Autor: Gil-Robles, José María. 
   El Tribunal Constitucional     
 
 ABC.    15/08/1979.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 19. 

ABC es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como soyas las ideas vertidas en los articulos firmados

EL TRIBUNA CONSTITUCIONAL

POR coincidir su pobrísima discusión parlamentaria con las negociaciones sobre el Estatuto Vasco, la aprobación del proyecto de ley del Tribunal Constitucional ha pasado prácticamente inadvertida. Los comentarios que ha merecido han sido, en general, escasos y poco profundos, y el interés de la opinión ha derivado, como era de esperar, por otros cauces. Y, sin embargo, el tema bien merecía un estudio más reposado y completo.

Los sistemas de jurisdicción constitucional aplicados en los diferentes países pueden calificarse en tres grandes grupos: el estrictamente judicial, el predominantemente legislativo y el mixto, en que se encomienda la función a unos órganos especiales. Ejemplo típico del primer sistema es el de los Estados Unidos de América del Norte, que atribuye el control constitucional en la llamada jurisdicción difusa a los Tribunales federales —no a los de cada uno de los Estados integrantes de la Confederación—.

jurisdicción que no nació de la Constitución de 1787, ni de sus numerosas enmiendas posteriores, sino de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, especialmente de las sentencias del famoso juez Marshall.

Mucho más frecuente ha sido la utilización de los normales órganos legislativos, tal vez por el influjo de precedentes históricos como el ímpeachment, pero sin que dejara de influir de un modo más determinante la consideración doctrinal que aconsejaba atribuir a los órganos más representativos de la voluntad popular determinadas funciones jurisdiccionales de marcado relieve. Fue el sistema seguido por la Constitución suiza de 1848, la francesa de 1875 y la alemana de Weimar, de 1919.

En el fondo este sistema convertía a las Cámaras en juez y parte, y por ello, a partir del final de la primera guerra mundial se comenzó a dar preferencia al sistema de órganos específicos de naturaleza político-judicial, es decir, constituidos por representantes políticos de las asambleas legislativas y por elementos técnicos —magistrados, profesores universitarios de especial capacidad jurídica—, designados por el Jefe del Estado. Este sistema, que a su vez conoció diversas variantes, fue el de la Constitución española de 1931, el de la Constitución alemana de 1949 y el de la vigente Constitución italiana. En estos modelos, principalmente en el primero y en el tercero, se ha inspirado nuestra actual ley fundamental de 1978.

En este punto, nuestros constituyentes se han dejado llevar principalmente por móviles políticos. No importa que el párrafo 2." del artículo 159 establezca en términos casi enfáticos que «/os miembros del Tribunal constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional".

Lo importante es que, según el párrafo primero del mismo articulo, de ios doce miembros nombrados por el Rey de que

se compone el Tribunal, cuatro son propuestos por el Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial.

Es decir, que en un órgano superior judicial al que se atribuyen funciones decisivas en orden a la inconstitucionalidad de las leyes, a la validez de disposiciones de las entidades autónomas frente a la ley general, a las cuestiones de competencia entre el Estado soberano y las regiones infrasoberanos y a la protección de los derechos humanos, tienen asegurado el Gobierno y la coalicción parlamentaria que le apoye una mayoría cómoda. Y eso, aun en la hipótesis de que el Consejo General del Poder Judicial, que hoy por hoy es una incógnita, sea capaz de asegurar la verdadera independencia de los dos miembros que por caridad se le reservan.

Los constituyentes, sin más inspiración que un parlamentarismo más teórico que práctico, dibujaron en la ley fundamental el esquema de un Tribunal Constitucional que no sería más que la apariencia jurisdiccional de una emanación del Parlamento. A través de una ficción del Tribunal, serán las Cámaras con el Gobierno las que en cualquier debate de inconstitucionalidad se asegurarán el doble y cómodo papel de juez y de parte.

Pero el proyecto aprobado por las Cortes ordinarias —que no carece, por otra parte, de positivos aciertos técnicos— ha agravado la ley en un aspecto hasta ahora desconocido en el derecho comparado. Al Tribunal se le ha añadido, como una de sus competencias, «conocer de los conflictos de atribuciones entre los órganos constitucionales del Estado. • Es difícil encontrar un ataque más ilógico a la esencia del constitucionalismo parlamentario.

En el capítulo que Montesquieu dedicó a la constitución inglesa en su «Espíritu de las Leyes» sistematizó el funcionamiento de los organismos en que encarnan las funciones estatales de modo que unos vigilasen, moderasen y contrapesasen a las otras, de tal manera que ninguna de ellas se impusiera a los otros. El equilibrio se constituía así en la mejor garantía de la libertad.

Dejó a un lado Montesquieu el poder judicial, que creía ya suficientemente asegurado, y centró su examen en los restantes poderes, elevando a sistema de valor universal lo que en aquel momento no era más que una fase de la constante evolución de las instituciones británicas.

Para ello concibió que al ejecutivo —es decir, al Rey— le bastaría el veto, o sea, la facultad de rechazar temporal o definitivamente un acuerdo de las Cámaras negándole su sanción para evitar que se le impusiera. A su vez, para que el poder legislativo moderase al ejecutivo, no se le concedería un derecho de veto, que paralizaría su acción, sino que se le reconocería la potestad de poder exigirle responsabilidad por sus actos, trasladando esa responsabilidad a los ministros —refrendatarios obligados de todos los actos del Monarca— mediante el conocido lema de que la persona del Rey es sagrada e inviolable, siendo responsables los ministros.

Lanzó de este modo Montesquieu le base de un parlamentarismo anulador de las facultades del Jefe del Estado. Si los ministros no responden más que de lo que quieren y aprueban —y esto es perfectamente lógico— la disposición ejecutiva es real en apariencia, pero ministerial en la realidad. El Gobierno o Gabinete será un instrumento de las Cámaras y no un delegado de la Corona.

La triste experiencia de los años revolucionarios y de sus secuencias autoritarias probó a los parlamentaristas puros lo arriesgado del sistema, y no tardaron los doctrinarios tipo Benjamín Constant, seguidor del precedente sentado por Clermont-Tonnerre, en reforzar la autoridad del Monarca añadiendo a sus facultades la de libre nombramiento y separación de los ministros, concediéndole la facultad de disolver las Cámaras y reconociendo a la más alta magistratura e! ejercicio de la gracia de indulto. Era el podar moderador concebido como garantía de todos.

Nada de esto ha tenido en cuenta la Constitución de 1978. Al Rey se le ha privado´ del veto; se ha rodeado su facultad de disolver las Cortes de limitaciones prácticamente paralizantes, se le ha condicionado el nombramiento y separación de los ministros a la voluntad de su presidente y se le cercena el derecho de gracia prohibiéndole los indultos generales.

¿Qué conflictos pueden presentarse entre los órganos en que encarnan las funciones estatales cuando un Gobierno decidido por encima de todo a sobrevivir, llega hasta reforzar su precaria mayoría, para el caso de que un día pudiera fallarle, con los votos de los partidos autonomistas conseguidos a base de concesiones en los respectivos Estatutos?

Queda un posible conflicto, que ya no lo es entre los órganos constitucionales, sino entre éstos y una oposición que ha evolucionado cuando aquéllos se estancan. Lo normal ha sido siempre que ese conflicto lo zanje el Jefe del Estado, llamando al pueblo a las urnas. Pero en nuestra actual Constitución eso no es posible, pues al Rey se le ha imposibilitado en la práctica para hacerlo.

¿Podría realizar esa tarea el Tribunal Constitucional en una amplia interpretación de esa facultad añadida en el proyecto? Lo dudo mucho, pues Suárez, celoso de cerrar todo resquicio por donde pueda colarse el más pequeño soplo de aire puro de opinión, ha convertido al Tribunal Constitucional en un órgano doméstico.

Y es una lástima, porque tal vez sólo a través de esa actuación de un órgano jurisdiccional se pueda ver, hoy por noy, la posibilidad de evitar que en e! bunker gubernamental puedan soplar cuando menos se piense vientos de otra naturaleza.

José María GIL ROBLES

 

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