Autor: ;Alonso, Pilar. 
   Vivir en Madrid     
 
 Arriba.    23/01/1977.  Páginas: 4. Párrafos: 43. 

VIVIR EN MADRID

PRECIOS DE VIVIENDAS, EN VENTA Y ALQUILER, EN

LOS DISTINTOS DISTRITOS MADRILEÑOS

Las increíbles colas de los madrileños ante las delegaciones correspondientes del Ministerio de la

Vivienda, con objeto de obtener el visto bueno o el «carné de necesitado» que les pueda dar acceso en su

día a lo propiedad de una vivienda social, han llenado de sorpresa a amplios sectores de la opinión

pública. Después de muchos, años de una cacareada política de vivienda social, resulta que las colas son

tan clarificadoras de los resultados obtenidos que es difícil explicar ahora, coherentemente, el éxito

de tantos Planes de vivienda anteriores.

Catorce mil setenta y tres instancias (hasta las 15 horas del pasado lunes), admitidas en quince días, y más

de 100.000 solicitudes facilitadas hablan por sí solas. Las 50.000 chabolas y casas bajas t,v existen

todavía en Madrid, donde en su totalidad se construyen 70.000 viviendas anuales, y donde el déficit de

vivienda social, que alcanza hasta a medio millón de familias {si nos atenemos a los haremos de tamaño,

condiciones, etcétera, que marca la nueva ley), significa el 40 por 100 de las viviendas madrileñas,

también son suficientemente expresivas. Un problema que no ha dejado de existir vuelve así a estar

presente en unos momentos en que la crisis económica general agrava o clarifica posiciones

PRECIOS ABUSIVOS

Madrid, convertida en una megalópolis de cuatro millones de habitantes, se encuentra en estos momentos

ante unos precios de vivienda abusivos, tanto en venta como en alquiler, y una situación de déficit crónico

a la que han confluido toda una serie de factores. Motivo de estos precios sería la enorme demanda frente

a una ofertas. limitada ante la práctica inexistencia del suelo urbano. Demanda que comienza a surgir en

los años cincuenta, con el aluvión masivo de inmigrantes llegados de las zonas rurales ante las

expectativas de los focos industriales que nacen en la capital. Demanda que será constante, ante la presión

psicológico que sufren los españoles, «cada español, una vivienda en propiedad», y que les hará luchar

desaforadamente, incluyendo todos los sacrificios y horas extras necesarias, para llegar a la añorada

vivienda. Lucha que se dará especialmente entre las clases medias y proletarias, como más tarde veremos,

y que se ve incrementada en la década de los 60 con el mayor poder adquisitivo que los nuevos tiempos

aportan. Todos estos factores, sumados a las «enormes facilidades de pago> con que los promotores

privados inundan la publicidad del país, unidos a una política de vivienda que, en modo alguno, está

desligada del sistema capitalista, han hecho del problema de la vivienda una situación crónica de difícil

solución.

Los expertos aseguran que la ciudad no es un fenómeno individual, sino estrechamente ligado al

fenómeno de poder, «mejorar la ciudad significa mejorar el poder», y dentro de una estructura capitalista

como la nuestra, la ciudad se convierte en una macrópolis donde no solamente se ven afectadas las clases

proletarias, sino amplias capas de las clases medias, que son las que con más intensidad sufren la carestía

de la vida, el problema de los transportes, los embotellamientos y, por supuesto, la falta de vivienda.

El hecho de que uno de los soportes del capitalismo sea la aglomeración urbana y de que,

consecuentemente, con tal sistema, el Estado necesite apoyar ese mecanismo, nos explica claramente el

impulso que recibe desde el aparato estatal la iniciativa privada. Serán los grandes promotores,

especialmente a partir de la «década tecnocrática», los que convierten el fenómeno de la ciudad en un

gran mercado. Paralelamente, la incitación a la compra, sin los mecanismos de protección o ayuda

necesarios, frente a la modalidad de alquiler, que no ofrece suficientes atractivos a los inversores, será

otra constante. Surge así la necesidad de La compra por doble motivo. Primero, los rápidos beneficios de

las empresas dentro de un sistema ca-pitalista que necesita recuperarse rápidamente, y lo consigue

mediante unas ventas donde (a especulación y las plusvalías son enormes. Al promotor particular no le

interesa alquilar y no lo hará mientras el Estado no le obligue a ello, algo que no sucederá. Al Estado

tampoco le interesa convertirse en propietario y alquilar, como sucede en algunos países —Inglaterra,

Holanda—, dado que eso es costoso, y prefiere emplear sus recursos en otros frentes. Es más, la ley de

Alquileres llega a la congelación de las rentas antiguas. Al mismo tiempo, frente a la ausencia de una ley

inteligente de Arrendamientos, que fuera atractiva para los^inversores y público y que podría pallar en

parte el fenómeno de acceso a una vivienda, el español medio se encuentra con que esta propiedad será el

único medio de crédito de que disponen las clases modestas. En último término, la vivienda se convierte,

con un sistema de seguridad social nulo, en el único mecanismo reconocido para obtener un crédito o

hipoteca en caso de necesidad.

ONCE AÑOS DE SUDOR

Comprar hoy en Madrid, dentro del mercado libre, un piso pequeño, de unos 90 metros cuadrados, en

cualquier zona de expansión de la capital, es decir, en barrios alejados del centro, cuesta, por término

medio, un mínimo de millón y medio a dos millones de pesetas. Calculando con base al sueldo de 15.000

pésetes —ingreso medio de muchas familias españolas, ligeramente superior at salario mínimo

interprofesional—. tendremos que las horas de trabajo necesarias dedicados a este producto serán de

27.776, es decir, unos once años.

Esto, sin tener en cuenta la calidad de ía construcción y, como de ciamos antes, a varios kilómetros def

casco urbano, que hoy se puede considerar prácticamente agostado, por falta de suelo edificable, y donde

el que se puede conseguir artificialmente, a base de derribos, casas ruinosas —un negocio para ios

caseros—, etcétera, marca ya de entrada unos precios prohibitivos, al alcance de pocos bolsillos.

Claro está, que como contrapartida también existen en Madrid privilegiados, aunque sean pocos, que se

pueden permitir el lujo de pagar 30 millones de pesetas por un piso de 600 metros cuadrados, en la

colonia de El Viso, o 22 millones, en Chamartín, y, por supuesto, sin facilidades de pago. El principal

problema de estas clases de la «jet society». que desdeñan las modernas urbanizaciones de chalé adosado

o sin adosar, piscina, pista de tenis, etcétera, etcétera, a escasos kilómetros de la capital que constituyen

los nuevos «ghettos de ciase», y cuyo precio mínimo oscila en los cinco y siete millones, y que prefieren

seguir viviendo en e( cogollo urbano, consiste en encontrar un piso de más de 300 metros cuadrados,

sencillamente, porque no se construyen. Según nos ha asegurado una agencia, especializada en este tipo

de clientela, se reciben muchas más peticiones que ofertas tienen en cartera: más de veinte diarlas. El

único modo de atenderlas —nos informaban— es encontrar pisos antiguos en zonas de solera. En contra

de lo que pudiera suponerse, estas zonas de superlujo no son ni Puerta de Hierro, ni Somosaguas, sino,

por riguroso orden: El Viso. Zurbano, Fortuny, Orfila, zona de los Jerónimos, centro del barrio de

Salamanca, Alfonso XIII y Pío XII.

El lujo de tales viviendas, además de su superficie, de 400 a 600 metros cuadrados, radica en sus Jardines

particulares, piscinas, baños de mármol italiano, suelos también de mármol, paredes enteladas y

distribuciones de «alto standing», que suelen ir en proporción con el número de salones y cuartos de baño.

Quizá los pisos de 30 millones sean todavía una excepción, pero no lo son los de 15 a 22, que abundan en

las barriadas de Chamberí. Salamanca y Chamartín: «Se venden muy bien a industriales, banqueros,

directores de empresa... Casi siempre son compradores nacionales, porque I o s extranjeros prefieren el

alquiler, por alto que sea.»

MALA, NO CARA

No hace falta recurrir a estas viviendas como ejemplo para deducir lo alto de sus costos, sobre todo para

el ciudadano medio. Aunque algunos especialistas aseguren que «la vivienda no es cara en España, sino

mala comparativamente, y lo que habría que hacer es exigir una mayor calidad, aparte de unos

mecanismos fáciles de acceso a ella, facilitados por una buena política de vivienda. Eso, por supuesto,

dejando a un lado e] fenómeno de tas ganancias abusivas». El presupuesto dedicado a vivienda se ha

convertida en el más alto de la familia española, quien, contrariamente a lo que sucede con otros

productos, tiende siempre a adquirir la vivienda más cara, forzando al máximo sus posibilidades de

adquisición, lo que constituye ya uno de ios mecanismos del alto precio. El otro seria, sin duda, la famosa

pescadilla que se muerde la cola, de la especulación, que ha hecho millonarios a tantos promotores de la

posguerra. Para el economista Antonio Santillana, catedrático de Teoría Económica de la Autónoma de

Madrid y autor del libro «Análisis Económico del Problema de la Vivienda», «ef suelo es caro porque la

vivienda es cara, y no al revés. E1 propietario de un terreno fija su precio en función de la vivienda,

porque sabe que al fina) de todos los números y presupuestos del constructor, el resto que queda será

invertido en el terreno, y ellos conocen muy bien el juego. El precio es fruto de una economía de mercado

con un trasfondo social. Ese precio va incorporado a fa vivienda, y como la vivienda es cara, el suelo

también lo es. Más que decir que el precio es elevado hay que entrar en una política de juego suelo

vlvtenda».

También para el arquitecto Jesús Gago, «la especulación del suelo es un subproducto del precio de la

vivienda. Ese precio del suelo se fija en función de (as cifras que han alcanzado las viviendas, pero al

mismo tiempo éste empuja al precio total de la vivienda. Es una especie de círculo vicioso, que sin duda

tiene su origen en la escasez crónica y en la fortíslma demanda, muy superior a la oferta, y donde, por

supuesto, entran toda una serie de mecanismos, como calificación del suelo, planes urbanos, etcétera».

Los precios de los alquileres, que prácticamente se limitan en su mayoría a los pequeños apartamentos

para una o dos personas, no andan o la zaga. El costo actual de estos apartamentos vienen a oscilar entre

las 8.000 y 14.000, para los más pequeños, según estén situados en zonas de periferia o centro, y de

18.000 a 20.000, para los que son un poco mayores.

En cuanto a viviendas familiares, la tónica media dentro del casco urbano es de 20.000 a 30.000 pesetas,

que pueden rebajarse hasta las 7.000 pesetas, en Fuenlabrada, o 9.000, en Móstoles, y que también

pueden elevarse a las 70.000 del barrio Salamanca, 85.000 de Chamartín, 90.000 de Retiro y 100.000 de

Chamberí. Piso este último, situado en la calle Genova, con nueve habitaciones.

LAS AGEN CtAS

Un fenómeno, aunque mínimo en comparación con el resto de los intereses en juego, viene a encarecer

ligeramente los precios de viviendas y alquileres. Se trata de las comisiones que se Ilevan las agencias

inmobiliarias, que hoy día monopolizan prácticamente el mercado madrileño de compra-venta y

alquileres. Es difícil, y basta para ello con echar una ojeada al periódico, o hacer una llamada a cualquiera

de los números telefónicos que figuran en los mismos para hacer el trato, conseguir un piso o apartamento

directamente, sin ínter medio de una de estas agencias, que han florecido como la primavera, y que

mantienen un monopolio feroz. Pero sin entrar en ta picaresca de la que ya se ha hablado, y repetidas

veces, al tratar del tema, y sujetándonos a lo establecido por la ley, tenemos lo siguiente: a la hora de

alquilar un piso, la gestión será gratuita para e) propietario del inmueble (aunque no siempre se mantiene

esta regla y hay agencias que también cobran su comisión), y será al futuro inquilino al que se le cobra la

comisión, que equivale a una mensualidad. Aunque Ja ley marca el 10 por 100 de la anualidad, en la

práctica se ha impuesto el cobro de una mensualidad. En caso de venta, entonces será gratuita la gestión

para et comprador y será al dueño de la vivienda a quien se le cobre la comisión del tres o cuatro por

ciento de la cantidad de venta. En este último caso, si el propietario consigue vender el piso

independientemente de la agencia por su propia cuenta, tendrá que abonar igualmente la comisión a ésta.

El gravamen de las agencias se hace más notable a efectos de alquíleres, ya que son generalmente las

jóvenes parejas, o jóvenes de uno y otro sexo, los que acceden a este tipo de vivienda, cuando inician su

independencia familiar, y los altos alquileres, unidos a los porcentajes de (as agencias, más el depósito

obligatorio de otra mensualidad para el propietario, desembocan en unas cantidades de entrada que

triplican el precio del alquiler.

Un lucrativo negocio, que juega con una demanda constante, aunque ellas aseguren que el negocio no es

tanto. «Son un negocio, pero no un gran negocio —afirma el directorgerente de GESIMCO—, por lo

menos a corto plazo. Ahora, si al mismo tiempo uno se mete a negociar a través de la profesión y a

intervenir directamente en compras, construcciones, etcétera, la cosa ya cambia.»

CUARENTA AÑOS DE VIVIENDA SOCIAL

Y volvemos al principio del informe, a las viviendas sociales, que al estar nuevamente sobre el tapete de

ia actualidad, bien merecen un análisis más detenido.

El déficit de medio milIon de viviendas de tipo social, solamente en Madrid (incluyendo dentro de estas

necesidades aquellas consideradas en la actualidad como insalubres, faltas de servicios o inadecuadas por

espacio a tas necesidades de sus habitantes), viene dado en la actualidad por un proceso acumulativo, en

el que concuerdan tres factores: problemas que no se han resuelto con anterioridad —las 50.000 chabolas

existentes—; situaciones resueltas de emergencia, como puede ser el caso de los poblados o barrios

edificados no hace muchos años y que en un período muy corto vuelven a estar sobre el tapete. dada su

mala contracción, que las hacen hoy prácticamente inhabitables, al caerse materialmente —caso

Orcasitas, San Blas—; los nuevos poblados y grupos de viviendas que ya surgieron defectuosamente a

nivel de vivienda y carentes de todo tipo de infraestructura o servicios, como estelas, ambulatorios, zonas

verdes, etcétera.

Pero antes de seguir adelante con Ja situación actual y los medios arbitrados en la nueva legislación de

junio y noviembre de 1976. que fijan la calificación de «vivienda social» y los requisitos para acceder a

ella, y que pretenden solucionar el problema en cuatro años, bueno será hacer un poquito de historia, ya

que, como decíamos antes, el problema no es nuevo, ni tampoco se carece de legislación en este sentido.

Es en (os años cincuenta, con la salida de ta autarquía y primer despegue del capitalismo español, cuando

el elevado número de inmigrantes, llegados de zonas rurales, se va asentando en la periferia de la capital,

creando el lumpemproletariado de chabola o casa baja, de origen rural, en zonas que carecen de servicios

de todo tipo. Esa mano de obra, necesaria paro ia industria del desarrollo, no es capaz de pagar los costos

de producción de unas viviendas, y mucho menos los costos más los beneficios que exige el sistema

capitalista, y es entonces cuando el Estado comprende la necesidad imperiosa de llevar o la práctica una

política de vivienda social, iniciada justo al acabar lo guerra, en 1939. Lo chabola no se puede ya tolerar,

porque obstaculiza la buena imagen social dei sistema.

En estas circunstancias, la actuación del Estado, con su política de viviendo social, se puede distinguir en

dos etapas perfectamente diferenciadas. Una primera de construcción directa, a través de la Obra Sindical

del Hogar, sin promotores intermediarios. Protección que sólo se utiliza masivamente a partir de los

últimos añas de la década de los cincuenta, con el Plan de Urgencia Social, de 1957 hasta 1961, que dará

origen a un número considerable de barrios como San Blas, Oscasitas. Manoteras, etc. Son todavía

viviendas pequeñas, de baja calidad.

En la segunda etapa, a partir de (os años sesenta, el Estado protege lo iniciativa privada y surgen fas

viviendas subvencionadas, donde el promotor se beneficia de 30.000 pesetas por vivienda, o fondo

perdido, más facilidades de crédito —hasta el 70 por 100—, exenciones fiscales, etc. Como contrapartida,

éste se compromete a mantener unas normas técnicas mínimas y un control de precios. El nuevo tipo de

viviendas, de mayor calidad, beneficiará especialmente a las clases medias en detrimento de los más

necesitados.

Se produce con este último mecanismo todo el «boom» de la construcción periférica, con una picaresca

sin igual por parte de los promotores, que les llevará a amasar las grandes fortunas de la posguerra de la

construcción española. Surgen esos barrios faí-tos de planificación, de control de calidad, de equilibrio en

sus espaldas.

LEGISLACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL

La Ley de Viviendas Protegidas de 1939 autorizaba o construir casas a tos organismos del Movimiento y

de los Diputaciones. Se centraliza todo en el Instituto Nacional de lo Vivienda, que monopoliza ta

intervención estatal hasta 1954.

La Obra Sindical de) Hogar hace su aparición en 1939 como entidad constructora del Instituto Nacional

de la Vivienda. De 1939 a 1954 se construyen 25.000 viviendas.

En 1944 el Plan Nacional de la Vivienda tiene en proyecto ta construcción, en el transcurso de diez años,

de 1.400.000 viviendas. Se realizan 300.000.

La Ley de 1944 para las viviendas bonificables, de protección oficial, permite anticipos de hasta el 50 por

100 para viviendas sociales. Entre 1944 y 1953 se acogen a esta Ley 32.964 viviendas.

El Plan de Urgencia Social de 1957 apoya a los promotores de las viviendas sociales.

Tarrifasen en 1957 el Instituto Nacional de lo Vivienda crea los Poblados Dirigidos y s* construyen,

según este Plan, 60.000 viviendas. Entre 1959 y 1960 se construyen la mitad da los Poblados Dirigidos.

En 1961, con el fin de hacer desaparecer los chabolas, la Obra Sindical del Hogar se encarga de construir

tas UVA (Unidades Vecinales de Absorción) de Madrid.

Orden ministerial del 29 XI-76, que desarrolla un decreto-ley de junió de 1976 sobre viviendas sociales.

Esta medida, que programa la construcción en Madrid de 14.000 viviendas sociales, es la que ha

originado las colas de los madrileños paro conseguir su piso.

Se construyen setenta mil viviendas anuales

Existen cincuenta mil chabolas y casas bajas

El déficit de vivienda social alcanza a medio millón de familias

Es muy difícil encontrar en el centro de Madrid un piso de mas de trescientos metros cuadrados

El presupuesto de la vivienda se ha convertido en el mas alto de la familia española

La especulación del suelo es un subproducto del precio de la vivienda

En menos de un mes se ha cubierto ya el cupo de solicitudes para las quince mil viviendas sociales, que se

construirán en el primer año otos desarrollados, desconectados del centro de la ciudad y de las unidades

de trabajo. Las viviendas se construirán, en la mayoría de los casos, rebajando la calidad a unos límites en

los que es posible su construcción únicamente con la aportación oficial, dejando el resto convertido en

beneficios netos.

Al mismo tiempo, este aislamiento de la gran ciudad actuará, en opinión del arquitecto especializado en

urbanismo, Eduardo Mangada, «como un imán para tirar del centro de la ciudad, revalorizando el espacio

intermedio entre el centro y los barrios periféricos, donde se centra la producción de viviendas, creando

unas enormes plusvalías, de las que se beneficia e! capital*.

A pesar de todos los planes sobre Ja vivienda social, las 50.000 chabolas, que provocan en 1956 el Plan

de Urgencia de la Vivienda, se mantienen al cabo de veinte años, y, además, un amplio sector de la

población ha permanecido totalmente al margen de este tipo de mercado. Llegamos así a la situación

actual, cuando el Ministerio, después de pasar por una larga etapa de crisis, se ve ante ta necesidad

acuciante de una nueva política de viviendo socal. Surgen entonces las nuevas normativas de junio y

noviembre del 76, para la construcción de viviendas sociales, en un intento de conjugar un doble

mecanismo que sirva para dar vivienda a todos estos grupos marginados y mantener una política de apoyo

a los Bancos.

La ley —en opinión de los arquitectos Eduardo Leira y Jesús Gago, del equipo cCeta», realizadores del

nuevo plan de Orcasitas, en el que han participado los vecinos— parte de la idea de que la iniciativa

privada no ha resuelto en todos estos años el problema, porque los mecanismos de protección no eran los

adecuados. La ley identifica como principal problema el de la financiación. ¿Por qué la gente no tiene

acceso a la vivienda? Por la dificultad de conseguir préstamos, préstamos que no están dispuestos o

conceder los Bancos si no es en unas condiciones de interés y tiempo determinados. Entonces, el

Ministerio pretende solucionar el problema entrando a casar estos dos aspectos, de modo que el Estado se

convertirá en una especie de puente entre el comprador y los Bancos.

La nueva ley tiene como objetivos fundamentales eliminar el déficit de viviendas en cuatro años; mejorar

la calidad de las mismas mediante normas técnicas, con un concepto mucho más amplio de lo que

constituye el «habitat», aumentar 1a actividad de lo construcción en unos momentos de crisis económica

y paro considerable y, como punto más importante, facilitar el acceso de la propiedad a familias de bajo

nivel adquisitivo.

Pero, ¿quién se va a beneficiar de la nueva modalidad? ¿Cuántas personas pueden ser propietarias de aquí

a cuatro años? En principio, las normas fijadas para acceder a la vivienda social hablan de calificación de

«necesitado de vivienda social», que han originado las famosas colas, hablan de aquellos cuyos ingresos

estén por debajo de las 430.000 pesetas anuales, lo que viene a significar una media de ingresos de 35.000

pesetas mensuales, cifra que puede afectar, sin lugar a dudas, a las dos terceras partes de la población

familiar de Madrid. Pero por si estas cifras fueran poco claras, tenemos las elocuentísimas de casi 15.000

peticiones aceptadas hasta el momento, to que ya cubre totalmente (a cifra programada a edificar en el

primer año y que, al cabo de cuatro años no pasarán de 60.000.

Ante las posibilidades reales de eficacia de la nueva ley, los arquitectos Leira y Gago, afirman:

«Es difícil que puedan coincidir los objetivos perseguidos con tos resultados. No se puede cubrir un

déficit de vivienda de varios millones en cuatro años. Si solamente en Madrid hay un déficit de medio

millón, tendría que construirse a un ritmo de 125.000 anuales, y ei total a conseguir en los cuatro años es

de 60.000... Luego está la falta de control democrático a la hora de valorar quiénes pueden

acceder a esas viviendas. Por supuesto que, en teoría, tienen preferencia aquellos cuya relación, entre

ingresos y familia, sea menor, pero la adjudicación se hace a través de un control basado en una

declaración personal del presunto comprador, sin ningún control más riguroso y democrático, como es e!

caso de otros países, a través de ayuntamientos, sindicatos, etc., que permite una justa concesión. Por

último, está el sistema de financiación, que es habilidoso, pero que puede ocasionar problemas. La

financiación invierte el sistema actual, de modo que el comprador pagará menos durante los primeros

años de la compra y más en los últimos, lo que es beneficioso, dado el aumento de salarios, depreciación

de la moneda, etc. El Ministerio interviene subvencionando al comprador a través del Instituto Nacional

de la Vivienda, por un lado, y dando facilidades a los Bancos para que realicen préstamos, por otro. Pero

siempre existe el problema de que en este mecanismo reducido no sean las clases de más bajos salarios,

sino aquellas capas Inmediatamente inferiores a la imposibilidad de adquisición actual, que tiene más

solvencia ante los Bancos y el Ministerio, las beneficiadas. El promotor, que también tendrá que

promotor, que también tendrá que solicitar el visado de vivienda social, entrando en las condiciones

fijadas por el Ministerio, consigue ciertas exenciones, aparte de tener la compra asegurada al con tado en

el momento de la entrega, lo que ya es de por sí suficientemente atractivo.*

Hablar de soluciones es, a decir de los expertos, aígo exagerado en la situación actual. Se podría hablar de

pasos... «Mecanismos de este tipo —aseguran Letra y Gago, refiriéndose a la última ley— son

perfectamente aplicables y hasta ingeniosos, pero para resolver el problema1 de vlvienda de las clases

más bajas no hay más remedio que la intervención directa, la construcción de viviendas por el Estado, no

de una forma global, sino contemplando caso a caso. El proceso de Orcasitas es una pequeña vía que los

usuarios han conseguido arrancar al Ministerio, que puede ser un ejemplo. Y, por supuesto, es totalmente

necesario descentralizar el terreno, que haya controles más cercanos a los propios usuarios, ya que de cara

a un futuro inmediato, con un sistema democrático de mayor permeabilidad de la Administración, el

conflicto a crear por la exigencia de viviendas va a ser inmenso.»

En este sentido de descentralización, el arquitecto Eduardo Mangada insiste en la necesidad imperiosa de

municipalizar los programas de la vivienda. «La ciudad —asegura— ha sido distribuida con objetivos

centralistas, sin contar con las necesidades y capacidad municipales. Es ¡mprescindible que los programas

de vivienda se municipalicen con apoyos del Estado. El control municipal, ncluso en situaciones no

democráticas, siempre tiene mayores posibilidades, y mucho más en sltuaciones democráticas, como se

demuestra en países como Suecia o Gran Bretaña, donde son los munlcipios los que vigilan las listas de

espera y adjudicación de as viviendas, según unos rigurosos controles de necesidades.»

Mientras tanto, las listas de peticiones para ser propietario de una vivienda social, siguen aumentando.

Maién AZNAREZ y Pilar ALONSO

 

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