Autor: Papell, Antonio. 
   El "marco" y el método en Euskadi     
 
 Diario 16.    27/06/1986.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

El «marco» y el método en Euskadi

Herri Batasuna ha obtenido buenos resultados en las pasadas elecciones, y parece haberse encarrilado en

pro de una cierta vía negociadora. El articulista pondera tanto el alcance de sus resultados electorales

como la entidad de la propuesta de HB, y pone de manifiesto lo que puede y lo que no puede aceptar el

Estado en lo referente a la metodología de una solución para Euskadi.

TODO parece indicar que Herri Batasuna, que preveía ya desde hace algún tiempo su ascenso electoral

del pasado día 22 y que ha salido moralmente fortalecida por su reciente legalización, ha matizado su

actitud, centrada antes en el proselitismo y la «concienciación» de los ciudadanos, hasta aproximarse a

posiciones más dialogantes y negociadoras, que la han llevado a declarar su disposición a participar en las

instituciones políticas del Estado siempre que cambie el «marco» político.

Antes que nada, conviene precisar el alcance objetivo de su reciente éxito en las urnas. En el País Vasco y

en Navarra, HB ha pasado de dos a cinco diputados. Pero este aparente incremento del 250 por 100 en

escaños no es tal en electores, aun siendo importante: la coalición abertzale obtuvo en 1982 210.601

votos, y acaba de cosechar ahora 231.558. Quiere ello decir que el aumento ha sido casi exactamente del

10 por 100. Las causas de tal ascenso —entre las que se cuenta el voto abertzale del ala disidente del

PNV— no pueden empañar un éxito que resalta todavía más si se tiene en cuenta que en el País Vasco el

PNV ha perdido 85.000 votos; el PSOE,

65.000, y la Coalición Popular, 25.000.

Dicho esto, resulta conveniente examinar las tesis de HB, expuestas antes y después de las elecciones en

la Prensa madrileña por dos significativos representantes de aquélla, Iñaki Esnaola e Iñigo Iruin. Ambos

trabajos, muy similares, contienen en síntesis el siguiente argumento: el marco político en que se

desenvuelve el País Vasco no es el que desea la población ni permite desarrollar plenamente los valores

culturales de la comunidad vasca. La Constitución no recibió el refrendo en Euskadi y, a juicio de Iruin, el

referéndum sobre el Estatuto de autonomía «no podía ser un acto externo de manifestación libre y autén-

tica de la voluntad de los ciudadanos vascos»... «pues no se daba el marco de las opciones plurales

existentes en ese momento de la sociedad vasca.» De otra parte, se considera artificiosa e irreal la

pretensión de que Navarra no forme parte de Euskadi, tras un inicial acuerdo de todas las fuerzas políticas

—excepto «la derecha caciquil»— en sentido contrario. En consecuencia, el pacto político y autonómico

«que sirvió en el resto del Estado para darle legitimidad a éste —ha escrito Iruin— no tiene tal virtua-

lidad en Euskadi». Por ello, concluye este mismo articulista, hay que conseguir la superación del marco

constitucional y la reformulación del modelo de organización del poder político mediante una

negociación directa entre ETA y el Estado.

Somos muchos quienes pensamos que, efectivamente, el «marco» político de Euskadi no se ha

establecido aún correctamente, entre otras razones por la más evidente de que en él no se han instalado

todavía importantes sectores sociales y políticos. Los demócratas que así opinamos creemos que es

legítimo que una opción política defienda tesis incluso secesionistas, y que reclame el ejercicio real del

derecho a la autodeterminación, siempre, claro está, que quien manifieste tales ideas respete la legalidad

democrática y actúe por métodos exclusivamente políticos.

Pero no me parece realista lamentarse ahora de lo que pudo hacerse en el pasado y no se hizo, o del ya

antiguo cambio de actitud de algunas fuerzas políticas con respecto a Navarra, o de la quizá deficiente

metodología que se utilizó para confeccionar el Estatuto de autonomía, aprobado por cierto por el

electorado vasco, y que, a juicio de importantes sectores de Euskadi, que no

coinciden en esta apreciación con HB, constituye un pacto de Estado perfectamente válido, cimentado

además sobre el tejido constitucional del que emana dicho Estatuto, por lo que la Constitución habría si-

do, así, tácitamente asumida por el pueblo de Euskadi.

Aunque, insisto, no es realista ni pragmático seguir discutiendo sobre el pasado, sobre las actitudes

políticas de hace dos, cinco o siete años: la verdad es que en Euskadi existe un desentendimiento radical

abierto, perfectamente perceptible socialmente, y políticamente manifiesto a través de estos 230.000 votos

abertzales y de la propia existencia de ETA.

Sobre esta base conceptual hay que plantear el problema y sus posibles soluciones. O, dicho en otros

términos, la cuestión estriba en encontrar los métodos que permitan arbitrar un marco nuevo, tal como

pretende HB, que pacifique el País Vasco y que colme las aspiraciones mayoritarias de su pueblo —y no

sólo, es obvio, las de HB, segunda fuerza política en Guipúzcoa, tercera en Vizcaya y en Navarra, y

cuarta en Álava.

Si se ve la cuestión con este realismo, y no con los prejui-

cios emanados bien de unos insuperables condicionamientos históricos, bien de una concepción utópica

del futuro, habrá que aceptar que el régimen español es, aun con todos los defectos, lagunas y problemas

que se quiera, una democracia consolidada al estilo occidental, en la que las instituciones del Estado

emanan efectiva y democráticamente de la soberanía popular. Y no creo, en contra de lo que dice Iruin,

que e¡ articulo 8 de la Constitución, que otorga a las Fuerzas Armadas la misión de «garantizar la

soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y su ordenamiento

constitucional», que tiene en efecto un precedente en la ley Orgánica franquista, pero también en otras

Constituciones democráticas, deforme el régimen demoliberal español, sobre todo si se tiene en cuenta

que también el texto constitucional coloca a las FAS bajo el gobierno del poder ejecutivo. Y si se

reconoce esta evidencia, ¿puede alguien imaginar que las instituciones del Estado están en condiciones de

aceptar el método de sentarse a negociar con ETA, organización que no sólo actúa por métodos humana,

ética, política y jurídicamente inaceptables, sino que no tiene la legitimidad de las urnas, que sí posee, por

ejemplo, Herri Batasuna? ¿Puede alguien concebir que, en el aquí y el ahora españoles, se tome alguna

decisión con respecto a Navarra sin contar con la voluntad explícita y expresa de todo el pueblo navarro?

Lamentablemente, si la petición de un nuevo «marco» no se acompaña de un cierto posibilismo en cuanto

al «método», el problema vasco seguirá indefinidamente bloqueado. Porque un régimen democrático

perdería toda su sustancia si no respetara integralmente el Derecho que a sí mismo se ha dado (y,

obviamente, esta consideración vale tanto al respecto de la cuestión que merece este comentario, como al

de otras actuaciones del Estado, las relativas a la lucha antiterrorista, por ejemplo).

Naturalmente, hay muchas vías para encauzar el llamado «problema vasco», pero quizá la más practicable

sea la que pase por la formación de un consenso político entre las principales fuerzas de Euskadi —previa

terminación de todo activismo de ETA—, y la ulterior negociación de la solución previamente acordada

con el Estado.

Como digo, no es éste el único camino, y cabe imaginar muchos otros igualmente fructíferos. Pero, desde

luego, ia vía que no conduce a ninguna parte es la de la violencia, o ia de pretender que sean quienes

combaten por medios no políticos quienes asuman e! protagonismo del pueblo vasco. La solución habrá

de llegar, en todo caso, por eí procedimiento del diálogo entre fuerzas políticas auténticamente implanta-

das y con el respaldo de unos resultados electorales. Por ello, hay que fomentar la dialéctica en Euskadi.

Y es, en todo caso, improbable que las palabras pesen allá donde todavía atruena el ruido de las armas y

de los explosivos.

 

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