Como condición para mantener el principio de legtimidad democrática. 
 La Constitución garantiza la comunicación pública libre     
 
 Diario 16.    03/06/1982.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

NACIONAL

La Sala II del Tribunal Constitucional, e» la sentencia por la que otorga el amparo solicitado por Diario 16 contra la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar, recoge el artículo 20 de la Constitución que «garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre». Estos son los argumentos de los

magistrados del alto tribunal cuya sentencia es una de las pocas en las que se otorga el amparo solicitado contra la decisión de un orgamsmo de justicia militar. Y lo hace en «nombre del Rey» y por la «autoridad que le confiere la Constitución de la nación española».

Como condición para mantener el principio de legitimidad democrática

La Constitución garantiza la comunicación pública libre

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por Jerónimo Arozamena Sierra, presidente, y los magistrados Francisco Ftubio Llórente, Luís Diez Picazo y Ponce de León, francisco Tomás y Valiente, Plácido Fernández Viagas y Antonio Truyot Serra, pronunciaba «en nombre del Rey» sentencia en el recurso de amparo promovir de por Información y Prensa, S, A., v Pedro J´. Ramírez Codina.

Antecedentes

En la exposición de los antecedentes se recoge la resolución de suspensión de las acreditaciones a Diario 16, con la expulsión de la sala «hasta que se proveyera.sobre el incidente originado por el artículo ´«Así asaltamos el Par/amento», en el que se recogía el testimonio de uno de los policías militares que penetraron, un año antes, en el Congreso de los Diputados. Mientras el Ministerio de Defensa estimó no haber motivo en el mencionado artículo para la exigencia de responsabilidades por injurias contra la institución militar, el Juzgado Militar Especial incoaba la causa 54/1982, admitiendo a trámite una querella criminal del capitán Alvarez-Arenas por injurias y calumnias contra el director del periódico y el autor del artículo. Cita que los recurrentes pretendian que las resoluciones impugnadas violaron los derechos de libertad de la gente y de recibir y comunicar ,"líbremente, información por cualquier medio de difusión y recuerda la justificación de los recurrentes al haber acudido directamente al Tribunal Constitucional, por no otorgar el Código de "Justicia Militar en vigor recurso alguno contra las resoluciones del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar en el ejercicio de las facultades de policía de la sala.

Después de señalar que en la presencia de los medios de comunicación social en las audiencias públicas están involucrados los derechos constitucionales, «al suspender estas acreditaciones viola estos derechos», los recurrentes recababan, en conclusión, del Tribunal Constitucional, en primer lugar que la declaración de que las resoluciones impugnadas violaban el contenido constitucional a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia, y en segundo lugar, él restablecimiento pleno de la utilización por parte de Diario 16 de las credenciales que en su día le fueron otorgadas para la asistencia a la vista.

Fundamentos

Los fundamentos jurídicos de la sentencia resaltan que la exposición de Los antecedentes pone de manifestó «la complejidad del recurso». En el apartado tercero de aquéllos se indica que «el hecho de otorgamiento de credenciales fuera producido por el Consejo Supremo de Justicia Militar o por órganos del Departamento de Defensa no altera el que la decisión de retirar las del Diario 16 y la de que se devolvieran al periódico con la restricción de su no uso por el director tengan sus causas en el auto y la provIncia en cuestión del Consejo, decisiones que condicionan la eventual intervencion de los órganos del Departamento de Defensa».

Para el. Tribunal Constitucional, el análisis de las decisiones impugnadas en relación con su , posible y respectiva incidencia sobre los derechos invocados por los recurrentes «exige valorear debidamente la significación de la presencia de los medios de comunicación en ¡as vistas de Los juicios en función del principio de publicidad y de los derechos de libertad de expresión y de libertad de comunicar o recibir libremente información veraz», y señala que el artículo 20 de la Constitución «garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre», condición del principio de legitimidad democrática.

Para el Tribunal Constitucional, la publicidad de los juicios no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social, y concluye en que el derecho de información no depende de la acreditación y que aquélla no es, sino un medio de organizar el acceso a la sala, " «Pedro J. Ramírez - afirma la sentencia -, .en cuanto, periodista libremente designado por el periódico, al que presta sus servicios como director, es titular de un derecho preferente de acceso a la sala Ambos derechos están conectados entre sí, de tal manera que cualquier medida que incida en uno afecta también al otro, si bien permaneciendo distintos.»

La decisión tomada por el Consejo Supremo de Justicia Militar él 23 de febrero de 1982 fue justifica en el marco de las medidas de policía de estrados que contempla el artículo 770.4 del CJM, consistente en «disponer la expulsión o la detención de los que falten de algún modo al respeto debido al tribunal o cometan en aquel sitio actos castigados por la ley, poniéndoles en este caso a disposición de la autoridad Judicial».

Ahora bien, si es cierto que la adopción de tales medidas, de carácter perentorio y previstas por la ley para asegurar el buen orden del desarrollo del juicio, son inherentes a la función de la presidencia del respectivo tribunal, no lo es menos que su mismo carácter perentorio hace que, fuera del supuesto de los actos castigados por la ley, que determina que se ponga a los autores a disposición de la autoridad judicial (en términos del mencionado artículo 770.4 del CJM), no puedan extender sus efectos, como ha sucedido en el caso presente, más allá de la circunstancia concreta y de urgencia que las motivó; por lo cual la resolución en cuestión ha vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes.

La resolución de 77 de marzo de T982 puso fin a la ausencia de Diario 16 de la tarea de información sobre el juicio encomendado a la prensa, si bien se limita su facultad de organizaría, al tener que prescindir a estos efectos del director del periódico; por lo cual subsiste para el director del periódico la situación creada por el auto de 23 de febrero, de no poder recibir libremente: información sobre el juicio en calidad de periodista acreditado, y para el propio periódico la facultad de libre designación del periodista. En otros términos, el auto, de 23 de febrero de 1982 fue sustituido por la resolución de 77 de marzo siguiente. Pero e! efecto reparador de esta segunda resolución con respecto a tos recurrentes, fue incompleto, pues ésta se limitó a atenuar las consecuencias de la primera decisión para la empresa periodística, al permitir/e nuevamente participar, con los demás medios de comunicación social acreditados, en la función de información al público acerca del desarrollo del juicio de referencia, pero cercenando su libertad de elección con respecto al periodista encargado de asumirla; no alterándose, por consiguiente para Pedro J Ramírez Codina la situación anterior.

El director de Diario recogerá las sentencias los periodistas acreditados

 

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