Democracia y Parlamento     
 
 Informaciones.    29/09/1972.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Democracia y Parlamento

EL Parlamento se transformará pero es difícil que perezca. Y en cualquier caso su desaparición va emparejada con la defenestración de la democracia. Nadie puede desear un Parlamento convertido en sistemático ariete gubernamental —y ha habido bastantes—, como nadie puede suscribir un Gobierno exento de control parlamentario. Parece que es obvia la necesidad de encontrar una vía intermedia de equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. Pero el peligro reside en que en esa búsqueda el Parlamento está siendo vapuleado —como institución— en no pocos países. Se habla más de los excesos del parlamentarismo que de los del gubernamentalismo. Y en no pocos casos a la hora de encontrar ese equilibrio entre los dos poderes, a lo que se llega es a subordinar de una u otra manera el Parlamento al ejecutivo.

La V República francesa es un ejemplo claro, y quizá el más significativo, de este proceso. Y este proceso no es satisfactorio porque siempre será un error político devaluar un Parlamento en beneficio de un Gobierno. El parlamentarismo tiene muchos defectos, qué duda cabe, pero también posee una virtud cardinal: aún no se ha encontrado una fórmula mejor de control del Gobierno por los gobernados.

Pablo VI —que hoy cumple setenta, y cinco años— ha hablado de estas cosas en una audiencia concedida a la LX Conferencia de la Unión Interparlamentaria. Se le reconocerá al Papa en estas cuestiones una ejemplar imparcialidad y un ánimo exclusivamente teñido del sentimiento cristiano de amor al prójimo.

Por eso sus palabras sobre el denostado parlamentarismo adquiere un doble relieve. «La función del Parlamento —ha dicho el Papáes insustituible en la sociedad democrática».

Pablo VI ha reconocido —no podía ser de otro modo— las debilidades y defectos del parlamentarismo tradicional, pero en su imparcialidad ha contemplado también la otra cara de la moneda, la que no quieren ver tantos políticos ^antiparlamentarios»: tí juego ventajoso del Gobierno en materia de información, la salvaguardia parlamentaria de la democracia, su papel equilibrador frente al ejecutivo, la compensación que puede lograr frente al creciente poder tecnocrático, etc. cEZ vacio que dejaría el Parlamento —aduce el Papa— sería aprovechado por tos regímenes autoritarios, dictatoriales o por los sobresaltos revolucionarios espontáneos o preparados en la clandestinidad». Y a este respecto «Es de recordar —continúa Pablo VI— el derecho de la oposición en un régimen parlamentario, con sus limites de justicia y de honestidad, reglas que, si se desprecian, son sustituidas por el recurso a medios ocultos, que dañan el fuego regular de las instituciones».

El Parlamento, en efecto, e» insustituible en un contexto político democrático. Y no un Parlamento inánime y decorativo, sino como representación del país y de la sociedad nacional —sigue diciendo el Papa—, que controle el ejercicio de la actividad gubernamental, que lleve la deliberación colegial sobre la vida de la nación, la información pública y que en muchos casos tome parte en la creación de la propia autoridad gubernamental.

Puede y debe buscarse una fórmula parlamentaria más idónea que la clasica demoliberal, pero sin olvidar lo que decíamos en un principio: que no cabe su subordinación al ejecutivo ni su mera equiparación teórica con él, ya que en este segundo caso los poderes de la Administración siempre son condicionantes.

En un país como España, ni el Gobierno ni ningún otro órgano consultivo tienen encomendadas por ley una función tan alta como la de las Cortes: «... órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado». Las tesis católicas del origen divino del Poder no están arrumbadas, fiero ya hace tiempo que no significan lo mismo, o al menos —a este respecto sigue siendo significativo el discurso papal— la Iglesia reconoce explícitamente al pueblo como depositario de ese Poder.

Dada la confesionalidad de nuestro Estado y la inspiración católica de nuestra más alta legislación, deben considerarse los anteriores supuestos. Todo lo que se haga por dotar a los Gobiernos de la necesaria fortaleza para su buen hacer y un fortalecimiento paralelo del Parlamento en sus funciones y en su extracción, será bienvenido. Hay que aprovechar las posibilidades legales de aumentar la representación directa en las Cortes. Nunca el procurador debe confundir el principio de «unidad de poder y coordinación de funciones» con una suerte de dimisión de sus obligaciones fiscalizadoras de la Administración.

 

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