Autor: Sánchez, Enrique. 
   ¿Quién pretende servirse de la Corona?     
 
 El País.    16/09/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL PAÍS, sábado 16 de septiembre de 1978

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

¿Quién pretende servirse de la Corona?

ENRIQUE SÁNCHEZ

Secretaría adjunto de Organización deUCD

El previsible fin de los debates constitucionales parece haber puesto nerviosas a algunas formaciones

políticas que esperan impacientemente obtener, no se sabe con qué fundamento, ventajas de los

acontecimientos que eventualmente se sucedan después de la consulta del referéndum. Al propio tiempo,

temen la visible consolidación de otros grupos políticos. El hecho no tendría más alcance —es normal que

los impacientes se pongan nerviosos— de no ser porque en la campaña desencadenada para tal fin se ha

comenzado a involucrar a las más altas magistraturas del país. La tesis defendida recientemente por el

dirigente de una de las fuerzas más duramente castigadas en sus expectativas por las elecciones del

pasado año consta de tres propuestas: nombramiento de un presidente del Gobierno neutral, que forme un

gabinete de notables apartidistas; reforma de la ley Electoral, y convocatoria urgente de elecciones

municipales y generales. Dando por supuesto que esta tesis no admite la más mínima réplica y que es

sencillamente incontestable, se apremia al Rey para que haga suyo el programa de este partido minoritario

y se viene a condenar a todos los que no coinciden con él acusándoles de pretender servirse de la Corona.

Todo ello rematado por veladas amenazas que no por ser cada vez más frecuentes dejan de ser menos

aceptables. Pero, vayamos por partes, porque ahora no valen expresiones como aquella de que «el timing»

lo marco yo. El impetuoso dirigente a que me refiero considera incuestionable que el Monarca, para

cumplir con su función arbitral suprema, debe encargar la Presidencia del Gobierno a una personalidad

sin filiación política de ningún tipo. Lo que no está claro es cómo podría hacerlo, existiendo como existe

un Gobierno que goza del apoyo parlamentario preciso y teniendo en cuenta que las soluciones

extraparlamentarias —el caso de Portugal es, a este respecto, expresivo— suelen ser fatales en un sistema

democrático. Y existiendo como existieron unas elecciones por nadie contestadas que configuraron de

forma presumiblemente definitiva un sistema de partidos bastante racional —aunque naturalmente ello le

pese a las minorías— y proporcionaron unos resultados que, precisamente, no cabe tachar de

«provisionales». En un régimen democrático la «provisionalidad» dura tanto cuanto sea el tiempo de

mandato previsto, salvo en los casos de disolución anticipada del Parlamento que contemple la norma

constitucional. Respecto de la modificación del procedimiento electoral, el vigente puede ser válido o

mejorable, según las opiniones, pero, desde luego, no puede estar sometido a continuas revisiones,

impuestas además por los partidos que en cada momento resulten perdedores. De otra parte, la normativa

electoral está sustancialmente constitucionalizada, por lo que no cabrán en ella modificaciones

fundamentales si la propia Constitución es aprobada; y no cabrá, desde luego, volver a un sistema

mayoritario que, si se defiende, no es precisamente por razones altruistas, sino por puros intereses de

partido. La experiencia del 15 de junio demostró que las minorías representativas, a diferencia de lo que

ocurre con el sistema que desde este sector se propicia, quedan suficientemente protegidas.

Tranquilícense pues los minoritarios: la representación proporcional, aunque sea con correctivos, les

asegura una presencia en la Cámara baja. Finalmente, tras la Constitución habrá elecciones: municipales,

puesto que así quedó plasmado en la ley de Elecciones Locales; legislativas, según el uso que el Gobierno

quiera hacer de las facultades que habrá de concederle la Constitución si se aprueba la disposición

transitoria que otorga precisamente a este Gobierno, v no a otro, la facultad de disolver las Cámaras.

No se haga, por tanto, evidente lo que no lo es; ni se quiera tampoco dar alegre carpetazo a la realidad de

las primeras elecciones democráticas que celebró España después de cuarenta años. Si es legítimo esperar

una mejora de posiciones en un segundo turno, no es aceptable menospreciar una manifestación de

voluntad popular expresada hace apenas quince meses, sobre todo por quien sostuvo que el cambio

político no era ni debía abrir un proceso constituyente. Y mucho menos pretendiendo que el Rey no tiene

más alternativa que la que aspira a imponer un líder minoritario. Eso sí que es tratar de servirse de la

Corona. Para cualquier observador desapasionado es evidente que la acción política de UCD no ha hecho

sino consolidar la posibilidad de que el pueblo ejerza periódicamente su soberanía y. consecuentemente,

consolidar así también la institución monárquica. Eso es servir al pueblo va la Corona.

 

< Volver