Consejo de ministros. Jiménez de Parga explica el decreto ley que desarrolla los criterios salariales del pacto de la Moncloa. 
 Se aplica una retroactividad mínima  :   
 Todas las leyes reformadoras la contienen. 
 Pueblo.    24/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

Jiménez de Parga explica el decreto ley que desarrolla los criterios salaríales del "pacto de la Moncloa"

Se aplica una "retroactividad mínima"

Todas las leyes reformadoras la contienen

El acuerdo más importante adoptado en el Consejo de Ministros de ayer es, sin duda, el que, bajo Ja forma de real decreto-ley, establece los criterios salariales, cumpliendo el Gobierno asi el -pacto de la Moncloa». Pero el asunto es polémico desde antes de conocerse la letra del documento jurídico. Han circulado diversas versiones, y, sobre todo, se ha debatido acerca de la posible retroactividad de algunas normas, con la consiguiente expectación de amplios sectores de la sociedad española.

Momentos antes de reunirse ayer el Gobierno, en el palacio de la Moncloa, un redactor de Europa Press obtuvo unas declaraciones en exclusiva del ministro de Trabajo, don Manuel Jiménez de Parga, que con su reconocida autoridad de jurista, como catedrático de Derecho que es, disipa algunas dudas y puntualiza el alcance real del real decreto-ley. Resumimos, a continuación, algunas de sus respuestas:

Algunos portavoces de partidos vienen. advirtiendo su oposición a una interpretación retroactiva de aquellos acuerdos en materia salarial ¿Puede aclararnos el fundamento de esa preocupación?

—El pacto de los partidos políticos no puede restringirse a una reivindicación concreta que estuviera en curso de negociación. Este real decreto-ley se proyecta hacia el futuro, preparando las bases capaces para hacer posible, dentro de la libertad de negociación, los acuerdos firmados en la Moncloa.

Desde un punto de vista doctrinal cabria aludir a un tipo de retroactividad, claro que sí: a la que hace posible el progreso social, adecuando continuamente las situaciones a nuevas exigencias. Pero la retroactividad no es un concepto absoluto y univoco, sino algo lleno de matices.- Hay varias clases de retroactividad, y no todas ellas merecen la condena que corresponde a determinadas variantes de ella. Tenemos 1» retroactividad que diriamos máxima, que es la que se aplica a todas las relaciones jurídicas que caen en su ámbito, sin tener en cuenta cuando fueron creadas o cuando se produjeron sus efectos.

Por ejemplo, se deroga la ley de divorcio y se declaran nulas todas las sentencias de divorcio dictadas bajo el imperio de aquélla. Luego está la retroactividad media, que es la de una ley nueva que se aplica a situaciones jurídicas anteriores y a efectos nacidos, pero sólo en cuanto hayan -de ejecutarse después. Por ejemplo, si de dicta una ley reprimiendo la usura y ordenando reducir los tipos de interés, habrá retroactividad media al aplicarla a plazos ya vencidos, pero aún no pagados.»

Parece que los convenios o Laudos con cláusulas de revisión salarial no encajan en esas dos clases de posible retroactividad.

—Efectivamente, pero los juristas hablan también de una retroactividad mínima, que es la aplicación de la norma a los efectos de situaciones anteriores, nacidos después de dictada aquélla. He aquí la única retroactividad que podría advertirse en el real decreto-ley, pero que, en cualquier caso, estaría plenamente justificada.

—¿Podría argumentarnos a favor de ésa capacidad de adaptación de la sociedad a sus problemas; es decir, de ese tipo de retroactividad mínima?

—No resulta difícil hacerlo. Yo diría que casi todas las leyes reformadoras contienen dosis de lo que, en su caso, podría calificarse de retroactividad mínima. Con frecuencia hay que afectar ciertos intereses creados. No es posible cambiar una situación con pretensiones amplias sin modificar alguna que otra expectativa o interes existente. Por eso, los mejores teóricos del derecho, que condenan la retroactividad máxima, que han escrito centenares de páginas sobre esa retroactividad máxima considerándola injusta, alaban la capacidad de adaptación de las leyes progresistas; es decir, ese mínimo de retroactividad inherente a todo cambio de situación. Más aún: algunos sostienen que debe considerarse positivo que la mayor parte de las leyes sean mínimamente retro activas —en el sentido indicada—, pues de lo contrario la normal inercia del derecho positivo se tornaría en anquilosamiento dañino. —Según lo que acaba de decirme, ¿no hay «herejías jurídicas» en el real decreto-ley?

—A mi juicio, jurídicamente contiene lo que debe contener. La previsión futura de un aumento salarial no genera un derecho adquirido, sino una simple expectativa. Algo parecido sucede en los contratos de arrendamiento con cláusula de estabilización. Y ahora está en juego el plan de saneamiento y reforma de la economía española, que ampara los intereses de todos los ciudadanos de este país.

—Y- políticamente, ¿cuál ha sido el comportamiento del Gobierno?

—El Gobierno se ha limitado a traducir en un real decreto-ley las normas contenidas en los pactos que se firmaron en la Moncloa entre todos los grupos políticos con representación en el Congreso de Diputados. Se ha procurado respetar incluso las expresiones literales de aquel documento. El Gobierno no ha ido más allá de los acuerdos de la Moncloa, ni tampoco se ha quedado atrás al adoptar las medidas deseadas por todos los grupos parlamentarios.

—¿Pero se dio un paso atrás en nuestra historia reciente, introduciéndonos otra vez en él régimen de salarios reglamentados?

—Todo lo contrario. El real decreto-ley no fija imperativamente unos topes al crecimiento de los salarios. En una economía de mercado tiene que establecerse y ampararse la libertad de las partes que fijan la retribución de los empleados y de los trabajadores. Interpretar el real decreto-ley como una norma autoritaria, o como una prueba de intervencionismo estatal en este campo, resulta, pues, improcedente.

 

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