Autor: ;Ramírez, Pedro J.. 
 Suárez ante el pleno del Congreso. 
 La Constitución, tarea prioritaria  :   
 Cuando se apruebe, la política de consenso se sustituirá por la de moderación en la defensa de las respectivas posiciones. 
 ABC.    06/04/1978.  Página: 1, 4-8. Páginas: 6. Párrafos: 148. 

ABC

SUAREZ ANTE EL PLENO DEL CONGRESO:

"LA CONSTITUCIÓN, TAREA PRIORITARIA"

El ESFUERZO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NO HA SIDO EN VANO

"QUEREMOS EL ESTADO DE TODOS COMO EXPRESIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL"

«ESPAÑA NO HA CONSOLIDADO DEFINITIVAMENTE SU ESTRUCTURA POLÍTICA»

«Por ello patrocino desde un Gobierno de partido la política de convergencia que estamos practicando»

Cuando se apruebe, la política de consenso se sustituirá por la de moderación en la defensa de las

respectivas posiciones

MADRID. (De nuestros redactores en las Cortes, Herminio Pérez Fernández y Pedro J. Rmirez.) A las

cinco y diez de la tarde comenzó ayer, en el Congreso de los Diputados, el Pleno de la expectación.

En ia puerta de entrada para los invitados hubo colas desde las tres de la tarde. Eí lleno, por todas partes,

lúe rebosante. En el hemiciclo estaban prácticamente iodos los diputados, y ¡unto a ellos,

muchos senadores. La Mesa del Senado ocupó lugar preferente. Y en la tribuna de invitados,

parlamentarios alemanes con el vicepresidente del Bundestag. Una tarde de gala para la Cámara Baja.

Al presidente, señor Alvarez de Miranda, le costó trabajo imponer silencio y que los diputados ocuparan

sus escaños. Cuando lo logró, abrió la sesión con unas breves palabras de condena para los hechos

violentos ocurridos en estas últimas semanas. «Ese no es el "andino de la democracia —dijo—. Tenemos

que seguir adelante, sin arredrarnos, para dar ai pueblo español una Constitución que nos permita vivir en

paz en el futuro.»

Tras la aprobación del primer asunto que figuraba en el orden del día —hora y media de debate—, el

presidente Suárez subió al podio de los oradores a las seis y veintiocho minutos de la tarde para, «eti

cumplimiento de la resolución» adoptada en el Pleno del día 1 de marzo, informar a la Cámara sobre la

reciente reorganización del Gobierno.

Datos para los curiosos: el presidente utilizó gafas papa leer —sesenta y siete minutos—, con voz pausada

e inalterable. En la solapa, una insignia de U.C.D. Esto fue —en síntesis— lo que dijo, en medio de un

denso silencio:

«Tengo el honor de comparecer ante esta Cámara, no tanto por virtud de una obligación constitucional

expresa, como para atender una decisión mayoritaria del Congreso adoptada por vía de resolución en la

sesión plenaria del pagado primero de marzo.

La resolución aprobada por esta Cámara el primero de marzo solicitaba, en primer lugar, que el presidente

del Gobierno dé explicaciones al Congreso sobre los cambios efectuados en su composición.

La explicación es muy sencilla, porque, en política, los hechos son frecuentemente más simples de lo que

algunos creen y carecen de la complejidad o alcance que les atribuyen unas interpretaciones

pretendidamente objetivas; creo que el mero transcurso de unas pocas semanas ha servido ya para situar

la remodelación ministerial en sus propias dimensiones. Espero que haya disipado ciertas dudas y haya

desvirtuado juicios de valor precipitados.

£1 hecho político significativo es éste: el nrpfesor Fuentes Quintana presenta su dimisión como

vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. El Gobierno, en cuanto tal, no podía más

que dar cuenta a la opinión pública del acontecimiento en sí mismo, pues no podía ni puede explicar, en

rigor, las razones d« un» dimisión, que son propiedad exclusiva de la persona que la presenta.

El profesor Fuentes Quintana ha cumplido la función que se le había encomendado —«diseñar un

programa y colaborar en la aceptación de ese programa»—, misión que él consideraba la propia de un

técnico independiente no sujeto a disciplina de partido. Prueba evidente de la sinceridad de esa actitud es

que el señor Fuentes Quintana continuará asesorando al Gobierno a través del nuevo cargo que ha pasado

a desempeñar.

Por ´ello, para mí, que tengo la responsabilidad de presidir el Gobierno, la dimisión del profesor Fuentes

de sus funciones ejecutivas, no ha sido una consecuencia provocada, sino que ha sido un hecho, si ustedes

quieren un dato, del que tenía que partir.

No ha habido, pues, lo que en técnica parlamentaria se llama crisis de Gobierno, ni resulta, por tanto,

correcto, hablar de la política del nuevo Gobierno, como algo distinto, por quiebra de línea o de objetivos,

de la política hasta ahora seguida.

El Gobierno afirmó desde el primer momento en su comunicado oficial su propósito de continuidad

programática y la continuidad en la ejecución de los Pactos de la Moncloa.

El Gobierno estima que no existió ni existe razón de peso algruna para dudar de la sinceridad de esta

afirmación, porque entiende que ha sido fiel a sus compromisos y a, sus pactos y porque considera que el

Programa de Reforma y Saneamiento do la Economía es beneficioso para el país y, por tanto, se propone

llevar a cabo su ejecución con eficacia y sin abdicaciones; utilizando para ello los medios más adecuados

en cada caso.

Ahora bien, aunque considero que con esta explicación la Cámara tiene, a mi juicio, una respuesta

razonada, la resolución adoptada el pasado primero de marzo, no debo ni quiero desaprovechar esta

oportunidad que se me ofrece para exponer a sus señorías cuál es la visión del Gobierno sobre el

momento político actual en su conjunto, cuáles son los problemas más urgentes y cuáles son, a nuestro

juicio, las líneas fundamentales de actuación para afrontar sus soluciones.

DESCONCIERTO, MALESTAR Y PESIMISMO

Ante todo, quisiera subrayar la coherencia de la línea política de reforma que estamos siguiendo, cuya

finalidad última era y es devolver al pueblo español su protagonismo y estructurar, desde la legalidad, el

nuevo sistema político democrático.

Sólo desde esa perspectiva de la coherencia y continuidad en el tiempo de una política fundamenta]

democrática es posible entender el esquema de objetivos programáticos y de actividades concretas que el

Gobierno ha llevado a cabo en los últimos nueve meses.

Y quizá la dificultad de comprender, en toda su profundidad, el horizonte último de nuestra política y la

singularidad de nuestra forma de gobernar en esta «tapa de transición, puedan justificar en parte el clima

de desconcierto, de malestar y hasta de pesimismo que existe en ciertos sectores de la población española.

En otra amplia medida, esa actitud de descontento y de desconfianza en el futuro, está determinada por

algunos datos de la propia realidad objetiva y por el nega-tivismo, el carácter catastrofista y las

interpretaciones extremadas con que se utilizan en ocasiones aspectos muy concretos d« la situación

actual.

«EL ESTADO DE TODOS»

Ante todo, me parece imprescindible poner de relieve, una vez más, la singularidad d«l proceso político

que ha seguido España en los últimos veintiún meses; singularidad que necesariamente ha tenido y tiene

que influir tanto en las posiciones programáticas, como en las decisiones concretas del Gobierno.

Una transformación profunda del Estado, sin quiebra de la legalidad, requiere que las distintas fuerzas

políticas y sociales, y muy especialmente el Gobierno, asuman, con plena responsabilidad, la tarea de

coadyuvar a la construcción de ese nuevo Estado democrático de derecho que el pueblo español ha

escogido rotundamente como el sistema político más adecuado para nuestro país.

Era y es necesario, por tanto, que todas las fuerzas políticas consideremos la consolidación de una

democracia plena como nuestro objetivo prioritario, antepuesto a los que pueden ser objetivos de partido.

Y no contribuirán a esa consolidación quienes no sean capaces de subordinar sus legítimos proyectos

políticos de grupo, incluso a veces la dialéctica Gobierno-oposición, a la instauración y mantenimiento de

una confianza general de los ciudadanos en el Estado democrático y en sus instituciones.

Porque, es claro, que la conducción del proceso político en la fase, de constitución de un Estado

democrático sólo analógicamente se corresponde con la acción política en el esquema de una democracia

ya constituida. Y esto es así para el Gobierno y es o debería ser así para la oposición y para los partidos.

La política discurre por dos planos distintos: el de Estado, que con sus notas características define el

marco básico de convivencia, y el de Gobierno y oposición, que sólo puede jugar todas sus virtualidades

cuando existe y se respeta ese cuadro básico de instituciones.

La intensidad de la acción política en uno y otro plano y de los problemas que se plantean son distintos,

según el momento histórico y según las características de cada país y de cada población. Lo importante es

reconocer y asumir que si en el segundo plano la esencia de la democracia se hace fecunda por la

confrontación en el primero —el de la política de Estado—, la fecundidad está asociada al esfuerzo de

convergencia inédita en nuestra historia, que estamos llamados a protagonizar. No queremos el Estado de

unos españoles impuesto a otros españoles. Queremos el Estado de todos, como expresión de la

comunidad nacional, de forma que dentro de él puedan presentarse y actuar las distintas opciones y

alternativas del Gobierno.

Y vamos a lograrlo a pesar de quienes, fuera de estas Cortes, por excitación de toda clase de extremismos

o por acumulación de exigencias y perentoriedades, someten la imagen misma de las instituciones

democráticas a deterioro, minan la confianza social en ellas o atenían directamente contra la esencia

misma del Estado desde la irracionalidad.

Pues bien, es evidente que la acción del Gobierno ha estado y está influido por el hecho de desenvolver su

tarea política en el contexto de un período constituyente y es lógico que mi Gabinete estuviera y esté

directamente afectado por la necesidad de anteponer, en las actuales circunstancias, la política de Estado a

la política de Gobierno. Esta misma exigencia se ha planteado también % todas las fuerzas políticas

democráticas.

A partir de este contexto básico, entiendo que los tres rasgos característicos que en última instancia,

definen la posición actual del Gobierno y explican nuestra forma y modos de gobernar son: la legitimidad

democrática, la tarea gestora y la estrategia de la concordia.

El Gobierno es, a partir de los resultados electorales del 15 de junio, la expresión de la mayoría

parlamentaria. Ello es así porque U. C. D, es la mayor de las fracciones en el Congreso y en el Senado, y

porque existe la posibilidad reglamentaria, de conformidad con la ley a tal efecto aprobada por estas

Cortes, de someter al Gobierno a un procedimiento de censura con la consiguiente responsabilidad

política.

Mi Gobierno actúa, por tanto, investido de una incontestable legitimidad democrática.

Cuando existe una Constitución, y es necesario insistir en ello una y otra vez, expresión de una concordia

básica generalmente aceptada, el disenso y la confrontación en la política cotidiana pueden alcanzar

niveles más profundos y afectar a ámbitos muy diversos. E] acuerdo en lo básico permite polemizar en

todo lo demás.

Por el contrario, durante un proceso constituyente, el Gobierno ha de limitar el alcance de esas opciones,

manteniéndose en niveles no sustanciales de disenso.

Esta situación transitoria, propia de todo período constituyente, condiciona cualquier aspecto de la acción

política.

Por todo esto, es obvio que la tarea gestora del Gobierno está sometida a unos condicionantes y a unas

superiores exigencias de la política del Estado, que se modificarán sustancialmente cuando se aprueba la

Constitución.

Y esa Constitución, en cuanto expresión de la concordia nacional, ha de ser obtenida por consenso, para

lo cual es preciso contar con las diversas fuerzas políticas en presencia. Lógicamente, esta política de

convergencia a nivel constitucional, tiende a afectar a los demás ámbitos de la vida política. Difícilmente

puede realizarse una política económica de enfrentamiento entre derechas, centro e izquierdas, por

ejemplo, si al mismo tiempo, se pretende que derechas, centro e izquierdas colaboren en alcanzar la

concordia constitucional.

ACUERDOS LIBRES

En cualquier caso debe quedar claro que la política de consenso no trata de forzar unanimidades, sino de

lograr acuerdos libres y responsablemente asumidos por las fuerzas políticas y por las instituciones

representativas.

Todo esto, mejor que ninguna otra razón, explica la moderación del Gobierno y del partido en la mayoría

gubernamental durante este período constituyente.

La política de consenso, como indiqué ante este Congreso el pasado 27 de octubre. ha afectado a "unos

grandes temas Que entiendo son básicamente: la nueva Constitución, la reconciliación nacional, la

superación de la crisis económica, el establecimiento de un marco inicial y transitorio para las autonomías

y la adecuación, sustancial sobre derechos y libertades públicas al nuevo sistema democrático».

Pero que conste que nadie pretende perpetuar y extender indefinidamente esta política. En caso contrario

podría llegar a sustituirse la dialéctica mayoría-minoría por un sistema de «democracia unánime», sólo

propia de ios sistemas arcaicos y tribales o de los regímenes políticos totalitarios de nuestros días.

Por ello urge terminar el proceso constituyente y sustituir en lo demás el consenso por la moderación en

la defensa de las respectivas posiciones opuestas O divergentes.

ECONOMÍA, ORDEN PUBLICO Y POLÍTICA EXTERIOR

Creo que sus señorías estarán de acuerdo en que de todos los problemas que nuestro país tiene planteados,

el más acuciante. el más vital, el auc más preocupa, y lógicamente, a todos los españoles, el que más

influye en su descontento y en su pesimismo es el de nuestra situación económica y social.

Pues bien, cualquier intento de referirse a la política económica del Gobierno tiene que partir de unos

hechos que la condicionan, de unos acuerdos para afrontarlos que la definen y de unas resoluciones de las

Cortes que la comprometen.

Una crisis con tres síntomas externos registrados en todas las economías nacionales:

• Una aguda tasa de inflación con alza de precios ignoradas en el pasado.

• Un desequilibrio de la balanza de pagos que amenazaba la continuidad del desarrollo en muchos

países, frenaba en todos su vitalidad pasada y arriesgaba el propio crecimiento del comercio

mundial.

• Unas cifras de paro, en fin. desconocidas desde el fin de la segunda guerra mundial y que

alcanzaban para los países d« la O. C. D. E. en 1977 la cifra dramática de 16 millones de personas.

E» importante afirmar y comprender que esos tres hechos en que la crisis económica se manifiesta

constituían y constituyen problemas españoles que no son distintos de los del resto del mundo.

Reconocer la dura realidad de estos hechos constituía una condición absolutamente necesaria para salir de

la crisis económica, a la que no podría escapar ningún partido, ninguna ideología, ningún programa.

Porque, en efecto, esos hechos se presentaban con rotunda elocuencia en nuestro país: una inflación que

superaba el 30 por 100. un déficit con el exterior que apuntaba hacia la imposible cifra de los cinco mil

millones de dólares, un paro situado en el 5 por 100 de la población activa.

Reconocer y proclamar los problemas que la crisis económica planteaba y atribuir a su solución la

prioridad sobre las posiciones de partido para construir la democracia, constituyeron el sólido fundamento

de la nueva política económica española.

Nueva porque por primera vez en nuestra historia la política, económica no se definía desde una posición

partidista, sino desde el más amplio y exigente punto de vista del interés nacional.

Esa política económica, construida sobre la transigencia y el acuerdo de los legítimos intereses de partido,

se diferenciaba claramente de la aplicada en otros países, tanto por su fundamento democrático como,

sobre todo, por su composición y por los elementos que la Integran. Se trata, en efecto, de una política

con dos sumandos distintos y complementarios.

POLÍTICA DE SANEAMIENTO ECONÓMICO

Pero es también una política de reformas; reformas que tratan de que nuestro sistema económico —como

piden nuestros empresarios— un sistema de economía social de mercado, basado en la libre iniciativa y

en la empresa privada. Cuando esto se pide, se olvida con frecuencia que ese sistema económico —que

rige los destinos de las sociedades industriales en Occidente— combina dos términos, social y de

mercado, que deben hacerse compatibles.

El Estado tiene que garantizar los equipamientos sociales necesarios para que todos los españoles tengan

acceso real a los bienes de educación, de la cultura, de la sanidad, de la Seguridad Social, de la vivienda o

del ocio. Y para ello, el Estado necesita disponer de los necesarios recursos económicos, que sólo puede

obtener a través de los impuestos, que vamos a pagar todos, de acuerdo con nuestros ingresos reales.

El activo para superar la crisis económica se halla —continuó— en la capacidad de trabajo de los

españoles, en la preparación de nuestros técnicos, en la voluntad de nuestros empresarios y trabajadores y

en los acuerdos que todos los partidos políticos suscribimos hace cinco meses y que hace cinco mees las

Cortes comprometieron con el Gobierno.

Los resultados obtenidos a corto plazo no deben silenciarse, pues la divulgación y conocimiento de esos

resultados deben ganar la difícil credibilidad pública, que tanto se regatea a todo programa que exige

sacrificios generales.

Esos resultados existen y han alterado en forma importante el panorama de los desequilibrios que la

economía española contemplaba unos meses atrás.

El frente en el que las cifras ofrecen unos resultados más espectaculares es el de la balanza de pagos.

Hay también mejoras importantes en el mal más grave y profundo de nuestra economía: en la inflación,

mejoras reales y mejoras sicológicas. Mejoras reales tanto en el índice de precios de consumo como en el

de precios al por mayor.

El panorama es menos favorable —coma debía esperarse por quienes firmaron loa Acuerdos de la

Moncloa y conocieran sus previsiones—en los frentes del ritmo de la actividad económica y los niveles

de ocupación.

Las Cortes han de conocer en detalle y decidir 1% oportunidad sobre los programas de reestructuración

sectorial que tratan d» practicar las reformas necesarias aplazadas desde antiguo y que no resulta posible

posponer por más tiempo.

A pesar de que la situación de la actividad ha sido, probablemente, menos débil de lo que se reflejaba

externamente —si se exceptúan algunos sectores en crisis bien conocidos—, la situación del paro ha

continuado deteriorándose debido básicamente a que el ritmo de aumento de la población activa —

eliminada la cómoda e injusta válvula, de escape de la forzosa emigración exterior— exige tasas de

crecimiento productivo superiores al 4 por 100 anual para ser absorbido.

Más que el volumen total del paro reflejado en unas cifras importa señalar los dos hechos básicos de que

la desocupación continúa afectando básicamente a la población activa joven recién llegada al mercado de

trabajo, y sigue centrándose especialmente en algunas regiones, como en Canarias, Extremadura y

Andalucía a la cabeza.

Pero muy poco podrá conseguirse en la mejora de la actividad y en la elevación de las cifras de ocupación

si no se afianzan los resultados ya conseguidos en el terreno de los precios y en el sector exterior.

El hecho de que las cifras de equilibrio presenten un cariz que muy pocos esperaban cuando el programa

de Saneamiento y Reforma Económica inició su aplicación abro una puerta para la esperanza, y el

optimismo, y también para la perseverancia.

Conocemos hoy que el esfuerzo de la sociedad española de los meses pasados no ha sido en vano. No se

ganan gratuitamente resultados como los que ofrece la balanza de pagos o los índices de inflación.

LA PERSEVERANCIA DE LA CONTINUIDAD

Pero quizá en política económica es más fácil decir empecemos que votar por la perseverancia del

continuemos.

Pero debe quedar claro que el Gobierno estaba y está dispuesto a que esa continuidad en la aplicación de

los Acuerdos de la Moncloa no se rompa.

Los Acuerdos de la Moncloa constituyen una solución para 1a crisis, articulada de esfuerzos y renuncias,

a los que obligan las medidas de saneamiento y a las que fuerzan las decisiones de reforma.

Que el Gobierno no sólo está dispuesto a cumplir los Acuerdos de la Moncloa, sino qu« está decidido a

que se cumplan.

Sería injusto y equivocado pretender que un programa económico, para solucionar una crisis de la

gravedad de la española, produjera efectos espectaculares y definitivos en poco más de cien días.

LA SEGURIDAD CIUDADANA, UNA NECESIDAD SOCIAL

La seguridad ciudadana es una necesidad social a la que el Estado tiene que dar respuesta como servicio a

la comunidad.

Yo sé que esta preocupación del Estado es y debe ser ampliamente compartida. La siente el pueblo

español al margen de las distintas ideologías políticas. La viven todas las fuerzas políticas parlamentarias.

Y el Gobierno, por supuesto, la comparte plenamente.

Este concepto se traduce en la protección de la integridad física y moral de la persona, la salvaguardia de

sus libertades y derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, y la defensa de su actividad,

bienes y relaciones.

Hacer efectivo el ejercicio de las libertades en un contexto de seguridad ciudadana es el objetivo de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El cumplimiento de esa finalidad exige que las Fuerzas de Seguridad del Estado permanezcan al margen

de cualquier opción concreta. Su política es la política del Estado. Servirla con constancia y eficacia es su

misión, cualquiera que sea la orientación política del Gobierno en cada momento.

Por entenderlo así, en el proyecto de ley de la Policía se establece que las Fuerzas de Seguridad del

Estado tendrán como misión defender el ordenamiento constitucional, proteger los derechos y libertades

de los ciudadanos y garantizar la seguridad personal de éstos.

Pero este cambio en la concepción del orden público no implica ninguna relajación del principio de

autoridad.

Porque nos preocupan estos problemas y el Gobierno está afrontándolos con seriedad, con rigor y en

profundidad, más allá de las puras declaraciones retóricas, estamos haciendo un serio esfuerzo de

modernización y adaptación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, esfuerzos cuyos frutos no tardarán

en hacerse presentes en la sociedad.

Mi Gabinete está convencido de que nuestras Fuerzas de Seguridad del Estado, con el impulso y respaldo

del Gobierno y de las fuerzas políticas, y dotadas de los medios técnicos y jurídicos adecuados, podrán

dar la respuesta necesaria a los intentos de alterar el orden público y de atentar contra la integridad

personal, la propiedad y la intimidad de los ciudadanos.

DESORDEN EN LA TRANSICIÓN

Ahora bien, no quedaría completo mi análisis de este tema si no recordara ante esta Cámara que en el

desorden ciudadano hay que distinguir tres aspectos, cuya situación es diferente:

En primer lugar, el desorden público producido por la transición política, que se da necesariamente en

todo proceso de cambio y como consecuencia de la falta de adaptación de las leyes y de las personas a la

nueva situación.

Nunca ha sido grave este desorden en nuestra transición a la democracia, hasta el punto de haber

merecido la admiración internacional. Pero lo importante es anotar que este tipo de desorden hoy está

prácticamente superado.

En cuanto a la criminalidad común, es verdad que ha sufrido los aumentos consecuentes a las propias

dificultades económicas y a los procesos de movilidad social, y tan poco es menos cierto que al coincidir

con la transición política «se siente más», quizá como consecuencia de que se habla más de ella.

LAS BANDAS ARMADAS

En tercer lugar, sufrimos la criminalidad de bandas armadas. No nos consuela saber que es común a todo

el mundo. Nos preocupa hondamente. Sabemos que es una lucha contra la sociedad y contra el Estado, y

nos defendemos con firmeza. ´ Pero quiero advertir también, porque nunca he tratado de crear falsas

esperanzas o prometer imposibles, que, como ya dije en enero de 1977, al referirme a los actos terroristas,

«no podemos afirmar que tenemos la solución inmediata, porque no existe, pero también porque no

queremos ni podemos engañar al pueblo español. T esa misma necesidad nos hace reconocer que no

existe un problema de autoridad, porque allí donde haya un criminal dispuesto a matar existe la

posibilidad de que se cometa un crimen».

POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO

En este orden de objetivos prioritarios de la actuación del Gobierno, merece una singular atención la

definición de nuestra política exterior. El Gobierno parte de un principio: no es concebible una política

exterior de España que no sea una política de Estado compartida por la mayoría de !a nación y, por

supuesto, de los grupos políticos que componen el Parlamento.

Si hay algún orden de nuestra vida pública donde es necesaria la coincidencia por encima de las opciones

ideológicas o de partido, ese orden es el papel de España en el mundo.

Nuestra acción exterior es, ante todo, resultado de un objetivo prioritario, no negociable, irrenunciable y

permanente, sobre el que la supervivencia misma del Estado se apoya: me refiero a la independencia «

integridad de la Nación.

NORMALIZACIÓN DE RELACIONES

En el tiempo transcurrido hasta hoy hemos normalizado nuestras relaciones con el mundo. Pero no hemos

buscado sólo una normalización, sino que hemos logrado insertar a España en la órbita internacional que

le corresponde.

Pero, ¿qué duda cabe de que España debe jugar, además, en el mundo, con unos intereses concretos?

Pues bien. En la promoción de esos intereses España actúa prioritariamente en dos áreas, Europa y

América. Buscamos una relación normal con todos los países europeos y, particularmente, hemos abierto

«DEVOLVER EL PROTAGONISMO POLÍTICO AL PUEBLO ESPAÑOL Y CONSOLIDAR UN

ESTADO DEMOCRÁTICO»

las negociaciones para una integración total en la Europa Comunitaria.

En América queremos dedicar una atención especial a los países iberoamericanos, con los que hemos de

pasar de unas relaciones históricas marcadas por su carácter emotivo a unas nuevas relaciones basadas en

el intercambio real.

ATENCIÓN A LOS EMIGRANTES

Por último, señorías, nuestra política exterior tiene otra dimensión humana inaplazable: atender y asistir a

los españoles que viven fuera de nuestras fronteras. Independientemente de que el objetivo último sea su

retorno, hemos de contar con la realidad de que la emigración existe y de que tiene unos problemas

humanos y culturales, fundamentalmente, que debemos atender con toda la puntualidad que las

circunstancias nos permitan.

PROGRAMA DE FUTURO

Pienso, señoras y señores diputados, que mi intervención quedaría incompleta si no abordara ahora,

aunque sea muy esquemáticamente, nuestro programa de futuro.

Lógicamente, ese programa ha de tender, como he dicho antes, a alcanzar en breve plazo, ese horizonte

último que nos propusimos hace casi dos años, de devolver el protagonismo político al pueblo español y

consolidar un Estado democrático de Derecho; de establecer las bases para hacer posible, en plenitud, una

economía social de mercado y, en último término, para que España se ¡raerte de forma estable en un

modelo de vHu y de organización política, social y económica, similar al de los países occidentales de

nuestro ámbito geográfico y cultural.

Y, lógicamente, también, nuestro programa político debe partir de los datos de la realidad actual, incluido

el aspecto psicológico que determina el clima social existente.

Sobre estas bases voy a intentar exponer con brevedad las intenciones y propósitos del Gobierno en

cuanto a la forma de dirigir la política nacional: a los objetivos prioritarios de nuestra política y al sentido

y horizonte del proceso de cambio.

CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA POLÍTICA

Señoras y señores diputados: la política española actual no parte de una revolución ni está en trance de

agotamiento en sus formas democráticas. Pero tampoco ha llegado a la consolidación definitiva de su

nueva estructura política. Estos tres datos son los que consciente y reflexivamente me hacen patrocinar,

desde un Gobierno de partido, la política de convergencia que estamos practicando.

Ahora bien: con la misma claridad con la que estoy dispuesto a mantener, en colaboración con todos los

partidos, esta política de diálogo quiero adelantar que, una vea esté definitivamente aprobada la

Constitución, aunque sigamos siendo fieles a los Pactos y compromisos adquiridos, comenzaremos un

modo de gobernar propio de sociedades plenamente democráticas. La discrepancia será lo normal, dentro

de las nautas constitucionales ya establecidas y respetadas por todos.

Lo cual no deberá significar que prescindamos de la moderación ni de la colaboración cuando lo exijan

los superiores intereses de la nación. Pero ya entonces podremos mantener con plenitud la defensa de

nuestros respectivos programas, sin que tal mantenimiento implique una permanente puesta en cuestión

de las reglas básicas de nuestra sociedad ni el riesgo de caer en el caos o en la involución.

Desgraciadamente, son muy numerosos los problemas importantes con los que tiene que enfrentarse mi

Gobierno y de alguna forma todas las fuerzas políticas; problemas que se plantean con el acento de

exigencia propio de una democracia recién estrenada y con el eco amplio que les proporciona un

régimen de libertad. Algunas veces, su acumulación y su publicidad pueden producir una cierta sensación

de agobio en la opinión pública.

Lo que sí debo indicarles ahora es que entre esta mañana inmensa de problemas el Gobierno tiene

necesariamente que señalar unas prioridades y señalar objetivos de atención preferente.

OBJETIVOS PRIORITARIOS

Entre esos objetivos prioritarios del Gobierno y de los partidos está, como ya vengo apuntando en mis

palabras anteriores, la Constitución, que representa un objetivo en sí misma, en cuanto que es la pieza que

permitirá consolidar nuestra naciente democracia.

Pero por ser importante y trascendente por sí misma la Constitución, también lo es por sus consecuencias.

Por lo que no se puede hacer hasta que esté promulgada, por lo que podrá hacerse a partir de su vigencia.

He sabido, señoras y señores diputados, y a este convencimiento respondieron los Acuerdos políticos de

la Moncloa, que aun cuando las superiores estructuras de nuestro Estado son nítidamente democráticas y

aunque el comportamiento de nuestro pueblo va asumiendo ejemplarmente la realidad de una sociedad

pluralista, hay un conjunto de leyes básicas en nuestro ordenamiento jurídico que corresponden a una

concepción no democrática de la sociedad, y que, por consiguiente, provocan múltiples distorsiones en

nuestra vida diaria.

En los Acuerdos políticos de la Moncloa hemos pactado un conjunto de medidas legislativas de cambio.

Lo hemos pactado y lo hemos cumplido. Pero estos cambios, mientras no se apruebe la Constitución, son

necesariamente provisionales o precarios.

AUTONOMÍAS REGIONALES

Es, por citar un ejemplo, el caso de las autonomías regionales. El Gobierno, consecuente con el programa

electoral de U. C. D. y con su declaración inicial, cree que España y su unidad se potencian y se enrique-

cen con una política, inteligente, sensata y realista de autonomías regionales.

Pero mientras la Constitución no marque la estructura del Estado, el camino y las reglas de

comportamiento de los entes autónomos, no cabe establecer definitivamente los sistemas autonómicos.

En un gran esfuerzo de imaginación compartido entre el Gobierno y las fuerzas políticas, hemos llegado a

las fórmulas preautonómicas. que permitirán a los pueblos y regiones de España irse preparando para la

autonomía y conociendo cuáles son sus ansias y capacidades de gestión propias, para que, los servicios

sean debidamente atendidos.

Creo que la fórmula se está revelando como positiva. Pero qué duda cabe de que mejor sería tener ya

fijado un marco d* referencia que nos permitiera sistemas definitivos autonómicos, aunque su adopción

fuera todo lo gradual que la prudencia y la eficacia aconsejaran.

ELECCIONES MUNICIPALES

Es claro también que la Constitución representa ya una etapa previa para poder dar nuevos pasos en la

culminación del proceso político. Asi lo han entendido estas Cortes, al decidir que las elecciones

municipales no podían tener lugar antes de que se apruebe el texto constitucional, ni siquiera coincidiendo

con sus debates. Aunque, naturalmente, y dada la urgencia de disponer de unos órganos auténticamente

representativos a nivel provincial y municipal, se determine la necesidad de que tal y como anunció el

ministro del Interior, las elecciones municipales se convoquen a los treinta días de aprobada la

Constitución.

REFORMAS

Sin embargo, antes de la aprobación do la Constitución el Gobierno ha comenzado y se propone continuar

una tarea de reforma que se ajusta en su concepción al estado de derecho que el texto constitucional habrá

de establecer con perfiles definitivos. En buena parte esta tarea se realiza en ejecución de los Pactos de la

Moncloa, coincidiendo con otras medidas de notable alcance. El hecho es que como programa de

Gobierno nos enfrentamos hoy con una importante reforma del sistema fiscal y del sistema financiero,

con la transformación del sistema educativo y de la Seguridad Social, con una nueva conceoción del

urbanismo y de la empresa pública, con una configuración nueva de las Fuerzas de Orden Público y de las

Instituciones Penitenciarias, con la elaboración de un Estatuto de la Función Pública que modernice y

agilice nuestra Administración.

Junto a la Constitución, el Gobierno entiende que las prioridades políticas de nuestro país continúan

centrándose en torno a la política económica social, a la defensa de la seguridad ciudadana y a nuestra

política internacional.

POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

Cara al futuro, la política económica T social tendrá que basarse en la ejecución plena de los Acuerdos de

la Moncloa, y en el establecimiento de un marco de relaciones laborales que, respetando la autonomía de

las partes, facilite al mismo tiempo el necesario proceso de negociación y diálogo entre ellas.

Pero no vamos a contentarnos con el escrupuloso y puro cumplimiento de lo pactado. Nuestra

responsabilidad política nos impone prestar una exquisita y rigurosa atención hacia las consecuencias

negativas que un plan de tal entidad comporta, de manera singular a las ya previstas del paro y la baja tasa

de inversión.

Yo invito a todos los partidos a que compartan con nosotros no sólo la estricta aplicación de los

Acuerdos, sino también la atención hacia estas importantes facetas complementarias. Este es nuestro reto

en los próximos meses.

También dentro de este orden de prioridades está, por razones obvias, la defensa de la seguridad

ciudadana y la proyección exterior de nuestro país.

Nos proponemos intensificar la lucha ante todo tipo de bandas armadas, así como aumentar los niveles de

seguridad jurídica y garantizar la eficacia de la acción policial, a cuyo efecto continuaremos proponiendo

a estas Costes y adoptando en el seno del Gobierno cuantas medidas, ya iniciadas, contribuyan a mejorar

la capacidad humana y técnica de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante las nuevas formas de

criminalidad.

En lo internacional llevaremos a cabo todas aquellas actividades Que afirmen nuestra independencia y

nuestra integridad territorial, consagren nuestra incorno-ración p]ena al mundo libre y la defensa de

nuestros intereses permanentes en todas las áreas geopolíticas.

BÚSQUEDA DE LA ESTABILIDAD

Nuestro actual proceso de cambios va en busca de una futura estabilidad. Una estabilidad natural. Un tipo

de estabilidad que arranque de la justicia, de las relaciones sociales y de la libertad de los hombres y no

impuesta artificialmente desde intereses privilegiados que se aprovechen del aparato del Estada.

Una estabilidad característica de las democracias occidentales, en la que haya tensiones, que son

inevitables; que sea protegida por la necesaria autoridad del Estado; pero que pueda surgir, sin trabas y

sin coacciones, de unas relaciones sociales instas y libres. Esta es nuestra meta y a sn logro dedicará sus

afanes la 13. C. D. y el Gobierno que presido.

To tengo confianza plena en que los -pilares del Estado que estamos construyendo entre todos son cada

día más firmes.

CONSTITUCIÓN POR CONSENSO

Y tengo plena confianza en las instituciones, en el Congreso y en el Senado, quienes tienen en estos

momentos la máxima responsabilidad de hacer posible esa Constitución por consenso, esa gran

convergencia nacional, que establece las bases firmes para un futuro sin inquietudes y sin incógnitas.

PETICIÓN DE CONFIANZA La evolución política, la realidad objetiva y la existencia de un proyecto

coherente y definido de sociedad y de Estado, como horizonte último del proceso político, creo que me

permiten pedir a los españoles que tengan confianza en el Gobierno.

Podemos y debemos, sobre todo, tener confianza en el futuro y en el pueblo español. Y con base en esa

esperanza y en esa confianza, afrontar con ilusión y con eficacia, la superación de este último tramo del

proceso político que deberá culminar con un referéndum que nos dé a todos los españoles, la Constitución

de un Estado democrático de derecho.

Es un intento que, hasta ahora, no había logrado España: vivir en plenitud democrática. Pienso que ahora

ei pueblo español, con la garantía de la Corona, puede y debe lograrlo. Nuestra obligación, nuestro

compromiso, es ayudarle a conseguirlo.

 

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