Autor: Molina Pascual, Enrique. 
   Asociación sindical y Administración de justicia     
 
 Diario 16.    11/01/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Miércoles 11-enero 78/DIARIO16

Asociación sindical y Administración de Justicia

Enrique Molina Pascual (Juez de Primera Instancia e Instrucción)

La ley 19/1977, de 1 de abril, en su preámbulo, conciso pero preciso, se refiere a la ley Sindical de 17 de febrero de 1971, manifestando que no parece la única interpretación válida que permite la declaración XIII del Fuero del Trabajo, "que posibilita otras más congruentes con las exigencias actuales y la deseable expansión de las asociaciones profesionales de base voluntaria".

Por ello, añade luego que estima llegado el momento de proceder a su reforma con toda la extensión y flexibilidad que permite el marco institucional. Fijado su propósito claramente, después, "en el ejercicio de las libertades propias de una sociedad democrática y teniendo en cuenta los convenios internacionales, especialmente los convenios números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo", desarrolló ésta a través de seis artículos, una disposición adicional " con dos apartados, una disposición final que contiene otros dos y una disposición transitoria.

En el apartado segundo de la disposición adicional se preceptúa que el ejerció del derecho de asociación sindical por los funcionarios públicos y por el personal civil al servicio de la administración militar se regulará por disposiciones específicas.

Legislación

El convenio número 87 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de 9 de julio de 1948 fue aprobado y ratificado mediante instrumento suscrito por el Jefe del Estado el día 13 de abril de 1977 y publicado en el "Boletín Oficial" de 11 de mayo del mismo año, donde el suscrito Jefe del Estado agrega que promete cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes. En su artículo 2.° se dice que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción ,y sin autorización previa, tienen derecho a. constituir las organizaciones que estimen por conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. En el artículo 3." se dispone también que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

El pacto internacional de derechos civiles y políticos de 19 de diciembre de 1966, también invocado en la ley citada 19/1977, aprobado y ratificado por el Jefe del Estado el día 13 de abril de 1977 ("Boletín Oficial del Estado" del 30 de abril), con promesa análoga a la antes dicha, en su artículo 22, trascendente por demás, dispone que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

Añade que el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones legales necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o moral público o los derechos y libertades de los demás. Y finaliza disponiendo también que ningún Estado parte en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo podrá aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar estas garantías.

Sobre las bases establecidas en la citada ley 19/1977, el real decreto 873/1977, de 22 del mes de abril, normaliza la reglamentación, inscripción o legalización de las aludidas asociaciones sindicales. Su disposición adicional añade que, conforme a lo establecido en la disposición adicional de la ley 19/1977, el ejercicio del derecho de asociación sindical por los funcionarios públicos y por el personal civil al servicio de la administración militar se regulará por disposiciones específicas.

El espíritu de la ley

No queremos subrayar más y nos molesta insistir y recalcar, pero nos vemos precisados a puntualizar que ni en la ley 19/1977 ni en el real decreto antes mencionado se excluye del ejercicio de asociación sindical a. los funcionarios públicos, sino que, por el contrario, se reconoce su derecho, como no podía ser menos, reconociéndose también explícitamente que el ejercicio del mismo se regulará por disposiciones específicas.

Queda claro, a nuestro entender, que, a la luz de los citados ley y real decreto, queda reconocido el derecho de los funcionarios públicos de todas clases a asociarse sindicalmente y pendiente la regulación del ejercicio de tal derecho, ya reconocido. Es sólo la regulación 10 que queda en estado de pendencia, que ha durado bien poco felizmente.

En el real decreto 1522/1977, de 17 de junio, de la Presidencia del Gobierno, en su preámbulo, interesante a efectos interpretativos, se dice que es su propósito, una vez reconocido el derecho de asociación sindical en la ley 19/1977, abordar, en un primer paso, la regulación de aquellos aspectos relativos al ejercicio del derecho de asociación sindical por los funcionarios públicos que supongan especialidades en relación con el régimen general establecido por aquellas disposiciones.

El propósito del legislador es claro. En este real decreto, al amparo de la referida ley de Asociación Sindical de 1 de abril del año actual, se pretende regular el derecho de asociación de los funcionarios públicos. No se establece distinción alguna en cuanto a ellos. Se habla pura y simplemente de funcionarios públicos.

Después, en su articulado, como no podía ser menos, se establece que los funcionarios públicos y el personal contratado en régimen administrativo al servicio de la Administración Civil del Estado, Administración Local, organismos autónomos dependientes de una u otra y entidades gestoras de la Seguridad Social podrán constituir, sin autorización previa, las asociaciones u organizaciones que estimen convenientes para la defensa de sus intereses, así como afiliarse a las mismas con la sola condición de observar sus estatutos.

Algo más que intereses

En el artículo 3.° se excluye a quienes a pesar de su condición de funcionarios públicos se elimina de la regulación de dicho real decreto. En estas exclusiones no quedan comprendidos los funcionarios de la Administración de Justicia, a quienes no se les puede negar la condición de funcionarios públicos.

No existe, a mi juicio, posibilidad alguna de entender y sostener que no son funcionarios públicos. Ninguna interpretación gramatical, teleológica o sociológica" permite éxcluirlos, por tanto, de la legislación que hemos examinado y negarles el ejercicio de un derecho que se reconoce, no se crea, a la luz del pacto internacional de derechos civiles y políticos de 19 de diciembre de 1966 respecto de toda persona.

Porque no sólo no se excluye explícitamente a dichos funcionarios del ejercicio del derecho de asociación sindical, sino que durante la gestación de la ley ocurrió algo que muestra claramente cuál era su finalidad y la voluntad del legislador. El procurador don Baldomcro Palomares Díaz pretendió se aprobara una enmienda concebida en términos de dejar excluidos a los magistrados, jueces y miembros del ministerio fiscal del ejercicio del derecho de asociación sindical, regulándose éste respecto de ellos con normas específicas ("Boletín Oficial de las Cortes Españolas" de 26 de enero de 1977). Aquellas Cortes, no democráticas, no discutieron ni, por consiguiente, aprobaron dicha enmienda. Insisto: ¿Carece este hecho de significación a efectos interpretativos?

Y quiero terminar con dos aseveraciones. El sindicato carece de todo espíritu clasista. En él se integran jueces, fiscales, secretarios y médicos forenses, y se invita a su ingreso a los demás miembros de la Administración de Justicia vinculados al territorio de Cataluña. Es un sindicato unitario que no persigue como única finalidad defender les intereses de sus miembros.

Al contrario. En el articulado de sus estatutos, después de declararse democrático, manifiesta que, se propone defender los principios contenidos en la Constitución y los derechos humanos, la independencia del poder judicial y de sus miembros, los intereses de todos los sindicatos y actuar y promover, en interés y beneficio de los justiciables, el mejoramiento de las leyes en general y de las procesales en particular.

 

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