Autor: Gómez, Carlos . 
 El paro, hoy/3. 
 Paro agrícola: entre la justicia y el olvido     
 
 El País.    28/12/1978.  Página: 40. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

El problema del desempleo alcanza sus cotas más dramáticas en la población agraria. El campo,

que arrastra un paro secular, ha entregado sus brazos más jóvenes y sus rentas para promover el despegue

industrial de la década de los sesenta. Hoy, con la industria en crisis y con el portillo de la emigración

prácticamente cerrado, afronta desde una población envejecida y desasistida (no hay subsidios de paro)

una situación de desempleo generalizado. La injusticia es tal que en Andalucía el pasado

10 de noviembre numerosos manifestantes corearon: «El paro también es terrorismo». De los problemas

de este sector informa hoy Carlos Gómez.

Paro agrícola: entre la injusticia y el olvido

«La situación actual en el campo andaluz y extremeño se parece mucho más a la descrita por Carlos Marx, hace más de un siglo que la de los sectores industriales», comentó Enrique Ballestero, catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, escritor y socialista, al hablar, dentro del desempleo, del paro agrario. Un paro tradicional, que viene de siglos atrás y que hoy, acabado el desarrollismo de la década de los sesenta y cerradas las válvulas de seguridad de la emigración, por la crisis generalizada del petróleo, retrotrae situaciones de hambre a nuestro país.

Porque.en Andalucía —lo han dicho en distintas ocasiones Marcelino Camacho, secretario general de CCOO, Felipe González y Alfonso Guerra, secretario general y número dos del PSOE— se están empezando a dar situaciones de hambre física. Más allá del señoritismo y el latifundio, realidades tópicas, existe aproximadamente un millón de asalariados agrarios en nuestro país y de ellos —según la última encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística— 80.000 parados en el último trimestre. Las centrales sindicales, sin embargo, hablan de 150.000 parados en el campo, y de unos jornales anuales medios, para la mayoría, cercanos a la miseria.

Excluidos del subsidio al desempleo

«Lo que hace falta es haber trabajo», sentenció, entre Perogrullo y Séneca, un gañán manchego. El proletariado del campo sigue donde siempre ha estado. Desasistido, olvidado, como un ejército de reserva de mano de obra a la espera de que los precios de la uva, el algodón o la oliva sean propicios y haya faena y jornales. Y todo ello de forma estacional, para volver tras la campaña de recolección al paro, «al nada que hacer, nada que cobrar».

Entre los cientos de miles de trabajadores que quedan excluidos de los subsidios estatales al desempleo, el mayor colectivo corresponde a la agricultura. Ni los autónomos de este sector, propietarios de pequeñas parcelas en su mayoría, que gozan de unas condiciones de vida frecuentemente inferiores a las del proletariado urbano, ni los trabajadores del campo por cuenta ajena tienen derecho a subsidio de desempleo alguno.

En varios conflictos agrarios de los últimos tiempos, como en la denominada «guerra de los tractores» de febrero de 1977, se reivin-

dicó, junto a otros temas como los precios agrarios, la reforma de la Seguridad Social agraria. Cien mil campesinos, en este asunto, protestaron en vano. Tan sólo consiguieron una insuficiente elevación del tope de líquido imponible (pasó de 25.000 a 50.000 pesetas) a partir del cual el agricultor es considerado empresario, y una mínima rebaja en porcentaje a abonar por medicinas. La repudiada cuota empresarial por jornadas teóricas, que fija unilateralmente el Ministerio de Sanidad, y la discriminación en prestaciones entre el régimen especial de Seguridad Social Agraria y el régimen general siguen vigentes. Los topes salariales de los pactos de la Moncloa, aceptados por partidos obreros y centrales sindicales, no se han visto correspondidos por el Gobierno —entre otras contrapartidas que han quedado en papel mojado— con la materialización de su compromiso de equiparar el régimen agrario al general de la Seguridad Social.

Los españoles asentados en núcleos urbanos ignoran frecuentemente, por poner un ejemplo, que sus compatriotas del sector agrario, que han aportado rentas y fuerza de trabajo joven (hoy el campo está envejecido) al despegue industrial, tienen una jubilación por debajo de cualquier sector.

Financiar

el orden público

Los gobernadores andaluces y los alcaldes de poblaciones como Sanlúcar, Trebujena, Lebrija o Andújar saben muy bien el clima

social que se crea en los pueblos agrícolas cuando ha terminado el verdeo de la aceituna o la vendimia y se llenan las plazas de jornaleros sin trabajo, sin dinero y sin esperanzas, a corto plazo, de que cambie su situación. Durante todo este año se han sucedido huelgas, manifestaciones, encierros y ocupación simbólica de fincas, protagonizadas por la Federación de la Tierra de UGT, CCOO del Campo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (CSUT), para exigir fondos del empleo comunitario que paliaran momentáneamente la grave situación de los jornaleros. La llegada de esos fondos ha evitado en última instancia, en algunas ocasiones, la intervención de la Guardia Civil y el que se repitieran episodios históricos —como temía Marcelino Camacho que pudiera suceder— de la índole de Casas Viejas.

El denominado empleo comunitario, que a la postre supone financiar la paz social en el campo sin resolver los problemas de fondo, fue establecido por una ley, en diciembre de 1970, como prestación «discrecional» del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social destinada a paliar la ausencia de subsidios de desempleo para los trabajadores agrícolas. Desde entonces hasta hoy se han gastado por este concepto unos 18.000 millones de pesetas.

El fuerte incremento de parados en el campo obligó a destinar al Estado otras partidas, como el Fondo Nacional de Protección al Trabajo (creado en 1975), cantidades del Fondo de Lucha contra el Paro de los Presupuestos Generales y los llamados planes provinciales (Administración local-Ministerio del Interior). Todos estos fondos, de procedencias presupuestarias distintas, han generado una disparidad de competencias y una descoordinación de la política de lucha contra el paro agrario que añadía ineficacia a lo menguado de los remedios. Un decreto de marzo del 78 trató de poner fin a esta situación encargando la gestión de todos estos fondos a una comisión dentro de los gobiernos civiles, en cada provincia, a la que se autoriza para que pueda destinar hasta un 30% de las cantidades que se le asignen para costes ajenos al pago de mano de obra..

Una limosna mal disimulada

Los propios beneficiarios, los braceros en paro, lo saben y no lo ocultan: «El empleo comunitario es una limosna mal disimulada que nos dan en el ayuntamiento cuando las tiendas no nos fían y las cosas se ponen feas en el pueblo. Es un dinero que nos es muy necesario y que nos dan por hacer con que quitamos unas yerbas o limpiar entre cuarenta una acequia .pequeña, pero preferiríamos un trabajo como es debido.»

Comisiones Obreras y UGT, lo han repetido en reiteradas ocasiones Antonio Romero y Ángel Fernández, son conscientes de que el empleo comunitario es un parche contra el paro, que sus fondos se destinan en múltiples ocasiones a trabajos de escasa o ninguna rentabilidad social y que, aunque son imprescindibles en estos momentos, no suponen ninguna solución a medio o largo plazo del problema. Ambas centrales, junto con otros sindicatos, han reivindicado su participación en la distribución de los fondos del empleo comunitario y han elaborado proyectos racionales de actuación contra este paro endémico a medio y largo plazo, que contienen soluciones de tipo estructural y no exclusivamente coyunturales como es el empleo comunitario

A lo largo de 1978 por este concepto, empleo comunitario, la Mutualidad Agraria ha enviado a las distintas provincias afectadas por paro agrícola cerca de 6.000 millones de pesetas, sobrepasando su presupuesto —que, por cierto, ha sido congelado para el año 79—, que estaba fijado en 4.506 millones. Andalucía (especialmente Sevilla, que recibió 1.300 millones), Extremadura y, en menor medida, las dos provincias canarias (les han adjudicado unos sesenta millones) han copado, en función de sus altos niveles de paro, estos fondos procedentes de la Mutualidad Nacional Agraria.

Aunque la mayor parte de los cerca de 6.000 millones se emplean en pagar jornales, de ahí el escaso interés de las obras que se emprenden por este capítulo, la media de jornales distribuidos por persona en 1977 fue, aproximadamente, de diecisiete. En este año, los jornales medios podrían ser menores, situándose en el primer trimestre —según datos de la Federación de la Tierra de UGT— en torno a los doce días. El paro promediado en las distintas regiones, terminadas las tareas agrícolas, alcanzaría seis meses en Extremadura, dos en el País Valenciano y cinco en Andalucía, según el profesor Enrique Ballesteros. A ello habría que añadir, según esta misma fuente, el paro encubierto, «difícil de evaluar y que tiene mayor importancia económica que social».

Las arcas, vacías desde octubre

La otra gran fuente de subvenciones al empleo comunitario, el Fondo de Protección al Trabajo, agotó pronto su primitivo presupuesto: mil millones de pesetas, y meses después, los dos créditos extraordinarios —concedidos ante la grave situación de paro—, de 410 y 150 millones de pesetas. A 1 de noviembre se habían gastado casi dieciocho millones de pesetas más, de los 1.560 con que contó el Fondo de Protección al Trabajo para este capítulo.

Estas subvenciones globales, sin embargo, no llegan en su totalidad a los municipios beneficiarios (cerca del 50% se retiene para cuotas de Seguridad Social de los trabajadores contratados) y su distribución, según reiteradas denuncias de los sindicatos, en ocasiones ha respondido más a criterios electorales están próximas las elecciones municipales— que a las situaciones de paro. Con pocas excepciones, una docena de provincias, toda España, en mayor o menor cantidad, se ha beneficiado de estas partidas del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

 

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