El instrumento de la política emigratoria del gobierno es el Instituto Española de Emigración     
 
 ABC.    20/10/1960.  Página: 59-60. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

ABC. JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 1960. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 59

EL INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA EMIGRATORIA DEL GOBIERNO ES EL INSTITUTO

ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN

Bases para regular los movimientos emigratorios y ejercer su acción protectora

El presidente de las Cortes, D. Esteban Bilbao, facilitó ayer tarde a los pediodistas él Boletín Oficial,

número 674, que inserta las bases ordenadoras de la Emigración. El proyecto de ley consta de seis

capítulos, quince bases y tres disposiciones adicionales. En la parte expositiva se dice que el instrumento

ejecutor de la política emigratoria del Gobierno es el Instituto Español de Emigración. Un Estatuto

jurídico del emigrante servirá para potenciar, mediante el apoyo del Estado, la aportación de nuestros

emigrantes a los países que los reciben. Así será posible superar para siempre la figura del emigrante

abandonado a sus propias y exclusivas fuerzas y sometido a todos los riesgos de una aventura en tierra

extraña; riesgos que se ven agravados en nuestros días, poco propicios para brindar empleo digno al

simple peonaje, carente de preparación y de asistencia. La ley, sin dejar de tutelar la emigración

espontánea, tiende a una planificación mediante operaciones que abarquen desde una adecuada

capacitación profesional, hasta el establecimiento de relaciones laborales acordes con la dignidad

humana. La protección al emigrante abarca no sólo las gestiones para lograrle la documentación necesaria

sino posibilidades de crédito debidamente conexas con él sistema de seguridad social, para hacer frente a

los gastos que la expatriación origine. El viaje, mediante la intervención oficial en la concentración del

transporte, podrá verificarse en las condiciones más favorables, y se regula, teniendo en cuenta las

actuales condiciones de tráfico. Es decir, que habrá un régimen especial a que se ajuste dicho transporte,

teniendo en cuenta la posición económicamente débil del emigrante. No menos Importante es la

protección prevista y ejercida bajo la dependencia de las representaciones diplomáticas y consulares de

España en el exterior, a quienes se confía la inclusión de los emigrantes en los regímenes de seguridad y

asistencia social en los respectivos países de acogida. También tiende la ley a facilitar la reunión del

emigrante con su familia, mediante la tutela del Estado, con la cooperación inestimable de la Iglesia y la

conexión con los organismos internacionales de Emigración. En definitiva, la aplicación de la ley per-

mitirá al Gobierno extender a los españoles que trabajan fuera de las fronteras de la Patria todos los

beneficios de su asistencia. En las bases de la ley se dice que el Estado regulará los movimientos

emigratorios y ejercerá su acción protectora sobre los emigrantes, inspirándose en el respeto a su libertad

y dignidad en la defensa del bien de la nación, en la doctrina de la iglesia católica y en las orientaciones

señaladas por la comunidad internacional al servicio de ¡a justicia y de la paz social. Por razones de sa-

nidad, orden público o riesgos excepcionales para los emigrantes, el Gobierno podrá suspender,

condicionar o limitar temporalménte la emigración. Quienes hayan sido objeto de la repatriación

bonificada por el . Estado no podrán abandonar nuevamente el territorio nacional sin reintegrar los gastos

ocasionados por aquella. El Estado favorecerá en cuanto esté de su parte la asístencia religiosa a los

emigrantes y en el ámbito internacional regulará los movimientos emigratorios de los españoles mediante

convenios o tratados con los países de recepción. Corresponde al Ministerio de Trabajo la competencia

general en la materia, y por tanto regulará los planes y operaciones de emigración asistida. El Instituto

Español de Emigración contratará con las empresas y organismos extranjeros que soliciten operarios,

técnicos, titulados o facultativos españoles, la prestación de los servicios necesarios para llegar a su

selección y percibir los premios que se pacten. Le compete además orientar e informar gratuitamente al

emigrante; promover la preparación y capacitación, profesional del mismo; concertar con los organismos

sanitarios competentes el reconocimiento médico y facilitar a los emigrantes la obtención de medios eco-

nómicos, enseres c instrumentos de trabajo y las transferencias a sus familias en España, así como

conceder ayudas para su traslado y asentamiento en el país de recepción. Se faculta al Gobierno para

adoptar las medidas que permitan a los emigrantes acceder colectiva o individualmente a los beneficios de

la legislación en materia de crédito agrícola e industrial, y para facilitar la constitución y desarrollo de

empresas que puedan dar empleo a emigrantes españoles en los países de inmigración. Durante el viaje el

emigrante tendrá todo género de protección. Ninguna empresa nacional o extranjera podrá dedicarse al

transporte regular de emigrantes, sin haber obtenido del Ministerio de Trabajo, previo depósito o fianza,

la correspondiente licencia. El Instituto es competente para obtener de los transportistas la reserva de

plazas y expedición de pasajes y para proponer al Ministerio la cuantía exacta de las fianzas o cánones de

los transportistas. Queda prohibida toda intermediación no autorizada por el Instituto en estas

operaciones. También propondrá el Ministerio las bases a que deban acomodarse los contratos de trabajo;

tramitará las cartas de llamada y visará los contratos individuales. El Estado velará por el mantenimiento

de la unidad familiar, mediante operaciones de reagrupación realizadas por el Instituto.

 

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