Autor: ;Fernández Briceño, Jesús Martín. 
 El proyecto de acción sindical. 
 Encuesta     
 
 Informaciones.    18/04/1978.  Página: 8-9. Páginas: 2. Párrafos: 41. 

EL PROYECTO DE ENCUESTA

Con el fin de completar este "dossier" sobre la ley de Regulación de los Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa, más conocida como ley de Acción Sindical, INFORMACIONES ha recabado la opinión de varios expertos sobre el tema. Han contestado a nuestra encuesta de urgencia hombres de partido y economistas independientes, que aportan nuevos datos sobre el enconado debate que mantienen empresarios y centrales sindicales a raíz de hacerse público el anteproyecto elaborado por la ponencia de Trabajo que ha debatido el texto remitido por el Gobierno.

Se han formulado dos preguntas a los encuestados.

PREGUNTAS

1 ¿Cuál es su opinión sobre el anteproyecto de ley de Acción Sindical en la Empresa?

O ¿Cree que es oportuno el momento en que se ha suscitado esta polémica, o hubiera sido preferible esperar a la promulgación de la Constitución, y posteriormente a la vista de la normativa constitucional haber abordado una ley de este tipo?

Participan en esta encuesta don Miguel Boyer (economista del P.SO.E.), don José Luis Moreno (diputado de U.C.D y miembro de La ponencia sobre la ley de Acción Sindical), don Félix Pastor (presidente del Partido unificado de Alianza Popular), don Victorio Valle Sánchez (catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal) y don Luis María Cazorla Prieto (letrado de las Cortes y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Complutense).

Encuesta realizada por: Antonio CHECA, José María GARCÍA BARO y Jesús FERNANDEZ BRICENO.

VICTORIO VALLE SÁNCHEZ

(Catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal, y director de Estudios y Programación de la

Confederación de Cajas de Ahorro)

Hay que buscar un punto medio de acuerdo entre empresarios y trabajadores

Mi respuesta tiene que tomar como punto de partida la inexcusable necesidad de ordenar formalmente la presencia sindical en la empresa, una vez desaparecidos los órganos que trataban de cumplir esta función en el anterior régimen. Esta ordenación debe tener presente las diversas experiencias de que se dispone en este ámbito en los países occidentales de economía de mercado, modelo al que, según parece, se intenta acomodar nuestras estructuras económicas y sociales.

El Gobierno elaboró un proyecto que en su día fue remitido al Congreso para su estudio y debate. En ese proyecto, y concretamente en su artículo 9.° __convertido hoy en el centro de una agria polémica— se fijaban las competencias y tareas que corresponderían a los comités de empresa. Las funciones encomendadas abarcaban un amplio espectro y, sin duda, suponían un considerable avance en materia de participación sindical en la empresa, respecto a la situación anterior.

El informe elaborado por la ponencia va mucho más allá en este punto, suscitando lógicos temores entre los empresarios de que por esa vía se instaure una especie de autogestión, que atentaría contra la libre empresa y los principios de la economía de mercado.

Hay que buscar, a mi juicio, un punto medio entre posturas que hoy parecen irreconciliables, de modo que se asegure un mayor grado de participación de los trabajadores, a través de sus representantes democráticamente elegidos, en la marcha de la empresa, sin minimizar o anular la figura del empresario.

2 El hecho mismo de que se haya planteado un tan claro antagonismo entre los sectores afectados por el proyecto en la actual coyuntura, revela una gran inoportunidad. Al margen de la crisis económica, hay que pensar que todavía no se ha completado el proceso de elecciones sindicales. Más aún, están pendientes todavía de celebrarse en algunas de las mayores empresas del pais. Por otra parte, tampoco existe una ley sindical que sustituya a la anterior normativa, con lo cual vivimos en este aspecto un vacío legal que es discutible pueda llenarse con un proyecto de Acción Sindical en la Empresa, que resultaría, cuando menos, precipitado y posiblemente falto de realismo. Finalmente, está la Constitución Su articulado, aún no debatido en el Pleno del Congreso, podría verse condicionado en alguna medida por una disposición tan trascendente como la que regulase esa Acción Sindical y más aún en los términos en que se plantea hoy la cuestión.

LUIS MARÍA CAZORLA

(Profesor de Derecho Financiero de la Universidad Complutense y letrado de las Cortes)

Es sensato y viable, pero en la actual coyuntura es inoportuno

Creo que en su pregunta hay que distinguir dos cuestiones diferentes.

La primera se centraría en el análisis del proyecto de ley que remitió el Gobierno al Congreso de los Diputados. Este proyecto entiendo que es acorde con un sistema libre de economía de mercado, y no plantea grandes problemas.

La segunda, la más polémica, es la del informe de la ponencia, que ha modificado sustancialmente el texto inicial. Aquí se han suscitado los mayores debates. Las modificaciones, hay que decirlo, son sustanciales y es normal que hayan levantado ampollas. Resumiendo, estimo que las medidas propiciadas por el informe no son radicalmente incompatibles, como se ha dicho, con un sistema de libre iniciativa; lo limitan, pero no creo que lo excluyan de por sí, aunque en este tema, como en otros muchos, habría que esperar a la traducción práctica de las proposiciones del informe de la ponencia, si es que llega a ser norma. A la luz de esto, algunas de las reacciones suscitadas han sido en cierta medida exageradas.

Ahora bien, dada la trascendencia de las medidas que se proponen y el delicado momento político económico que vivimos, quizá no haya sido este el momento propicio para ni siquiera intentar su implantación normativa. Y voy a explicar por qué.

Se está buscando por todas las fuerzas políticas un consenso que sirva de vía hacia una Constitución aceptada, por todas las fuerzas políticas importantes, que es lo ideal. Debatir en este momento temas tan espinosos como los que plantea el informe puede perjudicar enormemente el consenso constitucional que tanto se busca. Este consenso requiere una armonía política mínima, que puede resultar muy herida por la discusión casi simultánea del informe del proyecto de ley.

Desearía, por fin, indicar que, visto el tema desde la perspectiva de su trayectoria parlamentaria y habida cuenta que la ponencia que informó el proyecto no reflejaba la estructura real de las fuerzas políticas de la Cámara, es más que probable que se vuelva a posiciones cercanas a las iniciales del proyecto gubernamental, lo cual tranquilizaría a muchos sectores.

2 Si lo que se va a debatir, como así se hará, son las innovaciones de la ponencia, estimo que, dada su directa vinculación al marco económico constitucional, sería conveniente esperar a lo que diga al respecto la Constitución, pues quizá nos podríamos encontrar pronto con una ley anticonstitucional.

JOSÉ LUIS MORENO

(Diputado por Albacete y ponente de U.C.D. en la ponencia de la Comisión de Trabajo sobre la ley

reguladora de la participación de los trabajadores en la empresa)

Esta ley es necesaria, pero U.C.D. prefiere el anteproyecto del Gobierno al informe de la ponencia

En primer lugar, cabe señalar que el informe que se ha publicado y sobre el que se mantiene el debate, no es definitivo. Es un paso más de este proyecto de ley.

Todavía debe ser debatido por la Comisión de Trabajo del Congreso, y luego pasar al Pleno, y posteriormente ser debatido en el Senado.

No creo que este proyecto de ley haya sido un gol para la U.C.D., al haber sido modificado sustancialmente el texto que envió el Gobierno. Lo que ocurre es que de los trece miembros que componían la ponencia, sólo cuatro eran de la U.C.D., por lo que en algunos casos se han impuesto criterios contrarios a los nuestros. Por otra parte, U.C.D. quiere buscar unas líneas de consenso que superen los agrios debates que están saliendo a la luz entre empresarios y centrales sindicales.

Sobre el punto más discutido, el que corresponde al artículo nueve y que trata sobre las atribuciones de los comités «le empresa, hay que hacer notar que a raíz de las elecciones sindicales ya funcionan en muchas empresas, pero de una forma un tanto interina, y se pretende institucionalizarlos con funciones concretas, pero sin admitir presiones ni de los empresarios ni de los trabajadores.

SINDICAL

También quiero dejar constancia, que aunque este proyecto de ley es conocido como de Acción Sindical, su titulo no es éste, sino el de ley de Regulación de los Órganos de Representación de los Trabajadores afiliados a alguna central sindical, mientras que lo que se pretende es que la representación sea para todos, afiliados y no afiliados.

Sobre la oposición de muchos empresarios a estos comités, hay que apuntar que en su redacción final lo más probable es que sólo puedan constituirse en aquellas empresas en las que oscile su plantilla entre los 500 y 1.000 trabajadores, que son minoría entre el censo empresarial.

Unión de Centro Democrático, como fuerza de centro en el panorama político español, pretende desdramatizar la polémica surgida entre empresarios y trabajadores. Entendemos que el sistema antiguo de representación sindical por medio de enlaces y jurados se ha quedado obsoleto, y es necesario buscar nuevos cauces representativos que dinamicen la función de los trabajadores en el proceso productivo.

Además, frente a quienes han atacado furibundamente a U.C.D. por este proyecto de ley, hay que recordarles que este partido tiene un voto particular al informe de la ponencia, porque prefiere el texto primitivo que fue presentado por el Gobierno.

2 El valor fundamental de una Constitución es su capacidad de permanencia. La Constitución debe estar por encima de las leyes ordinarias. Sí esta ley de Acción Sindical no da los resultados apetecidos, puede modificarse, mientras que si la .Constitución es demasiado rígida sobre estos temas, corre el peligro de desvirtuarse. Además, estos debates están dando luz sobre la materia de relaciones laborales que recoja posteriormente la Constitución. No creo que haya sido inoportuno el planteamiento de esta ley antes que la Constitución, aunque muy posiblemente los debates de ambas puedan solaparse, no en los Plenos del Congreso, pero sí en las Comisiones o en el Senado.

MIGUEL BOYER

(Del grupo de economistas asesores de la ejecutiva del P.S.O.E.)

La ley es sensata y constructiva

La ley sobre Órganos Representativos de los Trabajadores en la Empresa es una ley muy sen-sata y constructiva y estoy francamente-sorprendido por las reacciones en ciertos ámbitos empresariales. No esperaba de personas con la inteligencia de don Carlos Ferrer, que se dejaran ir a una demagogia reaccionaria y treirtendista, exagerando las cosas hasta hablar de «entrega del control de las empresas a los sindica tos» y de que nos jugamos «ser socialistas o demócratas y libres». Mucho menos esperaba, desde luego, que esas declaraciones alarmistas se hicieran en el extranjero, rayando en lo antipatriótico.

Comprendo que los retrógrados hayan cobrado ánimo, en los últimos meses, al ver a tanto y tan notable franquista, recuperado para la gobernación del país por la U.C.D. Pero el franquismo no va a volver. ¿No han aprendido nada esos sectores? ¿Siguen sin entender que funciona bien la economía de los países con sindicatos potentes —EE. UU., Alemania, Suecia, etc__y mal la de aquéllos en que éstos son débiles, con poco aparato y medios, y están hostigados y excluidos de las decisiones "de la empresa que afectan más a los trabajadores?

Dejemos los casos de Francia e Italia, eme supongo considera otra vez la ultraderecha española como marxistizadas, tras las luchas de 1968, que establecieron comités de empresa y secciones sindicales en las empresas de más de 50 trabajadores.

Tomemos la situación alemana.. Según la ley de 1972, habrá comités de empresa en las sociedades con más de cinco trabajadores —50 en el proyecto español— y sus gastos de funcionamiento, locales y personal de secretaría son abonados por la empresa; los miembros del comité quedan dispensados de sus obligaciones profesionales, sin disminución del salario, en la medida en que sea necesario para sus tareas, y en empresas con más de 300 obreros, algunos miembros del comité, que pueden llegar a once, son dispensados por completo de actividad laboral. Cada trimestre, el Consejo de Empresa debe convocar una asamblea general del personal, que se celebra en horas de trabajo; hay, pues, cuatro al año, que en cuanto duren más de tres horas —tope del proyecto español— superarán fácilmente las horas de reserva que se consideran en España. El comité de empresa alemán tiene derecho:

a) A ser informado previamente de toda la redacción de actividad, cierre o traslado, fusiones o concentraciones, modificaciones importantes en la actividad y las instalaciones, nuevos métodos de trabajo y nuevos procedimientos de fabricación.

b) De codecisión en materia de organización de la empresa, duración del trabajo, permisos y vacaciones, control del rendimiento, fijación de primas, servicios sociales y vivienda, salud, higiene y formación profesional.

c) De aprobación previa de la contratación individual, y despidos.

Otra cuestión que parece despertar recelos en medios empresariales españoles es el reconocimiento de las secciones sindicales de empresa. En Alemania no se plantea, como se planteó en Francia e Italia antes de 1968, este reconocimiento en la ley, por parecer de una evidencia elemental a la salida del nazismo. Pero los sindicatos, como tales, tienen derecho, según la ley de 1972, a realizar propaganda en los locales de la empresa, a penetrar en los talleres —previo informe al empresario—, a participar en las reuniones del comité de empresa y en las asambleas generales, si lo requiere un porcentaje mínimo de la plantilla. En las empresas alemanas parece valorarse la coherencia que introduce en los planteamientos obreros el movimiento sindical y no se estimula el asambleísmo anárquico, ni la dispersión amarillista.

Ignoro, aunque lo temo, si hay sectores empresariales españoles tan imbuidos del autoritarismo franquista, que antes de ceder en cosa alguna, prefieren fomentar en el país un sindicalismo violento por hostigamiento y por falta de elementos informativos y operativos. Me parece en todo caso honesto que lo digan así, abiertamente, sin la cruel farsa de disfrazar el fascismo con el uso y abuso de la palabra libertad —por la cual nunca lucharon—, y sin hacer cuentas del Gran Capitán sobre el coste para las empresas del proyecto de ley de la ponencia (que no pasaría, en el peor de los casos, de 511.000 pesetas al año por empresa).

2 Es muy urgente llegar a un marco legal sobre el cual basar las relaciones entre los representantes de los trabajadores y las empresas, que ahora, en el mejor de los casos, se basan en la tolerancia y el paternalismo, y, en el peor, en la represión. El tema lleva ya un retraso excesivo y peligroso.

La nueva Constitución, a juzgar por el proyecto de la ponencia, no va a clarificar nada el problema de las relaciones en la empresa. Al parecer, la mayoría de la ponencia no ha encontrado un acuerdo que permitiera a la ley fundamental decir algo concreto sobre la cuestión, y el texto conocido se limita, en su artículo 121, a enunciar la vaguedad de que idos poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa». Esto es realmente poco comprometido, pues bastaría adoptar cualquier modalidad de distribución de algunas acciones entre los trabajadores —como ya se hace con frecuencia—, para que pueda hablarse de participación. Las constituciones francesa e italiana reconocen explícitamente el derecho de los trabajadores «a participar por medio de sus delegados, en la fijación colectiva de las condiciones de trabajo y en la gestión de la empresa» (texto de la norma francesa), que es la verdadera cuestión.

No creo, pues, muy práctico, y que vayamos a ganar o perder mucho, esperando a que la Constitución esté terminada, para discutir una ley de participación de los representantes de los trabajadores en la empresa.

FÉLIX PASTOR RIDRUEJO

(Presidente del Partido Unido de Alianza Popular)

La ley no es buena para los trabajadores porque no es buena para el país

1E1 proyecto de ley de Acción Sindical en la empresa es un primer paso —muy modelado, esto es cierto— en orden a una organización autogestionaria de la economía y de la sociedad. Seria un error acusar a la ley de organizar ya la autogestión. De momento queda bastante lejos de eso. Pero también sería un error no examinar el proyecto en e] contexto de los programas de partido. Y examinada la ley en ese contexto, hay que tomar en cuenta las corcomitancias evidentes con el proyecto autogestionario. Y es preciso extrapolar el sentido de la ley en la dirección que señalan los programas de partido. Esta ley esta inserta claramente en esa dialéctica de fines próximos y fines remotos que forman parte de la estrategia de los partidos autogestionarios.

Debe quedar claro que estar frente a este proyecto de ley no es estar frente a la clase trabajadora. Criticar la ley no es colocarse enfrente de los intereses de los trabajadores y de las necesidades evidentes de integrar en la gestión de la empresa todos los intereses que en ella coinciden.

La ley no es buena para los trabajadores, porque no es buena para el país. Y hay que tener el valor de expresar estas opiniones de acuerdo con las convicciones de cada uno y aguantar a pie firme las probables acusaciones de estar en una línea retrógrada, aunque tengo la convicción interior de que los verdaderos progresistas nunca acusan de retrógrados a sus contrarios, sino que razonan o discuten con ellos.

Este proyecto de ley tiene como meta última un determinado modelo de sociedad. Pues bien, este modelo de sociedad puede ser el modelo de la izquierda, pero no es un modelo actual de la sociedad española ni tampoco el único modelo que se puede servir desde una perspectiva de izquierda. Los problemas políticos actuales son fundamentalmente problemas de organización. Como organizar y conciliar los intereses de todos los que participan en la sociedad. Hay muchos medios de conciliar estos intereses, y la ley de Acción Sindical en la Empresa es sólo uno de esos modelos de organización, y no precisamente el querido por todos ni el oportuno para España.

2 En la situación constituyente se ha hecho la reforma fiscal, al reforma administrativa, la Generalidad de Cataluña y muchas cosas más.

La situación constituyente en que nos encontramos no puede ser óbice para el planteamiento de ninguna ley, salvo que este planteamiento de inoportunidad se haga a toda la importante serie de leyes y medidas políticas que se han producido desde el 15 de junio. La situación preconstitucional no puede ser usada contra la necesidad de legislar como tampoco ser usada contra la necesidad de gobernar.

 

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