Autor: Tucumán, Jaime de. 
   Democracia y universidad     
 
 ABC.    10/05/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

EDUCACIÓN DEMOCRACIA Y UNIVERSIDAD

EN la segunda mitad de la década de los sesenta, primero en los Estados Unidos y luego en Europa

(Alemania y Francia) se produjo una especie de insurrección de los estudiantes universitarios en contra de

la sociedad en que vivían y de las estructuras jerárquicas docentes. Es muy probable que con el paso del

tiempo se demuestre como efímera la supuesta revolución cultural ejemplificada en los sucesos de 1968,

en Francia, pero quizá, en cambio, perdure de una forma mucho más clara el impacto que sobre la propia

organización de la Universidad tuvieron aquellos acontecimientos. Una parte considerable de la furia

estudiantil fue puramente destructiva: no trataba de tener como resultado ninguna reforma, ni de mejorar

nada. En este sentido los universitarios parecían como esos obreros fabriles de comienzos de la

revolución industrial, que no encontraron mejor forma de expresar su protesía que la destrucción de las

máquinas. Algunos estudiantes partieron en los años sesenta de la misma actitud para simplemente

destruir la Universidad. Sin embargo, los Gobiernos supieron responder al reto de las barricadas con las

reformas y toda una serie de leyes universitarias florecieron en los «campus» europeos. En España la

situación fue, a la vez, igual y diferente. También hubo una protesta en que el componente puramente

político y mucho más directamente ligado a la política era decisivo. Pero, aunque hubo una respuesta de

la Administración, ésta no se refirió sino a la construcción de edificios y, mucho menos, a la ampliación

del número de profesores. La participación quedó marginada o sometida a la superior decisión de la

autoridad gubernativa. Este mismo hecho llevaba a la voluntaria marginacióti de quienes, como

profesores estables, debían desempeñar un papel más decisivo en la administración de la Universidad.

Buena parte de lo que viene sucediendo en estos últimos meses deriva, sin lugar a dudas, de estos

orígenes inmediatos. Porque, decir lo contrario sería engañarse, lo cierto es que desde hace algún tiempo

se están planteando en determinadas Universidades españolas problemas que traslucen, de parte de un

sector del mundo universitario, una actitud de grave desorientación en este nuestro fatigoso tránsico de la

dictadura a la normalidad democrática. El primer hecho significativo (y, por supuesto, criticable) es el

nacimiento de una actitud que podríamos denominar como neocorporativista. En la lucha contra un

régimen no democrático la Universidad debía reivindicar su independencia contra la intervención de los

poderes gubernativos, pero en un estado democrático la autonomía de la Universidad no puede, desde

luego, entenderse ni como exención ni como irresponsabilidad. Es el supremo órgano legislativo del

Estado, producto del sufragio universal de los ciudadanos, aquel a quien compete la decisión de establecer

las normas generales en las que ha de basarse la organización universitaria. De la misma manera que los

jueces no deciden sobre cómo han de ser las leyes o los especialistas en Derecho Político cómo debe

hacerse la Constitución, las Universidades pueden y deben ser consultadas en torno a los problemas que a

ellas se refieren, pero no tienen a su disposición una parcela de inmunidad absoluta de la que marginen a

sus conciudadanos. Temas como, por ejemplo, la posible selectividad del alumnado, las condiciones que

deben reunir los profesores y tantos otros deben ser sometidos, en sus líneas fundamentales, a la

consideración del Parlamento y no a cualesquiera otro tipo de órganos. Pero, además, otro error que se

comete con frecuencia consiste en simplificar lo que verdaderamente es la democracia y aplicarlo líe esta

manera ai ámbito universátario. La participación de los alumnos en el gobierno de la Universidad es, por

supuesto, deseable, e igual sucede con el del personal no docente. Lo que sucede es que ni esa

participación puede ser igual, aplicando el principio de un hombre un voto, ya que el elemento que le da

estabilidad a la Universidad es el profesorado permanente, que debe desempeñar un papel decisivo, ni,

por otro lado, debe extenderse a los mismos temas Ni los profesores de Derecho Romano pueden ser

nombrados por sufragio universal de alumnos, ni tiene sentido que los administrativos colaboren en la

redacción de los planes de estudios. Y, sin embargo, da la sensación de que en algunos casos se puede

llegar a un nivel tan caricaturesco como los dos casos citados Lo peor del caso es que por ese

procedimiento se llega, a no muy largo plazo, precisamente a la destrucción de la democracia por

inhibición de los destinados a beneficiarse de ella. Una Universidad no puede decirse que funcione

correctamente si como sucedió hace poco, más del 70 por 100 de sus profesores doctores no decide sobre

los temas fundamentales La inhibición es producto del rechazo pasivo de esas fórmulas, sin que de

momento se haya engendrado una actitud más decidida. Pero esta es necesaria, porque sólo así llegaremos

a una Universidad que sea, a la vez, viable y democrática .— Javier TUSELL (secretario de Cultura de U.

C. D. de Madrld-Región .

 

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