Autor: Arias-Salgado Montalvo, Rafael. 
   ¿Qué es un a democracia moderna?     
 
 El Imparcial.    15/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

¿Qué es una democracia moderna?

EL Director de El. IMPARCIAL, que amablemente me ha invitado a colaborar en esta nueva realidad

periodística, formuló en un artículo reciente una crítica grave contra la clase política que hoy ocupa los

puestos de gobierno, los escaños del Parlamento y los órganos de dirección de los partidos. HA venido a

sostener que quienes, en mayor o menor medida, tienen en el momento presente la responsabilidad de

conducir el proceso político de cambio están construyendo una democracia vieja o anticuada.

Aseveración semejante, aunque respetable, es. en mi opinión, prematura, inexacta y, sobre todo,

superficial. ES prematura porque estamos inmersos en una etapa de transición, sujeta por tanto a un cierto

grado de indeterminación, en la que la necesidad primaria no es ni puede ser otra que instituir y

consolidar las reglas del juego político y el aparato de un Estado democrático. Y tales reglas de juego, que

estamos ensayando previamente a su constitucionalización, no son susceptibles de calificación por su

novedad o vetustez. Son ciertamente antiguas, pero no han envejecido ni mucho ni poco. Son

simplemente unas normas que, alumbradas en el transcurso de los siglos XVIII y XIX, se presentan hoy

como insustituibles, porque no hay otras. Sin ellas, guste o disguste, no cabe hablar de democracia. Y es

que constituyen una conquista irrenunciable del pensamiento y de la praxis política del mundo libre.

RESULTA inexacta porque la fructífera labor llevada a cabo por el Gobierno en el último año es de una

sorprendente originalidad. El proceso de transición, realizado con un coste social y político mínimo,

constituye un modelo sobre el que todavía habrá de reflexionarse ampliamente. Los acuerdos de la

Moncloa, hecho político igualmente original, representan, por su contenido, un esfuerzo serio en favor de

la modernización de !a sociedad v de ia configuración de un nuevo Estado, además de ser la única opción

realmente posible para afrontar la crisis económica en un momento en que, por ausencia de normas

constitucionales adecuadas, no están delimitadas las responsabilidades de derecho. A una situación

orginal no cabe responder más que con fórmulas originales de gobierno. ES. finalmente, superficial

porque la afirmación parece afectar exclusivamente al sistema de gobierno que se intenta establecer, es

decir, a las insustituibles reglas del juego a que antes aludía. Pero olvida por completo la referencia a lo

que constituye el telón de fondo de la reforma política: El Estado que se pretende erigir. Punto este último

que merece una mayor atención. EN la última década, el Estado, como realidad existencial e institucional,

desapareció casi totalmente del pensamiento y del análisis político. El predominio del enfoque so-

ciológico colocó en el centro del análisis la muda realidad del poder y eludió la reflexión sobre el Estado

por una alegada pertenencia al mundo metafísico, inaprehensible desde una perspectiva estrictamente

empírica. El Estado quedó diluido en un sistema de relaciones de poder e influencia. El enfoque empieza

a revelarse notoriamente insuficiente y vuelven hoy a aparecer obras importantes, cuyo eje es nuevamente

el Estado como realidad insoslayable y columna vertebral de lo político. COMO ha puesto e relieve

Lefebre en su gigantesca obra sobre el Estado moderno, la institución estatal se mueve hoy entre lo que

la desborda -mercado mundial, compañías multinacionales— y lo que, al menos aparentemente, la

debilita.

Existen, en efecto, un conjunto de cóntradiciones y conflictos, sin fácil solución, que inciden directa o

indirectamente sobre la estructura actual Estado centralizador. Es en verdad contradictoria la igualdad

jurídica y moral enire los Estados proclamada por el Derecho Internacional y la desigualdad real que

separa a unos de otros en fuerza, influencia y posibilidad de dominación. Hay igualmente conflicto entre

la uniformidad que el Estado tiende a imponer y las particularidades y reivindicaciones de las regiones y

nacionalidades. Hay asimismo contradicción entre las dificultades que origina la administración de los

asuntos de millones de personas dentro de un marco global y las exigencias de descentralizacion enten-

dida como posibilidad de participación de los miembros de todo tipo de comunidades en la resolución de

sus propios problemas al margen del imprescindible planteamiento general. Hay también antítesis entre el

crecimiento cuantitativo y el desarrollo cualitativo de la sociedad. Hay, de otra parte, confrontación entre

el exceso de burocratismo de los países industriales y la voluntad de goce que engendra el aumento de

poder del hombre sobre la naturaleza. Hay por último conflicto entre las situaciones de subdesarrollo, que

tienden a perpetuarse en una palpable desigualdad social y las exigencias de una economía de pleno

empleo, objetivo mediato o inmediato de los gobiernos de nuestro tiempo. UNA democracia moderna

sería, por tanto, la que institucionalizase las reglas tradicionales del juego político para dilucidar la lucha

por el poder, la que convirtiese en valor supremo las garantías jurídicas e institucionales de las libertades

públicas y derechos fundamentales, y la que se ordenase hacia la búsqueda de la solución de esa

problemática actual del Estado y de la sociedad de la que aquél es expresión política. Lo difícil —y tal es

el gran reto de hoy—, es naturalmente, garantizar la consecución de los objetivos inmediatos del Estado

(libertad, bienestar social y justicia) al tiempo que se encauza el proceso hacia la conformación de una

sociedad responsable, integrada, generadora de iniciativas creadoras, dotada de un alto grado de cohesión,

con tina clara identificación de sí misma y en la que el Estado no sea más que forma de organización,

garantía de libertad, prestador de servicios y mecanismo corrector de desequilibrios e injusticias. Tarea

ingente en la España de nuestros días, porque hemos heredado un Estado paternalista monstruoso —un

auténtico Leviathan— engendrado en los últimos cuarenta años por efecto de un doble proceso de

centralización: la centralización inherente a la naturaleza del Estado intervencionista y el centralismo

intencional, propio de un sistema autoritario de gobierno y de concentración de poder. El resultado de ello

ha sido ciertamente un considerable crecimiento económico, pero —y esto es lo grave— al propio tiempo

se ha configurado una sociedad inerme, pasiva, desarticulada, a la espera siempre de la salvadora decisión

estatal, carente de cohesión y sin conciencia de su propia identidad. No es fácil con estos datos de hecho

poner en marcha un régimen político democrático cuyo entramado real no es, en última instancia, más

que un sistema de asunción de responsabilidades por otra parte de todos y de cada uno. EN España, aquí

y ahora, una democracia moderna sería en suma la que atendiese a esta compleja realidad en el respeto y

en la profundización de la libertad. Quizá, estemos conyunturalmente absorbidos por la

instilucionalización de la democracia formal. Quizá, también, dediquemos excesivo tiempo de estreno. De

ahí puede desprenderse una mala impresión. Pero me atrevo a asegurar que la exigencia de construir un

Estado moderno, una sociedad moderna, una democracia moderna en el marco de las coordenadas antes

trazadas está presente hoy en quienes, en el poder o en la oposición, contribuyen con su esfuerzo y

sentido de la realidad a poner a España al día. Ignorantes desde luego no somos.

RAFAEL ARIAS-SALGADO Diputado de UCD

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