Autor: Salmador, Víctor. 
   Orden público y el País Vasco     
 
 ABC.    21/10/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

Orden público y el País Vasco

Por Víctor SALMADOR

ALGUNOS se preguntan a quién co-/-\ rresponde mantener el orden pú" blico en el País Vasco a partir

del Estatuto. El texto no ofrece dudas: el régimen de la Policía Autónoma para «el mantenimiento del

orden público dentro del territorio autónomo» corresponde a las instituciones del País Vasco.

La aprobación de! Estatuto no significa, sin embargo, que esta disposición pueda tener vigencia

inmediata. Lo dificulta la acefalía de la Policía Autónoma; hay un período pos-Estatuto durante el cual

ésta no tisne estrictamente quién la mande. Véannoslo: el mando supremo de ella corresponde al

Gobierno del País Vasco; e! Gobierno se integra con un presidente y consejeros; el presidente es

designado por un Parlamento cuyos diputados han de ser elegidos por sufragio; las elecciones han de ser

convocadas en el plazo de sesenta días a partir de la aprobación del Estatuto, y celebrarse dentro de los

cuatro meses siguientes a la convocatoria. Por tanto, hasta después de las elecciones no puede reunirse el

Parlamento para designar al presidente del Gobierno Vasco; que es, como decimos, quien asumirá el

mando de la Policía Autónoma y la responsabilidad de resolver las cuestiones de orden público.

Quienes han fijado en el día 25 la frontera para transferir de un sitio a otro el problema, deben trasladar,

pues, el plazo a una fecha posterior. Y los que dicen que la cuestión vasca tiene que ser cosa de los

vascos, no han de ignorar que comenzará a serlo a partir del instante en que las órdenes las dé el

«Lendakari»; pero siempre que quede ciaro lo que es «orden público» y lo que no es. El conflicto pasa a

estar en la dificultad para hallar una definición intergiversable de esa cosa abstracta llamada orden

público: una concreción de cuáles son los factores que alteran el orden público, y, sobre todo, una

diferenciación entre aquellos factores y los que configuran otra situación, que por su gravedad y exceder

ese encuadramiento, deba tipificarse de un modo distinto. Una huelga, una algaradaba, un atentado, ¿son

factores de alteración del orden público? Como el mantenimiento de éste corresponde a la Policía

Autónoma y su mando supremo lo ejerce el Gobierno Vasco, es a éste a quien corresponde enfrentar la

situación. Pero, ¿y cuando los hechos exceden tal calificativo? ¿Y si la algarada se convierte en motín y

los atentados en acciones de guerrilla? ¿Y si las barricadas callejeras se transforman en trincheras y

parapetos...? Para estas hipotéticas situaciones, ¿qué prevé el Estatuto? ¿La intervención de ¡as Fuerzas y

Cuerpos de SeguYidad del Estado, a las que se asignan servicios policiales de carácter extracomunitario y

supracomunitario? ¿Bajo qué órdenes? Ei Estatuto es categórico en cuanto a la intervención: sólo podrán

hacerlo a requerimiento del Gobierno Vasco, cesando la intervención a instancias del mismo.

Dice también eí Estatuto que esas Fuerzas pueden intervenir «por propia iniciativa», si estiman que el

interés general del Estado está gravemente comprometido. Se corrige a renglón seguido, al afirmar que es

necesaria la aprobación de ia Junta de Seguridad. La iniciativa no es, pues, para intervenir, sino para

solicitar la aprobación y ésta ha de darla o negarla una Junta formada en número igual por representantes

del Estado y de la Comunidad Autónoma. A esta Junta corresponderá, primero que nada, dilucidar, no qus

la situación sea grave, muy grave o gravísima, sino si el interés general del Estado se encuentra

comprometido por ella y además gravemente; éste es el único accidente que justifica la intervención.

Puede estar ardiendo una ciudad por los cuatro costados y la Junta podría entender que ello no

compromete gravemente el interés general del Estado, sino sólo e! de los vecinos. Pueden intervenir las

citadas Fuerzas por propia iniciativa, bajo otro concepto: en supuestos de especial urgencia, para cumplir

las funciones que directamente les encomienda la Constitución. Esto produce cierta perplejidad; la misión

que la Constitución asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es proteger el libre ejercicio de los

derechos y libertadas y garantizar la seguridad ciudadana; pero esa misión es la misma que se asigna a la

Policía Autónoma para su acción dentro del territorio autónomo. También aquí la «propia iniciativa»

constituye otro eufemismo; han as intervenir bajo la exclusiva responsabilidad del Gobierno de Madrid.

La iniciativa no la habrán de tomar las Fuerzas, sino el Gobierne, y qusda especificado que éste habrá de

dar cuenta a las Cortes Generales, las cuales a través de los procedimientos constitucionales podrán

ejercitar las competencias que les corresponden. Otro acertijo para que lo averigüe Vargas. No hay otros

procedimientos ni competencias sino los establecidos para regular los estados de alarma, da excepción y

de sitio; en ellos no se habla de iniciativa alguna por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado. De manera que ¡a iniciativa, en e! caso que nos ocupa, sólo podrá consistir en solicitar al

Gobierno que la tome. Estos equívocos y lagunas confirman un punto capital: cualquier cuestión de esa

naturaleza requerirá una calificación previa. ¿De quién? ¿Quién califica o determina que se han excedido

los límites de una alteración de orden público? O sea: ¿Quién calibra las magnitudes de un hecho, cuando

éste sea susceptible de una más grave calificación? O lo que es igual, ¿a quién corresponde medir un

suceso y dictaminar que el mismo compromete gravemente ei interés general del Estado? La respuesta

implica situarse en el primer eslabón de una cadena de responsabilidades y decisiones.

Nada de esto es bizantinismo. No hay que salir de España para encontrar un singularísimo y significativo

precedente: cuando ei 18 de julio de 1936 comienza la guerra civil, el Gobierno de la República ignora el

hecho en cuanto a la calificación. El Gobierno se mueve entra los términos constitucionales del estado de

alarma y el de prevención, y hasta el 23 de enero de 1939, después de miles de muertos, perdida la mitad

de España, incluso Cataluña, no se proclama oficialmente el estado de guerra. ¿Por qué? Porque esa

calificación implicaba el traspaso a la órbita militar de determinados poderes, que los políticos se

empeñaron en retener. Para ello ignoraron durante treinta meses que la guerra existiera. En el País Vasco,

cuanto sea orden público en sentido estricto estará bajo ia jurisdicción del Gobierno Vasco. Para todo lo

que vaya más allá del orden público pueden aparecer interpretaciones contradictorias. Si entra en la esfera

de la Junta de Seguridad ¡a calificación corresponde a un juicio de ésta, convertida en tribunal, y la Junta

tiena dos mitades; en caso de empate ha de arbitrar el Gobierno de Madrid. Si entra en el ámbito de la

«propia iniciativa» da las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la iniciativa se transfiere al Gobierno de

Madrid, de manera que es éste quian decide. Y si ha de actuar el Gobierno de Madrid «bajo su exclusiva

responsabilidad», no hay tal exclusividad salvo en el caso del estado de alarma. Quiero decir con todo

esto que Madrid no puede en manera alguna inhibirse de los problemas vascos de real gravedad o endosar

a las instituciones autónomas las responsabilidades inherentes a decisiones trascendentales. Todo cuanto

exceda la calificación de «orden público» ha de regresar a Madrid para que Madrid decida; agravado con

las simientes de equívocos, nebulosas, potenciales colisiones en la interpretación y elementos anígmáticos

que se han introducido en el Estatuto. No cabe dudar de que el Estatuto Vasco sea un intento de quitar un

problema tan contundente de ¡a mesa del Gobierno, a ia par que encerrarle en una olla, para que en ella se

cuaza en su salsa, con sus ingredientes y protagonistas dentro. Y ojalá salga bien así, a pesar de todo,

porque ya no hay otras salidas y ésa es irreversible. Pero que no se piense que a la hora de la verdad, que

es cuando suelen estallar las ollas y a las graves alteraciones de orden público hay que Mamarlas con otro

nombre, las decisiones hayan de situarse fuera de donde estuvieron siempre: en Madrid, en el Gobierno y

en el Parlamento. Ciertamente que de un Parlamento caquéctico como el que tenemos, que a diario

esquiva las responsabilidades que él mismo se ha atribuido, pueden esperarse inhibiciones y endosos;

pero difícilmente el Gobierno podría escabullirse de las suyas. Con Estatuto igual que sin éi, antes como

después de él, lo esencial del problema quedará como estaba, con sus factores de agresividad y polos de

autoridad en el mismo sitio. Y sobre esto nadie debe llamarse a engaño: y menos que nadie, el Gobierno.

 

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