Dinero para las centrales sindicales     
 
 ABC.    21/06/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

Dinero

para las centrales sindicales

En un editorial publicado hace pocos días, el 16 de junio, renunciábamos a comentar el llamado «pacto secreto» entre el Gobierno y los sindicatos, del cual se deriva directamente la entrega de 2.4OO millones de pesetas a los sindicatos.

Decíamos que no queremos incurrir, sin pruebas ciertas, «en lo que tendría que resultar, por fuerza, una crítica durísima a un indiscutible error político, a una concesión inadmisible, a un acto de disposición de un patrimonio cuya titularidad no corresponde al Gobierno, ni siquiera al Estado, y, en definitiva, a la injusta expropiación que sufrirían muchos, muchísimos españoles, a cambio del beneficio privilegiado e ilícito de una evidente minoría».

Sin embargo, al leer un editorial de nuestro colega «El País», debemos reconocer que él tal «pacto secreto» ha existido. Pero ni siquiera esta evidencia nos impulsa a cambiar nada de lo escrito. Ni a plazos, ni parte entregada en inmuebles y parte en dinero a plazos, ni de forma alguna que no sea una donación —con muy discutible causa— se podrá justificar, ante la opinión pública, por qué van a recibir 2.4OO millones de pesetas dos centrales sindicales, UGT y CC OO, cuando tantas empresas españolas están cerrando por no disponer de mucho menos capital que el que representa esa cuantiosa cifra.

Las apelaciones, en esta materia o en este pleito, al patrimonio sindical anterior a 1936-39 son irrelevantes. Nadie ha discutido que debe ser devuelto a los sindicatos lo que era suyo. Pero este patrimonio era mínimo, como es público y notorio.

El gran patrimonio sindical se forma en los años del régimen de Franco. Cuando está vigente, según expresión de «El País», el «tinglado vertical». Pues con las cuotas obligatorias de aquel tinglado, cuotas que pagaban en su proporción mayor los empresarios y que también pagaban los técnicos y los obreros, se formó el patrimonio sindical. Con una precisión o salvedad que pasa por alto nuestro colega: la mayoría de los técnicos y obreros que cotizaron entonces no están hoy afiliados a sindicatos de UGT, de Comisiones Obreras, ni de ninguna otra central. Por lo tanto es difícil creer que el patrimonio sindical sea reivindicado en su nombre.

También parece claro, a pesar de «la política de aplazamientos y de silencios de los sucesivos Gobiernos», que el patrimonio sindical, así formado, no era patrimonio de Gobierno alguno, ni del Estado. Quizá, por lo mismo, se han producido esos silencios y esos aplazamientos.

Así las cosas, puede que sólo los Tribunales, solamente el Poder judicial, debería decidir, en este contencioso, a quién y en qué proporción pertenece actualmente la titularidad de los bienes que integran el patrimonio sindical. ¿Por qué admitir, sin más, que el Poder ejecutivo, el Gobierno, juegue, con este patrimonio o parte de él, una carta política?

Si los empresarios pagaron la mayor parte de la cuota sindical no es congruente negarles ahora, con retórica de demagogia que nada prueba, su derecho a protestar de un «reparto» en el cuál no han sido consultados, aunque sean propietarios principales de lo que empieza a ser repartido.

Si se escribe con auténtico respeto a la verdad, es mucha osadía decir que estamos ante «una infame broma de la patronal». Puestos a usar tan despreocupado lenguaje también se podría escribir que estamos ante un «atraco sindicalista». Pero semejantes estridencias no conducen a nada.

La verdad es más cruda y no da mayor razón a las centrales sindicales. Ni UGT, ni Comisiones Obreras, ni otra alguna de las existentes, sumados todos sus efectivos, pueden demostrar hoy que representan a la mayoría de los trabajadores. La mayoría no están afiliados a sindicato alguno. Y entonces, «la entrega —como decíamos en anterior comentario— del patrimonio sindical a las centrales no podrá

ser más, ni representar otra cosa, que una donación a los burócratas que ocupan puestos directivos en los organigramas de UGT y CC OO».

No estamos, evidentemente, ante una polémica trabajadores-empresarios; no estamos discutiendo un acuerdo sobre el empleo; no estamos intentando crear un solo puesto de trabajo con 2.4OO millones de pesetas. Estamos, deplorablemente, ante una avasalladora, al parecer, presión sindicalista para hacerse con miles de millones de pesetas, mientras crecen las cifras del paro y siguen las ruinas empresariales.

Ante semejante panorama no entendemos las referencias de «El País» al pasado sindical. El patrimonio sindical no se construyó sobre la represión y el temor; sí sobre la obligatoriedad de afiliación y de cuotas que ahora, precisamente ahora, se propone como solución para la abstención sindical de la mayoría de los trabajadores por alguna central sindicalista.

 

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