Autor: Ariza Rica, Julián. 
 "Jornadas de reflexión". 
 El movimiento obrero ante la crisis     
 
 El País.    28/09/1978.  Página: 43. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

EL PAÍS, jueves 28 de septiembre de 1978

ECONOMÍA

43

"Jornadas de reflexión"

El movimiento obrero ante la crisis

JULIÁN ARIZA

Comisiones Obreras

Del examen de las grandes cuestiones que en este período histórico ha de afrontar nuestro país se deduce que nos hallamos en un momento clave para el movimiento obrero. Estamos ante una encrucijada en la que se ventila, ni más ni menos, si los trabajadores van aira remolque de las iniciativas del gran capital o, por el contrario, van a jugar el papel protagonista que les corresponde en la tarea de reconstrucción que en lo político, económico y social abrió para nuestra patria la caída de la dictadura.

Nos hallamos en el centro de una Crisis no coyuntural, de cuyas magnitudes dan idea la cifra record en cuanto al número de parados, la prolongada atonía de la inversión, la creciente sucesión de expedientes de crisis, los porcentajes de la inflación y las expectativas en cuanto al crecimiento a plazo medio, que en sus predicciones más optimistas apenas pueden crear puestos de trabajo suficientes para absorber el crecimiento vegetativo de la población.

El proceso de consolidación de la democracia ha seguido un curso favorable. Pero todavía seguimos en el periodo de transición, en la etapa preconstitucional; con un aparato del Estado sometido a la inercia de cuarenta años de autoritarismo; con la vida municipal marcada por el caciquismo: a medio camino en el espinoso y delicado problema de las autonomías, y en medio de una escalada terrorista claramente enfilada a impedir que la democracia se afirme.

Por otra parte, los acuerdos de la Moncloa, a los que, pese a incumplimientos notables e inaceptables, debemos reconocer una importancia vital en cuanto a favorecer la consolidación democrática, tocan a su fin.

La política de consenso, la más racional y con más claro sentido de los intereses nacionales, sobre cuya virtualidad en esta etapa han coincidido hasta sus detractores iniciales, pretende ser eliminada, olvidando o no queriendo reconocer que la situación excepcional que ha definido nuestra singular forma de tránsito a la democracia y la profundidad y gravedad de la crisis económica continúa vigente.

Pretender en estos momentos colocar como cuestión primordial el tema de las alternancias en el Poder y que los unos gobiernen y los otros se dediquen a la oposición es de una frivolidad escalofriante.

Dedicar los mayores esfuerzos a conseguir que se convoquen elecciones generales, lo que unido a la imprescindible convocatoria de las municipales —a todas luces prioritarias—, podría convertir 1979 en año electoral, con todo lo que va a repercutir sobre la delicada situación de la economía, es preocupante.

Para desgracia de todos hay quienes en este país tienen más inquietudes electoralistas que voluntad de abordar los graves y profundos problemas que nos aquejan.

Resumiente, podemos decir que nos encontramo todavía, y quizá por cierto tiempo, en una situación socioeconómica y política calificable como de emergencia, en la que expiran los acuerdos de La Moncloa y ante la que cualquier organización sindical o política que tenga sentido de la responsabilidad debe ofrecer una salida. Esa salida exige el esfuerzo mancomunado de todos. Los intereses del país deben primar sobre los intereses de partído. Los sacrificios, que no son sólo económicos, deben repartirse con equidad.

Los órganos de dirección de CCOÓ han analizado a fondo este panorama. En sus debates se ha perfilado que, ante situación semejante, al sindicalismo le caben tres opciones: pacto social, acuerdo económico y político o adentrarse en una especie de guerra de guerrillas, procurando, bajo una orientación general, el que en cada asalto se extraiga lo máximo posible.

El meollo de cada una de estas tres alternativas está claro.

El pacto social es rechazado por los sindicatos en base a que su misión consiste en encontrar un modo de superar la crisis sin que la estructura económica y las relaciones de producción existentes se modifiquen.

El resultado es siempre un sacrificio para los trabajadores, un fortalecimiento del capitalismo y una carencia de reformas en el aparato político y económico del sistema, lo que inevitablemente conduce a la recreación en otra etapa de los mismos problemas.

Lo grave es oír que puede encontrarse una salida en base a la negociación entre sindicatos y patronales, con el arbitrio del Gobierno, sin que presuponga un pacto social. En las condiciones de nuestro país, buscarle soluciones a la crisis a través del acuerdo a tres es, inevitablemente, un pacto social.

En cuanto a tirar por la calle de en medio, significaría, entre otras cosas, afrontar la negociación colectiva, que afecta a varios millones de trabajadores, en base al principio de ver quién puede más. No hace falta ser adivino para calibrar el cisco que puede formarse a corto plazo. Pretender una autolimitación unilateral de los trabajadores sin contrapartidas serias y globales en lo social, sindical, laboral y político es pedir lo imposible.

La única posición consecuente es, por tanto, el acuerdo económico y político. Consecuente para un sindicalismo de clase y consecuente con las necesidades de nuestro país. En él habrá que abordar un plan económico en profundidad; establecer un marco democrático en las relaciones laborales, reforzando la entidad de las centrales; un puntual desarrollo de las leyes orgánicas contenidas en el texto constitucional; fijar un calendario electoral, que debe empezar por las municipales, y, en fin, todo cuanto tienda al desarrollo y democratización de la economía, de la sociedad y de la empresa.

Ahora bien, entrar en nuevos acuerdos exige confianza en la voluntad que las partes implicadas van a poner en su cumplimiento. Y eso pasa, para empezar, porque de aquí a diciembre se cumplan los aspectos incumplidos de los acuerdos de la Moncloa y que se arbitre un instrumento de seguimiento y control que garantice la ejecución de lo que pudiera acordarse. Este punto es esencial, pues dejar la interpretación y aplicación de lo acordado en manos de las mayorías parlamentarias nos lleva a lo mismo que se ha denunciado respecto de los acuerdos de la Moncloa: que se aplica mar y de forma parcial e interesada por una de las partes.

 

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