Contribución rustica y reforma tributaria     
 
 ABC.    11/03/1964.  Página: 48. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

CONTRIBUCIÓN RUSTICA Y REFORMA TRIBUTARIA

Un grupo de procuradores en Cortes, encabezados por don Mariano Fernández Dasa, marqués de la Encomienda, ha presentado varias enmiendas al proyecto de lev de reforma tributaria. Las objeciones se refieren, principalmente, al capítulo III de la disposición, que regula la contribución territorial rústica. Al señalar los defectos de que adolece el actual sistema se hace especial hincapié en los derivados de la rigidez evacuatoria, de la escasa agilidad actual Sel amfílarqmiento y del caiasiro para segtttr la evofación de los rendimientos de la riquesa rústica, y en aquellos otros que proceden de la diversidad de procedimientos de evaluación de las bases, que da lugar a situaciones de injusticia distributiva. En cuanto al ntievo sistema proyectado por la ley, evidentemente prescinde de la rigidez evaluatoria antes señalada, ya que se establece un impuesto proporcional sobre los beneficios realmente obtenidos, y éstos se determinan por convenios entre la Administración y los contribuyentes, es decir, por procedimiento objetivo.

El escrito elevado a la Presidencia de las Cortes señala, sin embargo, vicios en el nuevo sistema propugnado, vicios que. en definitiva, se traducen en una disminución de las garantías del contribuyente. Por otra parte, dice, "es sabido que la vida corporativa de los campesinos es mucho más tenue que la de los comerciantes e industriales. La situación sociológica de los hombres del campo es muy diferente de la de los nádeos urbanos, por todo lo cual no será fácil que puedan constituirse en muchos casos Juntas de estimación con comisionados verdaderamente eficaces".

Pero hay, además, otras serias objeciones. El escrito subraya que en la actualidad el impuesto grava los rendimientos medios, por el hecho de ser el agro algo muy sometido a itna serie de factores externos—climatología, rotación de cultivos, naturaleza de las tierras, etc.—imprevisibles. Y añade, que estas rosones no han desaparecido. Y, sobre todo, no pueden ceder ante un sistema m el que se dice que se va a gravar el beneficio realmente obtenido, pero que lo que pretende realmente es un incremento anual de las bases como resultado de una presión de la Administración, con la consiguiente presión "a posteriori" de los criterios que se afirma han servido de base para el cálculo. "Porque el beneficio real que la Hacienda española no ha sido capas de descubrir en la actividad comercial e industrial, menos aparecerá en la agrícola, donde la contabilidad es prácticamente inexistente. Por todo ello, el sistema de los retraimientos medios se acomoda mejor a la naturaleza de la explotaciones agrícolas. Y esto no se corrige con el sistema de imputación de pérdidas previsto en la Ley, porque para el campo es muy difícil de aplicar."

Con el procedimiento que incluye la reforma tributaria propuesta, queda en muchos casos totalmente desamparado el aumento de productividad derivado de nuevos métodos de cultivo o de una mejora en la calidad del trabajo de empresarios y obreros. En una palabra, "desaparece el incentivo para mejorar la productividad, salvo cuando ésta se obtenga mediante, determinadas inversiones".

El escrito dice también: "El sistema del proyecto exige que los rendimientos de un año devenguen una cuota proporcional a satisfacer en el año siguiente, o como demuesira la experiencia para las evoluciones globales en ámbito comercial o industrial, en los dos o tres años posteriores al devengo. Difícilmente se compagina este procedimiento con el carácter oscilatorio de los rendimientos agrícolas. El impuesto de los años buenos se pagará muchas veces en años pésimos, lo cuál creará a los agricultores problemas agudos de tesorería."

Al referirse a los tipos impositivos, los impugna porque se establecen sobre un catastro, "en el que la Administración no cree" y en unas evaluaciones globales, "que poco van a tener que ver con los beneficios efectivamente obtenidos", abandonando, sin embargo, la vía de la depuración y clarificación de las bases impositivas.

En la justificación razonada de las enmiendas formuladas se señala que los problemas de justicia distributiva sólo pueden resolverse mediante un catastro bien hecho y mantenido al día, es decir, con frecuentes revisiones, de modo que sus datos puedan ser considerados como reflejo real de la realidad agrícola española, completándolo además con un sistema de índices de precios de productos y de factores que se modifican anualmente. y que servirán para fijar el liquido imponible, la base, que se modificará todos los años, de acuerdo con los índices obtenidos. "De esta forma, cada finca rústica tributará un año sobre el líquido imponible fijado en la revisión catastral y los cuatro años siguientes sobre dicho líquido imponible modificado en más o en menos, según resulte de la aplicación del índiee respectivo. Al sexto año aparecerá un nuevo líquido imponible en virtud de la revisión catastral".

Estas son las ideas fundamentales que presiden las enmiendas sometidas a la superioridad por este grupo de procuradores. Y a tenor de estos principios básicos se modifican los artículos correspondientes del proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Hacienda.

 

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