Autor: ;Barboza-Carneiro, J. A.. 
   La O.I.T. Y los sindicatos españoles  :   
 lo que debe conseguir la ley sindical. 
 Nueva Dimensión.     Página: 1-16. Páginas: 16. Párrafos: 186. 

DOCUMENTO

Lo que debe conseguir la ley sindical

Todos los cargos investidos de autoridad deberían ser llamados por elección.

Ha de asegurar la autonomía completa e igualdad efectiva en la práctica de las

asociaciones de trabajadores y las asociaciones de empresarios.

Los funcionarios de fa Organización deberán estar sujetos a la autoridad de los

dirigentes elegidos. El patrimonio de la Organización ha de ser administrado por

los dirigentes elegidos.

La Organización Sindical no ha de estar sujeta a la dirección o control de ningún

movimiento político.

Ha de garantizar ta libertad de expresión y de reunión.

El desarrollo de una situación laboral y sindical en condiciones estables y satisfactorias no puede realizarse sino en una situación normal de legalidad.

IEI Grupo de Estudio de la O. I. T., que a invitación del Gobierno español visitó España en el mes de marzo último, ha hecho público su informe final, en cuya parte sexta se recogen las siguientes conclusiones:

PARTE VI CONCLUSIONES

1.122. Incumbe ahora al Grupo de Estudio formular las conclusiones a que ha llegado como resultado del examen de la situación laboral y sindical en España, que le confiara el Consejo de Administración de la O. I. T. Al hacerlo será inevitablemente necesario recapitular ciertas cuestiones que han sido tratadas de modo más exhaustivo anteriormente en este informe. Las conclusiones del Grupo de Estudio se complementan recíprocamente; por ello, no debe considerarse aisladamente cada una de ellas, debiendo, por el contrario, ser consideradas conjuntamente como un todo.

CAPITULO XIV CUESTIONES PRELIMINARES

1. Mandato y naturaleza del Grupo de Estudio

1.123. El Grupo de Estudio ha sido constituido por el Consejo de Administración de la O. I. T. a invitación del Gobierno español y de conformidad con el acuerdo concertado el 30 de mayo de 1968, entre el Gobierno y el director general de la O. I. T. El mandato del Grupo de Estudio, según resulta de la decisión tomada» sobre la base de este acuerdo, por el Consejo de Administración, ha sido el de examinar la situación en materia laboral y sindical en España a la luz1 de los principios fijados en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

1.124. Conforme a su mandato, el Grupo de Estudio se ha guiado constantemente en el transcurso de sus trabajos por el principio fundamental enunciado en la Declaración de Filadelfja que, como parte integrante de la Constitución de la O. I. T., obliga a todos los miembros de la Organización, y, según e] cual "la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante", y por ia obligación de la Organización Internacional de! Trabajo, establecida también en la Declaración cié Filadelfia, de promover programas que permitan lograr "el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva". Estos principios han sido reafirmados en el seno de las Naciones Unidas por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados unánimemente por la Asamblea Genera! el 16 de diciembre de 1966.

1.125. El Grupo de Estudio, como lo expresó en su tercer informe, no es ni una comisión de encuesta designada en virtud del artículo 26 de la Costitución de la Organización Internacional del Trabajo ni la Comisión de In-vestigacjón y de Cociliación designada conforme al procedimiento para el examen de los alegatos de violación de los derechos sindicales, instituida mediante acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Es un Grupo de. Estudio designado por el Consejo de Administración a invitación del Gobierno «pañol, para presentar un informe al Consejo de Administración sobre la situación laboral y sindical en España a la luz de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Los miembros del Grupo de Estudio se han comprometido a desempeñar el mandato que les Tía confiado el Consejo de Administración "con honor y fidelidad, completa imparcialidad- y con toda conciencia". De esto se desprede que, aunque no tienen facultades judiciales, su tarea debía cumplirse ajustándose a pautas de tipo judicial, debiendo guiarse hasta e] final de su cometido por el deber de hacer constar sus comprobaciones sin temor ni parcialidad. Por consiguiente, consideran que su informe no debía limitarse a una descripción de los hechos que configuran la situación existente, sino que debe incluir una apreciación de las relaciones entre la situación existente y los principios de la O. I. T., así como una evaluación de las posibilidades de evolución en el futuro.

1.126. Después de publicado su tercer informe, en el que su mandato se describió en estos términos, el Grupo de Estudio recibió en Ginebra la visita del ministro de Trabajo de España. En dicha ocasión, el ministro de Trabajo expresó la opinión de que, según el mandato del Grupo de Estudio, éste debía limitarse a describir la situación laboral y sindical existente, y que consideraba que en el tercer informe figuraban ciertos enjuiciamientos "y calificaciones que iban más allá de los limites convenidos. Manifestó asimismo que el proyecto de reforma de la ley Sindical constituía una cuestión que pertenece al futuro, por lo que su examen quedaba fuera del mandato del Grupo de Estudio.

1.127. El Grupo de Estudio considera que debe dejar bien aclarada su posición a este respecto. En primer lugar, el "Grupo estima que es de su incumbencia evaluar la forma en que ha de dar el más cabal cumplimiento al mandato que le fuera conferido por el Consejo de Administración. Además, según los términos de este mandato, el Grupo, al examinar la situacón laboral y sindical en España, debe hacerlo a Va luz de los principios de la Constitución de la O. I. T. Esto significa, a juicio del Grupo de Estudio, que no debe limitarse a describir la situación de hecho que haya podido observar, sino que también debe formular una apropiación de esta situación refiriéndose a las pautas contenidas en tales principios. En consecuencia, el Grupo de Estudio considera que no puede dejar de tratar ciertas cuestiones a las que ya se ha referido en su tercer informe y que continúan presentando considerable interés en el panorama sindical general.

1.128. En lo que concierne especialmente a la modificación de la legislación sindical, el Grupo de Estudio considera que el asunto constituye una cuestión cuyo examen es esencial para el cumplimiento del mandato que le fuera conferido, y que la misma ha sido tratada durante sus discusiones con los representantes del Gobierno y con los representantes de los empresarios y de los trabajadores españoles a diversos niveles de la Organización Sindical.

Z. Factores que influyen en las perspectivas de un dialogó fructífero

1.129. El propósito que ha guiado al Grupo de Estudio al examinar en la forma más objetiva posible todos los hechos pertinentes a su mandato es el de facilitar el diálogo entre todos los interesados, tanto dentro, como

Una medida de amnistía o indulto no resolvería definitivamente el problema, mientras continúen sujetas a la legislación penal actividades que, según los principios de la O. I. T., contituyen actividades sindicales genuinas.

Se plantea la cuestión fundamental de si puede haber un progreso importante en la evolución pacífica de la situación laboral y sindical en España, mientras el encarecimiento u otras formas de detención sigan siendo reconocidas como sanción por actividades que en otros países serían consideradas como legítimas actividades sindicales de conformidad con los principios de la O. I. T, pero que, conforme a la legislación española, se consideran ilegales.

fuera de España, sobre la medida en que tales hechos —objetivamente determinados por el Grupo de Estudio— eoncuerdan con los principios de la O. I. T.

1.130. El Grupo de Estudio ha señalado ya la existencia de tres factores que tienen importancia capital para las perspectivas de un diálogo fructífero sobre el desarrollo futuro de la situación sindical en España:

el estado de excepción, los alegatos sobre malos tratos a sindicalistas detenidos y la amnistía o el indulto de sindicalistas encarcelados.

1.131. El Grupo de Estudio estima que estas cuestiones sobrepasan su mandato en tanto tengan una significación más general que éste, pero considera que también presentan aspectos que quedan claramente dentro de su mandato en cuanto concierne a sus repercusiones en la situación Laboral y sindical. Por estos motivos, el Grupo de Estudio estima que carece de competencia para expresar una opinión sobre dichos factores en sí, es decir, sobre todos y cada uno de sus aspectos, pero faltaría a su deber si no señalase cuan profundamente estos factores afectan a la situación laboral y sindical, tanto intrínsecamente por sus consecuencias posibles, como por su efecto sobre determinadas actitudes frente al problema. El examen de tales cuestiones, si bien no eptá expresamente incluido en el mandato del Grupo, dimana de sus términos.

1.132. Con respecto al estado de excepción, proclamado en España e] 24 de enero de 1969 por un periodo de tres meses, conviene subrayar que, en virtud de un decreto de 21 de marzo, terminó ti 25 del mismo mes, es decir, que la duración efectiva del estado de excepción fue de dos meses. El Grupo de Estudio manifestó en su tercer informe:

1.133.

"El estado de excepción... no impidió al Grupo de Estudio continuar su tarea ni le ocasionó trastornos para el cumplimiento de la misma. En la medida en que el Grupo pudo determinar, los motivos de la proclamación del estado de excepción no guardaba relación con la situación laboral y sindical; sobre esto parece existir un amplio acuerdo de opiniones, tanto en círculos gubernamentales y sindicales, como entre las personas que más decididamente han criticado el estado de excepción; puede haberse debido, como muchas personas entrevistadas parecen creer, principalmente a la situación reinante en las Universidades. También se ha manifestado al Grupo que una proclamación del estado de excepción no ha sido un episodio muy excepcional en periodos anteriores de la historia de España y por tanto revestía menos importancia de la que pudiera haber tenido a los ojos de la opinión mundial; el Grupo toma nota de esta manifestación, sin comentarla. No obstante, de haber continuado el estado de excepción hubiera tenido inevitablemente una influencia profunda en las perspectivas de la evolución pacífica de la situación laboral y sindical en España. El Grupo de Estudio expresó esta opinión con claridad al Gobierno español en una serie de reuniones con ministros, inmediatamente después de su llegada a España. El Grupo tuvo la satisfacción de poder hacer referencia aj levantamiento del estado de excepción cuando se reunió con el Gobierno español antes de su partida de España."

1.133. El Grupo de Estudio continúa estimando que el desarrollo de una situación laboral y sindical en condiciones estables y satisfactorias no puede realizarse sino en una situación normal de legalidad que asegure el pleno ejercicio de los derechos y garantías.

1.134. En lo que concierne a los alegatos sobre malos tratos a sindicalistas detenidos, el Grupo de Estudio se expreso de la siguiente manera en su tercer informe:

1.135.

"Constituye una creencia difundida y sincera de todos los sectores del movimiento sindical internacional que determinadas personas detenidas por motivos que en otros países serían considerados como legítimas actividades sindicales, pero que son ilegales conforme a la legislación española, reciben malos tratos en las cárceles españolas y que se han registrado casos de tortura. Los sindicalistas procedentes de España que acompañaban a los representantes del movimiento sindical internacional, oídos por el Grupo de Estudio en Ginebra, expresaron todos esta creencia y consideraron la cuestión como esencial; como prueba de la difusión que esta creencia parece haber alcanzado en España, se refirieron a la declaración de 1.200 intelectuales y a una carta de fecha 9 de diciembre de 1968, de un grupo de superiores regionales de las Congregaciones y Ordenes Religiosas de Cataluña, en las que se expresa una grave inquietud acerca de este asunto. Muchas de las personas con quienes el Grupo de Estudio se reunió en sus entrevistas privadas han formulado alegatos similares expresando análoga inquietud.

Por tal motivo, el Grupo de Estudio ha planteado la cuestión al ministro de Asuntos Exteriores, al ministro de Justicia, al ministro de Trabajo, al ministro de Información y al fiscal del Tribunal Supremo, y desea expresar su reconocimiento por la comprensión manifestada por ellos del espíritu que inspiró este planteamiento. Al hacerlo, el Grupo les comunicó la impresión que se había formado, principalmente en base a conversaciones con los presos, sindicalistas de fuera de la Organización Sindical y abogados especializados en casos laborales. Tal impresión consiste en que la acusación de malos tratos en las cárceles no se halla fundada, pero que en Comisarías policiales han concurrido malos tratos en una medida y en circunstancias que el Grupo no está en condiciones de apreciar. El Grupo de Estudio no tiene competencia ni cualificaciones para expresar una opinión más firme sobre la veracidad de los alegatos o el fundamento de la inquietud, pero considera que la creencia en el mal trato de personas, detenidas por actividades que en otros países serían consideradas como actividades sindicales legítimas y que son ilegales _ según la legislación española, es un hecho que pesa con" siderablemente sobre la posibilidad de una evolución pacífica de la situación laboral y sindical en España. Tres condiciones han de cumplirse para convencer a la vez a la opinión española y mundial de que estos alegatos nunca han sido ciertos o han dejado actualmente de serlo, y de que los malos tratos, no sólo son contrarios a la posición española, sino que tampoco existen en la realidad. La condición fundamental es, naturalmente, que no existan malos tratos, pero existen otras dos condiciones que también revisten gran importancia. Consisten simplemente en la necesidad de que existan reglamentos e

La aprobación de los convenios colectivos constituye, particularmente para muchos trabajadores, una intervención en la negociación colectiva que debe ser eliminada.

Tratar de conciliar en una misma institución intereses tan antagónicos como los de los trabajadores y los de los empresarios, no ha dado los frutos apetecidos.

instrucciones estrictos que prohiban cualquier forma de mal trato, sanciones severas para su violación y el castigo ejemplar de los infractores que incurrieren en los mismos; y. que se emita una declaración pública suficientemente autorizada del Gobierno español en el sentido de que tal es su posición y que habrá de ser aplicada estrictamente. Si la cuestión siguiese siendo materia de controversia después de haberse efectuado tal declaración autorizada sobre la posición oficial, serían sumamente deseable que se lleve a cabo un examen objetivo a cargo de un organismo internacional autorizado e imparcial de cualesquier alegatos relativos al periodo posterior a esta declaración. La aceptación por el Gobierno del examen objetivo de alegatos relativos a determinados hechos que se han convertido en materia de controve_r-sia internacional no constituye nunca una manifestación de debilidad; una favorable acogida de tal examen constituye una manifestación de confianza en la propia fuerza y una prueba convincente de integridad.

Por consiguiente, el Grupo de Estudio acoge con singular beneplácito ciertas explicaciones y seguridades, dadas por el ministro de Justicia y el fiscal del Tribunal Supremo.

El ministro de Justicia dejó claramente establecido que cualquier mal trato de personas detenidas es enteramente contrario a la posición oficial, está sujeto a duras sanciones en el Código Penal y también expone a una acción pública que puede .ejercitar cualquier ciudadano. Indicó que está plenamente dispuesto a recibir pruebas precisas sobre casos específicos. Manifestó que no tenía inconveniente en aceptar una sugestión formulada por el Comité Internacional de la Cruz Roja* relativa al envío de representantes del mismo para observar las condiciones en que se encuentran los detenidos políticos en las cárceles.

El fiscal del Tribunal Supremo informó al presidente del Grupo de Estudio de que promoverá implacablemente ante la justicia cualquier caso en el que se le señalen pruebas específicas de supuestos malos tratos, inclusive cualquier caso señalado a su atención con apoyo en pruebas específicas por cualquier organización sindical Internacional y de que mantendrá informada a la Organización Internacional del Trabajo de los resultados."

1.135. Con posterioridad a la firma de su tercer informe, el Grupo de Estudio» ha recibido del Gobierno español el texto de una declaración hecha por el vicepresidente del Gobierno ante las Cortes, el 22 de abril de 1969, relacionada con ciertos aspectos tratados en dicho informe.

1.136. Esta declaración, que se refiere al pasado estado de excepción en España, indica que para que no pueda existir la menor duda sobre la actuación de las autoridades durante dicho periodo, en el que fueron mantenidas las garantías procesales que aseguran la seguridad y dignidad de la persona, se desea dejar establecido:

"Que cualquier extralimitaeión que hubiere podido producirse estaría sancionada, penal y administrativamente, y que el Código Penal considera como agravante el abuso de superioridad y el prevalerse del carácter público que tenga el culpable, como de hecho ha ratificado la jurisprudencia.

Que la autoridad judicial es la única competente para depurar las responsabilidades delictivas y el ministerio fiscal ejercita las sanciones pertinentes cuando se comprueba la realidad de alguna conducta sancionada por la ley.

Que en los muy contados casos en los que se han formulado denuncias en relación con la actuación de determinados funcionarios, se ha promovido la acción judicial para su comprobación y están en curso los procedimientos judiciales iniciados, sin que hasta la fecha se haya dictado ninguna resolución de fondo que permita afirmar la realidad de la acusación."

1.137. Después de esta declaración, de la cual el Grupo de Estudio tomó debida nota, el Grupo no ha recibido de ninguna fuente nuevas informaciones sobre la cuestión.

1.138. El Grupo de Estudio ha examinado en el presente informe la legislación penal relativa a los abusos que pudieren cometerse en el trato de los detenidos. De este examen se desprende que si bien las disposiciones del Código Penal son suficientemente concretas, aquellas contenidas en los reglamentos administrativos referentes a la detención que precede a la intervención de las autoridades judiciales no son todas tan precisas y específicas como sería de desear. Por ello, el Grupo de Estudio considera que convendría que las autoridades competentes reexaminaran todos los aspectos de esta cuestión y en particular el de la aplicación adecuada por las autoridades administrativas de las disposiciones reglamentarias pertinentes.

1.139. En materia de amnistía o indulto de sindicalistas encarcelados, se plantea la cuestión fundamental de si puede haber un progreso importante en la evolución pacífica de la situación laboral y sindical en España, mientras el encarcelamiento u otras formas de detención sigan siendo reconocidos ´ como sanción por actividades que en otros países serian consideradas como legítimas actividades sindicales de conformidad con los principios de la O. I. T., pero que, conforme a la legislación española, se consideran ilegales. A este respecto, e] Grupo de Estudio manifestó lo siguiente en su tercer informe:

"El Grupo de Estudio no formula comentarios sobre ninguno de los casos en que algunas o muchas personas hubieren sido declaradas, por un Tribunal independiente e imparcial, culpables de delitos que, sin lugar a dudas, pertenezcan al fuero criminal, conforme a los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas, o de participar en movimientos separatistas dirigidos contra la unidad política o la integridad territorial del Estado español; pero el hecho de que exista pena de prisión por lo que en otros países seria considerado como legítimas actividades sindicales, a causa de que tales actividades son consideradas actualmente como ilegales conforme a la legislación española, plantea cuestiones de naturaleza enteramente diferente. Se trata de cuestiones que han revestido importancia tan profunda en la historia del movimiento sindical de muchos países, que muchas de las personas con quienes el Grupo mantuvo entrevistas privadas durante su visita a España y todos los sectores del movimiento sindical internacional las consideran como fundamentales para el desarrollo de un movimiento sindical genuinamente representativo. Por este motivo, el Grupo de Estudio ha expresado al Gobierno español su opinión decidida de que una generosa amnistía o indulto en favor de las personas encarceladas por actividades que en otros países serían consideradas como legitimas actividades sindicales, constituiría una de las contribuciones principales para la creación de las condiciones necesarias de un diálogo positivo sobre el desarrollo futuro de la situación laboral y sindical en España. Sería difícil concebir un diálogo fructífero en España sobre el futuro del movimiento sindical que inspire una confianza general fuera del país, a menos que las partes dentro de España, necesarias para tal diálogo

Existe un amplio consenso en el sentido de que siendo la huelga una realidad en el campo de las relaciones laborales en España, sería necesario reconocerla jurídicamente.

Los empresarios, además de disponer para la defensa de sus intereses de asociaciones tradicionales al margen de la Organización Sindical (Cámaras de comercio, industrias y navegación)/ gozan de una situación privilegiada dentro de la propia Organización.

fructífero, estén todas en situación de participar libremente en el diálogo y, una vez puestas en condiciones de participar del modo señalado mediante una generosa amnistía o indulto, gocen de plena libertad de expresión y de reunión a fin de hacer conocer sus opiniones. La generosidad en ta amnistía o el indulto, constituye una característica bien conocida de la tradición española, de larga y honrosa historia; durante la estancia del Grupo en España se proclamó la prescripción de responsabilidades penales por hechos cometidos durante la guerra civil. El Grupo de Estudio confía en que su intercesión en favor de las personas detenidas por motivos que en otros países serían considerados como actividades sindicales legítimas, a la cual atribuye suma importancia, no habrá de ser desoída. En tales circunstancias, no tiene la intención de formular otros comentarios sobre este asunto en la presente ocasión."

1.140. El Grupo de Estudio debe señalar que desde la publicación del tercer informe no ha tenido conocimiento de ninguna iniciativa en este sentido. El Grupo considera necesario reafirmar lo manifestado anteriormente a este respecto. En efecto, el Grupo continúa pensando que no puede haber progreso efectivo con miras a un diálogo fructífero a menos que todos los interesados estén en condiciones de participar libremente en el mismo.

1.141. De todos modos, el Grupo de Estudio considera que una medida de amnistía o de indulto no resolvería definitivamente el problema, mientras continúen sujetas a la legislación penal actividades que, según los principios de la O. I. T., constituyen actividades sindicales genuinas´. Por consiguiente, sería muy de desear que cualquier medida de amnistía o de Indulto y la reforma de la legislación penal fuesen consideradas como medidas que se complementan recíprocamente.

CAPITULO XV

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA SITUACIÓN

1. El desarrollo de la situación laboral y sindical

1.142. Conforme lo anunciara en su tercer informe, el Grupo de Estudio examina detenidamente, en el marco del presente informe final, los factores que han modelado la actual situación laboral y sindical en España.

1.143. Entre los elementos esenciales que corresponde tener presente para evaluar esta situación figura el recuerdo que subsiste de la guerra civil española, el cual, después de transcurridos treinta años, sigue turbando el espíritu de la nación. Esto, sin embargo, se produce de un modo totalmente distinto a lo que sucede en la escena internacional. Mientras que en el extranjero dicho recuerdo perpetúa aún el conflicto ideológico, en el interior de España es una advertencia sombría de los peligros que entraña tal conflicto, engendrando la general determinación de que tales acontecimientos no vuelvan a suceder y de que el futuro de la nación encuentre su camino en procesos de ajuste recíproco.

1.144. La actitud dominante en España es de adaptación en escala y a un ritmo de cambio sin precedentes en la historia nacional. Cualesquiera que sean los acontecimientos en la escena política, la transformación económica y social de la nación avanza a paso acelerado. Las reprecusiones del desarrollo industrial y de la tecnología del siglo XX transforman las bases económicas de la sociedad española.

1.145. Hasta estos últimos años, España había permanecido relativamente al margen de las corrientes de intercambios internacionales. A partir de 1959, la nueva política económica, instaurada con el Plan de Estabilización y pro^ seguida mediante los dos Planes de Desarrollo Económico y Social (1964-1967 y 1968-1971), consagra una voluntad decidida de apertura al exterior, habiendo logrado señalados éxitos.

Dicha política -marca el comienzo de una era de reformas básicas en el campo económico, caracterizada por una liberalización en el interior y por una reducción de las restricciones bacía el exterior, que ha estimulado importaciones de productos y capitales extranjeros, así como los progresos de la técnica. Esta tendencia general se" ve confirmada por el interés en la integración progresiva de la economía española en la economía europea. El II Plan de Desarrollo tiene señaladamente por objeto facilitar este proceso.

1.146. A todo esto cabe sumar el efecto importante que ha tenido en las actitudes y los hábitos el elevado número de turistas (19 millones, en 1968, según cifras oficiales españolas), y de trabajadores españoles empleados temporalmente en otros países de Europa occidental, el cual está abriendo las puertas de España a todas las corrientes de la vida moderna.

1.147. Una de las características sobresalientes de la nueva política económica es la importancia que concede al desarrollo regional, en particular por medio de los polos de promoción y desarrollo industrial, que permiten la creación de nuevos empleos de esta naturaleza en zonas tra-dícionalmente agrícolas. Cabe .señalar, en lo que concierne al problema del empleo en general, que en el periodo 1963-1968 se establecieron 480.000 nuevos puestos de trabajo. El sector primario disminuye rápidamente (41,3 por 100, en 1960, a 32,8 por 100, en 1967). El sector industrial aumenta en el mismo periodo de 31,4 por 100, a 35,6 por 100, y el de servicios, de 27,3 por 100, a 31,6 por 100. El número de desempleados, en 1967, se calculaba en un 2 por 100, aproximadamente, de la población activa.

1.148. El producto interno bruto aumentó a un ritmo anual de casi el 6 por 100 desde 1964 a 1968 (5 por 100 por habitante). El alza de precios ha permanecido por debajo del aumento de los salarios nominales, los cuales se elevan en un 15 por 100, aproximadamente, por año, de suerte que no solamente aumenta el salario real, sino que se eleva también gradualmente, desde 1961, la parte de los salarios y de los sueldos en la renta nacional, para alcanzar el 58,5 por 100 en 1967.

1.149. La legislación laboral, que se inicia verdaderamente a principios de este siglo, había alcanzado un amplio desarrollo antes de 1936. Después de la guerra civil, buena parte de las normas quedaron vigentes o fueron incorporadas, con o sin modificación, a nuevos ordenamientos legales. Por otra parte, el Gobierno continuó desarrollando la red normativa en materia social y, a diferencia de lo que había sucedido en épocas anteriores, se reservó la facultad exclusiva de fijar las condiciones de trabajo y los salarios, principalmente a través del sistema de reglamentaciones. Esta situación cambió a partir de 1958, al dictarse la ley de Convenios Colectivos Sindicales.

1.150. La legislación laboral es aplicable a un número creciente de la población trabajadora, debido a la constante creación de nuevos empleos asalariados.

1.151. La jornada de trabajo se fijó, ya en 1919, en cuarenta y ocho horas semanales, y la legislación básica, actualmente en vigor, se halla contenida en la ley de Jornada MáLa línea política debería ser suprimida totalmente, a fin de que los sindicatos puedan ser verdaderamente representativos y auténticos.

La composición de! Congreso Sindical y las amplias funciones de que goza su presidente, disminuyen notablemente su carácter representativo.

sima de 1931. Existe una tendencia hacia le reducción de esta jornada a cuarenta y cuatro horas semanales, objetivo éste reivindicado por la Organización Sindical. En este contexto cabe señalar, sin embargo, la difusión del pluriempleo, que tiene por resultado un sensible aumento de las horas efectivas trabajadas. Las vacaciones anuales pagadas tienen una duración mínima legal de siete días laborables, según lo establecido en la ley de Contrato de Trabajo de 1944, habiendo sido ampliada posteriormente en las reglamentaciones y convenios colectivos, de suerte que gran número de trabaiadores disfrutan de no menos de dos semanas de vacaciones.

1.152. La legislación sobre salarios mínimos, actualmente en vigor, data de 1963. El salario mínimo que rige para 1969 es de 102 pesetas diarias. Distintos sectores obreros y patronales lo consideran netamente insuficiente. Sin embargo, la remuneración efectivamente percibida por la mayoría de los trabajadores (el salario mínimo se aplicaría a 300.000 trabajadores, aproximadamente) es mucho más elevada, siendo estipulada, por lo general, en los convenios colectivos. Sin embargo, aun así la remuneración es considerada como inadecuada por los trabajadores, siendo las reivindicaciones salariales la causa más importante de los conflictos colectivos.

1.153. La Seguridad Social, que tuvo sus inicios ya a principios de siglo, se desarrolló con mayor intensidad después de la guerra civil, hasta llegar a cubrir todas las contingencias que generalmente prevén los sistemas en la materia, amparando a la gran mayoría de los trabajadores asalariados y, respecto de ciertas contingencias, a sectores de trabajadores independientes Sin embargo, las desigualdades en los beneficios para diversas categorías de trabajadores y las complicaciones de orden administrativo deri.vadas de los diferentes regímenes aplicables y de !a acentuada pluralidad institucional han sido algunas de las razones por las cuales se introdujo una reforma básica en el sistema de seguridad social.

1.154. La ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 enumera los principios y define las grandes líneas del nuevo régimen, que han sido desarrollados en textos articulados, de los cuales los dos primeros fueron dictados en 1966. Las principales características del nuevo régimen son:

a) tendencia a la uniformidad de prestaciones:

b) mayor participación de los interesados en la gestión:

c) subs´steneia, en cierta medida, de la pluralidad institucional:

d) notable aumento del aporte del Estado:

e) menos atención en materia de prestaciones a las causas de los riesgos y más a sus efectos:

f) mayor atención a la prevención de accidentes y enfemedades y a la rehabilitación física y la readaptación profesional de" los inválidos. Los trabajadores agrarios cuentan con un régimen especial (como sucede también con algunas otras categorías), que es menos favorable que el régimen general.

1.155. Las bases de cotización de la Seguridad Social son bastantes inferiores a las remuneraciones efectivas de los trabaiadores, lo cual influye, no sólo en la financiación del sistema, sino también en la cuantía de las prestaciones calculadas en función de tales bases.

Sólo las cothac-´nnes y las indemnizaciones del Seguro de Accidentes de Trabajo se basan en Ins salarios tóales reales.

1.156. En relación con la legis´ación social, cabe destacar que Esnaña ha ratificado 55 convenios de la O. I. T. Estas radicaciones se han registrado en épocas diversas entre 1923 y 1969, y entre ellas figuran las de instrumentos relativos a horas de trabajo, vacaciones pagadas, descanso semana!, protección de la maternidad, trabajo marítimo, seguridad social, seguridad e higiene, trabajo de mujeres y menores, servicio de empleo, inspección del trabajo, protección del salario, igualdad de remuneración, abolición del trabajo y discriminación. Los órganos de la O. I. T., encargados de controlar la aplicación de los convenios, ya han tenido ocasión de examinar la conformidad entre la legislación de España y los convenios ratificados por esté país, a excepción de algunos ratificados recientemente. El Grupo de Estudio observa con interés que en el curso de dicho examen no se han señalado discrepancias mayores entre dicha legislación y los convenios respectivos, y que él Gobierno español ha adoptado cierto número de medidas en diferentes ocasiones para adaptar su legislación a las disposiciones de estos convenios.

1.157. En términos generales, la situación se caracteriza por el reflejo del desarrollo económico en el ámbito abarcado por la legislación laboral y los convenios colectivos. Sin embargo, los salarios y las prestaciones otorgadas por la Seguridad Social, que se calculan sobre la base de ciertos elementos del salario, continúan de manera general siendo bajos. Es éste uno de los factores de mayor influencia bn la situación presente y en el desarrollo futuro de las relaciones laborales.

1.158. Desde & promulgación de la ley de Convenios Colectivos Sindicales, en 1958, la negociación colectiva se ha ido desarrollando a un ritmo acelerado. Ello ha permitido ir completando o sustituyendo el sistema anterior, de regulación de las condiciones de trabajo en las distintas ramas de la actividad económica, consistente en la adopción de reglamentaciones de trabajo. Las disposiciones contenidas en tales reglamentaciones van siendo reemplazadas así por otras más ventajosas para los trabajadores, convirtiéndose los convenios colectivos en el instrumento básico de regulación de las condiciones de trabajo.

1159. A fines de 1967, un total de 4.882.491 trabajadores (es decir, un 73 por 100 de los asalariados) estaban cubiertos por convenios colectivos o por normas de obligado cumplimiento dictadas por la autoridad laboral, cifra que cabe comparar con la de 1.711.963 trabajadores cubiertos por convenios en 1961. En el periodo 1962-1967, el total de convenios concertados se elevó a 6.698 (de los cuales 3 680 eran primeros convenios y 3.018 convenios revisados), mientras que en el periodo 1958-1961 el total de convenios alcanzó 829 (de los cuales 782 eran primeros convenios y 47 convenios revisados).

1.160. Según la legislación en la materia, los convenios colectivos requieren la aprobación gubernamental para entrar legalmente en vigor. Este requisito parece haber tenido algunos efectos restrictivos en lo que concierne a cierto número de acuerdos concluidos después de introducirse, en los últimos años, un tope legal a los aumentos salariales. Según opiniones recogidas por el Grnpo de Estudio, la aprobación de los convenio colectivos constituye, particularmente para muchos trabajadores, una intervención en la negociación colectiva que consideran debe ser eliminada.

1.161. A este respecto el Grupo de Estudio observó que, según una comunicación dirigida por el Gobierno españjl al Comité de Libertad Sindical de la O. I. T. en noviembre de 1966, la Organización Sindical había elevado propuestas al C >bierno, conforme a lo sugerido por el Comité, las que resnonden al deseo de que la práctica española en esta materia coincida virtua´menfe con lo establecido por el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,,1949 (número 98).

1.162. Los conflictos colectivos de trabajo, inclusive ,tps que surgen con motivo de una negociación colectiva, deben ser resueltos en último término según la ley. por las autoridades administrativas del trabajo o la Magistratura laboral.

Lo coexistencia de estas dos secciones (social y económica) plantea el problema de la posible injerencia de las secciones entre sí y el de la posible injerencia del Estado.

Los enlaces sindicales y los jurados de empresa podrían constituir la base de un sindicalismo íntegramente representativo.

En lo que concierne especialmente a la negociación colectiva, en caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, la vía legal normal para solucionar el conflicto es la intervención de la autoridad administrativa, que dicta una norma de obligado cumplimiento. Las estadísticas revelan un notable aumento, en los últimos años, de las normas de ogligado cumplimiento dictadas por las autoridades para poner término a los conflictos que se plantean.

1,163. En materia de huelga se ha producido una cierta evolución en el plano legislativo. Antes de 1965 eí artículo 222 del Código Penal establecía que serán castigados como reos de sedición:

1) Los funcionarios o empleados encargados de todo género de servicios públicos y los particulares que por su profesión prestaren servicios de reconocida e inaplazable necesidad que, con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, de perturbar su normal actividad o de perjudicar su autoridad o prestigio, suspendieron su trabajo «´alteraren la regularidad del servicio; 25 las coligaciones de patronos dirigidas a paralizar el trabajo;

3) Las huelgas de obreros.

1.164.; El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O. I. T. tuvo ocasión de examinar este texto del artículo 222, así como´también otras disposiciones penales aplicables en ía materia. Sobre la base de sus recomendaciones, el Consejo de Administración señaló al Gobierno de España que la legislación española en materia de huelga era susceptible de ser interpretada en el sentido de una prohibición absoluta de la huelga, lo que no concordaría con los principios generalmente reconoqidos en materia de libertad sindical. En estas circunstancias, el Consejo de Administración sugirió al Gobierno que considerara la conveniencia de someter a las autoridades nacionales competentes propuestas para la adecuada reforma de esa tegislación. Estas conclusiones fueron reiteradas por el Consejo de Administración en varías oportunidades.

1.165. El artículo 222 del Código Penal fue modificado «n 1965, El nuevo testo, actualmente en vigor, establece que serán considerados como reos de sedición: 1) Los funcionarios, empleados y particulares encargados de la prestación de todo génepo de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que. suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos o, de cualquier forma, alteren su regularidad; 2) los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su actividad o, de manera grave, la producción nacional, suspen-dieren o alteraren ia regularidad del trabajo.

1.166. El Comité de Libertad Sindical examinó el texto modificado del articulo 222 del Código Penal y, en tal oportunidad, al mismo tiempo que admitió que la nueva redacción constituía un paso de avance, recomendó al Consejo de Administración que señalara al Gobierno español la importancia que atribuye a que este artículo sea interpretado en el sentido de que las huelgas que tengan por objeto promover y defender los intereses profesionales de los trabajadores no puedan ser consideradas en ningún caso como delito de sedición.

1.167. El Tribuna) Snpremo, en un fallo dictado en noviembre de 1967, dejó establecido que la huelga, aunque no sea un delito, es un acto ilegal en el derecho del trabajo español.

1.168. Cabe señalar que con el texto de la legislación penal aplicable e» caso de huelga no es de tanta importancia el artículo 222 del Código Penal, que no parece tener mayor aplicación, sino más bien las disposiciones contenidas en la ley de Orden Público y las normas relativas a las reuniones y manifestaciones ilegales, la propaganda ilegal 7, con respecto a ciertos participantes afiliados a organizaciones ilegales, las relativas a la asociación ilícita. Parecería que las personas a las que se aplican estas disposiciones son, sobre todo, aquellas consideradas como promotores o activistas. Por otra parte, cualquier participante en una huelga puede ser sancionado con el despido.

1.169. Sin embargo, esta situación sólo constituye un aspecto del cuadro que se presenta en la materia. En efecto, en muchos casos las autoridades y los empleadores no toman medidas contra los huelguistas, frecuentemente para evitar que empeore el clima y resulte más difícil llegar a una solución del conflicto.

En este sentido se ha señalado al Grupo de Estudio que, aunque la huelga no esté reconocida como un derecho que puedan ejercer los trabajadores en determinadas condiciones, en la práctica existe cierta tolerancia por parte de las autoridades, cuando se trata de conflictos motivados por cuestiones de carácter laboral.

1.170. Últimamente se ha dado un paso importante en la materia al adoptarse la ley de 1969 relativa al II Plan de Desarrollo Económico y Social. El artículo 11, 4, c) cíe esta ley, al referirse a ima futura reglamentación de los conflictos colectivos de trabajo, incluidos los paros producidos como consecuencia de los mismos, parece estar dirigido al reconocimiento del derecho de huelga.

1.171. Las estadísticas revelan que las huelgas, a pesar de ser ilegales, señalan una marcada curva ascendente, hallándose motivadas principalmente por las reivindicaciones salariales.

1.172. De todas las informaciones obtenidas por el Grupo de Estudio se desprende que existe un amplio consenso en el sentido de que, siendo la huelga una realidad en el campo de las relaciones laborales en España, sería necesario reconocerla jurídicamente cuando fuese declarada como resultado del fracaso de una negociación colectiva y después de cumplidos los requisitos reglamentarios que se establezcan-

1.173. En lo que concierne al sindicalismo, han señalado dos tratadistas, de manera general, que España ha conocido todas las posibilidades de organización sindical: gremios, régimen de prohibición, sistema de asociación clandestina, sindicatos de tipo europeo-bilateral, intentos corporativos, predominio de sindicatos políticos, de tono socialista unos y anarquistas otros: sindicatos mixtos, sindicatos cooperativos agrarios, sindicatos confesionales, pluralismo sindical, sindi-catr* únicos, hasta llegar al régimen actual especiallsimo.

1.174. Históricamente, el movimiento sindical español estuvo siempre dividido antes de la guerra civil. Las dos organizaciones más poderosas, la Unión General de Trabajadores >UGT) y la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), constituían las ramas sindicales de los movimientos políticos socialista y anarquista, respectivamente. Fueron siempre un sindicalismo de lucha de clases y de protesta. Han desempeñado un papel importante en la historia laboral y social de España y ocupan un lugar bien conocido en la historia del movimiento sindical internacional. Aunque la UGT, manteniendo su independencia ejerció considerable influencia balo ciertos Grl´i´^-nns de Rspafia. la influencia de estas organizaciones fuo. pn >¿"w*\:i\, limitada por dicha concepción de su papel y por las divisiones existentes entre ellas.

1.175. Hasta la fwrra civil las organizaciones sindicales se desarrollaron al amparo de la ley de Asociaciones de 1887 y la ley de Asociaciones Profesionales de 1932.

1.176. Poco tiempo después de iniciada la guerra civil, comenzaron a tomarse en la zona nacional medidas legislativas a los efectos de la derogación de la legislación sindical existente y de la disolución de las organizaciones sindicales. Al mismo tiempo se dictaron las primeras leyes que habían de conducir a un sistema sindical totalmente nuevo-

A medida que se asciende de la empresa al nivel local, provincia! y nacional, disminuye gradualmente ia autenticidad de la línea representativa.

Los trabajadores consideran que incumbe solamente a los mandantes de los representantes sindicales, y no a lo línea política, la facultad de establecer las causas por las que el mandato habrá de ser revocado y la de estimar si las mismas se han producido.

1.177. La doctrina del nuevo sistema quedó plasmada en el Fuero del Trabajo de 1938, que constituye ana de las leyes fundamentales del Estado español. Los principios de esta doctrina, que fueron desarrollados en la ley de Unidad Sindical y en la ley de Bases de la Organización Sindical, ambas de 1940, son los siguientes: unidad, totalidad, jerarquía y verticalidad.

1.178. Según el principio de unidad no puede haber más de un sindicato por rama de actividad, existiendo una sola organización sindical reconocida por el Estado. El principio de totalidad significa la incorporación automática de los trabajadores y empleadores en la Organización Sindical. Conforme al principio de jerarquía existe una relación de subordinación de los niveles inferiores hacia los superiores, culminando en el delegado nacional de Sindicatos, quien, a su vez, está subordinado al Movimiento. En virtud del principio de verticalidad, los trabajadores y empleadores se hallan integrados en un mismo sindicato.

1.179. En relación con la unidad sindical, en ciertos sectores oficiales se señaló a] Grupo da Estudio que, teniendo en cuenta la historia del sindicalismo en España y las circunstancias actuales, era muy importante mantener la unidad y evitar una pluralidad de sindicatos que traería consigo el retorno a luchas entre los propios trabajadores.

Por so parte, los empleadores ven en la unidad sindical la mejor forma de mantener la paz sacia!. En lo que atañe a los trabajadores, el Grupo de Estudio pudo apreciar que, en su gran mayoría, son defensores de la unidad sindical y que, en opinión de muchos de ellos, debe resultar de la voluntad de los propios trabajadores, debiendo para ello poder pronunciarse libremente y contar con un régimen de democracia interna que permita la elección directa de todos sus representantes y la integración en su seno de las diferentes tendencias.

1.180. No obstante, el principio de la totalidad, cabe señalar que, de los 13.243.000 puestos de trabajo en España, es necesario deducir 1.260-099 que no están comprendidos en la Organización Sindical, de los cuales la mitad, aproximadamente, son funcionarios públicos, repartiéndose el resto entre el servicio doméstico, las profesiones liberales y otras categorías. Con respecto a los funcionarios públicos, la Organización Sindical informó al Grupo de Estudio que existe una gran preocupación y un movimiento muy definido por parte de los funcionarios públicos para lograr el derecho de sindicación, aunque fuera con las particularidades propias de dicha categoría de trabajadores, y que cabía esperar que en un plazo relativamente corto pudiera resolverse este problema.

1.181- En grandes líneas, la Organización Sindical está compuesta por un organismo central (Delegación Nacional de Sindicatos) y dos tipos de organizaciones sindicales: los sindicatos nacionales (Sindicatos Verticales) y las Centrales Nacional-Sindicalistas (delegación del organismo central en cada provincia y, al mismo tiempo, organización federativa de los sindicatos a este nivel). La Delegación Nacional de Sindicatos y las Centrales Nacional-Sindicalistas constituyen la llamada "linea política o de mando". Los sindicatos nacionales, por su parte, salvo en lo que concierne a su presidencia, constituyen la línea representativa o social- económica.

1.132. La Delegación Nacional de Sindicatos es el organismo rector de la Organización Sindical y a su frente se encoentra el delegado nacional de Sindicatos, que es nombrado por el Jefe del Estado. A su vez, el delegado nacional de Sindicatos designa directa o indirectamente a los demás integrantes de la línea política.

1.183. La línea política, considerada como el pivote de toda la Organización Sindical, tiene por misión esencial la de dirigir políticamente a las entidades sindicales, imponerles las consignas del Movimiento y orientar y coordinar sus esfuerzos, supeditando la consideración puramente económica a la razón política y al ¡ntenés general.

De esta línea depende directamente el numeroso personal técnico y administrativo que cumple sus funciones en los diferentes servicios de la Organización Sindical.

1.184. En diversos medios de la Organización Sindical se indicó al Grupo de Estudio que la línea de mando iba perdiendo su papel preponderante, proceso que debería continuar, aunque algunos consideraban que debía mantenerse en cierta medida como nexo entre trabajadores y empresarios, por una parte, y entre éstos y el Estado por otra.

Sin embargo, tanto dentro como- faera de la Organización Sindical, la opinión mayoritaria registrada por el Grupo de Estudio es que la línea política debería ser suprimida totalmente a fin de que los sindicatos puedan ser verdaderamente representativos y auténticos. También se ba indicado reiteradamente al Grupo de Estudio en diversos sectores que el Bumero&o personal técnica y administrativo de la Organización Sindical constituye una extensión de la línea política en las actividades y que únicamente podrá lograrse una Organización Sindical plenamente representativa e independiente del Estado, cuando todos los funcionarios y técnicos de la Organización dependan directamente de representantes libremente elegidos y estén sujetos a su autoridad.

1.185. Los Sindicatos Nacionales, comúnmente conocidos como los Sindicatos Verticales, tal como se desprende de la legislación actualmente en vigor, constituyen una nota característica del sistema sindical español. Existen 28 sindicatos nacionales, encuadrando cada uno de ellos una rama de la actividad económica. En esíos sindicatos nacionales los empleadores y los trabajadores están agrupados en secciones diferenciadas, denominándose sección económica a la que agrupa a los empleadores y sección social a la que agrupa a los trabajadores. Lo mismo ocurre en las organizaciones sindicales en el nivel provincial, local y comarcal.

1.186. La coexistencia de estas dos secciones en cada sindicato plantea el problema de la posible injerencia de las secciones entre sí y el de la posible injerencia del Estado, a través de la línea política, en las actividades propias de cada sección.

1.187. En lo que atañe a la posible injerencia de unas secciones en oirás, se indicó reiteradamente ai Grupo de Estudio en diversos medios de la Organización Sindical, que al terminar laguerra civil se había concebido Un sindicalismo en el que estuvieran unidos los empleadores y los trabajadores, y que el "hecho de vivir en la misma casa" había promovido el diálogo y aportado ventajas que se traducían en una mayor conciencia social por parte de los empleadores, en un conocimiento más profundo de los problemas económicos por parte de los trabajadores y en un mayor respeto recíproco de las partes. Se indicó también que, aunque teóricamente, según la legislación vigente, él sindicalismo es vertical, en la práctica, con el correr de los años, los trabajadores, por una parte, y los empleadores, por otra, disfrutan de gran independencia, reuniéndose libre y separadamente en cada sección, y actuando el presidente de la entidad sindical respectiva solamente como coordinador, mediador y arbitro.

1.188. El Grupo de Estudio oyó también, dentro de la Or

1.189. Existe el firme deseo de que todos los cargos de la Organización Sindical sean elegidos única y exclusivamente por aquellos a quienes han de representar.

1.190. Objetivo general: una organización sindical representativa de la voluntad de todos sus miembros en que la unidad constituye la fuerza, no por estar impuesta desde arriba por la dirección política, sino por expresar fa voluntad común del conjunto de los miembros.

ganización Sindical, que el proceso de independización entre las secciones que constituye una marcada tendencia, debía proseguirse, a fin de que las secciones adquirieran plena autonomía y que eí nexo que pudiera existir entre las mismas no menoscabara en ningún caso su autonomía, vulnerando así la confianza que sus miembros tuvieran depositada en ellas.

1.189. Por otra parte, se indicó al Grupo de Estudio, en especial en medios ajenos a los oficiales, que el sistema de tratar de conciliar en una misma institución intereses tan antagónicos como los de los trabajadores y los de los empresarios no había dado los frutos apetecidos, ya que los trabajadores se habían encontrado en una situación de inferioridad frente a los empresarios, los cuales, a más de continuar disponiendo para la defensa de sus intereses de asociaciones tradicionales, tales como las Cámaras de Comercio, de Industria y de Navegación —cuando a ellos se les ha negado toda organización al margen de la Organización Sindical oficial—, gozaban de una situación privilegiada dentro de la propia Organización y ejercían un predominio sobre las secciones sociales de sus sindicatos, en parte a través de los presidentes de estos últimos, cargos que raramente no eran ocnpados por los propios empresarios o por personas afines a los mismos. Por consiguiente, algunos estimaban necesaria la separación absoluta entre empleadores y trabajadores, mientras que otros consideraban que sería más positivo, con miras al mantenimiento de la paz social, que los trabajadores y empleadores tuvieran sus propias asociaciones independientes, aunque pudiera ser conveniente un instrumento o procedimiento capaz de actuar como nexo entre el sector empleador y el sector trabajador, siempre que dicho instrumento careciese de naturaleza sindical y que sus funciones estuvieran claramente especificadas.

1.190. En relación con la posible injerencia de la línea de mando o política en las actividades de los sindicatos, el Grupo de Estudio oyó también pareceres diversos. En los sectores de la Organización Sindical más allegados a la línea política se justifica la existencia de ésta invocando las circunstancias en que fue creada la Organización Sindical y la necesidad de tutela que, tanto trabajadores como empresarios, necesitaban después de la guerra civil española. En los mismos sectores se añade que dicha línea política, progresivamente, ha recurrido cada vez menos al ejercicio de las facultades que le atribuye una legislación sindical que fue dictada, en lo esencial, al terminar la guerra civil, y que dicha línea está siendo superada cada día más por el desarrollo de una línea representativa en la Organización Sindical, que paulatinamente la va sustituyendo. De ahí que la función actual de la línea de mando fuera revistiendo un carácter de línea técnica o asesora, en contraposición a la que había podido tener años atrás. En diversos otros sectores de la propia Organización Sindical, si bien se reconocía cierta transformación en manto al carácter c intensidad rte las funciones ejercidas on los sindicatos por la Hnea política, se estimaba nue, habiendo dejado de existir las circunstanHas oue en un momento histórico pudieron originar su creación y habiendo tomado conciencia, tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empresarios, de sus propias responsabilidades, la línea rmlítica estaba cesando de tener su razón de ser, y one, por consistiente, debía ser sustituida por una línea representativa desde abajo hasta arriba de la Organización Sindical en todos sus niveles.

1.191. El Grupo de Estudio también fue informado en amplios sectores, unos integrados en la Organización Sindical y otros ajenos, que la linea política o de mando, no obstante los cambios que pudiera tener en su terminología y no obstante el desarrollo en los últimos años de una Hnea representativa, que perdía su fuerza gradualmente en los niveles más influyentes de la Organización, había tenido y continuaba teniendo una fuerza preponderante en materia de dirección, coordinación y arbitraje en toda la Organización Sindical. Por consiguiente, para esta amplia corriente de opinión es necesario que la línea de mando sea sustituida en todos sus niveles por una línea representativa, que sería la única que podría proteger y defender los intereses de los trabajadores sin interferencia por parte del Estado.

1.192. Una creación mucho más reciente en lo que concierne a la estructura sindical la constituye el Congreso Sindical, establecido en enero de 1961 como "el superior órgano representativo y deliberante de la Organización Sindical española". Está presidido por el delegado nacional de Sindicatos y su pleno está compuesto por vocales-delegados natos, cuya representación les está conferida por razón del cargo de designación directa o del cargo electivo que ostentan; vocales-delegados de elección, elegidos para cada congreso en representación de los trabajadores y los empleadores; y vocales-delegados designados por el presidente. Posteriormente se constituyó en cada provincia un consejo sindical provincial, como proyección y reflejo del Congreso Sindical e instrumento de su política dentro de la respectiva provincia.

El Grupo de Estudios recogió informaciones en ciertos sectores de la línea representativa de la Organización Sindical y en otros ajenos a esta última, en el sentido de que la composición del Congreso Sindical y las amplias funciones de que gozaba su presidente disminuían notablemente el carácter representativo que un organismo de esta naturaleza debiera tener. También, según tales informaciones, el predominio de la linea política en el Congreso y el hecho de que los miembros de origen electivo tuvieran a este nivel demasiada afinidad con dicha linea, impedía la representación auténtica de la base.

1.190. En 1964 se decidió la creación del Consejo Nacional de Trabajadores y del Consejo Nacional Empresarios, así como de los consejos respectivos en cada una de las provincias.

La creación de estos consejos constituye, según ha declarado el Gobierno, la culminación de una evolución por la cual las secciones sociales (trabajadores) y económicas (empresarios) fueron adquiriendo progresivamente independencia para la negociación colectiva. Desde 1966 el Consejo Nacional de Empresarios está afiliado a la Organización Internacional de Empleadores. A este respecto, la O. I. E. manifestó, en una carta dirigida al Grupo de Estudio, que los contactos que mantiene con el Consejo Nacional de Empresarios y la afiliación reciente de éste "constituyen el testimonio de que la actitud de los empleadores españoles se ha caracterizado siempre, en la práctica, por la más amplia independencia tanto respecto de las organizaciones obreras como de las autoridades gubernativas". En relación con la actuación y significado de estos consejos, el Grupo de Estudio pudo observar que los mismos han marcado con su creación una etapa en el desarrollo de una tendencia hacia una Organización Sindical en la que el sector de los trabajadores y el de los empresarios disfruten de mayor autonomía entre sí y en relación con el Estado.

Existe una presión general, insistente e irresistible, en favor del cambio a todos los niveles de la Organización Sindical.

Movimiento sindical unido, fuerte, libre y responsable, enteramente representativo de sus miembros, reconocido por la ley y sujeto a ella, pero independiente del control gubernamental.

1.194. Hasta varios años después de constituida la Organización Sindical, los trabajadores no contaron con representantes sindicales de ninguna especie en el ámbito de la empresa. Esta situación empezó a cambiar gradualmente, en función del tamaño de las empresas, en la década iniciada en 1950 con las primeras elecciones de enlaces sindicales en las empresas con más de 50 trabajadores y de vocales de jurados cié empresa, en los,centros de trabajo con más de mil trabajadores. A través de cambios sucesivos se llega a la situación actual, en la que los enlaces son elegidos en empresas con más de cinco trabajadores, y los vocales de jurados en empresas que cuentan por lo menos con cien trabajadores.

1.195. Aunque las funciones de los enlaces sindicales no parecen estar claramente definidas en ninguna reglamentación pertinente, los mismos cumplen ciertas funciones de representación de los trabajadores ante la dirección de las empresas y los organismos sindicales. En las empresas donde se ha instituido un jurado, los enlaces sindicales plantean las reivindicaciones de los trabajadores ante el mismo, siendo entonces éste el que trata con la dirección u con el sindicato.

Los jurados, presididos por el empleador o su representante, tienen por principal finalidad la de hacer efectiva en la empresa la colaboración entre el capital, la técnica y la mano de obra, y constituyen, asimismo, una manifestación sindical dentro de la empresa.

1.196. Durante su estancia en España, se ha señalado en diversas ocasiones al Grupo de Estudia que los enlaces sindicales, así como los jurados de empresa, podrían constituir en el futuro, habida cnenta de su elección directa por parte de los trabajadores, la base de un sindicalismo integralmente representativo. En la actualidad, sin embargo, en lo que concierne a la actividad en el ejercicio de sus funciones, el Grupo de Estudio oyó los siguientes comentarios. En lo que se refiere a los enlaces, con frecuencia fueron destacadas la falta de precisión de sus (unciones y las dificultades para reunirse libremente con los trabajadores. Con respecto a los vocales de los jurados, se indicó también frecuentemente que, si bien de manera general, la dirección presta las facilidades previstas para el desempleo de sus cargos, existen dificultades para mantener un contacto más estrecho con el personal, a lo que cabe agregar el hecho de que la presidencia, la cual asume amplias facultades conforme a la legislación, sea ocupada reglamentariamente por el empleador o su representante. Por otra parte, se señaló al Grupo de Estudio en diversas ocasiones que cuando los enlaces o vocales de jurados muestran mayor dinamismo en la denfesa de los intereses de los trabajadores, son objeto de distintas medidas tendientes a su cese en las funciones que ejercen u optan por renunciar, lo cual menoscaba notablemente el valor de estas instituciones representativas.

1.197. Si bien, en la ley de Bases de la Organización Sindical de 1940 no se prevé la elección de ningún dirigente sindical, estableciéndose, en cambio, que todos los mandos de los sindicatos recaerán necesariamente en militantes de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, esta situación se ha ido modificando paulatinamente a través de distintos reglamento de elecciones sindicales hasta llegar al de 1966, según el cual "todos los cargos representativos de las entidades que integran la Organización Sindical se proveerán por elección de los trabajadores y de los empresarios mediante sufragio libre, igual y secreto". Esto significa que son elegidos todos los cargos de los sindicatos locales y provinciales, y los nacionales, con excepción de sus presidentes, los cuales, igual que los demás integrantes de la línea política, continúan siendo nombrados directamente.

1.198. En las últimas elecciones sindicales celebradas en 1966 participó un 83,3 por ciento del censo electoral, habiéndose elegido 206.296 enlaces sindicales, 25.633 vocales de jurados de empresa, 160.005 vocales trabajadores en los sindicatos locales, 61.801 vocales provinciales y 3.243 vocales nacionales. Todas las informaciones obtenidas por el Grupo de Estudio con respecto a estas elecciones concuerdan en el sentido de que las mismas se celebraron con amplia libertad y espíritu democrático en lo que se refiere a los enlaces sindicales y vocales de jurados de empresa, particularmente en la mayoría de los centros de trabajo de cierta importancia, donde por primera vez la campaña electoral de los candidatos en pugna, a veces de tendencia muy diversa, había revestido un carácter de autenticidad.

1.199. Si bien, hay un amplio consenso en el sentido de que a través de los años el proceso electoral ha sufrido una indudable evolución y ha permitido que en los primeros peldaños de la Organización Sindical los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes, y que la línea representativa haya ido paulatinamente desarrollándose, muchos son ios que estiman que, merced al control de que disfruta la línea política, en virtud de las facultades que le otorga el Reglamento de elecciones, a medida que se asciende de la empresa al nivel local, provincial y nacional, disminuye gradualmente la autenticidad de la línea representativa.

1.200. En lo que concierne de forma más general al sistema de elección de los dirigentes sindicales, el Grupo de Estudio pudo observar que, de manera casi unánime, existe el firme deseo de que todos los cargos de la Organiíación Sindical sean elegidos única y exclusivamente por aquellos a quienes han de representar.

1.201. Los trabajadores que han sido electos para ocupar cargos sindicales pueden ser destituidos a través de un procedimiento establecido por la Organización Sindical en el Reglamento para la desposesión de cargos sindicales «lectivos de 1948, según el cual es la línea política la que decide la desposesión. En diversos sectores se ha afirmado reiteradamente al Grupo de Estudio que, después de las últimas elecciones, son muchos los cargos sindicales electivos que han sido desposeídos de su puesto; por su parte, el secretario general de la Organización Sindical declaró que entre septiembre de 19C6 y marzo de 1968 habían sido desposeídos de sus cargos electivos solamente 66 dirigentes y que 61 estaban sujetos a expediente o suspendidos temporalmente, de un total de 8S5.681 puestos de representación a todos los niveles. Con frecuencia se ha indicado al Grupo de Estudio, en diversos sectores, que los trabajadores consideran que incumbe solamente a los mandantes de los representantes sindicales y no a la línea política la facultad de establecer las causas por las que el mandato habrá de ser revocado y la de estimar si las mismas se han producido.

1.202. Un decreto de junio de 1966 regula el régimen de garantías frente a los empleadores de los trabajadores que desempeñan cargos electivos de origen sindical.

1.203. La función asistencial de la Organización Sindical, que constituye una de sus características, encuentra su base legal en el Fuero del Trabajo de 1938. Los servicios sociales que a partir de esa época ha ido estableciendo y administrando la Organización Sindical son los que se conocen como obras sindicales. Estas obras comprenden las materias siguientes: artesanía, colonización, vivienda, ludia contra el desempleo, cooperativas, sanidad, educación y descanso, previsión social y formación profesional ´más de la mitad del presupuesto de la acción asistencial de la Organización

Sin una discusión amplia y libre en la que puedan participar todas los interesados, no será posible asegurar al movimiento sindical su carácter plenamente representativo.

Los trabajadores, en su gran mayoría, son defensores de la unidad sindical.

Sindical está consagrado a la formación profesional». La Organización Sindical también otorga becas a favor de trabajadores o sus hijos, en particular para cursar estudios de formación profesional y artesanía, y presta asistencia jurídica a favor de los trabajadores en lo contencioso laboral. En cuanto a la defensa jurídica de los trabajadores que desempeñan cargos sindicales electivos, en el año 1967 afectó a 1.Í02 dirigentes.

1.204. Durante su estancia en España, el Grupo de Estudio tuvo ia oportunidad de visitar, tanto en Madrid como en diversas provincias, una serie de realizaciones de diversas naturalezas: a título de ejemplo, de la obra asistencia! de la Organirarión Sindical, así como otras realizaciones (universidades laborales y clínicas de la Seguridad Social) en las que participa activamente la Organización Sindical Estas realizaciones constituyen un legítimo motivo de orgullo de esa Organización. El Grupo de Estudio, que se complace en manifestar la buena impresión que dichas realizaciones le produjeron, pudo apreciar que, en lo que se refiere particularmente a la formación profesional, el esfuerzo realizado es muy digno de encomio por la importancia que reviste y los resultados obtenidos.

1.205. El Grupo de Estudio oyó, sin embargo, ciertos comentarios según los cuales —sin dejar de reconocerse el valor intrínseco de tales realizaciones y la utilidad que pueden entrañar para los trabajadores— convendría que los esfuerzos de la actividad asistencia! estuvieran más concentrados en aquellas obras que mejor puedan redundar en beneficio del mayor número posible de trabajadores, evitando todo carácter suntuario que pudieran tener algunas de ellas y teniendo siempre en cuenta la conveniencia de no incurrir en duplicaciones.

1.206. De los recursos financieros de la Organización Sindical, los más importantes son los que provienen de la cuota sindical general, de carácter obligatorio. Esta cuota, que ha sufrido reducciones en el curso de los años, es actualmente, para los trabajadores, el 0,30 por 100 del salario base a efectrs de la cotización de los seguros sociales, y para los empleadores, el 1.50 por 100, siendo aplicado para su cobro el sistema de retención en la fuente. El patrimonio sindical, en lo que a bienes inmuebles se refiere, se ha estimado en 6 500 millones de pesetas (92 857.000 dólares). En el cuatrienio 1965-1968, el presupuesto de la Organización Sindical ha pasado de 3.690 millones (52.714.300 dólares) a 4.565 millones de pesetas (65.214.300 dólares).

1.207. Durante su visita a España se señaló reiteradamente al Grupo de Estudio la gran importancia que había adquirido el patrimonio de la Organización Sindical y las elevadas cifras que alcanzaba su presupuesto anual, así como la necesidad de que tales bienes fuesen administrados en beneficio de sus miembros bajo la autoridad exclusiva de representantes libremente elegidos, evitando en todo lo posible los gastos superfluos, en particular los de orden administrativo.

1.208. Algunas de las normas básicas dictadas en España y entre ellas, en primer lugar, el Fuero del Trabajo, han consagrado la idea de la participación de los trabajadores al nivel de la emnresa. Casi todas las fórmulas aplicadas al comienzo de esta materia desaparecieran posteriormente al ser absorbidas las funcionas resnwtivas nrinr-inalmente por los ya mencionados jurados de errmresa. La ley que ¡nctifnvrt psfn« nrcrnniomfw fue diftada en 1947 y reglamentada en 1953. El número de jwanVs de empresa que se habían cotisHtnidn hasta IflfiO era de 304; siete años más tarde, diobo número se elevaba a 4.189. Las funciones de los jurados corrmr»»v1f>ri la verificación de la observancia de la legislación laboral (incluidos los aspectos de la seguridad e higiene), la conciliación, la negociación y la representación de los trabajadores en caso de reclamaciones, así como otras relativas a la producción y al bienestar en el trabajo. Sus facultades son primordialmente de tipo dic-taminador o consultivo, sin que el empleador se vea obligado a aceptar las propuestas o acuerdos del jurado.

1.209. Una ley de julio de 1962, reglamentada en 1965, instituyó un sistema por el cual se concede cierta participación a los trabajadores en los organismos directores de determinadas empresas. En 1967, este sistema era aplicado en 377 empresas.

1.210. Los principios establecidos en las leyes básicas y la concepción de ta sindicación como forma política de la economía entera de España dieron lugar también a que en el curso de los años se construverg un vasto sistema de participación de la Organización Sindical en su conjunto o de los distintos sindicatos en los ámbitos nacional, provincial y local.

1.211. La intervención de la Organización Sindical en la vida política de España proviene de su consideración primordial como instrumento del Estado y como instrumento de representación pública. El primer concepto tiene su origen en el texto primitivo del Fuero del Trabajo, que estableció un vínculo constitucional del Sindicato con el Movimiento y con la organización estatal. El segundo concepto se basa en la doctrina plasmada en varios textos leeales, según la cual el Sindicato —de ieual manera que el municipio y la familia— constituye una unidad natural, necesaria y básica de la convivencia, y p°r tanto, un órgano de la comunidad política.

En virtud de esta concepción, la Organización Sindical, erigida en entidad oficia! o corporativa de derecho público, tendría a su careo tanto la función de representación y defensa de los intereses profesionales de la producción y del trabaja como la participación del pueblo a través de la misma en las tareas legislativas y de administración del Estado. La actuación de la Organización Sindical en los organismos públicos establecidos a distintos niveles ha dado lugar a que, en particular en fuentes oficiales, se califimie al sindicalismo español de "sindicalismo do participación".

1.212. En la esfera nacional, la Organización Sindical está representada en las Cortes pnr 150 procuradores, de un total de 564: en el Conspin del Reino, que es el órgano consultivo al que corresponde la facultad de asistir al Jefe del Estado en los asuntos y resoluciones traseenrlpntales de su competencia: en el Consejo Nacional, encargado, en particular, de defender la integridad de los principios del Movimiento y velar por oue la transformación y el desarrollo de las estructuras económicas, sociales y culturales se ciñan a las exigencias de la justicia social: y en el Consejo del Estado, oue es el supremo cuerno consultivo de la Administración. La Organización Sindical también está representada en el Consejo de Economía Nacional y en el Consejo Nacional de Educación, ací como en la Presidencia del Gobierno y en los distintos Ministerios, donde sus representantes ascienden a 572 (más de 1.800 representantes sindicales existen en distintos organismos específicos).

1.213. En las esferas políticas locales, la representación sindical se concreta a través de las corporaciones provinciales v municipales, oue snn órganos de representación v gestión de la provincia v el rrmnicínio, respectivamente. Existen en Mal más de 18(100 cnnceialeg v dinutados sindicales. En la p«¡fora nrwmcial y local, la participación sindical se reati7a también a través de un eran número de juntas,, coraisionfis. etc., deppnd´pnfp.s de los diferentes Ministerios, y sus represéntenles totalizan más de 31.000.

1.214. En círculos de la Organización Sindical se ha expresado que existe la base suficiente para Degar a un Esta-

1.125. Se señaló al Grupo de Estudio que la consulta previa a la ley Sindical no llegó a los niveles inferiores de la Organización Sindical.

Objetivos de la iey, según el informe:

• Eliminar discrepancias de la anticuada ley vigente.

• Introducir cambios para la creación de un movimiento sindical verdaderamente auténtico y representativo.

do donde la voz y el voto de los trabajadores tengáis una influencia decisiva, y desde donde puede operarse con eficacia sobre las estructuras económicas y sociales; las condiciones necesarias para lograrlo son una plena autenticidad de los representantes de los trabajadores, su dedicación y eficacia, y una conciencia de solidaridad por parte de los mismos.

1.215. Por otra parte, el Grupo de Estudio también ha recibido informaciones, según las cuales se critica abiertamente las posibilidades reales de la participación, especialmente en las Cortes, las corporaciones provinciales y los Ayuntamientos, negando que los representantes de la Organización Sindical en estos organismos hubieran logrado resultados satisfactorios y alegando, a este respecto, la poca representatividad de aquéllos, por sus afinidades con la línea política de la Organización Sindical.

1.216. Las manifestaciones predominantemente sociales de la participación se concretan en organismos que se ocupan de la seguridad social, la colocación, la formación profesional y la seguridad e higiene, y de la elaboración de la legislación laboral y otros textos legislativos de contenido económico-social.

1.217. En cuanto a los aspectos predominantemente económicos de la participación, cabe mencionar los Consejos Económicos Sindicales, que son organismos mistos de •estudio, en los cuales actúan representantes de la Organización Sindical y de la Administración.

T.218. Otro organismo en el que participa la Organización Sindical es el ya mencionado Consejo de Economía Nacional, que constituye el superior órgano consultivo nacional en materia económica. La Organización Sindical participó en la elaboración de las Planes de Desarrollo Económico y Social, y principalmente en el segundo (1968-1971), a través de varios organismos, en los que participaron más de un millar de representantes sindicales, y de la discusión en las Cortes de la ley _ que lo aprobó. En lo que atañe a diferentes aspectos de la actividad económica nacional, cabe señalar, finalmente, la acción realizada por los Consejos de Empresarios y de Trabajadores a través de sus gestiones ante las autoridades gubernamentales, sus resoluciones, declaraciones y estudios.

1.219. No obstante hallarse incorporados prácticamente todos los trabajadores, en virtud de la ley, a la Organización Sindical, la cual los representa legalmente, existen otros dos tipos de movimientos de trabajadores que, juntamente con los organismos que han creado, son ilegales conforme a la legislación española, pero que en mayor o menor medida revisten carácter sindical. Resultaría vano todo intento de estimar sus fuerzas respectivas en España, pero puede observarse que existen principalmente en las regiones más industrializadas y que carecen de un grado comparable de influencia en otras partes de España. El´Grupo de Estudio mantuvo conversaciones con varios dirigentes y militantes de estos movimientos en su calidad de ciudadanos españoles.

1.220. Una de las dos vertientes está constituida por las organizaciones disueltas y declaradas fuera de la ley al término de la guerra civil, que, reconstituidas por sus dirigentes en el extranjero, han seguido participando e_n el movimiento sindical internacional y, también en condiciones difíciles, han mantenido su presencia en España y desarrollado ciertas actividades en la clandestinidad, especialmente en las regiones de gran importancia industrial. Entre tales organizaciones figuran la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV). La otra vertiente de los movimientos obreros ilegales tuvo su origen, considerado generalmente como espontáneo, hacia 1960 y años siguientes, entre núcleos >Je trabajadores que consideraban necesario contar con representantes que tuvieran toda su confianza, en particular para la discursión de ¡os convenios colectivos. Se trata aquí de las llamadas "comisiones obreras", que en los meses que precedieron y siguieron a las elecciones de 1966 gozaron de cierta tolerancia. Estas comisiones se consideran como un movimiento y no como una organización, y sólo admiten la participación en su seno de trabajadores a título individual y no en representación de algún otro movimiento o agrupación.

1.221. Según algunos, las comisiones obreras habrían estado dominadas desde su origen por elementos políticos, comunistas en su mayoría, y también por sectores católicos, o lo estarían actualmente.

Conforme a otra opinión, tales influencias habrían sido o serían mínimas; las comisiones gozan, según esta opinión, de un considerable prestigio precisamente por concentrarse en reivindicaciones laborales concretas y por proclamarse abiertas a trabajadores de todas las tendencias.

1.222. La legislación sindical en vigor impide la creación de organizaciones sindicales al margen de la Organización Sindical oficial. Tales organizaciones tampoco podrían constituirse al amparo de la legislación genera! sobre asociaciones. Cualquiera que sea la tendencia de un movimiento sindical que pretenda organizarse transgrediendo la legislación, sus miembros pueden ser sancionados conforme a las disposiciones del Código Penal sobre las asociaciones ilícitas. Tales disposiciones son aplicadas con cierta frecuencia.

1.223. Otras disposiciones penales aplicables a los miembros de los movimientos ilegales de trabajadores o a otras personas por realizar actividades efe tipo sindical, pero que no son permitidas por la legislación, figuran en los artículos del Código Penal referentes a la propaganda iegal, los impresos clandestinos, las reuniones o manifestaciones ilegales y en la ley >Je Orden Público. El GA¡po de Estudio ha tenido conocimiento de una serie de casos en los que tales disposiciones han sido aplicadas en la práctica, así como de medidas de confinamiento dictadas contra sindicalistas en periodos de estado de excepción. El Grupo ha tenido noticias >íe un solo caso en el que re haya aplicado últimamente el decreto de 1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo por un motivo relacionado con cuestiones laborales.

2. Hacia una reforma de la ley Sindical a) Impulso renovador en el sindicalismo español.

1.224. Uno de los elementos esenciales de la situación actual es el impulso renovador que se manifiesta en el sindicalismo español.

1.225. Existe «na presión general, insistente e irresistible, en favor del cambio a,todos los niveles de la Organización Sindical española. Como es natural e inevitable, hay algunas divergencias de opinión sobre el ritmo y las modalidades del cambio, pero el Grupo de Estadio no ha encontrado desacuerdos fundamentales respecto al objetivo general, a saber, una Organización Sindical representativa de la voluntad de todos sus miembros, en la que la anidad constituya la fuerza por no estar impuesta desde arriba por la dirección política, sino por expresar la voluntad común del conjunto de los miembros.

1.226. A este respecto, ha ejercido un estímulo considerable la presión de los movimientos obreros en España, que

A pesar de ciertos progresos logrados, sobre todo en los niveles inferiores, e! carácter plenamente representativo no se ha alcanzado.

• Responsabilidad en los órganos de gobierno y dirigentes ante los afiliados.

• Persistencia de línea política.

• Desposesión de cargos sindicales.

deben considerarse separadamente de la Organización Sindical oficial.

1.227. En ío que concierne a la orientación del cambio en sus aspectos generales y a ciertas condiciones básicas para realizarlo, el Grupo de Estudio, en su tercer informe, manifestó lo siguiente:

1.228.

"Existe, igualmente, un consenso amplio conforme al cual el objetivo debiera ser el1 desarrollo de un movimiento sindical unido, fuerte, libre y responsable, enteramente representativo de sus miembros, reconocido por la ley y sujeto a ella, pero independiente del control gubernamental, aceptado por la dirección de las empresas como interlocutor responsable en el diálogo obrero-patronal y que continúe desempeñando un papel preponderante en el desarrollo de la política económica y social del país y en la administración de una variedad creciente de servicios sociales. Para alcanzar este objetivo deben crearse condiciones que permitan a todos los movimientos que existen en la actualidad contribuir plenamente a este propósito común. Este paso constituiría un elemento valioso en el cumplimiento del proceso de reconciliación nacional, del cual depende el futuro de España y su puesto en la comunidad mundial.

Dicha reconciliación presupone el respeto de las libertades civiles básicas, que son esenciales para el libre diálogo entre tendencias discrepantes, el cual, a su vez, es necesario para que las mismas puedan ajustarse recíprocamente. Un movimiento sindical genuinamente representativo presupone el pleno respeto de las libertades civiles básicas."

1.228. El Grupo de Estudio no puede menos que reiterar ia importancia esencial que debe atribuirse, tanto al firme apoyo, que en los sectores más diversos de la opinión sindical en España recibe el objetivo que se ha indicado, como a las condiciones básicas que se acaban de mencionar y sin cuyo cumplimiento cu»iquier reforma perdería gran paUe de su vítor y eficacia.

1.229. Sin una discusión amplia y libre en la que puedan participar todos los interesados, no será posible asegurar al movimiento sindical su carácter plenamente representativo. A. su vez, el movimiento no será Ubre, a menos que los que hayan de participar en tal discusión disfruten de los derechos y garantías fundamentales.

1.230. El Fuero del Trabajo fue modificado por la ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.

Entre las modificaciones más importantes figuran las efectuadas en la declaración decimotercera de dicho Fuero, cuyo título "Organización Nacional-sindicalista" desaparece, y de cuyo texto ha quedado suprimida toda referencia a los sindicatos verticales y a la condición de militante de Falange Española para ostentar la jerarquía de un sindicato. Las modificaciones introducidas en el Fuero del Trabajo exigen la adopción de una nueva ley Sindical. En efecto, en la nueva redacción de la declaración decimotercera se establece que "en la forma que legalmente se determine, se constituirán las asociaciones respectivas de empresarios, técnicos y trabajadores...". El Jefe del Estado, en el mensaje de presentación a las Cortes de la ley Orgánica del Estado, en noviembre de 1966, anunció la adopción de una nueva ley Sindical.

1.231. Consciente de esta vasta aspiración, la Comisión

Permanente del Congreso Sindical organizó en 1967 una consulta preliminar a los consejos de trabajadores y empresarios en la esfera provincial, así como a los sindicatos y a los consejos de trabajadores y de empresarios en el ámbito nacional. Sobre la base de estas consultas se elaboró una ponencia que constituía un esbozo de la futura ley Sindical. Esta ponencia fue sometida como único tema de debate al IV Pleno del Congreso Sindical, convocado con carácter extraordinario y celebrado en mayo de 1968 en Tarragona. De la discusión de este Congreso surgieron las conclusiones relativas a los criterios sobre el posible contenido de la ley Sindical.

1.232. En diversos medios del mundo laboral se señaló al Grupo de Estudio que la consulta previa no llegó a los niveles inferiores de la Organización Sindical, lo cual había impedido que importantes sectores de dicha Organización pudieran haber dado a conocer y hacer llegar sus opiniones al respecto.

En cuanto al Congreso Sindical de Tarragona, se le ha indicado al Grupo de Estudio en diversas ocasiones que algunos de los puntos adoptados por el mismo constituían un retroceso en la evolución que se había reflejado en la ponencia elaborada como resultado de la consulta.

1.233. No obstante estas discrepancias, el Grupo de Estudio considera que el elemento de mayor importancia inmediata es la existencia actualmente en España de una demanda generalizada a favor de una revisión profunda de la ley Sindical en vigor. Ha causado una honda impresión al Grupo de Estudio la coincidencia fundamental de criterio, que se manifiesta a este respecto entre los diferentes sectores de opinión sindical en España.

1.234. El Grupo de Estudio oyó una gran diversidad de opiniones respecto a la ley y encontró un amplio concenso en España sobre la forma que debería revestir. Antes de salir de España, el Grupo informó al Gobierno español sobre su apreciación de este consenso en una reunión celebrada el 29 de marzo de 1969 con el ministro y el subsecretario de Trabajo, el ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, el director general de Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el delegado permanente de España ante los organismos internacionales en Ginebra, el inspector asesor general de la Organización Sindical y el jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo consideró prudente y útil para el Gobierno español el hecho de que el Grupo de Estudio, antes de su salida de España, hubiese decidido comunicar al Gobierno sus comentarios preliminares. El ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos y el ministro de Trabajo, expresaron que los comentarios del Grupo relativos a la ley Sindical serían de utilidad.

1.235. En dicha ocasión, el Grupo de Estudio manifestó que nadie negaba la gran importancia que reviste el que una nueva ley Sindical fuese examinada a la mayor brevedad posible.

1.236. Con respecto al proceso legislativo de discusión de una nueva ley Sindical, previsto en el texto modificado del Fuero del Trabajo promulgado en enero de 1967, el Grupo de Estudio debe señalar que, en el momento de preparar su tercer informe, las perspectivas parecían ser tales que cabía esperar, tal como lo manifestó en su tercer informe, que próximamente fueran sometidas a las CorLa síntesis unidad libertad no puede conseguirse mediante la legislación o medidas gubernativas, sino sólo por un proceso natural.

La unidad y la libertad no son en sí mismas incompatibles.

tes Españolas, propuestas para la reforma de la ley. El Grupo de Estudio expresa la esperanza de que la discusión se efectúe lo más pronto posible, proporcionando la ocasión para un examen amplio del asunto, habida cuenta de la importancia del mismo y de sus proyecciones en el futuro.

1.237. En la reunión celebrada el 29 de marzo de 1969 el Grupo de Estudio indicó también lo siguiente:

1.238.

"Creemos comprender que la nueva ley tendrá un doble propósito: el minar las discrepancias entre la ley actual, que ha quedado superada desde hace mucho tiempo, y lo que en el curso de Jos años se ha convertido en la práctica presente, e introducir en la práctica actual los demás cambios importantes que siguen siendo necesarios para la creación de un movimiento sindical verdaderamente autént co y representativo."

1.238. El Grupo de Estudio comparte este criterio, según el cual la nueva ley debería, por una parte, consolidar los pasos qne ya se han dado en la práctica hacia una mayor Hberalización y, por otra, complementar tales medidas con disposiciones adecuadas que conduzcan a la realización efectiva de la aspirac´ón de crear un movimiento sindical verdaderamente auténtico y representativo.

1.239. A este respecto, y tal como lo manifestó, asimismo, al Gobierno español, el Grupo de Estudio estima que:

1.240.

"Existe un acuerdo genera] entre todas las corrientes de opinión sindical en España, dentro y fuera de la Organización Sindical, y en círculos mucho más amplios, de que el objeto es un movimiento sindical plenamente representativo de sus miembros y responsable ante los mismos, independiente de dirección política, que acoja dentro de una unidad libremente mantenida a todos los matices de opinión sindical, que coopere de manera responsable con la dirección de las empresas y desempeñe un papel importante en ios asuntos públicos."

1.240. El Grupo de Estudio examina detenidamente en el presente informe la situación actual de la legislación y la práctica referentes al problema de la representatividad de los órganos de Gobierno y de los d rigentes de la Organización Sindical española a distintos niveles, al problema conexo de la responsabilidad de los mismos ante los miembros y al problema de los vínculos establecidos por la legislación entre la Organización S ndieal y el Movimiento.

1.241. Como resultado de su examen, el Grupo de Estudio estima qne, a pesar de ciertos progresos logrados, sobre todo en los niveles inferiores, el carácter plenamente representativo no se ha alcanzado, quedando todavía varias etapas por franquear. En materia de responsabilidad de los órganos de gobierno y de los diversos d rigentes, así como del personal técnico y administrativo de la Organización Sindical, ante los afiliados sindicales, los problemas conciernen a la existencia de la línea polít ca y al sistema de desposesión de tos cargos sindicales. Por último, cabe señalar que éstas y otras manifestaciones de la dependencia de la Organización Sindical frente a la dirección política, si bien, en so conjunto se ha ven do atenuando en el transcurso de los años, constituye todavía un obstáculo considerable para la creación de un movimiento sindical verdaderamente auténtico y representativo.

1.242. El consenso, según el cual el Movimiento Sindical debe acoger dentro de una unidad libremente mantenida a todos los matices de opinión sindical, es considerado por el Grupo de Estudio como un elemento objetivo que reviste un gran valor porque en él se hallan ligadas las premisas de la libertad de los afiliados y de la fuerza de las organizaciones, condiciones ambas esenciales de un sindicalismo auténtico que aspire a ser eficaz. Es evidente que en las actitudes frente a la unidad o el pluralismo se ban de reflejar necesariamente las condiciones del medio social, que varían de un país a otro, pero la un dad y la libertad no pueden considerarse "a prlorí" como una antítesis. La unidad y la libertad no son en sí mismas incompatibles, pndiendo en ciertas circunstancias no sólo ser complementarias, sino indispensables cada una con respecto a la otra. La unidad sin libertad corre el riesgo de desvanecerse a causa de) desafío a la unidad lanzado por el reclamo de libertad, mientras que la libertad sin unidad puede carecer de la fuerza necesaria para protegerse y conservarse. A pesar de las dificultades que puede plantear el logro de la unidad con libertad y de la libertad con unidad, la unión de ambos temí nos constituye el único medio eficaz para asegurar tanto la unidad como la libertad. La síntesis de unidad y libertad constituye desde antaño un ideal del Movimiento Sindical. Esta síntesis no puede lograrse mediante la legislación o medidas gubernativas, sino sólo por un proceso natural de desarrollo en el cual el reconocimiento de los intereses comunes se combine con el respeto de las opiniones d screpantes. Por consiguiente, una unidad del Movimiento Sindical que resulte de la voluntad genuinamente expresada por todos los interesados y que asegure en su propio seno el ejercicio pleno de los derechos de los miembros, debería constituir un objetivo digno de enconro.

1.243. El consenso que se manifiesta acerca de la necesidad de una cooperación responsable del sindicalismo en las relaciones laborales y acerca del pape) importante que ha de cumplir en los asuntos públicos constituye, a juicio del Grupo de Estudio, un objetivo nseparable de los otros ya mencionados, sin eJ cual estos últimos perderían gran parte de su justificación. En efecto, la responsabilidad constituye la contrapartida y el complemento del derecho que tienen las organizaciones sindicales de defender y promover ios intereses profesionales de sus miembros.

1.244. El Grupo de Estudio señaló ai Gobierno que e] consenso de opinión que se manifestó en el curso de las consultas realizadas por el mismo, tanto en reuniones oficiales como privadas, sug ere que, a fin de alcanzar los objetivos que se acaban de enunciar, sería conveniente que la ley Sindical cumpla con las cinco condiciones-siguientes:

1.a "En primer lugar, todos los cargos investidos de autoridad en el Movimiento Sind cal, incluido el de más alto nivel, deberían ser llenados por elección.

2.a En segundo lugar, convendría que la ley asegurase la autonomía completa y la igualdad efectiva en la práctica de las asociaciones de trabajadores y las asociaciones de empresarios; si permanecen asociados en una organizac ón más amplia, responsable conjuntamente ante ellos, los términos de la vinculación deben ser tales que no vulneren la confianza de los miembros respectivos en cada una de las partes; a menos que se cumpla esta condición la asociación no puede alcanzar su objeto y los empresarios se verán competidos por la necesidad práctica a tratar, actuando fuera del sindicato de empresar os, con representantes de los trabajadores que actúen fuera del sindicato de trabajadores.

3.a En tercer lugar, convendría que la ley asegurase que todos los funcionarios designados por la Organización Sindical estén sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos y reciban sus instrucciones de ellos; y que el patrimonio administrado por la Organización Sindical sea atribuido o asignado para beneficio de sus miembros y administrado bajo la autoridad de los dirigentes elegidos.

4.° En cuarto lugar, convendría que la ley estableciese que la Organización Sindical, si bien sometida a las leyes del Estado, no esté sujeta a dirección o control de ningún movimiento político; cualesquiera relaciones que pueda

Trasladar el énfasis del estatuto privilegiado de la Organización a una mayor libertad de sus miembros.

/INFORME DE LA O. I. T.

Sólo los españoles pueden decidir el futuro de la situación laboral y sindical en España.

tener con un movimiento político deberían determinarse libremente por sus miembros.

5.* En quinto lugar, la ley debería garantizar una libertad de expresión y de reunión que permita a todas las corrientes de opinión sindical el goce de su libertad dentro de una unidad libremente aceptada; los detalles habrán de requerir cuidadoso examen, pero debe asegurarse ahora que la libertad y la unidad no sean incompatibles entre sí."

1.345. El Grupo de Estudio, después de haber examinado detenidamente la situación a la luz de todos los elementos disponibles, estima que es necesario cumplir con estas cinco condiciones para alcanzar el objetivo propuesto.

1.246. Con respecto a la condición que figura en quinto lugar, el Grupo de Estudio desea expresar su satisfacción por ciertos hechos recientes que significan pasos de avance en la dirección indicada. El Grupo de Estudio desea poner de relieve, a este respecto, el hecho de que la misma Organización Sindical haya promovido y efectuado en el seno de su máximo órgano deliberante una discusión detallada sobre diversos aspectos fundamentales relativos a la modificación de la ley Sindical. Otro hecho positivo en este mismo sentido, que el Grupo de Estudio se complace en destacar, es la extensa publicidad dada en España al texto íntegro del tercer informe del Grupo, acerca de cuyo contenido no han dejado de aparecer, desde entonces, opiniones en la Prensa española. A la difusión y discusión del informe provisional del Grupo de Estudio contribuyeron las autoridades españolas y la Organización Sindical. A este hecho cabe añadir las seguridades dadas por el delegado gubernamental de España en la Conferencia Internacional del Trabajo, durante la LUÍ reunión en 1969, de que nadie será objeto de sanciones como consecuencia de la lectura, tenencia, discusión o difusión del informe mencionado en España.

1.247. Enunciadas las condiciones que deben cumplirse, el Grupo de Estudio considera necesario subrayar, como ya lo hiciera en su tercer informe, que

"El efecto de estos cambios sobre el lugar que ocupa la Organización Sindical dentro del Estado entrañaría, inevitablemente, trasladar el énfasis del estatuto privilegiado de la Organización a una mayor libertad para, sus miembros."

1.348. El Grupo de Estudio estima que el examen objetivo de esta cuestión es ineludible, pero en vista de que constituye una cuestión perteneciente al ordenamiento político del Estado, cae fuera de su competencia, por lo cual se abstiene de tratarla.

1.249. Deseamos consignar aquí nuestra gratitud al Gobierno de España porvla colaboración que ha prestado a nuestras labores y expresar, en particular, a las autoridades nacionales y provinciales. y a las de la Organización Sindical española nuestro aprecio por las facilidades prestadas al Grupo de Estudio durante su visita a España. La buena voluntad demostrada al no escatimar esfuerzos para responder prontamente a las numerosas peticiones de información que les fueron formuladas, ha constituido una contribución muy valiosa a nuestro trabajo. Deseamos, asimismo, expresar nuestra gratitud a las Organizaciones Sindicales internacionales que, respondiendo a la invitación. que les dirigió el Grupo de Estudio, le expusieron con entera franqueza y espíritu constructivo sus puntos de vista sobre las complejas cuestiones cuyo examen le había sido confiado. No quedamos menos agradecidos a todos los ciudadanos españoles con quienes hemos conversado en España y a quienes, ya sea por desempeñar altas dignidades o funciones en el país, por representar a corrientes de pensamiento en España,

o por su calidad de sindicalistas, empresarios o trabajadores españoles, estaban en condiciones de suministrarnos y nos comunicaron libremente, en el curso de numerosas entrevistas, su valiosa opinión sobre las cuestiones examinadas. La inagotable cortesía que se nos ha dispensado en todo momento y lugar durante nuestras tareas constituye un grato recuerdo. Nos complace, también, añadir el testimonio de nuestra más profunda admiración por el pueblo español, cuyas reconocidas virtudes de estuerzo e inteligencia contribuirán, sin duda, a resolver los problemas con que se enfrenta en la etapa actual de su desarrollo.

1.250. Una vez finalizado nuestro estudio de la situación laboral y sindical en España, y habiendo formulado nuestras conclusiones, damos término a este informe con dos observaciones generales y una recomendación formal.

1.251. En primer término, sólo los españoles pueden decidir el futuro de la situación laboral y sindical en España. Solamente España puede determinar el destino particular de su propio genio nacional, y ello es verdad tanto para la pauta de su desarrollo económico y social como para los demás aspectos de su vida nacional. Sólo el pueblo español puede hacer la síntesis de la tradición y el carácter nacional y de todo aquello que pudiere, considerar como de valor permanente en el presente marco institucional de la situación laboral y sindical, con las necesidades de una sociedad que cambia, empeñada en forjar una economía en evolución en un mundo en evolución.

1.252. En segundo término, el mundo, España y el lugar que España ocupa en él, están cambiando a un ritmo sin precedente. En el mundo de hoy el genio de una nación, por diferenciado que sea, no puede sin grave perjuicio para sí mismo desatender la ética y los usos del mundo. Er- puesto de España en el mundo dependerá en gran medida de su actitud ante las normas mundiales. En la esfera laboral y sindical —y respecto de las libertades civiles, cuya importancia desde el punto de vista de los derechos sindicales, será objeto de próxima discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo— existen normas inequívocas de carácter mundial. Tales normas figuran en los pactos internacionales relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos sociales y culturales, aprobados unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, con 106 y 105 votos afirmativos, respectivamente, habiendo participado España en esta unanimidad. Figuran en la Carta Social Europea, aprobada por el Consejo de Europa el 18 de octubre de 1961. Figuran en los convenios internacionales del trabajo pertinentes, y en particular en el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, que hasta el presente han ratificado 77 Estados, y en el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, que hasta el presente han ratificado 89 Estados. No se derivan de estas normas obligaciones contractuales para ningún Estado, a menos que haya ratificado el instrumento correspondiente, pero ningún Estado puede sustraerse a la comparación con dichas normas ni a la evaluación, sobre tal base, de la medida en que garantiza la libertad de sus ciudadanos. Además, la comparación no puede limitarse al examen de la conformidad de la ley con estas normas universales, ya que el verdadero objetivo e* saber hasta qué punto son aplicadas en la práctica.

1.253. Puesto que son éstos los dos factores decisivos de la situación, nos permitimos hacer una sola recomendación formal, a la que atribuimos importancia fundamental. Esta recomendación consiste en que se acuerde la más amplia oportunidad para la extensa difusión y la discusión enteramente libre de nuestro informe en España y en el movimiento sindical internacional, y que se adopten medida*

El puesto de España en el mundo dependeré en gran medida de su actitud ante las normas mundiales.

Se recomiendo lo más amplia difusión y discusión del informe dentro de España.

especiales, semejantes a las que fueron tomadas con respecto a nuestro tercer informe, a fin de dar la mayor publicidad posible a nuestras conclusiones.

Abrigamos la esperanza de que el Consejo de Administración, con el cual tenemos contraída una deuda de gratitud por la confianza que ha depositado en nosotros, hará suya esta recomendación. Si se aceptara nuestro informe como la base de un debate amplio y libre sobre el futuro de la situación laboral y sindical en España, en el cual todos los interesados puedan participar libremente, creemos que se habrá cumplido el propósito que inspiró al Consejo de Administración a confiarnos la tarea que ahora hemos concluido.

Ginebra, 31 de julio de 1969

Paul RUEGGER, Presidente

J. A. BARBOZA-CARNEIRO P. P. SPINELLI

P. S. En el momento de firmar el presente informe, los miembros del Grupo de Estudio sienten la necesidad de expresar al Sr. David A. Morse, director general de la OIT, y a sus colaboradores en todos los niveles, su vivo agradecimiento por el apoyo que se les ha prestado en todas Jas fases de su labor.

Merece su especial gratitud el señor C. Wilfred Jenks, director general adjunto principal, miembro del Instituto de Derecho Internacional, quien ha prestado una sólida ayuda, tal como se indica al comienzo del informe, al Grupo de Estudio durante todas las fases de a realización de su delicado mandato.

El Grupo debe también su profundo reconocimiento al señor Nicolás Valticos, jefe del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, quien ha participado .activa y eficazmente en la preparación de las reuniones y de todos los trabajos del Grupo.

También desea manifestar su vivo aprecio por la infatigable labor y la elevada conciencia de los colaboradores del Grupo de Estudio, señores Geraldo von Potobsky, Manuel Araoz y Luis Segovia, quienes han constituido la Secretaría del Grupo, tanto durante las reuniones en Ginebra como durante la visita a España. Desean expresar igual gratitud a ]a señora Joan Lussier, intérprete de reconocida competencia, y al señor Vicente

encargado de la secretaría administrativa.

 

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