El patrimonio sindical     
 
 ABC.    18/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PATRIMONIO SINDICAL

Las centrales sindicales, con alguna excepción que matiza más serenamente el tema, prosiguen, con acentos de reivindicación imperativa, la demanda del patrimonio sindical, creado^y enriquecido a lo largo de los últimos treinta y tantos años, para su entrega a los trabajadores.

No es asunto tan fácil ni tan claro como parece a primera vista. Hay una parte, muy poco considerable en comparación con la riqueza total acumulada, que presenta menor problema. Tal es el caso de algunos edificios de viejas Casas del Pueblo, de algún periódico y muy poco más que fueron incautados después de la guerra civil y que se destinaron o incorporaron al entonces naciente patrimonio del sindicalismo vertical. Esta parte —insistimos, reducida — tiene, sin duda, una titularidad de propiedad que puede reclamar su derecho a la devolución.

El problema verdadero y de enorme magnitud económica se plantea en relación con el copiosísimo patrimonio restante. Es decir, con el patrimonio formado a base de la recaudación de una cuota sindical obligatoria y aplicada a todas las unidades productoras establecidas en España; a todas las empresas y a todos los trabajadores. En este patrimonio, cuya evaluación económica se puede establecer sin dificultades mayores, figuran casas sindicales de todo tipo (centrales, provinciales, comarcales, etc.), instalaciones deportivas, periódicos, emisoras, escuelas, centros de formación profesional, etc.

¿A quién pertenece? Si nos referimos al erigen de la cuota sindical —origen, a su vez, de este patrimonio— la cuestión no resulta nada clara. La cuota sindical, creada por ley de 6 de diciembre de 1940, se recaudaba obligatoriamente, ya en noviembre de 1941, en la proporción de un 2 por 100 sobre el importe de las nóminas de personal, atribuyéndose el 1,50 por 100 a cargo de la empresa y el 0,50 por 100 a cargo de los trabajadores. En años posteriores se rebajó el porcentaje total y se disminuyó la aportación de los trabajadores. Así, en 1956, se redujo la cuota a un 1,80 por 100, continuando el 1,50 como desembolso de las empresas y rebajándose la contribución de los trabajadores a un 0,30 por 100.

En 1972 continuaron los mismos porcentajes, p^ero aplicados a la base tarifada. Y, en fin, en 1976 se fijaron las cifras a partir de un 1,76 por 100, manteniéndose la diferencia de aportaciones: 1,48 y 0,28.

Si ante esta diferencia tan notable de (portación económica volvemos a la pregunta —¿a quién pertenece el patrimonio sindical?— sería evidentemente muy discutible la respuesta tajante que, tirando por la calle de en medio, afirmase que pertenece a los trabajadores. La contribución empresarial siempre fue mucho mayor.

Pero, aun omitiendo este origen de la cuota, quedarían dos rabos por desollar. Uno es rabo semántico: ¿quiénes son «trabajadores», según las centrales sindicalistas? Supongamos una nómina en la cual figuren, en escala ascendente, desde peones u obreros sin cualificación profesional alguna hasta titulados universitarios y de escuelas especiales. ¿Considera, el sindicalismo nuevo, «trabajadores» a todos ellos o establece línea divisoria que prive a ciertos niveles laborales —ingenieros, abogados, peritos, profesores mercantiles, médicos, etc...— de la condición respetable de «trabajadores»?, y si tal discriminación se aplica, crecen las complicaciones. Todos abonaron su parte "oír cuota sindical, ¿cómo, entonces, solamente una parte de los «trabajadores» podría alzarse con el patrimonio común?

El otro rabo es representativo. De los yarios millones de trabajadores censados en España, ¿a cuántos representan verdaderamente, por el hecho cierto de su afiliación, las centrales sindicales? De momento, a una evidente minoría. Y ¿por qué mecanismo democrático puede una minoría sobreponerse a los derechos de titularidad de una absoluta mayoría? ¿Estamos en una democracia o comenzamos la construcción de otra dictadura?

El problema es mucho más difícil que la doble reclamación de maternidad planteada a Salomón. ¿A quién atribuir el patrimonio «indical?

Un cualificado representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha apuntado, desde las pantallas de la televisión, una idea interesante: el patrimonio sindical era, por naturaleza, patrimonio de todos los sindicatos y sindicados; patrimonio público o «cuasi-público», o prácticamente público. (Recuérdese el carácter de Corporaciones de Derecho Público de los sindicatos antiguos o verticales.) Pues bien, entregar ahora ese patrimonio a las centrales sindicales —puntualiza este empresario— equivaldría a «privatizar» este patrimonio.

¿Seria esta operación legal? ¿Sería jus-

ta? ¿No vulneraría más derechos de propiedad que eatisfacería legítimas y probadas titularidades?

De momento, y mientras no se aclare con lógica y con legalidad´ tan enredado negocio, el patrimonio sindical únicamente puede tener un titular en cuyas manos prestará servicio a todos los trabajadores : el organismo público creado bajo la denominación de Asociación Institucional de Servicios Socio-Profesionales.

Cualquier solución conforme con las demandas de las centrales sindicales —tal y como se formulan ahora— sería un regalo para los menos y un expolio para los más.

 

< Volver