Autor: Santos, Roberto. 
 España gasta mucho, sin proteger a todas las personas sin trabajo. Mientras el déficit de desempleo sigue sin resolverse. 
 Dos de cada tres parados no reciben ningún tipo de subsidio     
 
 ABC.    06/05/1982.  Página: 44. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

España gasta mucho, sin proteger a todas las personas sin trabajo

Mientras el déficit de desempleo sigue sin resolverse

Dos de cada tres parados no reciben ningún tipo de subsidio

MADRID (Roberto Santos). Frente a la ligera «recuperación» del empleo, según los datos de paro registrado referentes al mes de marzo último, la cobertura de) desempleo sigue cayendo a un ritmo verdaderamente alarmante —más de un punto al mes— hasta el extremo de que desde febrero del 81 a febrero del 82, el índice de cobertura ha descendido en 13,2 puntos, mientras que por otra parte, se sigue Incrementando el déficit de las prestaciones por desempleo.

Atendiendo a las estadísticas de los dos primeros meses del año la cobertura en relación con el paro, EPA (Encuesta de Población Activa), del cuarto trimestre del 81, supone que el número de subsidiados, incluyendo los totales, los parciales y prestaciones complementarias, supone el 37,7 por 100 y en febrero.el 39,2. Descontando las prestaciones complementarias, dichos porcentajes se sitúan en el 34,9 y el 35,2 por 100, respectivamente, frente al 48,5 y 48,4 registrados en iguales meses de 1981.

Por otra parte, comparando las cifras de subsidiados totales y parciales de febrero, con el paro registrado del mes anterior, hay muchas provincias cuya cobertura está por debajo del 30 por 100 y otras, como Orense y León, cuyo índice se encuentra por debajo del 20 por 100.

Pero sí el problema de la cobertura preocupa vivamente a las fuerzas sociales, toda vez que se están rozando los mínimos históricos, preocupa igualmente el déficit cada vez mayor de las prestaciones por desempleo, déficit que en los tres últimos años ha supuesto una cifra global en torno a los 230.000 millones de pesetas, y que han corrido a cargo de la Seguridad Social. Ya en 1979 con el programa económico del Gobierno diseñado por Abril Martorell, se contemplaba una financiación de las prestaciones del 40 por 100 a cargo del Estado y el 60 mediante cuotas de empresarios y trabajadores.

Ese mismo año se demostró que el 40 por 100 no era suficiente, ya que por otra parte, dicha contingencia siempre se ha presupuestado por debajo a las necesidades, mientras que paralelamente descendía el número de activos (menos cotizantes) y se incrementaban los parados con derecho a prestación. En 1979 el Gobierno tuvo que acudir a un crédito extraordinario de 20.000 millones de pesetas para cubrir parcialmente el déficit del ejercicio.

Para Joaquín Almunia, responsable de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE, existe una falta clarísima de voluntad política ´para resolver el tema, mientras que la permanente situación de la Seguridad Social, de ser acreedora del Estado; puede llegar a ser delito. Por otra parte, desde la aprobación de la ley Básica de Empleo, en octubre del 80, en la que se eleva a rango de ley la proporción del 40-60 por 100 para la financiación, se ha planteado una interesante polémica sobre quién debe cubrir el déficit, ya que en el artículo 29 del citado texto legal, se señala que las dotaciones por desempleo, en caso de déficit, serían ampliables con cargo al Estado. Sin embargo, el Gobierno ha venido interpretando dicho artículo como que el déficit debe sufragarse con la misma proporción antes señalada, lo que supondrá un incremento de las cuotas cuya cuantía, como señalábamos en el ABC del pasado día 3, se ha Incrementado notablemente.

Lo cierto es que en la práctica, al cargarlo sobre la Seguridad Social, está perjudicando a trabajadores y empresarios. El problema estriba en qué decisión se toma, o bien un incremento de cotizaciones, lo que supondría un incremento del coste real de la mano de´ obra, o bien se interpreta el artículo 29 de la LBE tal cual o se modifica. El problema, según Joaquín Almunia, se va a seguir planteando a pesar de los esfuerzos del Gobierno por reducir el coste global presupuestado por la vía de los recortes en las prestaciones. Por otra parte, el presupuestar ajustado tal contingencia significaría, de entrada, subir la cotización al 8 por 100 —nivel difícilmente soportable en la actual coyuntura— o cambiar la relación 40-60, incrementando la participación del Estado. Hacia esta segunda opción se inclina el responsable socialista, ya que según estudios realizados por su Secretaría, el incremento de un soto punto en las cuotas significaría, aproximadamente, 45.000 millones de pesetas.

 

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