La crisis     
 
 Sábado Gráfico.    30/01/1971.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El tema de la crisis ministerial ha pasado a ser endémico. Hasta el punto de comenzar los rumores el mismo día que toma posesión un nuevo Gobierno. Aparte el mayor o menor fundamento de los rumores, que hasta ahora sólo se cumplen de tarde en tarde e inesperadamente, hablar de crisis en España es un eufemismo, una metáfora, una galanura de nuestro rico lenguaje.

Crisis ministerial es, literalmente, la «situación en que se encuentra un Ministerio desde el momento en que uno o varios de sus individúos han presentado la dimisión de sus cargos hasta aquel en que se nombran las personas que han de sustituirlas». (Dic. Academia, 19 edición, año 1970, pág. 379.) Tres precisiones contribuyen a clarificar la definición anterior: Ministerio es el Gobierno de Estado, considerado en el conjunto de los varios departamentos en que se divide; ministro es el que ministra y ministrar consiste en servir o ejercer un oficio, empleo o Ministerio, y antiguamente era sinónimo de administrar.

Nuestras estructuras político-administrativas, con un Jefe de Estado vitalicio, prevén el cargo de presidente del Gobierno, aún inédito. Entre tanto, la función presidencial la asume el Jefe del Estado, motivo suficiente para que la crisis ministerial, en el sentido estricto, no exista en nuestro país. Los políticos son conscientes de este hecho, y ello se traduce en la literatura oficial que llama al cambio de ministros «reorganización del Gobiernos. Como consecuencia, la designación personal es la única vía de acceso al primer puesto de cada departamento.

La selección para cubrir esas altas magistraturas que colegiadamente constituyen el Gobierno de Estado ha de ser también personal, puesto que es ilegal la pluralidad de partidos y la controversia política.

Existen, por supuesto, los grupos de diversas tendencias ideológicas y, paralelamente, los de distintos intereses económicos. Pero todos estos grupos, que no renuncian a su derecho de participar en el juego, se ven reducidos a ejercer presiones subterráneas, puesto que la falta de vida parlamentaria impide los torneos a la luz del día y los compromisos ante el pueblo, con fotógrafos y taquígrafos.

Aparte ventajas e inconvenientes, que desistimos de analizar aquí, es sabido que nuestros ministros de Gobierno lo son por designación directa del Jefe del Estado, y, por lo tanto, que las aparentes coaliciones de diversas tendencias no implican un quehacer programático ni un compromiso, sino un reparto más o menos equilibrado de las diversas parcelas del poder. Así resulta que no siempre es coherente la política simultánea de los distintos Ministerios; que no siempre las personas concretas permanecen fieles a los grupos que real y verdaderamente las promocionaron.

Pero en la definición de crisis ministerial hay un elemento esencial que no puede pasarnos por alto: la dimisión. Siempre se consideró la dimisión como un valioso servicio a la comunidad a costa del voluntario sacrificio de los personales intereses. La dimisión —que es renuncia, desapropio, dejación— está plenamente justificada y obligada cuando la coyuntura impide defender rectamente los intereses de los legítimos mandatarios. Por eso en la concepción total del Estado la dimisión es una deserción, y el relevo se produce siempre bajo la forma binoraia cese nombramiento. En la práctica, no obstante, el ejercicio del poder es siempre renunciable. Varios espíritus fuertes o en situaciones límites han dimitido y hasta abandonado el poder, aunque estos hechos se presentaron al público como decisiones superiores.

Una lenta evolución de las formas externas condujo a la aceptación del termina dimisión, el uso explícito de cuyo término se permitió por vez primera a las publicaciones periódicas con motivo del reciente cese del ministro de Obras Públicas, don Federico Silva Muñoz.

Verdaderamente, no es correcto hablar de crisis ministerial en España, por todo lo dicho y porque la dimisión de un ministro provoca sólo su sustitución, sin ser causa necesariamente de reorganización del Gobierno de Estado. Más se ajusta a la realidad la imagen de cambio de personas provocado por el deseo de un giro conceptual, por la conveniencia de conquistar nuevas metas, por la necesidad de una determinada convivencia exterior o por los menguados resultados de una gestión que puede considerarse fracasada. Desde el punto de vista del bienestar público no importa tanto la fórmula de un cambio en los cuadros de mando como que éste se verifique en el momento oportuno y dé paso a las personas más idóneas. Dentro de las limitaciones inherentes a la condición humana, los cambios han sido progresivamente ventajosos, y ello induce a pensar que seguirán siéndolo, por lo que no ha de haber motivo de vacilación ni demora cuando la necesidad lo requiera y la oportunidad así lo aconseje.

 

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