Un rumor que no debe tener fundamento     
 
 Informaciones.    16/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Un rumor que no debe tener fundamento

Los medios de comunicación recogen esta mañana un rumor que nos parece sencillamente increíble. Según fuentes no especificadas, el Ministerio de Trabajo no fijará una fecha determinada para, que se realicen las elecciones sindicales, sino que cada empresa decidirá el día electoral, dentro de un periodo que oficialmente quedaría abierto con la publicación del correspondiente decreto.

Es imposible que el Consejo de ministros del próximo viernes se baga eeo de tal incongruencia. Después de la seudoeonlroversia entre listas cerradas o abiertas (carente en realidad de sentido), del aplazamiento de las elecciones, de la ausencia de una normativa laboral, de la agonía de la A.I.S.S., de la indecisión en cuanto al reparto del patrimonio sidical (que ya ha provocado una víctima con la práctica desaparición de la U.S.O., carente de medios para competir con CC.OO. y U.G.T.l, no determinar una fecha fija para las elecciones sindicales sería culminar el caos de todo el mundo sindical y aumentar la incertidumbre de las perspectivas socioeconómicas del país.

Según este esquema, el mapa sindicalista quedaría más o menos asi: centrales elegidas por listas cerradas, independientes por listas abiertas, empresas coa comités sindicales o comités asamblearios, amén de empresas habiendo realizado las elecciones y otras sin haberlas realizado. De hecho ya nos encontramos con que más de medio centenar de grandes empresas han celebrado elecciones provisionales para elegir comités de transición, que no tienen ningún significado y que serán sustituidos por los que salgan elegidos cuando se convoquen las elecciones. En este sentida no está de más señalar que los datos sobre estos resultados provisionales no son orientativos, porque se trata de unidades de producción en los que el sindicato, partidario de estas elecciones de transición, tiene la suficiente fuerza previa para imponerlas.

Lo realmente peligroso de esta situación, y de la que apunta et rumor, es colocar a las empresas en manos de asambleas sistemáticas de trabajadores, que «espontáneamente» irán eligiendo el procedimiento y la fecha electoral que consideren oportunos. En otras palabras, la eliminación práctica de unas pocas centrales sindicales de peso que puedan ser interlocutores válidos en la negociación con los empresarios.

¿Contó una central anida empresarial —C.E.O.E.— va a poder negociar con un amplio reino de taifas asamblearias? Baste sólo recodar cómo una de estas asambleas protagonizó al final del verano la huelga «salvaje» del calzado de Elche —donde las centrales sindicales fueron desbordadas— para medir la repercusión qué podría provocar este asambleísmo sistemático sin pies ni cabeza.

En las presentes circunstancias socieconómícas no podemos jugar a innovaciones sindicales ni a experimentos sociales. Quizá el confesado dealismo autogestio-narío de algún ministro se sienta defraudado, pero el país no está para labores asamblearias. Todo un amplio abanico de convenios colectivos pendientes por negociar exigen una urgente clarificación del panorama sindical; sin olvidar que la aplicación del «paito de la Moncloa» es inviable sin la existencia de un sindicalismo fuerte y potente, como demuestra la huelga del personal de aeropuertos, dónde el SO por 100 de los trabajadores no están sindicados. Necesitamos saber la fuerza de cada central sindical, y la de los independientes, para que de una vez podamos salir de esta enorme confusión sindical. La criba de partidos políticos, posterior al 15 de junio, necesita ser aplicada a la selva de siglas sindicales, fijando una fecha única electoral.

Tampoco queremos creer que, renunciando a una fecha definitiva, el Gobierno quiera quitar importancia a los resultados electorales sindicales, para que no se presente de un modo global la victoria de una tendencia u otra, que simultaneada con los datos de las elecciones municipales pudiera poner en cuestión la actual composición gubernamental. La gravedad de la situación socioeconómica del país, la aplicación del «pacto de la Moncloa», exige que el empresariado tenga interlocutores sindicales válidos de un modo simultáneo y no estar sujetos a los avalares partidistas coyunturales de tal o cual líder o partido política.

 

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