Razón democrática del Tribunal Constitucional     
 
 ABC.    27/07/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

ABC. VIERNES, 27 DE JULIO DE 1979.

RAZÓN DEMOCRÁTICA

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La votación de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha suscitado actitudes y críticas que ensombrecen, sin duda, el claro horizonte de la democracia española. Así lo pensamos, y lo escribimos con enorme preocupación.

En limpio sistema democrático se aprueban las leyes por mayoría —sea simple o absoluta—, pero si sólo una diferencia de tres votos, o de dos, o de uno, establece la mayoría requerida, esta mayoría es tan válida, tan operante y respetable, como la obtenida por más cuantioso margen. ¿A qué pensamiento democrático responden, entonces, las críticas lanzadas contra la aprobación de la ley del Tribunal Constitucional por ser muy pocos los votos que han decidido la mayoría? Si por la misma diferencia hubiese sido distinto y contrario el resultado de la votación, ¿habrían renunciado" a su victoria parlamentaria, en vista de su poquedad, quiénes ahora atacan, por ella, la votación adversa?

Y cuando leemos, también en línea de crítica, que parece abandonarse, por el Gobierno, la fórmula o táctica del consenso en el desarrollo constitucional, ¿deberemos entender que es preferible proseguir una democracia de consenso, en la que se desdibujan yx confunden el Gobierno y la oposición —con resultados que recuerdan a la democracia «orgánica»— en lugar de poner en marcha, de una vez, la democracia en la que luchan parlamentariamente los partidos?

Lo de menos, sin embargo, son los porcentajes de esta votación. Es más preocupante la unanimidad en el voto negativo de los partidos de izquierda, agravada por el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad que van a interponer los socialistas contra la ley reguladora del Tribunal Constitucional.

¿Por qué? Se barajan diferentes motivos político-jurídicos; pero en el fondo, las interpretaciones más perspicaces aluden al temor, que sienten algunos partidos, de que ciertas facultades o prerrogativas del Tribunal Constitucional pudieran jugar contra ellos si consiguieran la mayoría parlamentaría y el Poder, por lo tanto.

Y esto es lo grave, lo más grave para la democracia: que, de antemano, una parte sustantiva de los partidos políticos rechace la competencia definitoria, sobre la constítucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, de un Tribunal independiente y rechace, además, su capacidad para dirimir conflictos institucionales entre el Gobierno y las Cámaras, entre el poder ejecutivo y el legislativo.

En alguna forma, en la cúspide de la legalidad, la función del Tribunal Constitucional viene a ser el necesario complemento de la función atribuida al poder judicial. Este controla, con independencia, la aplicación y cumplimiento de las leyes y evita las arbitrariedades y las opresiones que podrían surgir de un poder ejecutivo incontrolado jurídicamente.

El Tribunal Constitucional, a su vez, garantiza, también con independencia, que no pueda el poder legislativo aprobar y poner en vigor leyes contrarias a la Constitución, que es ley suprema refrendada por el pueblo.

En estas instituciones, en ambas, radica la razón más eficaz de la estabilidad y fortaleza de la democracia. Sin ellas, la Constitución quedara reducida a puro verbalismo, a forma jurídica vacía, y el sistema democrático se alteraría esencialmente ai compás de los variables resultados electorales.

¿Qué democracia queremos, en definitiva, establecer en España? ¿Se trata, incluso, para todos, de la misma democracia? ¿Queremos una democracia con control de las posibles desviaciones y prepotencias del Gobierno y de las Cámaras? ¿Queremos, acaso, una democracia en la que sean omnipotentes el poder legislativo y el poder ejecutivo y se encuentre ante ambos inerme el ciudadano?

Desde estas columnas defendemos, naturalmente, la existencia y la independencia del poder judicial y del Tribunal Constitucional. Y e! acatamiento máximo que merecen de los demás poderes, pues que sin ellos no hay democracia que pueda decir de sí misma ser un Estado de Derecho.

 

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