La Seguridad Social en el campo     
 
 ABC.    21/02/1961.  Página: 58. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

ABC. MARTES 21 DE FEBRERO DE 1961.

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO

En el último Consejo de Ministros na sido aprobado un decreto del Ministerio de Trabajo sobre la ordenación económico-administrativa de la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria, creada en abril de 1959. Esta decisión es de gran trascendencia, ya que permite equiparar a. los trabajadores del campo con los demás sectores laborales .españoles, haciéndoles partícipes de unos beneficios que proclaman por sí mismos el grado, de amplitud y solidez que ya alcanza el vigente régimen de seguridad social.

Seis meses después de la creación quedó en suspenso su desarrollo, ya que el Gobierno estimó conveniente escuchar a los propios interesados, a través de la Organización-Sindical, y al Consejo de Economía Nacional, sobre las diversas modalidades en que ha de fundamentarse el naciente organismo de

previsión, especialmente en cuanto concierne a su financiación. A lo largo de un año, trabajadores y empresarios han tenido ocasión de exponer sus opiniones y esperanzas, y el alto órgano consultivo económico del Estado señaló también interesantes líneas de orientación, sugerencias de ambas procedencias que, según tos informes -que conocemos hasta ahora, han sido recogidos, en lo posible, por el Departamento ministerial. Nos encontramos, pues, con la nueva puesta en marcha de la Mutualidad Agraria, ante un acontecimiento del máximo relieve social y nacional, más que nada si se tiene en cuenta que en el sector campesino español se encuadran aproximadamente unos cuatro millones de trabajadores.

Examinado el problema desde otro punto de vista se llega igualmente a una consecuencia favorable para la implantación de esta Mutualidad. En efecto, la concentración parcelaria, la mayor cantidad de abonos agrícolas de que actualmente se dispone, el aumento y mejora del equipo mecánico y un más abundante aprovisionamiento de energía con que hoy cuentan las explotaciones de esta clase ha elevado, y seguirá haciéndolo con impuso creciente, la productividad en el campo. Es más: al contribuir ampliamente el mutualismo laboral al me jora miento di las condiciones de vida de las poblaciones rurales hay que esperar, asimismo, que actúe favorablemente sobre la estabilidad social v demográfica en ese sector, evitando una movilidad desordenada de la mano de obra agrícola y el éxodo rural hacia los grandes núcleos de población. Una razonable contención de aquel éxodo contribuirá también a frenar el exceso de urbanización y de centralización industrial, a atenuar las disparidades económicas y sociales entre la ciudad y el campo, y a favorecer una distribución más equilibrada de las posibilidades de empleo en todo el país. Ni la agricultura puede convertirse en un refugio del paro estacional o del subempleo ni tampoco debe ser un área llamada a despoblarse.

Se deduce claramente de todo ello que el avance social que representa esta Mutualidad rebasa verdaderamente el ámbito rural para convertirse en un problema de alcance nacional, en el que justamente deben participar todos los sectores y estamentos. Precisamente por eso, tenemos entendido que en el financiamiento de la referida Mutualidad va a aplicarse el principio de la solidaridad nacional mediante la participación económica del Estado. La solidaridad entre los hombres y las tierras de España aparece aquí tanto más necesaria cuanto que la mejora del nivel de vida de la población agrícola es algo que en justicia merece, por lo mucho que ha contribuido y contribuye al desarrollo económico del país. El Estado y los fondos generales de la Seguridad Social participarán con una subvención sustancial que, en principio, puede calcularse en unos quinientos •´millones de pesetas al año.

Como es sabido, el reconocimiento de la necesidad de una ayuda financiera del Estado para la cobertura^ de los gastos de protección social de la agricultura ha sido admitido y puesto en práctica 6n numerosos países. Este sistema de financiamiento, basado en una solidaridad real, exigía que el organismo encargado de su gestión administrativa ofreciese la garantía del menor costo posible y la máxima eficacia desde el punto mismo de su iniciación. Poderosas razones han sido éstas para que el Ministerio de Trabajo encomiende dicha labor al Instituto Nacional de Previsión. Aportación estatal junto a la valiosa colaboración de los demás ingresos correspondientes a los Seguros Sociales obligatorios, aportados por la industria, el comercio y los servicios, que es tanto como la aportación de la ciudad al campo, el hermanamiento del hombre urbano con el campesino. La nueva realización del mutualismo laboral ha de representar, en suma, el fortalecimiento de las bases económicas de la explotación agrícola, un aumento de la productividad, de la mano de obra y, desde luego, un clima social mucho mas favorable.

 

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