Autor: González, Primo. 
   El ANE necesita un pacto complementario     
 
 Diario 16.    23/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

La alegría con la que se cifraron elevadas esperanzas en la capacidad del acuerdo nacional sobre empleo (ANE) para detener el aumento del paro es ya rechazada por empresarios y centrales sindicales. Un acuerdo complementario, sin la participación del Gobierno, se hace necesario para abordarla prioritaria lucha contra el paro.

EL debate presupuestario, como se temía, ha confirmado los temores de muchos sobre la dificultad de discutir a fondo auténticas alternativas para la política económica del año próximo. Estos temores han sido incluso corroborados por destacados dirigentes de la oposición que coinciden con personalidades incluso del Gobierno en su crítica a los procedimientos que se emplean para la discusión presupuestaria. Con el sistema actual y más con la fragilidad de los apoyos parlamentarios existentes, es difícil mejorar un texto que procede del Gobierno y en el que se contiene la filosofía básica déla actuación gubernamental en materia económica para el año siguiente.

Pero la novedad más sustantiva de los debates de estos días ha sido la incorporación de los socialistas a las criticas que ya habían formulada los empresarios sobre la capacidad del ANE (acuerdo nacional sobre el empleo) para generar una nueva perspectiva en materia de empleo y cortar el aumento del paro. La firma del ANE despertó demasiadas expectativas favorables y el Gobierno, o parte de él, aún sigue predicando que con este acuerdo en la mano las posibilidades de sanear la economía en los próximos meses son muy altas. Se ha querido atribuir al ANE un papel fundamental en la recomposición de la salud económica. Y esto es ya algo que no aceptan ni empresas lo dijeron muy claramente en los debates- de estos días pasados, y esto constituye quizá la, más importante novedad de los mismos. No es que el ANE sea malo. Nada más lejos de la realidad, al menos en lo que se refiere a su contenido. Lo que parece ser ya convicción compartida y bastante generalizada es que no sirve para los objetivos que se perseguían o que se pregonaron durante estos últimos meses. Y menos después de saber que el Presupuesto del Estado es el menos adecuado para luchar contra una crisis económica de los que se han elaborado a lo largo de estos últimos años, de lo cual no se podría culpar sin incurrir en falta de rigor a sus autores.

Una pieza

El ANE, por tanto, está necesitado de una pieza complementaria. Si los sindicatos son conscientes de que este pacto sólo afecta relativamente a las limitaciones salariales y si los empresarios están convencidos de que va a ser difícil invertir dadas las circunstancias de la economía, lo que parece .claro es que el planteamiento del problema del empleo hay que trasladarlo a otro frente. La primera reacción lógica de los sindicatos es impedir que el ANE se vuelva contra sus cuadros directivos, que son los autores del pacto, y la forma de hacerlo es ngolts próximos ctnenios en condiciones de mayor dureza, a pesar de que la visión idílica de algunos miembros del Gobierno consistía en ver un periodo negociador Heno de paz y sosiego. Los sindicatos van a forzar la mano en el tema del empleo a la hora de negociar, aún aceptando las condiciones salariales ya pactadas en el marco del ANE. La verdadera batalla va a estar, por tanto, fuera de aquel acuerdo solemnemente firmado por los tres protagonistas de la vida económica.

Conspiración

Junto a esta predicación permanente de la bondad del impacto del ANE sobre la economía, los responsables de la política económica se han lanzado en las últimas semanas a una ofensiva de abierto optimismo a la hora de analizar la auténtica situación ´de La economía. Sí hemos de creer ciegamente en sus análisis, esto va viento en popa y quien no comparte esta opinión recibe el calificativo de desestabilizador o poco menos.

No resulta fácil compartir estos análisis tan bondadosos como carentes de fundamento. Una cosa es trabajar en el forta-

lecimiento de la democracia y otra muy diferente contribuir á llenar a la opinión pública de verdades a medias o de pronósticos inflados, utilizando para ello, en ocasiones, métodos que poco concuerdan con el estilo propio de un sistema democrático. Como et tema es sustantivo, habrá que analizarlo en detalle en una próxima ocasión.

Iberduero

La solución de Lemóniz´ tiene que estar al caer: Después del pronunciamiento del PNV a favor de la polémica central nuclear vasca, ahora toca al Parlamento vasco pronunciarse sobre el terna el próximo día 2 de ´diciembre. Va a ser un debate en el que se contará con el informe de la Comisión de Encuesta Parlamentaría sobre la mesa. Y a raíz del análisis de ese informe y de la discusión parlamentaria se supone que el tema tendrá vía libre.

El último giro que han tornado los acontecimientos consiste en que los vascos parecen dispuestos a pasarle la decisión sobre el tema a Madrid, cuando lo cierto es que en Madrid ha estado siempre. Pero lo curioso es que el Parlamento vasco podría pronunciarse sobre este asunto, exigiendo al Parlamento español una definición sobre si la puesta en .marcha de Lemóniz —cuyas obras siguen paradas en su parte sustancial— debería ir precedida o no de un referéndum.

La propuesta tiene cierta lógica porque la capacidad de convocar un referéndum no la tiene el Gobierno vasco, de acuerdo con la Constitución. El problema será ver qué tipo de referéndum se plantea y si tal votación debería afectar al conjunto del país o sólo al País Vasco. Dada la intercomunicación de la red eléctrica del país, cualquier decisión que se tome respecto a una instalación eléctrica de una zona determinada, sobre todo si ésta es deficitaria fuertemente en producción, afecta a todos los españoles porque la energía que se consume en el País Vasco se fabrica en Salamanca y en Galicia y la puesta en marcha de Lemóniz puede permitir a estas zonas disponer de más energía propia, por si la necesitan.

La factura de un retraso

El traslado de (a responsabilidad de la puesta en marcha de Lemóniz a Madrid —trasladado por lo demás teórico, puesto que este tipo de decisiones competen al Gobierno central y lo que este pretende solamente es que los vascos se pronuncien sobre el tema refleja las dificultades existentes para dar a los organismos autonómicos vascos algún tipo de competencia en lo que el Gobierno vasco ha definido como «control público» sobre la central nuclear. Tres alternativas vienen siendo barajadas últimamente para dar cabida a esas lógicas y justas aspiraciones de los vascos a propósito de Lemóniz: la delegación de las funciones inspectoras que el Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta de Energía Nuclear tienen sobre Lemóniz, la creación de un «contrato de gestión» de dicha central entre la empresa propietaria (Iberduero) y algún organismo vasco, y, por último, la posibilidad de que alguna instancia del Gobierno autónomo acceda a la propiedad de un paquete accionarial de la empresa Iberduero.

De estas tres alternativas, la más clara paracer ser la primera, es decir, que los organismos estatales encargados del control de la central nuclear deleguen en instancias autonómicas sus funciones de control y de inspección. Esto tiene, lógicamente, sus problemas, no sólo porque el sistema acabaría generalizándose a otros entes autonómicos y las dos organizaciones estatales acaben vacías de poder y de contenido en un tema de tanta trascendencia para la independencia energética del país entero, sino porque las empresas eléctricas, y de forma particular Iberduero» que es la mayor del país, trabajan en numerosas provincias, tienen clientes en bastantes más y accionistas en casi todas y acabarían viéndose controladas en sus instalaciones productivas por diversos entes autonómicos que pueden sustentar criterios diferentes. En fin, el tema es bastante complejo y la marcha aparentemente poco satisfactoria de estas negociaciones entre el poder central y el vasco puede acabar en una escaramuza más del debate sobre las competencias^´ el contenido real de la autonomía.

Un problema nacional

Entre tanto, el retraso en Lemóniz le está costando a este país una cifra verdaderamente escandalosa, que los dirigentes de la empresa han cuantificado en torno a los 40.000 millones de pesetas sólo hasta el día de hoy. ¡La cantidad de cosas y de puestos de trabajo que se podrían haber creado con tantos miles de millones! Porque una parte sustancial de esa cifra son costes financieros, es decir, dinero que hay que pagar a instituciones financieras en buena parte extranjeras. Y ese dinero está pesando lo suyo sobre la balanza de pagos y sobre el bolsillo dé muchos españoles. Sustraerse a la idea de que Lemóniz es un problema nacional no es posible y carece, de rigor.

La decisión previsible o probable del Parlamento vasco devuelve pues, a pesar de su muy diferente intencionalidad, el centro del problema a sus verdaderas instancias, habría que ver si así el tema se resuelve mejor.

EL ANE NECESITA UN PACTO COMPIEMENTARIO)

Us 40.000 millones de pesetas que costará el retraso de Lemóniz los va a pagar todo el país

 

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