Paz social y participación política     
 
 Informaciones.    12/03/1974.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Paz social y participación política

EN la serie de eonlerencias patrocinadas por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional intervino el pasado miércoles el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente. «La batalla por la paz social» fue el título de su conferencia. Ante un público de altos oficiales de las tres Armas, dijo el señor vicepresidente: «Hemos de construir la seguridad de no tener que transferir una vez más a las fuerzas armadas la responsabilidad de mantener y garantizar una paz que no ha de ser fruto del celo patriótico de los militares, sino resultado de una política social intensa, integradora, inteligente y generosa. El tiempo de la sucesión constituye un desafío histórico que nos obliga a salir airosos; es un reto que no sólo compromete a la persona y a la institución del Rey, sino que es una instancia ineludible para todos los españoles que tenemos el deber de que las cosas salgan bien.»

«Ninguna apertura política —dijo también don Licinio de la Puente— podrá ser efectiva, ningún avance será consistente y duradero, ningún paso adelante será permanente y sólido, si no va acompañado, y mejor aún precedido, por una auténtica, seria, responsable y audaz ofensiva social.»

Obviamente es la paz social, y no un adecuado mantenimiento del orden público, la que puede hacer efectiva la estabilidad política de las instituciones. ¡Paz social!: aspiración de todos los Gobiernos. Gran empeño, en el que debe conjugarse una acertada política económica, una distribución de riquezas equitativa, una responsabilización del pueblo en las tareas políticas, una información transparente del acaecer nacional y adecuados canales de entendimiento y negociación entre trabajadores y empresarios.

A la luz del discurso del presidente Arias en las Cortes y de las declaraciones del ministro de Relaciones Sindicales, una parcela de la paz social debe buscarse en el libre entendimiento de patronos y trabajadores a través de sus respectivas asociaciones sindicales. El Estado, por supuesto, ha de ser beligerante, pero cubriéndose del riesgo de quedar emparedado entre los intereses de las distintas clases. El inervencionismo estatal puede ser beneficioso en casos extremos como contraproducente como norma permanente. Sobran ejemplos en que, al margen de la beligerancia estatal, empresarios y trabajadores se han entendido con suma facilidad en tanto en cuanto no son ajenos a esas aspiraciones de paz social y prosperidad general.

Del discurso de don Licinio de la Fuente es destacable la proposición de buscar una paz social que no se quede en el mero orden público. El ministro de Trabajo, en razón de sus competencias, propone fórmulas de entendimiento laboral para acceder al afianzamiento de esa paz que ya se vive. Empero no es la paz social fruto exclusivo úe unas relaciones laborales apacibles. Estas pueden darse y vivir el país sin paz social, por el mal funcionamiento de unas relaciones políticas que tanto como las laborales condicionan la convivencia de una nación. A este respecto, el organizar las libertades políticas es tan importante y urgente como mejorar la relación laboral. De las dos depende la paz social.

Lo político, lo social y lo económico —según el orden clásico— forman un todo que es la política general del Gobierno. La paz no es el resultado de que todos los ciudadanos tengan un automóvil, como no depende siquiera de la enunciación de libertades formales o de un índice bajo de huelgas. La paz social exige la plena participación política, y nunca la política social, como tampoco el desarrollo, por muy importantes que sean ambos, podrán sustituir la participación. La continuidad del desarrollo, que seguirá siendo objeto de la política económica, como ha dicho recientemente el señor Barrera de Irüno, no debe excluir el desarrollo político. Existen expectativas de democratización de estructuras políticas que no deben ser defraudadas. NI tampoco demoradas porque en el camino surjan problemas que ocupen circunstancíalmente la mayor atención del Gobierno.

 

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