Política salarial socialmente responsable     
 
 Arriba.    26/11/1977.  Página: 1. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

POLÍTICA SALARIAL SOCIALMENTE RESPONSABLE

LA decisión del Gobierno de aplicar por de-creto-ley las normas de topes salariales pactadas en la Moncloa por los partidos parlamentarlos, era necesaria e inaplazable. Lo primero que se está exigiendo a este Gobierno todos los días, en las Cortes, en los periódicos y en la calle, se resume en una palabra: gobernar. Tras la firma de los acuerdos de la Moncloa, los líderes de los partidos coincidieron en que, a partir de ese momento, correspondía al Gobierno el trabajo de hacer efectivos los compromisos y programas concordados. La medida añora adoptada es, por supuesto, impopular; pero nadie ha dicho que se ejerza el poder para ganar concursos de popularidad.

Lo que Importa es que era una medida inexcusable. Hubiera sido muy grave que el Gobierno, por equívocos planteamientos electoreros, dilatase la urgente toma de decisiones. Habría sido, además, el comienzo del fin de los propios acuerdos de la Moncloa, en los que converge el consenso político actual. De prosperar la tesis contraria, se deduciría una desigualdad injusta respecto a la incidencia de las medidas de contención de salarios, ya que el millón largo de trabajadores cuyos convenios preveían aumentos por encima del coste de vida habrían sido beneficiados sobre la inmensa mayoría restante.

No vamos a descubrir nada nuevo si afirmamos que en todos los países democráticos occidentales a la hora de superar una crisis económica la primera llave que se toca es la de los salarios.

Ejemplos bien recientes los tenemos en Inglaterra, Alemania e Italia. Todavía no existe una teoría económica que haga posible el reajuste de una situación económica determinada empezando por los precios, las inversiones o la productividad. Estos son factores que se modificarán después como consecuencia del control de los salarios, principales incitadores de la demanda en un mercado. Ahora bien, el que esto pueda ser así ¿justifica que a la hora de las dificultades hayan de ser siempre el obrero y los salarios los perjudicados? ¿El que la masa salarial sea fácil de controlar por las empresas y por la Hacienda pública puede amparar la injusticia que supondría acudir a recortar los salarios ante cualquier eventualidad? ¿En los pactos de la Moncloa se ha pretendido acudir a la solución más fácil, aunque sea dolo-rosa para la clase trabajadora, o se han arbitrado estas medidas de contención como única salida posible y en base a la demanda de una responsabilidad social sincera?

La respuesta a estos interrogantes podría ahorrar muchas polémicas estériles en torno a una cuestión más o menos técnica que todos han coincidido en llamar retroactividad. El Gobierno ha sabido salir muy hábilmente de una polémica planteada en torno a los efectos retroactivos de una ley para centrar el tema en lo que, en frase afortunada del titular de Trabajo, Jiménez de Parga, se ha denominado «política salarial social-niente responsable». Esta filosofía, así como el decreto ley que desarrolla los aumentos salariales derivados del pacto de la Moncloa supone, lejos del autoritarismo que a veces comporta el legislar por decreto ley, una llamada a la colaboración de empresarios y sindicatos para que tanto las peticiones de unos como las respuestas de otros tengan muy en cuenta las necesidades del momento económico y social del país. Un régimen de salarios reglamentados sería incoherente y antisocial en la actual situación política del país y por eso se ha descartado. Lejos de ello se ha aceptado e] riesgo de Involucrar a los protagonistas del proceso productivo, empresarios y trabajadores.

La regulación de los topes salariales se ha dejado a la voluntad de las partes, aspecto este que no se ha querido destacar en el contexto de la polémica, quizá porque en el fulgor de ésta los interesados todavía no han podido reflexionar sobre el mismo. Se han recomendado unos topes salariales para la nueva contratación colectiva y se han señalado unas pautas para los convenios con cláusula de revisión automática de segundo año, pero, además de esta recomendación, se ha dejado bien claro que los límites pueden sobrepasarse a instancias de empresarios o trabajadores, si bien llevando aparejadas tales decisiones unos efectos correctores como son, la posibilidad de flexibilizar plantillas, en caso de que sea la presión social la que imponga su criterio, o, la pérdida de posibles beneficios fiscales y ayudas estatales, en caso de que la iniciativa del aumento, por encima del tope, sea empresarial.

Esta viene a ser la traducción legal de una política salarial socialmente responsable en estos momentos y tal vez sólo hasta la salida de la crisis económica. Por eso hay que ser realistas. Era difícil traducir a la realidad viva el pacto político de la Moncloa y la voluntad de consenso de todas las fuerzas políticas, pero el compromiso se ha salvado a gran altura y haciendo valer una filosofía propia de un estado que quiere ser «social» y «de derecho». Los partidos, los sindicatos y los empresarios deben comprender estos extremos y participar también en la parcela de responsabilidad que les corresponda.

Porque en esta situación económica tan catastrófica quizá se ha logrado evitar otra catástrofe como la que hubiera supuesto el gobernar con la ley en el «Boletín Oficial» y con el «palo y tentetieso» en la fábrica y en la calle. A una solución civilizada, por muy controvertida que ésta sea, debe responder, también, una respuesta civilizada y consecuente con los problemas que hoy tiene planteados el país.

 

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