El Tribunal Constitucional     
 
 ABC.    01/11/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El refrendo afirmativo de los dos Estatutos, vasco y catalán, es un final de etapa, contemplado desde una perspectiva, y es un comienzo de nuevo período, contemplado desde otra. Mirando hacia atrás, una serie de problemas han quedado resueltos y no pocos obstáculos han sido superados. Pero lanzada hacia adelante la mirada se alzan en el camino múltiples y nuevos problemas y, quizá, obstáculos nuevos también.

Los más temibles y más fáciles de predecir serán los que suscite la interpretación de las normas! estatutarias en contraste con lo que disponen las normas constitucionales. Por las especiales circunstancias políticas en las cuales se gestaron la Constitución y los Estatutos, —sobre todo por la táctica de consenso y por la urgencia —son estos textos no poco ambiguos, en algunas partes, y susceptibles, por lo mismo, de interpretaciones enfrentadas.

Pero llegado el momento de la discrepancia interpretativa, de la dialéctica Éstatutos

Constitución, no es el Gobierno, ejerciendo el poder ejecutivo, ni es el Parlamento, como sede del poder legislativo, quienes tienen competencia o capacidad para decidir. La jurisdicción y la competencia corresponden al Tribunal Constitucional. En otros sistemas democráticos, de envidiable tradición y asentamiento, es materia encomendada al Tribunal Supremo. En cualquier caso, en la democracia española también se desplaza la competencia hacia institución más próxima a| poder judicial; el más independiente y estable de los tres clásicos poderes.

Pues bien, aprobada ya la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional —en el Congreso y en el Senado— debería precederse sin demora a su composición oficial, a su constitución, para que conozca, como le corresponde, «de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. (Artículo 161, punto 1.°, apartado c) y para que el Gobierno pueda impugnar ante él «las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas». (Artículo 161, punto 2.°)

Pero a la vista de la composición del Tribunal Constitucional —cuatro miembros a propuesta del Congreso; cuatro a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial— no podrá formarse este Tribunal hasta que no se apruebe la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y quede constituido, a su vez, el correspondiente Consejo General.

Estamos, por lo tanto, ante otro caso, uno más, en el que e) trámite previo y obligado de la aprobación de una Ley retrasa la aplicación. Urge, pues, la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos debates ya se han iniciado, para que funcione cuanto antes el Tribunal Constitucional.

No propugnamos, sin embargo, que se sacrifique en aras de la rapidez legislativa la perfección jurídica, con la que debe Redactarse la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por mucha que sea la importancia política del Tribunal Constitucional —y la estimamos enorme— es más decisiva una correcta organización del Poder Judicial, sobre todo en punto a su clara y plena independencia frente a los poderes ejecutivo y legislativo.

En la independencia cierta del Poder Judicial se encuentra una de las claves de la autenticidad y de la estabilidad de una democracia. Y si al Tribunal Constitucional le compete la interpretación correcta de la Constitución, sin recurso alguno contra sus sentencias —a tenor del artículo 164—, al Poder Judicial, en sus diversas instancias, le corresponde nada menos que la administración de la Justicia, «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado», para todos los ciudadanos.

 

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