Jornadas de estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial. 
 Polémica sobre la anulación de fallos judiciales por el Tribunal Constitucional     
 
 ABC.    12/12/1981.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

NACIONAL

Jornadas dé estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial

Polémica sobre la anulación de fallos judiciales por el Tribunal Constitucional

MADRID. En la segunda jornada de estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, que se vienen celebrando en Madrid, se suscitó ayer la posición constitucional del Consejo en su relación con el Tribunal Constitucional, por el hecho de que esta última institución ha revocado o anulado resoluciones judiciales, situación a la que se opusieron (os magistrados participantes en el debate. La ponencia a discusión fue presentada por el magistrado del Tribunal Constitucional, Plácido Fernández Viajas, a la que siguieron sendas comunicaciones formuladas por Juan José González Rivas, facultativo del Consejo, y Manuel Gordillo magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

En primer lugar la ponencia desarrolló el papel que corresponde al Consejo General de Poder Judicial y que se puede sintetizar en la defensa —en su caso mediante el planteamiento del conflicto o sostenimiento en el proceso de atribuciones ante la acción de otro órgano constitucional— de la independencia de los jueces en el plano político ante la injerencia de otros órganos de poder.

Frente al Consejo puede el Parlamento promover conflicto como expresión del control democrático del Poder Judicial. Y el contenido de los posibles conflictos entre Gobierno y Consejo —añade el ponente— puede afectar a las competencias respectivas, en orden a los servicios de la Administración de Justicia, así como a las decisiones políticas del Gobierno que el Consejo estime que afectan a la independencia del Poder Judicial.

En los denominados «conflictos de atribuciones entre jurisdicción y Administración» se señaló que subyace un tema de inconstitucionalidad que debe ser reconducido al Tribunal Constitucional. Ahora bien, la ley de Conflictos Jurisdiccionales de 1948 incurre en inconstitucionalidad sobrevenida y, según el señor Fernández Viagas, sería impropia la creación por ley orgánica del Poder Judicial de un «tribunal de conflictos».

ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS

Más adelante destacó que ni el Gobierno ni el Consejo pueden ejercer potestad reglamentaria sobre el estatuto jurídico de los jueces y magistrados. Y el Ejecutivo también puede ejercerla sobre el funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales. Finalmente, el ponente se detuvo en el análisis de los supuestos de «error judicial» y de «anomalía» apuntando que en los órganos judiciales determinantes de indemnización, cuando derivan de su actuación de funcionarios de la libre designación del Consejo, así como, en todo caso, los que provienen del defectuoso funcionamiento de los servicios judiciales, pueden engendrar una responsabilidad política del Consejo.

A continuación, Juan José González Rivas destacó en su comunicaión la concurrencia del juez ordinario y del Tribunal Constitucional, en la función de tutela.de los derechos y libertades, considerando que la actuación del Tribunal es subsidiaria, pero prevalente, aunque «los hechos del proceso donde se origina el acto justiciable están excluidos de la justiciabilidad del Tribunal Constitucional».

INCONSTITUCIONALIDAD PENAL

También se refirió a los efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre las resoluciones judiciales. En cuanto a las de inconstitucionalidad de leyes penales, indicó que podrán dar lugar a un recurso de revisión contra las sentencias dictadas en aplicación de la ley penal declarada inconstitucional.

Más adelante, el señor González Rivas se detuvo en las resoluciones recaídas en vía de amparo constitucional, sosteniendo que la «sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional no modificará ni variará la de los órganos judiciales ordinarios», aunque, inmediatamente, añadió que cuando sea un acto jurisdiccional el que haya lesionado un derecho o libertad, «su restablecimiento será posible, dentro del proceso en que se produjo, anulando las actuaciones procesales que determinaron la lesión». Por último hizo referencia a las cuestiones prejudiciales que puedan presentarse al Tribunal Constitucional, que podrá decidir sobre todas ellas salvo las de carácter penal. Estas últimas darán lugar a la suspensión de! proceso hasta la decisión penalista.

RESOLUCIONES JUDICIALES

En la última comunicación, Manuel Gordillo examinó las quiebras que para la independencia del Poder Judicial conllevan las posibilidades de que, por un lado, las resoluciones judiciales sean objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, y, por otro, de que dicho Tribunal pueda revocar, anular o dejar sin efecto las resoluciones judiciales. A ambas cosas se opuso el comunicante, reputándolas vedadas por los preceptos constitucionales que establecen la independencia judicial y la obligatoriedad de sus resoluciones.

Seguidamente, el señor Gordillo analizó las sentencias ya dictadas por e! Tribunal Constitucional, contemplando cómo han sido objeto de impugnación múltiples resoluciones judiciales sobre las que han recaído pronunciamientos de anulación, mostrándose disconforme con esta situación, aunque reconoció que e! Tribunal se ha limitado al cumplimiento de su ley orgánica. Finalmente, el señor Gordillo apuntó la necesidad de modificar cuatro artículos de la citada ley para evitar los resultados mencionados que él considera lesivos para la independencia del Poder Judicial.

 

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