Derecho de huelga a la española     
 
 Ya.    31/08/1978.  Páginas: 2. Párrafos: 7. 

DERECHO DE HUELGA A LA ESPAÑOLA

NUESTRO país, que espera por necesidad dis poner pronto de una Constitución válida para funcionar, tiene derecho, entre otras cosas, a saber con claridad en qué alineamiento o área de los demás países va a moverse básicamente. Mucha» y autorizadas voces responden que nuestra posición lógica es el ámbito de las democracias industriales occidentales. Asi lo proclama el propio Gobierno, que incluso ha creado un ministro especial para garantizar una integración europea con el mínimo de traumas.

Ese problema no sólo Interesa a los políticos e intelectuales, sino, sobre todo, a los ciudadanos corrientes y al conjunto de los trabajadores, a quienes, en nuestra opinión, interesa primordialmente, en cuanto tales trabajadores, que las 1eyes—incluida la Constitución—les promuevan el progreso económico y un puesto de trabajo seguro y productivo, como base social indispensable para el desarrollo de la propia y libre personalidad.

TALES planteamientos, sin embargo, se truncan cuando se analiza el actual proyecto de Constitución, en lo que se refiere a la huelga, proyecto que el Senado no ha modificado. No se olvide que dicho proyecto avanza hacia su consolidación—si no ocurre nada importante en la Comisión Mixta—en unos momentos en que se nos dice, desde tribunas británicas, que España ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a jornadas laborales perdidas por trabajador y año, muy por, encima de Italia.

Y en un momento en que, por la gravedad del paro, aumentan en la calle las voces que reconocen que en este país se trabaja y se rinde poco y abundan cada vez más los personajes que quieren aumentar su renta y su nivel de vida sin dar golpe. Pues bien; intérpretes responsables y capacitados aseguran que los párrafos segundos de los artículos 26 y 33 del proyecto de Constitución, tal como han quedado en el Congreso y en el Senado, significan solamente un "consenso" de palabras y no de contenidos, y significan, sobre todo, una superación del modelo italiano respecto a las huelgas, y una especie de portuguesización del tema que consagraría como "hue1gas-derecho" prácticamente un abanico de plena libertad de huelga.

DICHO más en concreto: en el artículo 26 se protegen, como derecho y no sólo como tolerancia o libertad, todas las huelgas profesionales contra el empresario y contra los poderes públicos, todas las huelgas políticas y profesional-políticas, incluso todas las huelga-políticas revolucionarias o subversivas. Por su parte, el artículo 33 permitiría ampliar el abanico de huelgas legítimas, además de al "lock-out" empresarial, a las huelgas de solidaridad o simpatía, a las

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Derecho de huelga...

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huelgas intermitentes y rotatorias y a las huelgas de celo. El caso de las huelgas salvajes —así llamadas por no atenerse a cauce alguno previamente conocido—no queda claro en absoluto, ya que tampoco queda claro que las huelgas y su convocatoria hayan de estar necesariamente en manos de los sindicatos legales.

Todo ello, cuando la Orí (Oficina Internacional del Trabajo), tras recoger y reconocer lo usual en las democracias industriales en ella integradas, tiene una doctrina muy clara sobre el tema, que consiste en lo siguiente: subrayar la legitimidad de la huelga para defender los intereses profesionales de los huelguistas, excluir de la huelga-derecho las huelgas políticas e incluso la profesional-política; reiterar la atención que debe prestarse al mantenimiento, en todo caso, de los servicios esenciales para la comunidad.

El derecho de huelga, que en nuestra reiterada opinión ha de ser un recurso último al que acudir tras agotar los otros medios posibles para resolver una situación de conflicto, es un derecho indudable del trabajador y es incluso conveniente para el adecuado funcionamiento de una economía social

de mercado, incluso en su versión más avanzada, como in que se pretende en las democracias industriales.

Los mismos líderes sindicales italianos reconocen los excesos que cometieron en la etapa de paroxismo huelguístico de los años 60. En España, sin embargo, da la impresión de que queremos ser originales e ir "más allá" una vez más en este tema, en flagrante contradicción con las reiteradas proclamaciones de los políticos 1e querer integrarnos en Europa. El tema es muy .grave, y nuestros "padres" constituyentes deberían meditarlo responsablemente mientras estén a tiempo. Y no basta que los proceres de la UCD repitan que todo dependerá de lo que dispongan las leyes ordinarias al desarrollar la Constitución, ya que en esta cuestión parece que la ambigüedad de los textos está muy a favor de los entusiastas de las huelgas sin limit aciones, o a favor de que los líderes sindicales demuestren a diario quién es el que manda en el país y quién es el que puede sacar a las masas a la calle, en un abrir y cerrar de ojos, mientras queda muy poco margen para que un eventual Gobierno de UCD consiga sacar una regulación sensata y europea del problema.

 

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