Parlamento y Prensa     
 
 ABC.    04/08/1971.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

PARLAMENTO Y PRENSA

El inconcluso desarrollo político español, la no institucionalización plena del contraste de pareceres, está llevando a la Prensa al desempeño de una función que, aunque históricamente nunca le ha sido ajena, corresponde, sin embargo, de un modo genuino y en su total amplitud, a las Cortes. Bien está, porque resulta conveniente y necesario para la opinión pública nacional, que los periódicos entren a debatir desde el cuadro de opciones ideológicas vertebradas en el sistema de principios del Movimiento. Orear las ideas, animar el juego de luces y de sombras con que se armonizan y conciertan la diversidad de aportaciones que conforman nuestro firmamento político es cosa en que los periódicos prestan inestimable colaboración a la conciencia política de la sociedad española. Pero no basta.

La ley de Prensa ha rendido un servicio de importancia indiscutible. Ha sido y es la gran turbina con la que se ha generado el voltaje de energía política que, entre otras cosas, posibilitó la casi unánime aceptación por los españoles de la Ley Orgánica del Estado. El porcentaje de votos afirmativos registrado en el último referéndum, el de diciembre de 1966, demuestra hasta qué punto la libertad de Prensa no fue obstáculo, sino acicate que abundó en la identificación de los españoles con la ley básica que se les proponía. Tal ha sido el impacto de aquella norma, que hace posible reconocerle una importancia práctica que excede al propio rango formal suyo. Y esto es también expresivo de la anomalía que consideramos.

Se necesita de la normativa institucional que dé forma política adecuada a las condiciones de hecho que la ley de Prensa alumbró; condiciones y circunstancias que, de otro punto, no disuenan en absoluto del espíritu mismo que animan los textos jurídicos fundamentales. La disonancia, por el contrario, se encuentra en el hiato, en el corte, en la discontinuidad que existe entre un pluralismo político nacional activo, sancionado por la Constitución y vigorizado por la Prensa, y la ausencia de los cauces intermedios capaces y necesarios para darle forma.

El asunto es de tanta consideración y enjundia, que viene a poner de manifiesto mas que una contradicción o una insuficiencia legislativa, un contrasentido para la misma dinámica del Régimen. ¿No está deñnida acaso la democracia española, en cuanto «orgánica», por una sistemática voluntad, por un programático empeño, de que la sociedad, la realidad nacional toda, se encuentre plenamente inserta en el Estado, dándole por ello a éste la plenitud de realismo y autenticidad que otras formas y sistemas no lograron?

Y si ello es así, ¿para qué mantener desensamblados a una sociedad de pluralismo fortalecido por la Prensa, girando en torno a una ley por el propio Régimen creada, y al Estado, que quiere ser cabal hechura de una democracia nueva? No tiene sentido, en efecto, reconocer la pluralidad en la normativa suprema del sistema y avivarla a través de una ley de rango no constitucional, si al mismo tiempo se obtura la institucionalización del contraste de pareceres en el máximo órgano de participación del pueblo español en las tareas del Estado. En las Cortes.

Es de puro sentido común no alentar necesidades a las que luego no se las da satisfacción. Clama contra la economía de lo natural el desarrollo de funciones que no se trasciendan a sí mismas. Es en todo caso inexplicable que un sistema calificado de «orgánico» desorganice una función cardinal, emplazándola y reduciéndola a las limitaciones de un órgano que no le corresponde en su más última y genuina naturaleza.

Como ha puntualizado en reciente fecha el procurador en Cortes don Fernando Suárez, «el lugar institucional apto—preciso, puntualizaríamos nosotros—para la manifestación de las opiniones políticas es el Parlamento». Nosotros corroboramos, como periódico, tal afirmación. La Prensa debe tener a estos efectos que consideramos un papel complementario, pero no subsidiario en el desarrollo y dinámica del contraste de pareceres. Los periódicos, en tanto institución social que son, no pueden ni deben permanecer indefinidamente sustituyendo a las Cortes, en cuanto que el rango institucional de éstas es esencialmente político.

Es curioso, de otro nunto, que en tanto los alegato contra la institucionalización del contraste de pareceres se fundamentan las más de las veces en la hipótesis de que ello pudiera dar entrada a los partidos, no reparan los que de tal forma—negativa— pretenden defender la ortodoxia del Régimen en la circunstancia de que son los procuradores y no los periódicos quienes por ley están obligados a la no aceptación de cualquier mandato imperativo.

No es la democracia de los grupos de intereses o de presión—capaces en ocasiones de comprar un periódico—alternativa sugestiva ni ortodoxa a la democracia partidista que se quiere evitar. Prudencia, lealtad y autenticidad son en este caso incompatibles con el temor ciego. De puro negar, a veces, también se otorga.

 

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