Autor: Gil-Robles, José María. 
   La candidatura del señor Suárez     
 
 Pueblo.    24/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

PODRÍA tacharse la cuestión de anecdótica, pero es algo más. La duda de si el presidente Suá-re/. va o no

a presentarse corno candidato —indiscutiblemente triunfante— en la*, al parecer, próximas elecciones

legislativas, y si lo hará basándose tan sólo en el prestigio personal adquirido en sus meses de gestión al

frente del segundo Gobierno de la Monarquía, me parece de suficiente importancia para merecer un

comentario, aunque no tanto como para ocupar la primera plana de los periódicos, como problema

político de recientisimo descubrimiento.

Esa actualización un poco desorbitada me preocupa mucho más por las incógnitas que fermentan en su

seno que por la importancia intrínseca del tema. Me parece que son principalmente las cuestiones que se

mueven en torno al planteamiento las que han hecho brotar con mayor intensidad la atención de las

gentes.

Todavía no he salido del asombro que me produjo la lectura relativamente reciente de un artículo de

máximo interés, como todos los de su autor, en que no admitía siquiera como materia objeto de duda la

conveniencia de que don Adolfo Suárez fuera diputado en las anunciadas Cortes Constituyentes.

¿Ser/a siquiera imaginable —venía a decir el articulista— que un primer ministro inglés no ostentara una

representación parlamentaria en los Comunes? ¿Acaso una de esas costumbres inveteradas que forman la

trama de la Constitución británica no exige que todo ministro sea miembro del Parlamento?

El razonamiento, hábil y bien desarrollado, peca, sin embarco, de un defecto básico: olvidar que España

no vive un régimen parlamentario y que la situación de un ¡efe de Gobierno nombrado por Don Juan

Carlos I está muy lejos de ser la de un primer ministro de Su Majestad Británica la Reina Isabel.

En Inglaterra, cuna del parlamentarismo, al igual que ocurría en otros países de Europa y como sigue

pasando en Monarquías que no han plasmado en un régimen democrático, el primer ministro no tenía en

sus orígenes más categoría que la de un favorito. El Parlamento no era el origen de sus poderes, y cuando

el que empezaba a ser jefe del Gabinete tropezaba con ¡a hostilidad de la Cámara de los Comunes, su

posición era poco cómoda entre el peligro de un impeachment votado por los representantes del pueblo y

la pérdida de la confianza real.

Pasó un largo período de más de un siglo de vicisitudes, hasta que después del dilatado periodo de

Walpole, el primer ministro británico, no obstante no tener en apariencia más honores externos que ciertas

preeminencias en algunas listas del ceremonial, llegara a ser lo que es hoy el jefe poderoso que dirige la

política del país, sin comprometer a la Corona en sus decisiones y apoyado en la fuente indiscutible que

nace de la confianza parlamentaría.

Tal vez la conciencia de esa diferencia esencial y el cálculo prudente de sus posibles consecuencias sean

el factor que incline el ánimo de don Adolfo Suárez no sólo a buscar el apoyo popular de sus electores de

Avila —coincidentes, sin duda, con la voluntad de otros muchos españoles—, pero que, desde luego, no

sería bastante, sino a contar con la fuerza absolutamente indispensable en los momentos actuales de un

sólido y suficiente bloque parlamentario.

Y aquí es donde, a mi juicio, radica la verdadera trascendencia del problema.

Después de elegidas las Cortes y hasta que se apruebe la nueva iey fundamental, e] señor Suárez puede

seguir siendo jefe del Gobierno apoyado en unas leyes de origen dictatorial, todavía rio derogadas, según

las cuales es titulo suficiente para el ejercicio del poder el nombramiento hecho por el Soberano entre los

miembros de una terna propuesta por el Consejo del Reino.

Pero aquí es precisamente donde surge el problema, y no de escasa importancia, pues en el fondo supone

el enfrentamiento de las instituciones del pasado, con la conciencia de su poder decisorio, que animará a

los elegidos por la voluntad popular tan pronto como las Cortes estén constituidas, y por muchas que sean

tas ficciones que presidan su nacimiento.

El absurdo mecanismo de la ley de Reforma Política, desfigurado por unas Cortes ficticias que no

supieron morir con dignidad y aprobado por un referéndum nutrido de peligrosos equívocos, obliga a un

jefe de Gobierno que quiera gobernar con un programa propio a contar en las dos Cámaras con un apoyo

suficiente. No parece que le sea difícil conseguirlo en el Senado, si se decide a practicar una política lo

más cercana posible al continuismo, dado el modo de reclutamiento previsto para esta Cámara, máxime si

el Rey usa de su facultad —y pido al cielo que renuncie a ella— de nombrar directamente a una quinta

parte de los senadores.

Las dificultades pueden estar en la llamada Cámara popular, pues o el Gobierno fuerza los poderosos

resortes que tiene en su mano hasta obtener una falsa mayoría parlamentaria, bien sea directamente o bien

a través de grupos independientes preparados de antemano, o con dificultad tendrá apoyo no ya sólo para

la adopción de las medidas urgentísimas que reclama la gravísima situación económica del país, sino

incluso para aprobar una Constitución modestamente democrática.

Por eso arraiga cada vez más en mi espíritu la idea de que puede ser de gravísimas consecuencias el

ensayo de afrontar las elecciones y sus lógicas consecuencias sin la previa conclusión de un pacto

político-económico entre fuerzas dispuestas a aplazar incluso legítimas pretensiones particularistas en

aras de las mínimas realizaciones comunes que exige con urgencia el bien de todos.

El problema no está para el señor Suárez —al menos en mi modesto juicio— en elegir el medio que le

asegure con mayor o menor eficacia su permanencia en el Poder al día siguiente de las elecciones. ¡Sería

ciertamente triste que se viera en el trance de tener que empeñar, con maniobras y contubernios, el mérito

que va conquistando de llevar a España hasta el borde de la democracia!

Pero, ¿habrá tiempo de conseguir ese pacto, dada la premura con que quieren llevarse las cosas?

José María GIL-ROBLES

 

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