"La situación de emergencia nacional obliga a un pacto económico y político", según Marcelino Camacho. 
 Comisiones Obreras no admite alternativa en su negativa al pacto social     
 
 El País.    19/09/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

"La situación de emergencia nacional obliga a un pacto económico y político", según Marcelino Camacho

Comisiones Obreras no admite alternativa en su negativa al pacto social

Comisiones Obreras se opone rotundamente a un pacto social y exige como condición imprescindible para la negociación de nuevos acuerdos el cumplimiento en su totalidad de los pactos de la Moncloa. La negativa de CCOO al pacto social no admite alternativa, ni los futuros nuevos acuerdos serán posibles si no son establecidos a cuatro, es decir, con participación de empresarios, trabajadores, partidos políticos y Gobierno. La duración de los nuevos acuerdos, según esta central, deberá ser superior a la de los pactos de la Moncloa, y se considera como óptima una vigencia de los mismos durante tres años.

Estas son, en síntesis, las conclusiones de la reunión celebrada durante el pasado fin de semana en Madrid por el Consejo Confederal de CCOO, según informaron en rueda de prensa los dirigentes del sindicato.

En la misma reunión se abordó el tema de la Constitución, sobre la que CCOO acordó, como primer objetivo de actuación en el plano político y, a plazo inmediato, apoyar masivamente su aprobación, para lo que en esta misma semana se iniciará una campaña interna de sensibilización de sus afiliados, para ir, posteriormente, a una movilización de sus efectivos en apoyo del sí a la Constitución.

De esta manera, según explicó Marcelino Camacho, se cerrará una etapa que habrá supuesto «una ruptura legal» con el anterior régimen y se abrirá una fase cualitativamente nueva en la que la clase obrera se enfrentará a tres poderes: «Los uniformes y la oligarquía, como poderes de hecho, y las instituciones, como poder de derecho, en las que se incardina un Gobierno, algunos de cuyos miembros parecen interesados en no acabar nunca con la crisis global de un sistema.» En su alusión a los miembros del Gobierno, Camacho señaló la política seguida por Sanidad e Industria, como prueba de un interés enfrentado a los de la clase obrera.

No al pacto social

Después de definir la actual situación como de emergencia nacional, en la que, junto con la crisis global del sistema, Camacho denunció diversos aspectos de la misma que abarcan desde la contaminación ambiental hasta el incremento de la delincuencia (con especial mención al problema de la droga), para concluir en la necesidad de devolver la confianza al país.

«Lo que está en peligro es la democracia», señaló Camacho después de dibujar el panorama que justifica la necesidad de lograr un pacto que sustituya a los de la Moncloa, «sin los cuales habría sido imposible abordar el proceso constituyente y en los que la clase trabajadora ha sabido dar prueba de su progresismo».

«Los nuevos acuerdos —explicó Camacho— no pueden ser entre dos o, en todo caso, entre dos y cuatro, como ocurriría si nos prestáramos a negociar con los empresarios con la mediación del Gobierno, un Gobierno de derechas, en el que la patronal está muy bien representada. Estos acuerdos, si no tuvieran carácter de ley, lo que sólo se puede alcanzar mediante la presencia de los partidos, serian incumplidos por los propios empresarios. Un pacto social no podría abordar más que la política salarial y por un solo año. Un acuerdo a cuatro permitiría la aplicación de los compromisos que se pactasen durante todo el tiempo de su vigencia, que no debería ser inferior a tres años.»

La oposición al pacto social fue complementada por Nicolás Sar-torius con la argumentación de que el mismo «no modifica la estructura del sistema económico, sino que persigue salir de la crisis a costa de los trabajadores». Asimismo, según Sartorius —ni éste ni Julián Ariza, que también intervino en la rueda de prensa, concretaron en tres años (duración del plan económico propuesto por el PCE para salir de la crisis) la extensión de los pactos, aunque insistieron en la necesidad de que fueran por más

de un año—, el arbitraje del Gobierno en una negociación entre empresarios y trabajadores conduciría al pacto social, por lo que «si en las jornadas de reflexión con Abril Martorell se pretende conducir el diálogo hacia estas dos fuerzas, CCOO rechazará la invitación gubernamental».

El punto inicial de discusión, pues, al inicio de cualquier negociación para el establecimiento de nuevos acuerdos se centra en la controversia sobre si el pacto será a cuatro, tal como propugna CCOO en coincidencia con el PCE, o a dos, como sostiene UGT, también en línea con el PSOE. Ante esta tesitura, después de que Camacho recordara la oposición que inicialmente mostró la central socialista a los pactos de la Moncloa para después seguir una actuación coincidente con CCOO, Julián Ariza fue tajante al señalar que «es muy difícil el acuerdo a cuatro sin el PSOE y la UGT, pero es absolutamente imposible el pacto social sin CCOO».

Sartorius suavizaría, posteriormente, la dureza de Ariza al señalar que, siempre que se respetara el contenido que CCOO quiere dar a los acuerdos, éstos podrían adoptar la forma tan flexible que fuera necesaria. Todos coincidieron, no obstante, que el enfrentamiento de criterios entre UGT y CCOO no supondrá el fin de la etapa de actuación unitaria que ambas centrales han mantenido en el último año.

En cuanto al contenido del acuerdo económico y político que persigue CCOO, el consejo confederal se pronunció por un plan económico en profundidad que aborde seriamente el problema del paro, que reduzca la inflación, aumente la inversión pública y privada y reconvierta la economía de manera más racional y nacional, fortaleciendo el sector público e impida la privatización del INI. Dentro de este plan económico se debe fijar una política de salarios que mantenga la capacidad adquisitiva de éste y aumente las pensiones.

En el plano social, el acuerdo debe suponer el establecimiento de un nuevo marco democrático de relaciones laborales y derechos sindicales, para lo cual es preciso la regulación de la negociación colectiva (el proyecto de ley que sobre convenios colectivos ha remitido el Gobierno a las Cortes es rechazado por CCOO en algunos de sus aspectos, especialmente en lo que supone de exclusión de la negociación colectiva al funcionariado y a la supervivencia del laudo), de la acción sindical en la empresa, solución satisfactoria al destino del patromonio sindical y aplicación., inmediata de la amnistía laboral.

En el aspecto político, CCOO persigue el desarrollo de las leyes orgánicas contenidas en el texto de la Constitución y, por lo que hace referencia al terreno sindical, se considera prioritario el código o estatuto de los derechos del trabajador, ley General de la Seguridad Social, ley de Regulación de los Derechos de los Trabajadores Emigrantes y ley de Procedimiento laboral.

También en un plano político, los acuerdos deben establecer un calendario electoral que fije las fechas de elecciones, tanto municipales como legislativas. Finalmente, se considera imprescindible la puesta en marcha de órganos de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de lo pactado.

Acerca de los compromisos contenidos en los pactos de la Moncloa, y cuyo cumplimiento exige CCOO para iniciar la negociación de los nuevos acuerdos, Sartorius señaló la presencia de las céntrales sindicales en las juntas de precios y en los órganos de gestión de la Seguridad Social; representación de los sindicatos en la empresa pública, en el INEM y oficina de colocación, y establecimiento de un plan de equiparación al régimen general de la Seguridad Social de los trabajadores agrícolas.

En opinión de Sartorius. el cumplimiento de tales compromisos es posible antes de que finalice el año tan sólo con que los oportunos ministerios dispongan la normativa necesaria para que, en forma de decretos, salgan las correspondientes disposiciones legales.

 

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