Autor: Braña Pino, César. 
   Causas y perfiles de la revisión salarial     
 
 El País.    23/08/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 23. 

EL PAIS jueves 23 de agosto de 1979

TRIBUNA LIBRE

Causas y perfiles de la revisión salarial

CESAR BRAÑA PINO

Secretario General de la Federación Estatal de Alimentación y Tabacos de la UGT

Nuevamente los salarios vuelven a ser foco de atención, al haberse desbordado las expectativas de crecimiento del IPC previstas por el Gobierno de UCD para el primer semestre. Y con ellos, que no a pesar de ellos, la inflación, el poder adquisitivo y, en definitiva, todo el hecho económico.

Para adoptar criterios al respecto, no podemos sustraernos a los hechos pasados (aun con la única finalidad de saber lo que no hay que hacer). Son ya dos años consecutivos en los que las premisas económicas del Gobierno de UCD han girado, fundamentalmente, sobre una política de rentas en la que el denominador común ha sido la creación de un estado de opinión en torno a la responsabilidad de los salarios, restando la precisa trascendencia a otros factores y más concretamente a su equilibrada conjugación.

A finales de 1977, se firmaban los acuerdos de la Moncloa, en los que, al persegir la superación de la crisis económica, se abordaba un objetivo político fundamental; la consolidación de la democracia. Conllevaban un conjunto de sacrificios que se compensaban con contrapartidas. Los logros, que •pudieron ser importantes de haber sido respetados los acuerdos en su integridad, fueron la contención de los salarios y una inflación reprimida con todo upo de argucias. Las contrapartidas fueron pocas: las que quiso y como quiso UCD. Estos acuerdos adolecieron de un grave defecto, la falta de intérpretes sociales tan fundamentales en una democracia como son los sindicato*. Hoy, pedemos afirmar, que esta ausencia no fue ni casual ni imprevista, sino producto de una cerril política con dos objetivos básicos: el debilitamiento de las centrales sindicales representativas y la potenciación de una tercera fuerza sindical en sintonía con los intereses de UCD, que carece de voz en el mundo del trabajo.

A finales de 1978, el incumplimiento de los acuerdos y la testaruda actitud sindical del Gobierno, tienen su coste, entorpeciendo un marco de entendimiento entre aquél y los sindicatos. Pero es que, además´ de credibilidad, era necesario un programa económico que fuera convincente y posible. Ambas cosas brillaban por su ausencia. El Gobierno de UCD ofrecía un «programa» económico que fijaba unos objetivos económicos que, por electoralistas, eran voluntaristas y, como tales, de escaso rigor, pudiendo inducir, incluso, a un nuevo deterioro de la situación. Internacionalmente no era compartido y los que asistimos a Tas negociaciones nos quedábamos pasmados ante la falta de coordinación y coherencia de planteamientos de la propia Administración. La falta de acuerdo lleva a UCD a imponer su política por la vía del real decreto-ley.

La UGT suscribía las tesis que aconsejaban el ajuste gradual de la economía. Sus objetivos eran menos ambiciosos a corto plazo, pero habían de permitir, no ´sólo una conjugación equilibrada de las diversas magnitudes económicas, otorgándole al paro un carácter prioritario, sino también y frente al coyunturalismo de UCD, la adopción de medidas estructurales que, además de sanear, dieran solidez a la recuperación del sistema económico. De nada sirve atajar la fiebre, léase la inflación, si no se erradican sus causas, evitando, con una adecuada recuperación, las recaídas.

La inflación

Casi dos años después, la inflación (léase la fiebre del sistema) ofrece nuevos signos de relanzamiento, agravados, que no provocados, por el incremento de los precios del petróleo, así como por la «suelta» de todos los precios artificialmente reprimidos. Y hay que decir que el alza del petróleo nos afecta en mayor medida que a los países de la OCDE, al tener estos sus economías más ajustadas, mientras que en nuestro caso se abordó tarde y mal la superación de la crisis económica.

Todo esto sucede en un contexto económico del que destacaremos algunas de sus notas más sobresalientes:

— Estancamiento de los costes salariales empresariales, según estudio recién publicado en EL PAÍS por un renombrado equipo de estudios. No ha sucedido igual con otros componentes del coste, entre los que cabe destacar, por su espectacularidad y contenido, las cargas financieras y los costes de la Seguridad Social. Estas y la falta de liquidez, son las causas fundamentales de la mayor parte de los expedientes de crisis.

— Lejos de crearse empleo, lejos de detenerse el paro, éste está aumentando a una media de 20.000 nuevos parados mensuales.

— La inversión privada es nula, habiéndose «previsto» en el cuadro macroeconómico del Gobierno un crecimiento del 9%.

- No obstante ser, y también sobre datos publicados, las pequeñas y medianas empresas más rentables que las grandes, son las que más expedientes de crisis y supensiones de pagos presentan; razones:

estrangulamientos financieros, debidos a las dificultades crediticias y a la existencia de los circuitos privilegiados de crédito. Asimismo, al elevado coste del dinero, cuyos tipos de interés, en la lógica de lo ilógico, se mantienen en niveles similares que cuando la tasa de inflación era del 30%.

- Los bancos presentan sus mayores volúmenes de beneficios, llegando incluso a presentar un beneficio neto sobre activos medios total superior al de la banca de EEUU, a lo que se llega, no obstante ser el beneficio bruto muy ligeramente inferior, mediante una presión fiscal muy próxima a la mitad de la que tiene la banca americana.

— Un déficit del sector público muy cercano a los 500.000 millones dehéselas. Déficit cuyo dato significativo no es su comparación con el de otros países en su relación con otras magnitudes económicas, sino su imprevisión, descontrol y desmesurada tasa de crecimiento.

— Finalmente, antes de sufrir la repercusión del incremento de los precios del petróleo, el índice de precios al consumo desborda el generoso objetivo de no superar el 6,5 % durante el primer semestre. Sin embargo, los salarios sí han cumplido, manteniéndose en la banda prevista de un 13% al 14%, al crecer un 13,46% mayo a mayo, con una pérdida de poder adquisitivo próxima a los dos puntos, al haber crecido los precios, sobre igual periodo, el 15,2%.

El plan económico, tardío

Hoy, el Gobierno, cuando ya nos tememos que es tarde, se aviene a muchos de los supuestos que entonces compartía la UGT, hasta el punto de que algunos de los mentores oficiosos, sorprendentemente, utilizan conceptos análogos a los manejados por los socialistas. Así, hemos visto en los artículos «Una estrategia frente a la inflacion, publicados en EL PAÍS por el Equipo de Coyuntura Económica, definir como virtudes principales de la política antiinfla-cionista, el gradualismo, la persistencia y la integración de las diversas medidas. Y apunto, al paso, la discutible imparcialidad de un equipo que cuenta entre sus filas a uno de los asesores de la CEOE y que, por un lado, nos habla de nuestras conocidas deficiencias estadísticas y, por otro, acostumbra a presentar todo tipo de datos, fundamentalmente los que se refieren a salarios, sin citar las fuentes o procedimientos de obtención.

Referidos a los salarios, si éstos han cumplido, si se ha perdido poder adquisitivo, podríamos concluir que, o bien no son tan responsables como se nos ha hecho creer, o si lo son, sí se han controlado y no los demás componentes del desbordado IPC. Creo que caben ambas cosas: los salarios no son tan determinantes, y mucho menos como piedra de toque casi exclusiva, como ha sucedido.

De nada sirve, y los hechos así lo confirman, una contención de salarios si no se actúa sobre el resto de los componentes del sistema. Y de servir ha de serlo sólo para oponerse a cualquier futura limitación salarial, pues los trabajadores han contemplado atónitos su pérdida de poder adquisitivo (incluso con la medición que ahora se quiere hacer de él). Mientras, aumenta el paro y los bancos hacen sus mayores beneficios.

Con estos parámetros hemos forzosamente de encauzarnos a la hora de la toma de postura frente a la revisión salarial. La UGT retoma en estos momentos difíciles el papel que su responsabilidad le exige, eludiendo la fácil vía de la demagogia, creando falsas esperanzas y acudiendo a un sentido de defensa global de los intereses de todos los trabajadores.

La UGT reclama una revisión salarial, compuesta, por un lado, por la diferencia entre el objetivo fijado para el primer semestre del 6,5% y el 7,3% alcanzado. Esta diferencia habría que multiplicarla por dos a fin de recuperar lo perdido en el primer semestre y mantenerse en el segundo. Por otro lado, desbordados los objetivos de un crecimiento de los precios en tasa media anual del 12%, las nuevas previsiones sitúan dicha tasa en torno al 16/17%, lo que exige, al indiciarse los salarios en función de la tasa esperada, una recomposición de su crecimiento.

Todo esto supone una cifra que gira en torno al 5% de incremento para el segundo semestre y que daría para el conjunto del año un crecimiento de los salarios del 16%, es decir, análogo al de los precios, con lo que se mantendría el poder adquisitivo. Recuérdese que los objetivos del Gobierno eran un aumento de los precios del 12% y una media del 13% para los salarios, es decir, un punto más. Los sindicatos pretenden mantener, mientras que el Gobierno pretende que los salarios pierdan un punto y medio de poder adquisitivo en el mejor de los casos. El conjunto de los salarios perderá más, al no afectar la revisión a muchos trabajadores. Con ello, y de forma flagrante, se están trasladando los costes de la crisis en general, y de la energía en particular, a los trabajadores. No existe ese reparto del empobrecimiento que dice Abril Martorell, cuando asistimos a un nuevo control de salarios, mientras que los precios tienen características de libre evolución.

Esta revisión debería ser automática, evitando la renegociación de convenios, sobre salario real de junio, independiente de los aumentos alcanzados en los convenios y de que se haya previsto o no la revisión semestral. Deberá afectar a todos los trabajadores, incluidos los de la Administración pública, asi como los jubilados y pensionistas. Igualmente habría de repercutirse sobre el salario mínimo.

Esta reivindicación es básica y equilibrada; pues, al evitar más pérdidas del poder adquisitivo, contempla el mantenimiento de la demanda efectiva, fundamental para, cuando menos, mantener el empleo. Junto a ello —pues nada se pide, excepto mantener lo que se tiene y evitar males mayores—, la UGT propugna la necesaria complementación, como es una mayor redistribución del producto social, mediante una mayor y mejor distribución de la presión fiscal, que permita la dotación de equipamientos colectivos que eviten que la mejora de rentas se busque exclusivamente a través de los salarios.

Junto a esto es necesario la aplicación de la proposición de ley socialista contra el paro, la participación real y efectiva de los sindicatos en la Junta de Precios, Seguridad Social, oficinas de Empleo, etcétera. Esta participación es la que permitirá erradicar aspectos como el absentismo injustificado, la baja productividad que sólo y exclusivamente sea imputable a los trabajadores, y el fraude del subsidio de desempleo.

Coherentemente con lo anterior, es precisa la devolución del patrimonio sindical, tanto el incautado como el acumulado. A este último, a mi modo de entender, sólo tienen derecho los trabajadores que realmente lo pagaron, mientras que los empresarios lo enjugaban al trasladarlo a los precios, siendo, en último caso, los consumidores los que tendrían que reclamarlo.

 

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