Autor: Ariza Rico, Julián. 
   Una ocasión perdida     
 
 El País.    29/12/1978.  Página: 31. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

EL PAÍS, viernes 29 de diciembre de 1978

ECONOMÍA

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TRIBUNA LIBRE

Una ocasión perdida

JULIÁN ARIZA RICO Secretario de Organización de la Confederación Sindical de CCOO

Se ha escrito mucho sobre el tema de los acuerdos que habrían de sustituir al ya casi extinguido pacto de la Moncloa. Pero uno tiene la impresión de que la carencia de tales acuerdos seguirá proyectando su sombra negativa sobre el inmediato futuro, y por eso habremos de seguir hablando de ello bastante tiempo.

La pregunta se hace inevitable: ¿cómo´és posible que coincidiendo todos en su necesidad no se haya llegado a ninguna parte? Modestamente, pienso que a veces se escuchan respuestas que no entran en el fondo de la cuestión, reduciendo a razones tácticas lo que es expresión de una fase característica de la lucha de clases en los países desarrollados o cuasi desarrollados de Occidente,

En España, que forma parte de ese mundo, las consecuencias son más agudas, pues se mezclan los factores de la crisis general con los derivados de un modelo de desarrollo económico surgido en la entraña del sistema dictatorial impuesto por el franquismo.

Lo común en este período histórico en una serie de países es que la existencia de la democracia política —que toda la izquierda consciente defiende sin reservas— y la correlación de fuerzas entre las clases sociales no permite al capitalismo plantear salidas a la crisis sin contar más que antes con la clase trabajadora, ni tampoco a los partidos y organizaciones de los trabajadores proponerse para lo inmediato el cambio de sistema.

De esta situación se desprende que las transformaciones que tratan de abrirse camino, allí donde la lucha de clases adquiere mayor organización y agudeza, implican la imposibilidad de dar salidas a la crisis sin un reparto equitativo de los sacrificios que conlleva. Pero esos sacrificios no pueden ser entendidos como meras actuaciones sobre la política de rentas, sino a través de un avance y profundización de la democracia, que se traduzca en una mayor participación de las fuerzas progresistas y de izquierda en todos los centros de decisión política y económica; esto es, en los centros de poder.

Las medidas específicas pasan por elaborar un plan de solidaridad nacional contra el paro —primer problema de España—, por la participación de los trabajadores en los órganos de gestión y control de la Seguridad Social, empresa pública, juntas de precios; por la reconversión y reestructuración de sectores en crisis, fortalecimiento del sector público, leyes de negociación colectiva y acción sindical en la empresa, código de los derechos de los trabajadores, devolución del patrimonio sindical, democratización del aparato del Estado, desarrollo de leyes dimanantes de la Constitución, etcétera.

La negativa a aceptar, tanto el sector predominante en el Gobierno como la CEOE, que éstos y otros temas sirvan para que la democracia sea más profunda es una de las causas fundamentales por las que no ha habido pactos.

La carencia de pactos es, por tanto, algo más complejo que el hecho de existir un oscuro panorama político y un electoralismo a flor de piel, potenciado en buena medida por la propia situación política y la debilidad del Gobierno.

En el fondo de todo están los intereses de clase representados por la mayoría de UCD y la patronal, que han pretendido imponer una alternativa desprovista de medidas consecuentes para hacer frente a los problemas que padece nuestra sociedad, muy en especial lo relacionado con el paro, al tiempo que se han negado a ofrecer las contrapartidas necesarias para el desarrollo de la democracia. En otras palabras, han pretendido y siguen pretendiendo descargar la crisis sobre los trabajadores a través de su oferta de pacto social, inaceptable no sólo desde la óptica de los intereses que representa la izquierda, sino del interés nacional. No es que socialmente resulte injusto; es que económicamente no resolvería las causas más profundas de la crisis —el modelo de crecimiento—, y políticamente debilitaría a la democracia por la frustración que produciría en las masas.

En las condiciones de nuestro país, el pacto social es inviable. No puede, por tanto, sorprender que las conversaciones habidas con el Gobierno hayan resultado nulas, pues el sector más consciente del movimiento sindical tenía obligadamente que oponerse a semejante chapuza, salvo que abdicara de su misma identidad.

Ahora bien. Si el sindicalismo de clase ha tenido fuerza para impedir un pacto social, no ha tenido la suficiente para conseguir un acuerdo económico y político en esa línea de profundización democrática a la que nos venimos refiriendo.

Soy consciente que estratégicamente, cara al objetivo de unidad sindical hacia el futuro y a la imperiosa necesidad de conseguir la unidad de acción entre las centrales sindicales mayoritarias en el presente, es desaconsejable dedicarse a repartir culpas. Pero creo que es constructiva la crítica que debe hacerse a quienes han preferido optar por una alternativa que significaba la pérdida de una ocasión para, can el menor coste social y el menor desgaste político, intentar arrancar esos espacios de poder a que me vengo refiriendo. Aclaro que en el concepto movimiento obrero deben incluirse los partidos representativos de la ideología e intereses de la clase obrera.

La segunda conclusión que se deriva de lo anterior es que quienes desde la izquierda se han opuesto a participar en unos acuerdos económicos y políticos, es posible, aunque lo dudo, que hayan

desarrollado una política consecuente con tales intereses de partido, pero inconsecuente con su programa de transformación social. Expresado de otro modo, y dicho sea con el mayor respeto a sus opciones, la oposición a unos acuerdos económicos y políticos da la impresión que ha obedecido a un excesivo cuidado de la imagen cara a próximas elecciones, a costa de descuidarla necesidad de imprimir una orientación progresista a las vías de desarrollo político y económico.

El argumento de que lo que correspondía era llegar a unos acuerdos económicos entre centrales, patronal y Gobierno, dejando al Parlamento en exclusiva las cuestiones políticas, puede ser válido si la referencia es acabar con la llamada política de consenso. Pero en la práctica, tal como los hechos lo están poniendo en evidencia, lo que se ha favorecido es que la derecha económica y política trate de imponer una mera limitación de salarios sin contrapartida alguna.

Hay quienes han creído ver en la firmeza de CCOO en mantener que las negociaciones fueran a «cuatro bandas» el propósito de utilizar la fuerza que le otorga ser la primera central del país, para facilitar la política de consenso y el • protagonismo del PCE. No se ha analizado con rigor que la pretensión era utilizar todo el peso de la izquierda para hacer avanzar la democracia, intentando que en esa política participaran también otros sectores progresistas, objetivamente interesados en ese proceso democratizador.

No se ha tenido suficientemente en cuenta que la naturaleza de la alternativa que ha de darse a los problemas que padece nuestra Patria y, muy en particular, los trabajadores, era y es objetivamente política y económica.

No se me escapa que aun con la participación de los partidos habría resultado difícil arrancar contrapartidas que significaran esa ocupación de parcelas de poder hasta ahora no conquistadas por la izquierda. Pero ese es el camino más adecuado en las condiciones peculiares que atravesamos. No se trata de negar el papel que corresponde a las instituciones democráticas. Pero en el Parlamento no siempre se´ realiza una política acorde con la realidad social. Mal camino tendríamos si en el futuro todo se redujera al juego de las mayorías aritméticas, sin tener presente esa realidad social. Valga de indicación y experiencia lo sucedido dentro de la comisión encargada de elaborar el proyecto de ley sobre Acción Sindical en la empresa. Allí se vació de contenido el texto inicial a base de votaciones, con diecinueve a favor y diecisiete en contra, resultando luego demasiado audaz para los que ganaron el atreverse a promulgarlo.

Pero aún hay más hechos que refuerzan la idea de que se ha perdido una buena ocasión de intentar por vía negociada una mejor posición para los trabajadores y para una solución más favorable a sus problemas. El primero es que todos los sondeos confirman que el corrimiento del electorado dentro del espectro que abarcan los dos partidos mayoritarios va a ser apenas sensible. El segundo es que si, hipotéticamente, el Gobierno hubiera conseguido ponerse de acuerdo con una patronal como la CEOE y, unas centrales sindicales como CCOO y UGT, para sacar adelante un pacto económico, la capitalización política la habría hecho UCD. Aunque los procesos de intenciones son siempre peligrosos, cabe incluso pensar que lo realmente esperado es que no se produjeran los acuerdos, considerando que así se desgastaba al Gobierno, por un lado, y a los más firmes opositores del pacto social, por el otro.

Entre otras razones, la situación de los poderes fácticos hacen impensable un Gobierno de izquierdas tras unas próximas elecciones legislativas. Quien no vea esto es que está ciego. No es el propósito de este trabajo adentrarse en las combinaciones que pudieran hacerse. Lo único que me parece claro es que la carencia de unos acuerdos económicos y políticos es un duro golpe para todos, en especial, aunque algunos no lo comprendan, para cuantos deseamos cambiar el modelo oligárquico de desarrollo, que es como decir para la mayoría de nuestro pueblo.

De momento, nos encontramos con un endurecimiento casi brutal del gran empresariado y con una inevitable confrontación en la negociación colectiva. El panorama se ha oscurecido y, por muy optimista que se sea, es fácil comprender que el instrumento de los convenios no puede resolver los problemas estructurales que nuestra sociedad padece, sin que esto quiera decir que no deba lucharse para que en las negociaciones de los mismos se tenga en cuenta, además de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los afectados, el tema de los derechos sindicales y el problema de los parados.

La tercera conclusión es que los pactos siguen siendo necesarios, haya o no investidura, haya o no elecciones.

Lo que corresponde es discernir todos cuál es la correlación de fuerzas real, cosa que para cualquier principiante en el conocimiento de la vida política y social es algo que no sólo puede medirse por las proporciones parlamentarias, aunque este sea uno de los datos más significativos. Que lo piense el Gobierno, que lo piensen la patronal, las centrales y los partidos. Porque es elemental que la resultante de lo que unos pretenden mantener y los otros arrancar es siempre fruto de esa correlación de fuerzas. El gran problema es si para saberlo el Gobierno y la patronal necesitan provocar un movimiento huelguístico y están dispuestos a asumir la responsabilidad que les toque en las consecuencias del mismo. Invocar el sentido de responsabilidad de los demás es innecesario, pues lo tienen. Basta, para comprobarlo, examinar la trayectoria de actuación de las organizaciones obreras en el período de transición que vivimos desde hace tres años.

 

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