Autor: Borrajo da Cruz, Efren. 
   Acción Sindical en la empresa/1     
 
 El País.    25/04/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

TRIBUNA LÍBRE

Acción sindical en la empresa II

EFREN BORRAJO DACRUZ

Catedrático de Política Social y Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense

El proyecto de ley sobre acción sindical en la empresa ha desatado en España una polémica, o mejor dicho, una campaña que repite, en todos sus términos, disputas similares que se han producido, sin excepción, en los distintos países europeos cuando se ha acometido empeños análogos. Baste recordar que en Alemania, al hilo de la discusión sobre los programas de cogestión que habrían de desembocar en la legislación de 1951-52, una facción liberal y cristianodemócrata, a la que dio voz nada menos que el futuro canciller Erhard, sostuvo que la cogestión era una «... obra diabólica que ataca las normas morales y jurídicas del mundo civilizado», mientras que otra facción, también con marcado dominio socialcristiano, se colocaba en las antípodas y declaraba que la cogestión era un «derecho natural conforme al orden social querido por Dios» (Conclusión del Congreso de Bochum. de 4 de septiembre de 1949).

Planteamientos semejantes se han registrado en Francia, en los años de alumbramiento de sus instituciones de participación del personal en la empresa, en 1936. en 1945 y en 1968; y los mismos en Italia y en los países de economía de mercado, aunque éste se defina a sí mismo como «social». España ha reproducido la polémica y sus términos extremos repetidas veces, pero de un modo especial a, la altura de 1961-62. candóle presentó en las Cortes el proyecto de ley conocido vulgarmente como de cogestión.

Dicho sea de paso, hay una curiosa historia sobre la nula capacidad de supervivencia de los ministros españoles de Trabajo que se han enfrentado con el tema: Sanz Orno cesó antes de la aprobación de su proyecto citado de 1962; Romeo Corría también cesó poco después de haber diseñado (se quedó a nivel de anteproyecto) la participación del personal en los beneficios de la empresa, aunque fuese a través de la forma moderada de un fondo social empresarial; De la "Fuente dimitió cuando se recortaba en la proyectada ley Básica del Trabajo el capítulo correspondiente a la materia, y el mismo Jiménez de Parga ha mantenido la tradición, y ha visto cerrado su mandato antes de la discusión del proyecto.

La analogía con Europa

Ahora bien, en el actual momento español la discusión presenta una dimensión singular: más que confrontar criterios a favor o en contra de las distintas soluciones que el proyecto ofrece a cada uno de los puntos en litigio, se invoca el ejemplo extranjero y se confrontan el texto del Gobierno y el de la ponencia con las disposiciones legales paralelas europeas. La cuestión central parece ser la siguiente: si el informe de la ponencia, en especial en la configuración de las atribuciones de los órganos representativos del personal (el ya famoso articulo 19, que alcanza los niveles míticos del artículo 35 de la ley de Relaciones Laborales), ha rebasado los grados de intervención establecidos en la Europa occidental, la fórmula es mala; mejor dicho, es catastrófica (tesis patronal en buena medida anclada en el derecho absoluto empresarial de gestión); si el grado y los ámbitos de aplicación de la participación del personal se han quedado a dichos niveles la fórmula es presentable (tesis sindical, con la vista proyectada, en buena medida, hacia la autogestión).

Alcance moderado

En la simplificación de la polémica ha influido decisivamente la aparición súbita, casi por sorpresa, de! problema. No hubo información terminante y puntual de los trabajos de la ponencia, al menos a nivel popular. El proyecto del Gobierno era, en verdad, de corte moderado. Constituía, pura y simplemente, una remodelación de la estructura orgánica del régimen de enlaces sindicales y de jurados de empresa, es decir, de unas instituciones que venían funcionando, con grandes desigualdad según las regiones y las emprésas desde 1943 y 1953 y. sobre todo, desde la implantación de los convenios colectivos en 1958. La gran innovación estaba en la vinculación entre dichos órganos de representación del personal en la empresa y el nuevo sindicalismo español. Las organizaciones profesionales reconocidas al amparo de la legalidad establecida en 1976-1977. o constituidas dentro de ella, posibilitaban la revitalización y la potenciación de las viejas instituciones. De ahí que se cambiase la estructura orgánica, pero no el cuadro de funciones, que seguía siendo, más o menos, el mismo. El decreto provisional de 6 de diciembre de 1977 fue taxativo al respecto: «... Un mismas funciones y garantías de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa... (serán) las reconocidas en los enlaces Y ¡lirados» (disposición transitoria, uno). El artículo 7 del mismo decreto no añadía nada nuevo al existir ya, en e! régimen anterior, el convenio colectivo de empresa y de centro de trabajo.

El proyecto de ley del Gobierno se atenía a este prudente planteamiento. Es más. para orillar al máximo ios riesgos de improvisación y de salto en el vacio, si no se hubiera precipitado en la clásica operación de ofrecer como obra ya acabada lo que se solicita desde la oposición, para poder asi congelar o rechazar las pretensiones de ésta, hubiera podido contar con la experiencia obtenida en la aplicación del ya citado decreto de 6 de diciembre, al elaborar y presentar una futura ley en la materia, después de

aprobada la Constitución. En cualquier caso, el proyecto de ley simplemente refundía, en un solo texto normativo, las normas nuevas del decreto sobre estructura orgánica (composición y denominación, base electoral, intervención sindical en las propuestas, garantías electorales, etcétera) con las viejas normas sobre funciones, atribuciones, protección especial, etcétera. Quienes se sorprendieron, por ejemplo, con el reconocimiento al personal del derecho a una información igual, al menos, a la debida a los accionistas, o con el disfrute de un crédito de cuarenta horas mensuales para atenciones representativas, o con una garantía especial contra el despido de los representantes, olvidaban preceptos iguales, cuando no más firmes, de la legislación correspondiente a enlaces, vocales jurados y consejeros laborales. Es más. si se sumasen entre si las normas dispersas en las disposiciones legales de cada institución

juridico laboral, en particular el estatuto funcional resultante,era (y es) más amplio que el enumerado en el proyecto del Gobierno. Baste recordar el casi logrado empeño de que el reglamento de régimen interior fuese, en las materias social y profesional, una norma pactada entre la dirección de la empresa y el jurado, y no sólo una norma establecida unilateralmente por la primera.

Los objetivos reales de las elecciones sindicales

El proyecto de ley. sin embargo, fue tachado de inoportuno. Suscitó una reacción adversa en los medios sindicales, comprometidos entonces en la preparación a fondo de las elecciones de representantes en la empresa, que era su cuestión vital, más que por sus resultados directos, por su valor indicativo del volumen de afiliación y, sobre todo, de audiencia (o capacidad de arrastre) de cada central sindical en los medios laborales. La posición minoritaria parecía favorable a la aplicación, sin plazo final inmediato (el criticado plazo de tres meses para repetirlas elecciones), del decreto de diciembre. Este, al presentarse como provisional, pudo seria norma-puente entre la renovación sindical en la empresa v el nuevo orden constitucional. Estuvo en condiciones de posibilitar una experiencia de acción sindical democrática de valor incalculable: en cualquier caso, facilitaría los indicadores buscados

por las grandes centrales sobre la implantación de cada una de ellas entre los trabajadores según sus grupos (técnico, administrativo, obreros), así como por regiones y ramas económicas, etcétera. Pudo ser. en fin. la piedra de toque de la capacidad de acomodación del país real a las nuevas formas de la vida social queridas para España. Y lo está siendo, en buena medida.

La publicación de los acuerdos de la ponencia provocó una sorpresa de tamaño más que natural. Repitió, cuando menos, el asombro y el apasionado interés a que dio lugar la primera filtración del borrador constitucional. Es más. en este momento parece que el tema empresarial y sindical ha pasado por delante del constituyente, postergamiento que resulta comprensible si se considera que dicha ley prejuzga uno de los tres o cuatro puntos verdaderamente sin consenso del proyecto de Constitución, a saber: el del sistema de relaciones industriales, que es, a su vez, un centro neurálgico del orden económico-social.

Las bases sociales del derecho europeo

Volveremos inmediatamente sobre la cuestión de si el proyecto de ley, acordado por la ponencia, puede encontrar base en el proyecto de Constitución. Conviene ahora recoger el punto de partida de esta disgresión y reconsiderar si el informe cuenta o no con el respaldo de instituciones iguales o más avanzadas en los países europeos. Al respecto, hay que indicar inmediatamente que el método comparatista no es, por sí solo, un aval absoluto en el orden político. La concordancia jurídica internacional puede informar de, las orientaciones y tendencias dominantes, pero el trasplante a un país de lo que es bueno u operativo en otro país no constituye, por si mismo, garantía especial de acierto para el primero.

En un seminario de estudios celebrado en Madrid hará pronto dos años, al que asistían empresarios, representantes sindicales y técnicos españoles y extranjeros, con el relato de una anécdota se do una profunda lección de realismo político al subrayarse la necesidad de la adecuación profunda entre la norma y la realidad económica y social que pretenda regular. La anécdota fue la siguiente: en Suiza, en una reunión de directivos de empresa europeos, rusos y americanos, se discutían con calor las excelencias y los defectos de los sistemas occidentales y los soviéticos de planificación industrial, cuando un alemán formuló la relatividad de tal disyuntiva al poner de manifiesto que en 1945 Alemania

estaba totalmente en ruinas, y ahora, la Alemania Federal se había convertido en la tercera. potencia mundial en el orden industrial: y. a la vez. la Alemania del Este, pese a tener muchos menos habitantes, a la fuga de cerebros por motivos políticos y sociales, a que partió de una situación aún más miserable, a que no contó con el Plan Marshall. etcétera, se había elevado al puesto siete entre dichas potencias mundiales, con lo que hábia batido todas las marcas de desarrollo, incluso la de sus hermanos del Oeste.

La Alemania Occidental ha adoptado el sistema capitalista, resumía el orador; la Alemania del Este se ha sometido al sistema socialista, y ambas han triunfado en la batalla económica; en resumen, no importa tanto el régimen como el hecho de que en una y otra parte, quienes organizan y trabajan son alemanes.

La anécdota ilustra ampliamente la tesis de que las instituciones político-jurídicas están enraizadas en la estructura real de un país. La norma es un simple dato nominal si no se presenta conjuntamente con los entramados históricos, económicos, sociales, psicológicos, etcétera, que han estado en su proceso genético y que siguen condicionando su aplicación e interpretación posterior.

El derecho comparado no es argumento______

En la política práctica, el derecho comparado no es argumento concluyen te. Bastaría pensar que si España no puede entrar en la Comunidad Económica Europea por falta de homogeneidad, en sus estructuras económicas y sociales con las estructuras comunitarias paralelas mal padre aplicar también sin grandes matices, reservas y cambios, las normas caracteristicas del orden laboral de dichos países. La falta de congruencia entre el juicio de valor desfavorable para nuestra capacidad de integración y la pretensión normativa uniformadora es manifiesta.

Ahora bien, tampoco podrá argumentarse en sentido contrario y rechazar una medida político-jurídica alegando, sin más, que no tiene equivalencias internacionales. La singularidad u originalidad de la ley no niega, por si misma, su bondad operativa. El régimen de la organización laboral y sindical en la empresa en España parece que tendrá que ser el que mejor convenga a la naturaleza de la empresa española, así como al orden económico-social que se postule para el país. Y aquí ya empiezan los problemas típicos de España (o de Grecia, o de Portugal, o de otros países aún no comunitarios), pues ni hay una empresa española, ni hay un orden económico y social unitarios.

Mañana:

Los puntos críticos de la participación.

 

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