Autor: lercano. 
   La reforma no supone la disolución de la Organización Sindical     
 
 Ya.    26/10/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

LA REFORMA NO SUPONE sU DISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

El nuevo organismo en que se integrarán funcionarios, patrimonio y servicios sindicales está necesariamente conectado con la reforma del sindicalismo Su primer paso lo constituye la libertad de asociación A la autodeterminación de trabajadores y empresarios corresponde configurar su organización sindical futura Reconocimiento formal de la condición pública de los funcionarios sindicales Los recursos procedentes del sector empresarial o laboral no deben subvencionar las actividades de los organismos profesionales del otro sector

DECLARACIONES A "YA" DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL, DON MELITINO GARCÍA CARRERO

Es inminente la publicación en e1 "Boletín Oficial del Estado" del real decreto-ley por el que se crea una Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales. Esta norma ofrece en su texto toda una serle de Interrogantes de interés singular. Y es el propio secretario general de la Organización Sindical, don Melitino García Carrero, quien va a decirnos el verdadero significado y el alcance de la reforma.

El señor García Carrero es una de las personalidades más definidas del moderno sindicalismo español. Su amplia formación-jurídica no es, con todo, la nota más destacada de su personalidad. Su figura tiene una proyección eminentemente política y es quizás en tal campo en el que hemos de buscar su exacta dimensión.

—Señor García Carrero: ¿La promulgación del real decreto-ley por el que se crea un organismo autónomo en el que ge integran los funcionarios, el patrimonio y los servicios sindicales supone la disolución de la Organización Sindical?

—La Organización Sindical es una institución pública que tiene su reconocimiento en una ley de rango fundamental, el Fuero del Trabajo, y obviamente BU disolución sólo podría llevarse a cabo por al procedimiento previsto para la modificación d« tea Leyes Fundaméntate»; «a decir, aprobación por las Cortes mediante el voto favorable de los dos tercios de sus miembros y la ulterior ratificación en referéndum nacional. Ahora bien, la Organización Sindical es, asimismo, un conjunto de servicios que papa su realización y desarrollo dispone de loa necesarios elementos personales y patrimoniales.

Este aspecto, que viene regulado exclusivamente por ley ordinaria o disposiciones de inferior rango, es lo que efectivamente queda modificado por el decreto-ley.

—Esta medida legislativa resulta un tanto sorprendente no sólo por la peculiar denominación del organismo que se crea, sino, sobre todo, por la imprecisión de sus competencia». ¿Querrá usted, señor García Carrero, aclarar para nuestros lectores los términos y el alcance de la reforma?

—El real decreto-Ley expresa con alguna concisión, pero con toda claridad, las competencias de este organismo, las cuales consisten, básicamente, en atender los actuales servicios y actividades de las entidades y organismos de la Organización Sindical. Para ello dispondrá de los mismos elementos personales y materiales (funcionarios y patrimonio) de la Organización Sindical. Debo aclarar, sin embargo, que no se trata de una operación de "cosmética" o "camuflaje" para perpetuar una determinada organización y unas competencias a través del cambio de personalidad.

La creación del organismo está necesariamente conectada con la reforma del sindicalismo, cuyo primer paso lo constituye la regulación de la libertad de asociación sindical contenida en el proyecto de ley aprobado en reciente Consejo de Ministros. La dinámica de ese proceso de reforma dará la pauta y el ritmo de la configuración de los citados servicios que ahora se adscriben al organismo autónomo y, que, en el futuro, podrán integrarse en la Administración del Estado, variar de estructura orgánica y dependencia o adquirir definitiva consistencia.

DEPENDENCIA ORGÁNICA —Pero, señor secretario general, ¿no resulta extraño y acaso incongruente que un organismo autónomo como el que ahora se crea, adscrito a la Presidencia del Gobierno, sea en definitiva regido por el ministro de Relaciones Sindicales, que presidirá su Consejo de Administración y sustituirá al ministro de la Presidencia del Gobierno en las facultades que a éste reglamentariamente le corresponderían

—Puede existir, efectivamente, la incongruencia que usted apunta valorado desde una perspectiva jurídica puramente conceptual. Pero hay que puntualizar, en cuanto a ese extremo, que en las- soluciones del deereto-ley han predominado los motivos prácticos, de orden instrumenta] y funcional, antes que los estrictamente institucionales u orgánicos. La adscripción a la Presidencia del Gobierno responde al imperativo legal de que las entidades estatales autónomas deben vincularse a un departamento ministerial.

Pero, al mismo tiempo, las facultades que se reconocen al ministro de Relaciones Sindicales responden a la necesidad de obviar una dependencia que resultaría chocante en el orden orgánico, además de romper la coherencia actual entre el ministro de Relaciones Sindicales y el Comité Ejecutivo Sindica!, la cual no se altera por efecto del decreto-ley.

Era ya un patrimonio (te dominio público—generado fundamentalmente con recursos proporcionados por la ley a través de una exacción de naturaleza parafiscal, y afecto a los fines propios de una institución pública—, la Organización Sindical: afectación que se mantiene también, plenamente, en el decreto-ley.

La definitiva regulación de la exacción parafiscal, que hasta ahora ha recibido el nombre de cuota sindical obligatoria, y la concreta adscripción o utilización de los elementos singulares que componen dicho patrimonio, tienen algo que ver con la dinámica del futuro sindicalismo a que antes me he referido y ya llegará el momento de hacer las convenientes precisiones. En la actual etapa, este patrimonio es un todo indivisible, afecto a los fines socio profesionales que el decreto-ley especifica y sin que ello limite ni altere la funcionalidad económico-administrativa actual de las organizaciones profesionales existentes.

En todo caso—eso si—habrá que garantizar de alguna forma que los recursos generados por el sector empresarial o laboral no sirvan para subvencionar las actividades délos organismos profesionales del otro sector. FUNCIONARIOS

—El aspecto, digamos, humanista de la reforma es, seguramente, el relativa a los funcionarlos sindicales. ¿En la nueva Administración Institucional en que se integran hallarán los actuales funcionarios sindicales los horizontes y perspectivas necesarios para e1 aseguramiento de su futuro profesional?

—El decreto-ley concede pleno reconocimiento formal a lo que ya era con anterioridad una realidad evidente e indiscutible, cual es la condición pública de la actividad de los funcionarios de la actual Organización Sindical. .Ello justifica dicho reconocimiento, que se efectúa concediéndoles el estatuto de funcionarios públicos integrados en el organismo autónomo que se crea. Ahora bien, su estatuto de funcionarios públicos no queda limitado o condicionado por la evolución o continuidad del citado organismo.

El decreto-ley contiene las necesarias previsiones y garantías a este respecto para la hipótesis de absorción de determinados servicios por 1* Administración del Estado o la transformación o desaparición del organismo. En el tema concreto de los funcionarios sindicales no caben soluciones de excepción, ni para orear situaciones privilegiadas o de favor ni para suscitar la incertidumbre y el desasosiego propios de las opciones provisionales: estrictamente soluciones justas para situaciones humanas que demandan proceder con justicia.

SINDICALISMO EN LIBERTAD

—Señor secretario general: ¿Algo más sobre las perspectivas sindicales de esta hora?

—Decirle que estamos inmersos en el proceso inicial dé la reforma sindical, que es, ante todo, etapa de tránsito y de transformación. A partir de las actuales estructuras de base institucional, creadas por la ley, hay que llegar a un sindicalismo cimentado en la libertad de asociación y en el ejercicio de las demás libertades sindicales y construido con la autodeterminación de los trabajadores y de los empresarios, a quienes corresponde configurar su organización sindical futura. Si en alguna medida, a las órdenes del ministro y con el acicate y la colaboración del Comité Ejecutivo Sindical puedo ayudar a que esto se realice sin dilaciones indeseables ni traumas excesivos o peligrosos, me sentiré satisfecho de poder marcharme con la conciencia de la misión dignamente cumplida. Y más aún, si ese sindicalismo en libertad acertase a mantener y potenciar la unidad que tanto necesita para realizar sus objetivos.

PATRIMONIO INDIVISIBLE

Quiero plantear ahora, señor García Carrero, un tema aparentemente conflictivo del decreto-ley cual es el de la atribución de la cuota y patrimonio sindical al organismo autónomo que ahora se crea.

Si el personal, los recursos y la cuota, sindical se adscriben a este organismo, ¿no será acaso en mengua de los derechos sindicales? ¿Se garantizará que estos recursos y estos medios instrumentales se destinen a cubrir los actuales servicios y actividades de las entidades y organismos sindicales? —Ante todo hay que precisar que una gran parte de] actual patrimonio sindical le fue atribuido a la Organización Sindical en términos semejantes a como ahora se ha procedido disponiendo su integración en el nuevo organismo autónomo.

Conviene recordar que la ley Sindical de 1971 dispuso que el patrimonio de la antigua Delegación Nacional de Sindicatos y todos sus bienes y derechos pasaran a integrarse en la Organización Sindical. También el patrimonio original de la Delegación Nacional de Sindicatos se había formado por un acto de afectación semejante. El patrimonio sindical

 

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