porque todas las normas de esta naturaleza son susceptibles de padecerlas y porque, también, nunca han faltado, ni faltarán, opiniones que pretenden proyectar los derechos sindicales a lo absoluto, aunque ello conduzca a una dictadura sindical sobre la Sociedad.

El decreto que regula el derecho de reunión tiene la virtud de ser un avance, sin que, por serlo, pretenda atrepellar e´ ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, sin trastorno ni menoscabo de la convien-cia social ni la propia convivencia dentro del marco sindical, donde podrán quedar, desde ahora, mejor armonizados los derechos individuales y las lógicas atribuciones de los directivos de las entidades. El camino del autogobierno sindical se habrá ensanchado.

La regulación del derecho de reunión ha sjdo aprobada antes de las elecciones sindicales. El dato es significativo. Positivamente significativo, si se interpreta su sentido como orientación de apertura, que es a lo que apunta. Y si no hacemos mucho hincapié en el plazo que falta hasta las elecciones sindicales cabe esperar que la ya próxima convocatoria electoral de los _ Sindicatos puede tener una. base de decisión más amplia y más debatida, por la vigencia del derecho de reunión.

 

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