Política salarial responsable     
 
 Pueblo.    25/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

POLÍTICA SALARIAL RESPONSABLE

El real decreto-ley aprobado en el último Consejo de Ministros so-bre política de salarios, que, a nuestro juicio, no altera la libertad de negociación de obreros y empresarios ni representa una congelación salarial en sentido estricto, como la fórmula habitualmente aplicada en otras circunstancias, parece que pudiera servir para zanjar las controversias surgidas en orden a la interpretación del pacto económico de la Moncloa. En primer lugar, porque ahora no se trata de imponer unos topes rígidos e inflexibles para todas las categorías de trabajadores, sino de distribuir con equidad una masa salarial que, sin rebasar un determinado nivel (el 20 por 100), precisamente el establecido entre el Gobierno y los grupos parlamentarios como techo máximo para el crecimiento de las rentas, favorezca a los grupos obreros más modestos.

A Por otra parte, es evidente que el Gobierno, lejos de pretender refugiarse en métodos coactivos, a la larga siempre perjudiciales, ha querido establecer unas reglas de juego capaces de posibilitar una solución democrática para la crisis de nuestra economía. En este sentido, no cabe duda que la disposición promulgada mantiene y reafirma una línea a todas luces coherente con la postura inicialmente expuesta en el documento de la Moncloa. El respeto a la libertad de las partes negociadoras queda patente en el hecho de que tanto los trabajadores como los empresarios pueden no tener en cuenta los criterios de referencia salarial. Naturalmente, en este caso la contrapartida es que, como ha señalado el ministro de Trabajo, Jiménez de Parga, los obreros pierden el derecho de conservar intacta la plantilla laboral, si fueran ellos quienes exigieran que fuesen rebasado los límites indicados. Pero también si son los empresarios los que, por propia y libre decisión, desatienden estos mismos criterios, la sanción prevista para ellos es la pérdida de beneficios de índole fiscal, económica y financiera.

Lo que resta por analizar es si dicha coherencia en la fijación de criterios sobre aumentos salariales tolerables guarda asimismo relación con la equidad. Por lo demás, creemos ocioso insistir en el debatido tema de la posible retroactividad aplicada a determinadas situaciones, cuestión harto embarazosa por su complejidad de matices jurídicos, pero que, en definitiva, no puede ni debe esgrimirse para desvirtuar el contenido de un pacto cuyas cláusulas interesan a toda la comunidad.

El Gobierno ha pedido moderación en los sueldos, prometiendo a su vez un descenso de la inflación y un posterior incremento en puestos de trabajo. Nada induce a mantener reticencias sobre la sinceridad de este propósito. La tregua que ofrece el «pacto de la Moncloa» es algo así como la campana salvadora de un «round» especialmente duro. Salir de una dictadura a una democracia sin cortes traumáticos, y con una crisis económica sin paliativos, merece confianza.

Si, como afirmaba ayer mismo el ministro Jiménez de Parga, «la política salarial responsable es aquélla en que las peticiones de los sindicatos, así como las respuestas que den a ellas los empresarios, están en concordancia con las necesidades del contexto económico y social en su conjunto», es razonable pensar que la disposición que ahora entra en vigor se inscribe en una poli tica salarial socialmente responsable.

¿Quién pondrá en duda que esto, a plazo medio, dé frutos óptimos?

Ahora bien la respuesta real van a darla, tienen que ofrecerla, los sindicatos, pero en muy corto espacio de tiempo y bajó la proximidad de elecciones, fechas siempre muy tentadoras. Por ello, lo más importante de estos momentos es disociar la demagogia de la realidad. Debe construirse entre todos un Estado serio y robusto, y nada debe hacerse desde el oportunismo. Presiónese con la razón, rio con la machaconería.

Si hemos salido de situaciones ficticias nunca podrá se para volver, de alguna forma, a las mismas, en base a supuestas reivindicaciones muy particulares. Los sectores realmente representativos de las distintas opiniones tienen ante sí la oportunidad de cumplir fielmente la palabra empeñada. Los acuerdos de la Moncloa nos parecen como la decisión de un arbitro: públicos e inapelables.

 

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