Autor: Albiñana, César. 
   Política de estado o política partidísta     
 
 Ya.    30/12/1977.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 4. 

Política de Estado o política partidista

ACABAMOS de oír y de leer que los Presupuestos Generales del Estado para el año 1978 no han

obtenido el asentimiento preciso en el Senado para evitar pasen a la respectiva comisión y así pudieran

estar en vigor el próximo día primero de enero. Es decir, vamos a comenzar el nuevo año con los

presupuestos de 1977 en situación de prórroga porque en el Senado se ha decidido que el estudio, la

deliberación y las votaciones que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados no son suficientes

para que al menos este año los hiciesen suyos los senadores disidentes. Es cierto que hay argumentos

bastantes en un plano formal a favor de quienes no quieren, por segundn vez, aparecer como acólitos de

los diputados del Congreso. Ya cuando se votó la ley de Medidas Urgentes pura la Reforma Fiscal se

expuso y aun se rezongó que el Senado tenía la misma función legisladora, que el Congreso de los

Diputados, y no debía abdicar de ella aprobando, sin otro trámite, cuanto dicha Cámara—baja— hubiera

dictaminado favorablemente. Y así tía sucedido con los Presupuestos del Estado para 1978, que han sido

varados para nuevo estudio, deliberación ´y votación en Comisión y Pleno del Senado, sin reparar en los

costes de toda índole que para el país tiene comenzar el año 1978 sin que el respectivo documento

presupuestario esté en vigor. SE dirá que el Gobierno debió enviar a las Cortes con mayor antelación el

correspondiente proyecto de presupuestos, pero en la memoria de todos están las circunstancias que lo

impidieron, a pesar del esfuerzo titánico—así lo ha calificado el señor Fernández Or-dóñez—que el

Ministerio de Hacienda ha realizado para elaborarlos según la ley General Presupuestaria, que se publicó

en enero de 1977, y según los actuales planteamientos políticos. No es necesario, insisto, volver-la vista

atrás, al menos en esta ocasión, para demostrar cómo la Hacienda Pública, que está presente en todos los

ministerios y servicios del Estado, no pudo .hacer más para remitir antes a las Cortes el proyectó de

Presupuestos para 1978, incorporando a ellos organismos autónomos administrativos, entidades de la

Seguridad Social, etc. En cambio, podían haber considerado los grupos parlamentarios del Senado que

acaban de negar su asentimiento a los presupuestos votados por el Congreso de los Diputados que la

llamada Cámara Alta no tiene función legisladora en materia financiera general o no territorial en los

países que todavía pueden permitirse el lujo de poseer dos cuerpos colegisladores. Bien podían haber

renuncia, aunque fuese por segunda vez, a debatir pormenorizadamente la ley financiera del Estado para

1978 en obsequio a las tareas que el Derecho constitucional comparado atribuye a las cámaras altas y a la

sil nación excepcional en que se encuentra la Hacienda Pública española, que ha de aplicar sus muy

escasos medios en busca de aceptables niveles de eficacia en su funcionamiento técnico o administrativo.

Opino que la ley de Presupuestas para 1978, como cualquier otro texto-—legal o no—, siempre es

susceptible de mejora o perfeccionamiento, y en particular cuando otro colectivo nuevamente lo examina

y lo critica. Pero también pienso que si los grupos parlamentarias del Congreso y del Senado tienen una

dirección común, es de esperar que en el Senado se reproduzcan o reiteren las emniendís y las

observaciones ya formuladas en el Congreso, y asi mismo es de esperar que talen enmiendas y

observaciones no tengan en el Senado más éxito que el obtenido en el Congreso por la lógica de los

votos y de la disciplina de los partidos. ¿Qué se va a conseguir, entonces, con este aplacamiento de la

entrada en vigor de los Presupuestos del Estufa para 1978. Esta pregunta, que sólo tiene una respuesta, me

lleva a una consideración final que ampara el título de esta colaboración. LA democracia es más cura que

el despotismo ilustrado y demás formas de Gobierno autoritarias porque ofrece otras alternativas y otros

bienes públicos dignos de la mayor estimación. Pero si las reglas de la democracia se ponen al servicio de

las competencias formales o de las operaciones triangulares, el resultado será negativo en lo político y en

lo económico. Además, si cual guier país necesita una política de Estado en la ancha y generosa acepción

de esta palabra-más, mucho más la necesita España en el trance que está viviendo. Vayamos, pues, y

sobre todo, a hacer país aunque en ocasiones parezca que no cuentan con nosotros o que somos menos

importantes.

César ALBIÑANA GARCIA - QUINTANA

 

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